enero 21, 2011

Juicio a Kalimba

Sergio Sarmiento
Jaque Mate
Reforma

"De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia de un juez".

Artículo 20 constitucional

Yo no sé si Kalimba es inocente o culpable de las acusaciones de violación. Tenemos dos versiones contradictorias de los hechos. Éstas deberán ser examinadas en un juicio en el que ambas partes someterán sus pruebas. El juez tendrá la responsabilidad de encontrar la verdad.

Lo que creo importante en este caso, sin embargo, es recalcar la situación jurídica del popular cantante. Un juez de Quintana Roo ha girado una orden de aprehensión en su contra. Esto es sólo el principio de un proceso judicial que puede ser muy prolongado.

Después de tomarle una declaración, el juez determinará si dicta o no un auto de formal prisión. En caso positivo, y es muy raro que un juez que gira una orden de aprehensión no decrete la formal prisión, comenzará un juicio en el que se presentarán argumentos y pruebas. Al final vendrá la sentencia, tras lo cual puede haber apelaciones y juicios de amparo.

Lo importante de todo esto es que Kalimba todavía no ha sido encontrado culpable y, sin embargo, deberá permanecer en la cárcel un tiempo largo, quizá un año o más.

No en todos los países del mundo se castiga primero para juzgar después, como lo hacemos en México. En los países donde hay un verdadero estado de derecho, las personas pueden enfrentar los juicios en libertad bajo fianza, a menos de que representen un peligro para la sociedad o que puedan tratar de huir.

Recuerde usted el caso de Michael Jackson, el famoso cantante estadounidense, el cual es de alguna manera similar al de Kalimba. Al autor de Thriller se le acusó de abusar de un menor y se le entabló también un juicio criminal. La única diferencia es que él pudo enfrentar el juicio en libertad. Es verdad que el proceso le costó una gran cantidad de dinero, pero al final fue absuelto. No fue necesario pedirle un "Usted disculpe".

En México las cosas no son así. Nuestro primitivo sistema jurídico no da opción. Si una persona es procesada por un delito incluido en una lista de delitos graves, la cual se ha venido ampliando con el tiempo, es castigado primero con cárcel y juzgado después. Por eso tenemos tantos casos de "Usted disculpe", de personas encarceladas sin estar sentenciadas y que al final son declaradas inocentes.

La gente muchas veces piensa que el hecho de que alguien sea acusado y se inicie un proceso en su contra significa que debe ser culpable. Por eso hay tantas presiones políticas para que "no se deje en libertad" a alguien que ha sido acusado de algún delito. La experiencia nos dice que las cosas no son así.

De hecho, en el momento de decretar un auto de formal prisión se aplica un criterio legal mucho más laxo que el que se utiliza en la sentencia. El juez, ante la duda de la inocencia, está obligado a comenzar un juicio en el que puedan aportarse todas las pruebas a favor y en contra del acusado. En la sentencia, en cambio, la duda obliga a la liberación del acusado.

Repito que no tengo el conocimiento del caso para juzgar la inocencia o culpabilidad de Kalimba. En el caso de Carlos Cázares, Charly, el gerente del Bar Bar, sí me parece que hay suficientes pruebas para concluir que no fue cómplice de El JJ en un intento de asesinato del futbolista Salvador Cabañas. Y, sin embargo, desde hace casi un año está encarcelado. Se le está castigando antes de que se le declare culpable.

Lo mismo ocurrirá con Kalimba. Así son las cosas en un país donde no existe la presunción de inocencia.


No lo conozco

La Asociación de Bancos de México me informa que el anuncio del IFE citado en mi artículo "Usted no existe" es engañoso. La Asociación acordó con el IFE que "intentemos invitar" a quienes tienen credencial '03 a que la actualicen. Los bancos, sin embargo, sí pueden aceptar la credencial '03 "para trámites o transacciones que no impliquen una nueva contratación".

Marisela no se equivocó

Yuriria Sierra (@YuririaSierra)
Nudo Gordiano
Excélsior

Aquel día, el 29 de abril, lo sucedido en el juicio pintaba para que Sergio Barraza estuviera hoy purgando condena. Eso no pasó...

Hace unos días, cuando los jueces que tuvieron a su cargo el juicio a Sergio Barraza dijeron que podrían solicitar asilo en Estados Unidos para no enfrentar el juicio político solicitado por el gobierno del estado de Chihuahua, el alegato que sostenían para defender su resolución, esa que hoy tiene libre al asesino de Rubí Marisol, era que este sujeto jamás había confesado su crimen bajo declaración y que, si de lo que se trataba era de castigar a quienes no hicieron bien su trabajo, que entonces el juicio fuera contra los fiscales que no lograron aportar pruebas suficientes para sostener la acusación.

Tales declaraciones, aparte de dejarnos atónitos por el cinismo, fueron un motivo más para que organizaciones civiles exigieran justicia. El asesinato de la madre de Rubí, Marisela Escobedo, presumiblemente también a manos de quien le quitó la vida a la joven, fueron motivo suficiente, aunque no deseado, para el que el gobierno chihuahuense se pusiera a trabajar en la revisión del proceso al que estuvo sujeto Barraza.

Los jueces a los que hoy se investiga, Netzahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa y Rafael Boudib, están decididos hasta a buscar ayuda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con tal de defenderse y defender su fallo, basado en que no tenían evidencia en su contra, al menos no mostrada a la opinión pública hasta ayer.

Los videos que corresponden a las audiencias donde se resolvió la libertad de Barraza fueron presentados por la asociación que encabeza Isabel Mirada de Wallace, Alto al Secuestro. Y lo que se ve en ellos contradice lo que argumentan estos jueces. La declaración de un testigo llamado “Ángel”, donde se escucha cómo éste narra cuando Barraza le cuenta que había matado a Rubí, la forma y dónde fue que dejó el cuerpo. Testimonio dado el 26 de abril de 2010, tres días antes del fallo absolutorio.

Pero aquel día, el 29 de abril, lo sucedido en el juicio pintaba para que Sergio Barraza estuviera hoy purgando condena. Eso no pasó, y hoy Marisela Escobedo está muerta. ¿Qué sucedió ese día? ¿Qué llevó a los jueces a fallar que el caso contra Barraza no tenía sustento y, por ello, él debía quedar en libertad?

El video, testigo riguroso de aquella sesión, muestra a una Marisela viviendo entre el llanto y las ganas de justicia. Una Marisela que le da la espalda a su fe en Dios, que por muchos años fue su fuerza, porque no entiende lo que pasó con su hija. Una madre arrepentida de no haber dado su libertad a cambio de la vida de su hija. Una madre que pedía a los jueces que decidieran el futuro de un acusado que, como iba el caso, tenía una celda como su destino inmediato. Una madre vio y escuchó a Barraza ofrecerle disculpas, hasta quedarse sin palabras, por el daño que le había causado, señal clara e irrefutable de lo que le había hecho a Rubí Marisol.

Pero ese momento no llegó. Sí hubo la más inesperada de las decisiones y que tiene cómo única base un alegato sacado de un tecnicismo jurídico.

“Este hombre acabó con mi vida”, le dijo Marisela a los jueces antes de que éstos se retiraran a deliberar el fallo que liberó a Barraza. Y hoy, un mes después de su asesinato, vemos que no se equivocó.

El “amparo de los intelectuales”. Ayuda de memoria, 2

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

El amparo promovido por un grupo de ciudadanos contra el artículo 41 de la Constitución, el llamado “amparo de los intelectuales”, que la Suprema Corte revisará en estos días, descansa en cinco argumentos. Uno de procedimiento, cuatro de principio.

El alegato de procedimiento es formal pero sustantivo. Los legisladores simplemente no siguieron todos los pasos legales necesarios para reformar la Constitución.

No hubo iniciativa de ley, ni comisión revisora de la iniciativa, ni dictamen de la comisión, ni debate parlamentario en ambas cámaras. Un grupo de diputados y senadores llevó un “proyecto de dictamen” al Senado y éste lo devolvió aprobado a la Cámara de Diputados, que lo votó también aprobatoriamente. La aprobación de la reforma por los congresos locales estuvo también plagada de irregularidades.

Los alegatos de fondo establecen que la reforma violenta cuatro principios fundamentales de la Constitución:

1. El principio de la libre manifestación de las ideas, contenido en el artículo 6, pues la reforma restringe los derechos de manifestar las propias ideas en espacios comprados a la radio y la televisión.

2. El principio de la no discriminación contenido en el artículo 1, pues la reforma discrimina en la difusión de sus ideas a quienes no pertenecen a un partido político.

3. El principio de libre asociación contenido en el artículo 9, pues la reforma obliga a asociarse a alguno de los partidos para poder emitir el tipo de mensajes en cuestión.

4. El principio de igualdad ante la ley, contenido en los artículos 1 y 13, pues la reforma da trato desigual a quienes pertenecen a un partido político y a quienes no.

Previsiones como las del artículo 41 puestas en una ley reglamentaria dejan abierto el espacio a la defensa de los agraviados. Inscritas en la Constitución son inatacables, pero introducen contradicciones insolubles entre libertades universales y restricciones particulares.

Los principios universales del constituyente originario, y no sus enmiendas coyunturales, son los que deben prevalecer en el código. El amparo plantea restituir su primacía.

Se trata, en el fondo, de una averiguación institucional sobre si el Congreso puede tener un contrapeso a la hora de reformar la Constitución y si la Suprema Corte está dispuesta a ejercerlo.

El alegato completo, hecho por Fabián Aguinaco, con peculiar solvencia de fuentes teóricas y jurisprudenciales, puede leerse en www.amparointelectuales.org.mx