diciembre 03, 2011

La acusación penal y la ciudadanía

Julio Faesler
Consultor
juliofelipefaesler@yahoo.com
Excélsior

El miedo al crimen influye en la vida local y toca hasta las decisiones del elector. El caso de Michoacán viene a cuento.

La absurda acusación llevada al Tribunal Penal Internacional de la Haya por unos activistas, respaldada por más de 20 mil firmas, pidiendo enjuiciar a Felipe Calderón como responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad repitió la ofuscada obsesión por intentar deslegitimar a quien en 2006 le ganó la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador.

Tendría que demostrarse que Calderón ha encabezado una acción criminal contra todo su pueblo o con el deliberado propósito de exterminar a un determinado sector.

Los hechos son diferentes. Todo gobierno democrático tiene el insustituible deber de garantizar el orden jurídico y el imperio de la ley. El combate al crimen organizado que Calderón emprendió responde precisamente a este criterio.

Querer usar un órgano internacional, como el Tribunal Penal, con fines de política interna, no pasa de ser un juego irresponsable que se revierte contra sus autores. Lo que no es juego es la infiltración de la actividad criminal en muchas regiones del país, donde la vida normal se ha hecho imposible para la honrada ciudadanía.

No se trata sólo de apresar a malhechores y llevarlos a juicio. Las mafias pretenden imponer sus propias reglas a las comunidades que victimizan para traficar drogas, dinero y personas o para chantajear, secuestrar y asesinar. El asunto policial que por décadas enteras se había dejado crecer se convirtió en asunto de seguridad nacional que, por responsabilidad ética y humanitaria, requiere la enérgica acción de Estado y ciudadanía.

La tarea de limpiar al país de este cáncer no puede realizarse con magras e inoperantes fuerzas municipales. Recurrir a la fuerza del Ejército y de la Armada es indispensable para suprimir y ajusticiar a grupos criminales con vastos recursos financieros y armas tan modernas como las de las milicias. La terrible respuesta era de esperarse: asesinatos en proporción a la gravedad del problema.

La presencia del Ejército y de la Armada es imprescindible en donde operan las mafias. Quien lo dude, que lo pregunte en ciudades de Tamaulipas, Sinaloa o Michoacán, donde los rondines de los soldados y marinos, que capturan a capos y sicarios, confiscan drogas y dinero o liberan a víctimas secuestradas, son la única esperaza de recobrar tranquilidad. Regresar las Fuerzas Armadas a sus cuarteles es una insensatez de López Obrador, que ignora la realidad del drama.

En todo el mundo se sabe de la guerra que el Estado mexicano libra contra el crimen. Podrá discutirse el tema de liberalización de drogas, pero ningún funcionario de alto nivel, incluyendo jefes de Gobierno, pasados o actuales, deja de respaldar la vigorosa acción lanzada por Calderón. Hay algo más. Todos, sin excepción, enfatizan que la lucha contra el crimen organizado descansa en una ciudadanía que se coordina denunciando, informando clara y directamente todo incidente y circunstancia que ayude a los servicios que exponen sus vidas en el combate a realizar su peligroso cometido.

El miedo al crimen organizado influye en la vida local y toca hasta las decisiones del elector. El reciente caso de Michoacán viene a cuento. Los pronósticos favorecían a Luisa Calderón, la candidata del PAN, pero repentinamente la elección dio un vuelco y triunfó Fausto Vallejo, el candidato del PRI.

A última hora, una parte del electorado prefirió votar por el partido que ofrecía una vida más tranquila que por el que continuaría la guerra contra el narco. El pueblo michoacano, rompiendo con el PRD, prefirió votar por una perspectiva de paz que el PRI, con sus muchos y acreditados antecedentes de tolerancia con las mafias, auguraba. Paz, aunque fuera conviviendo con criminales. ¿Habrá esperanzas así de terminar con el cáncer?

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