febrero 02, 2011

Nilo

Diego Beas (@diegobeas)
ruta66@diegobeas.com
RUTA 66
Reforma

La última semana nos ha dejado inmejorables lecciones del mundo que viene. La nueva forma en la que se hace política; la velocidad con la que las condiciones sociales cambian y los regímenes se tambalean; la forma en la que se constata cómo la información se convierte en uno de los factores más explosivos de la cultura contemporánea; y cómo, también, las certezas de una política exterior de varios lustros se derrumba.

Me refiero, claro, al polvorín egipcio, la calle árabe y cómo, en pocos días, la rabia y frustración acumuladas durante décadas han prendido el Nilo en llamas.

Con las pistolas todavía humeando y los manifestantes aún en la calle, no me propongo hacer aquí una lectura exhaustiva de los acontecimientos. No sólo sería imprudente, también escapa del ámbito de este espacio. Lo que no escapa son las implicaciones que los acontecimientos han tenido ya para la Administración Obama. Más en concreto, para el Departamento de Estado y sus 30 años de políticas amigables hacia un régimen que hoy se encuentra contra las cuerdas, a punto de ser noqueado.

Lo más fascinante de los acontecimientos de las últimas semanas -la fuerza de la ola, recordemos, no se originó a las orillas del Nilo, sino más al oeste, en Túnez, un pequeño país a las puertas de Europa- ha sido ver cómo se convierte en realidad lo que algunos llevamos diciendo desde hace tiempo: la velocidad del mundo moderno altera dramáticamente la forma en la que se desarrollan incontables procesos. Algunos muy obvios e intrascendentes; otros más complejos y que lentamente transforman la forma en la que se constituye el poder en la base, en su origen. Las revueltas en Egipto, sin duda, son un ejemplo de ello.

Un régimen que alcanza tres décadas y había construido su dominio sobre la centralización extrema del poder y la asfixia de la oposición. El dilema para el Departamento de Estado está en que, a pesar de todo, Hosni Mubarak era hasta ahora la cara amable del mundo árabe. No sólo abiertamente pro estadounidense, sino y sobre todo, no anti israelí. Un aliado clave, pues, al que Estados Unidos aporta más de mil millones de dólares anuales en varios tipos de ayuda -incluyendo la militar-.

Así que, ¿qué hacer cuando, de la noche a la mañana, la gente se lanza a la calle y exige la cabeza del régimen? La Administración Obama ha pasado de la incredulidad del comienzo -en sus primeras declaraciones el vicepresidente Joe Biden mostró simpatía hacia Hosni Mubarak- a una respuesta más matizada que con el paso de los días se ha ido acercando a la de los manifestantes y que ayer alcanzó su apoteosis cuando Washington le exigió Mubarak que no se presentara a la reelección.

Uno de los múltiples retos de este nuevo ecosistema de la información sobre el que ya he hablado aquí, es la velocidad a la que se mueven las noticias y el reto que ello supone para los gobiernos y la forma en la que calibran sus respuestas. Estados Unidos bordea una fina línea que divide el mostrar abierta simpatía por los manifestantes (que no hacen otra cosas que exigir derechos elementales) y denostar a un dictador "amigo" que durante 30 años le ha dado estabilidad a su política exterior en la región.

El Gobierno camina con pies de plomo ensayando algo completamente nuevo: formular una nueva política hacia un aliado tan importante como Egipto en cuestión de, literalmente, unas cuantas horas. El manejo del conflicto por parte de la Administración en las próximas semanas será clave tanto para la propia política exterior de Obama en Oriente Medio como para saber hasta qué punto se puede sostener con congruencia una posición en un marco político tan volátil.

Las lecciones, desde luego, van mucho más allá de Egipto y la calle árabe. Que el mundo árabe haya sido el primero es más una coincidencia fortuita que algo singular de la región. Así como en esta ocasión fue Egipto, mañana puede ser Jordania, China, Bolivia, Venezuela o...

O cualquier país en donde la ineficacia del Estado sea rampante. Así que, gobiernos incompetentes del mundo, avisados están.

Nuestros partidos: ¿hacia dónde?

Armando Román Zozaya
armando.roman@anahuac.mx
Investigador de la Facultad de Economía y Negocios Universidad Anáhuac
Excélsior

No son los únicos generadores de ideas: las ONG, la ciudadanía, algunas organizaciones internacionales, etcétera, también contribuyen al respecto.

Los partidos políticos permiten que la ciudadanía se agrupe de acuerdo con sus ideas. Igualmente, sirven para solidificar éstas, transmitirlas a otros ciudadanos, generar cuadros e intentar llegar al poder con el fin de implementar lo que defienden.

Esto no quiere decir que sólo los partidos pueden representar a los ciudadanos o hacer política o crear cuadros o que solamente por medio de ellos se pueda acceder al poder. Asimismo, los partidos no son los únicos generadores de ideas: las ONG, la ciudadanía, algunas organizaciones internacionales, etcétera, también contribuyen al respecto. Sin embargo, dependiendo de la legislación correspondiente, puede ocurrir que sí sean únicamente los partidos quienes representen a los ciudadanos ante las instancias de decisión colectiva. De hecho, eso sucede en México: hay muchos actores que no son partidos y tienen buenas propuestas pero, éstas, de ahí no pasarán a menos que un partido las haga suyas. De la misma forma, sólo quienes son postulados por uno pueden aspirar a cargos de elección popular.

Los partidos pueden ser, entonces, muy útiles, y son indispensables para la democracia. Pero sus resultados y comportamiento están condicionados por la legislación a la que se encuentran sometidos y, especialmente, por aquella que deben respetar quienes no son parte de ellos. Por ejemplo, un sistema político que permite candidaturas independientes obliga a los partidos a comportarse de una manera diferente a la que mostrarían bajo un sistema que no las acepta.

En México, la legislación relevante está hecha por y para los partidos; los ciudadanos que no estamos afiliados a uno no tenemos canales de acceso a la toma de decisiones. Podemos presionar, crear una ONG, opinar en medios, manifestarnos en la calle, votar, etcétera, pero, como ya decía, hasta ahí llegaremos a menos que un partido se comprometa con, y respalde plenamente, nuestras ideas, cosa que no suele ocurrir.

Esta relativa autonomía de los partidos ante la sociedad daña a la democracia, pues la gente no encuentra en ellos lo que deberían ofrecer, sino los percibe como entes especiales, instancias fuera del alcance de la colectividad, desvinculadas plenamente de ésta, interesadas en el poder y nada más.

Los partidos mismos se sienten diferentes a la ciudadanía y alienados de la sociedad. Así, por ejemplo, hablan de candidaturas “ciudadanas” vs. candidaturas “partidistas”. Esto implica que creen que el ser miembro de un partido significa separarse de la condición de ciudadano y, lo que es peor, desarrollar intereses partidistas que no necesariamente coinciden con lo que la sociedad anhela: los partidos mismos reconocen, y se comportan, como si no fueran parte de la colectividad, como si vivieran en un mundo paralelo pero, eso sí, esperando siempre de la sociedad presupuesto y votos.

Un sistema político cuyas reglas generan lo que he comentado resulta, pues, en una total desvinculación entre los políticos y quienes no son parte de la política, o sea, entre quienes dirigen a la sociedad y quienes son dirigidos. Es urgente, entonces, que los partidos asimilen que son parte de la sociedad, que sus militantes son ciudadanos y que, obviamente, la figura del partido, por lo ya explicado, es muy importante. Sin embargo, para que esa importancia rinda, son imperativas reglas del juego político que generen vinculación partidos-sociedad y permitan también candidaturas independientes (mas no “ciudadanas”, pues toda candidatura es ciudadana por definición).

Sé que lo que pido es utópico: a nuestros partidos no les interesa el país. A quien lo dude, lo invito a que vea lo ocurrido en Guerrero y se pregunte si eso es lo que se espera de partidos políticos responsables y coherentes, etcétera. Creo que no y, por eso, en parte, nuestra democracia no se ha consolidado. Pobre México: de seguir así, nunca dejaremos de ser lo que somos.

El amparo de los intelectuales: algo para discutir

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

Los ministros de la Suprema Corte están divididos, y empatados, en su juicio sobre el amparo que promovimos hace tres años un grupo de ciudadanos contra la reforma constitucional del año 2007. El llamado “amparo de los intelectuales”.

El amparo, como he tratado de explicar en estas páginas, juzga que esa reforma, que prohíbe a particulares comprar tiempo en los medios para emitir sus opiniones políticas en materias electorales, contradice el espíritu mismo de la Constitución en sus derechos esenciales: de libertad de expresión, de igualdad ante la ley, de libre asociación y de no discriminación.

Es un alegato de fondo según el cual una reforma constitucional puede violar o contradecir los derechos constitucionales básicos y, por tanto, puede ser impugnada ante la Corte como anticonstitucional.

Nuestro alegato sostiene, además, que la reforma constitucional fue imperfecta en su curso legislativo y que no llena los requisitos formales necesarios para ser válida.

Lo que discutieron hasta el empate los ministros de la Suprema Corte el lunes pasado, es si la solicitud de amparo es procedente, si hay lugar siquiera a una discusión de sus méritos en la misma Corte.

Quienes lo juzgan improcedente, cinco ministros, creen en lo fundamental que las reformas constitucionales no son atacables ni enmendables por la Corte. Los otros cinco ministros creen que sí. Ninguno juzga el fondo ni la forma del amparo, sólo la pertinencia de revisarlo.

Me congratulo del empate en el criterio de los ministros porque demuestra que las definiciones en esta materia no son cosa científica ni juzgada de antemano, sino justamente materia debatible, hija de la reflexión, la historia, las costumbres jurídicas y la moral pública.

El empate de los ministros descalifica las muchas descalificaciones recibidas por nuestro amparo caracterizándolo como hijo de la ignorancia, el elitismo o la soberbia, si no del interés.

Al menos cinco ministros de la Suprema Corte dicen que no, que el asunto debe al menos discutirse, pues puede haber ahí, como pensamos nosotros, un tema constitucional digno de la atención y el juicio de la Corte.

Ya el solo empate es un triunfo de opinión pública: una ventana abierta al debate democrático. Ojalá que de aquí en adelante ese debate se pueda dar en otros términos que el de la descalificación por ignorancia, elitismo, vanidad intelectual o ceguera ideológica.

En la reforma constitucional de 2008 hay cosas importantes que discutir, como lo demuestra el hecho de que haya dividido el criterio de la Corte.