febrero 12, 2011

Libertad y puritanismo

Andrés Pascoe Rippey (@Andrespascoe)
apascoe@cronica.com.mx
Invasión retrofutura
La Crónica de Hoy

En ambas orillas del río político existen puritanos: en la derecha, los que odian el sexo, la libertad de estilos de vida, el amor libre —es decir, el placer. En la izquierda, quienes odian la alegría, lo gourmet y el alcohol —es decir, el placer.

Y vaya que vivimos días de puritanismo. En todo el debate sobre Carmen Aristegui, MVS y el supuesto alcoholismo de Felipe Calderón ha habido un damnificado en quien nadie ha reparado. No me refiero al derecho de expresión o libre prensa. No me refiero al derecho a no ser difamado (que también existe). Me refiero al derecho a ser un borracho.

Dice la famosa manta de Noroña que Calderón no debe gobernar por ser un borracho, pero al parecer piensa que ser un porro y analfabeta funcional no es limitante para ser diputado. No sé si él sea esas cosas —no lo conozco—, pero existe un fuerte rumor en las redes sociales diciendo que lo es. Le tocará a él aclarar el rumor y demostrar su inocencia, de acuerdo con lo que hoy llamamos “el método Aristegui”.

Mucha gente bastante bien informada ya ha descrito sus razones para asegurar o al menos suponer que Calderón no es borracho. Periodistas que lo siguen, que lo conocen, que trabajan cerca de la Presidencia aseguran que el rumor es falso. Es por esa razón que este rumor, que todos habíamos escuchado alguna vez, nunca había hecho noticia.

Al mismo tiempo, los promotores del rumor —Noroña, Arreola, et al— aún no han presentado ningún argumento para defender su convicción: ¿hay algún testigo de Calderón trastabillando, de él borracho en público (o en privado), de él haciendo un show a la Yeltsin? No se ha mostrado ni algo contundente ni algo débil. Nada.

Lo que sí se ha hecho es una asquerosa difamación de un acto perfectamente noble: beber. Me van a perdonar, pero muchísima gente toma sus mejores decisiones borracha. De hecho, miles de humanos tienen una vida sexual exclusivamente gracias al alcohol. Para otros tantos, poder beber es la mejor forma de combatir el estrés, el aburrimiento, la soledad, la alergia a los gatos y el mal de amores. Decenas de estudios demuestran los beneficios de tomarse unos cuantos tragos todos los días.

He visto editorialistas comentar todos los matices de este tema, pero nadie ha salido en defensa de los borrachos. ¿Qué nos ha sucedido? ¿Dónde está nuestro espíritu de goce de la vida? ¿Es que nos hemos vuelto todos puritanos desde que dejamos de fumar? Carajo, ¿puede alguien solidarizarse conmigo?

Preguntas válidas, sobre todo después de la conferencia de prensa de Aristegui. En ella, la famosa conductora dijo que todas las preguntas son legítimas y se pueden hacer. Creo que tiene toda la razón: las preguntas se valen siempre. Y no sólo eso, es indispensable hacerlas en muchos casos. Además, para nadie es un secreto que la libertad de prensa no es un derecho adquirido: hay que pelear por él todos los días, en todos los frentes. Hay que defenderla de gobiernos, de criminales y sobre todo de intereses económicos o poderes fácticos. Además, lo digo de una vez: MVS se equivocó de principio a fin echando a Carmen. Fue una decisión tonta y torpe. Ojalá regrese pronto al aire.

Pero el tema no es si se pueden o no hacer preguntas. El tema es: ¿es la pregunta mínimamente inteligente? ¿Está dirigida a la persona correcta? Porque, me van a perdonar, sí existen las preguntas tontas. Y existen a raudales.

Por ejemplo, a partir de lo que dijo Aristegui en su conferencia de prensa, me surgen a mí algunas: ¿Qué pasó en esas reuniones en la Destilería y el Meridian que definieron su salida? ¿Quiénes asistieron? ¿Ella estuvo ahí? Si no, ¿Cómo sabe de ellas? ¿Cómo sabe que alguien dijo “la cabeza de Aristegui o la banda de 2.5 gigahertz”? ¿Cómo sabe que es un “berrinche presidencial”?

Preguntas tontas, quizá. Preguntas que, además, Aristegui no piensa contestar. Después de su defensa a la pregunta, se fue sin aceptar ninguna.

Lamenté, eso sí, no ver una gota de humildad ni autocrítica en el mensaje de Aristegui. Está bien que no se disculpe si no siente haber hecho algo mal, pero la verdad es que sí existe la posibilidad de que su pregunta — válida y legal— haya sido algo injusta. Al menos, cuando uno cree en la presunción de inocencia.

Presidencia ya le contestó a Carmen. ¿Está satisfecha con la respuesta? No sabemos. Pero sí sé que le deben una disculpa a alguien: a los borrachos bienintencionados que poblamos el mundo.

Francamente.

El activismo de un rumor

Ivonne Melgar
Retrovisor
Excélsior

Creo y practico el derecho a preguntar, considero que éste no puede ser un recurso impune, ajeno a la responsabilidad de ejercerlo con base en dudas.

Como cuando se corren las ventanas para que el aire circule, la discusión pública del invento del alcoholismo presidencial nos permite salir del cuchicheo para llamar a las cosas por su nombre.

Imposible sustraerse. Así que una vez desatada la discusión sobre el despido de la periodista Carmen Aristegui de MVS, me sentí obligada a compartir mi experiencia y opinión como reportera de la fuente de Los Pinos.

Señalé en Facebook que abordar el chisme de la supuesta adicción de Felipe Calderón era un asunto de ética. Porque si bien creo y practico el derecho a preguntar, considero que éste no puede ser un recurso impune, ajeno a la responsabilidad de ejercerlo con base en dudas sustentadas.

Y solicitar la aclaración de si el Ejecutivo tiene problemas con la bebida es hacer eco de una ofensa que, desde la manta de Gerardo Fernández Noroña en San Lázaro, lumpenizó la critica al gobierno.

Dije además que silenciar a una comunicadora por tal motivo, era tan grotesco como descalificar a un gobierno con ese rumor no probado.

Vino la pregunta de los amigos de la red: ¿es cierto que el Presidente bebe sin control?

Les confié este lunes lo que ahora suscribo: me he cansado de esa interrogante de conocidos y cercanos, y de decepcionarlos señalando que nunca me ha tocado verlo llegar tarde a una gira por los presuntos excesos de esa condición, conocer del tropiezo en la agenda por tal motivo o enterarme de primera mano que, en tales condiciones, se asumió una errática decisión.

Confieso que me asombra que entre los politizados curiosos, nadie cuestiona lo que me sigue pareciendo una incógnita: ¿cómo logró Calderón en 2010 alinear a los gobiernos estatales en la paradójicamente impugnada estrategia de seguridad y que las fuerzas políticas le pusieran más dinero?

¿Y de qué manera se diseñaron con el PRD de Jesús Ortega y el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, las alianzas electorales con el PAN?

Ironicé que ni siquiera hay indicios de si ese acuerdo se cabildeó en estado inconveniente, pero que tal realidad sepultó los vaticinios de que Calderón caería antes de su quinto año.

Todos los gobiernos están obligados a dar cuenta de los problemas de salud de su titular, reviró un colega. Pero aquí, le dije, no hay evidencias de tal cosa.

Entendí sin embargo que cuando la democracia se encuentra supeditada al juicio mediático, la legitimidad de los gobiernos se pone a prueba cotidianamente y responder a cualquier duda, así sea un infundio, se vuelve un imperativo. Peor aún: saber hacerlo es requisito ineludible para sostenerse en el poder.

Y responder no ha sido característica de la política del gobierno.

Frente a tal vacío, Carmen Aristegui, gran periodista y talentosa estratega, capitalizó su credibilidad y la fuerza activista de su audiencia para presionar a Los Pinos a pronunciarse sobre la difundida versión del alcoholismo del Presidente.

Es la voz de un movimiento de resistencia, surgido de un conflicto poselectoral que el gobierno logró golpear con las alianzas PAN-PRD y que ahora se refugia en la bandera del presunto vicio.

Ya Federico Arreola actualizó la confesión y la disculpa formuladas a finales de octubre pasado: fue él quien al calor de la contienda de 2006, levantó la calumnia —usó ese término— en respuesta a otra que Calderón le lanzó.

Cuando el chisme ya era comidilla del dominio público, la Presidencia respondió, a través del secretario particular Roberto Gil Zuarth, con un informe de la intensa actividad que el Ejecutivo despliega y que, alegó, “es la mejor expresión de su buen estado de salud”.

Sin embargo, quienes se cobijan en la denuncia del vicio presidencial y defendieron el derecho a reclamar una explicación, la evalúan tardía, insuficiente y sin crédito.

Independientemente del maniqueísmo y del fanatismo que seguirá alimentando el rumor, el gobierno paga la factura de una estrategia de comunicación fallida, más proclive a la publicidad que a informar y dialogar con los representante de los medios, bajo el espejismo de que llevarse bien con los propietarios resulta suficiente.

Tan dañino el rumor como la discrecionalidad. Por eso encuentro beneficio colectivo en el fin del silencio, porque al margen de los corifeos de uno y otro signo, romperlo nos hace responsables a todos y, amplía la posibilidad de caminar, disentir y tratar de comprender, propósito esencial del periodismo.

¿Santa Aristegui de Arco?

Hugo García Michel (@hualgami)

hgarcia@milenio.com
Cámara Húngara
Milenio

Cuando algunos comentaristas deportivos se refieren al director técnico del Cruz Azul, Enrique El Ojitos Meza, antes de lanzar algún comentario crítico sobre sus métodos futbolísticos siempre aclaran: “El Ojitos es muy buena persona, pero…”. Lo mismo aplicaré esta vez para el caso de Carmen Aristegui. Podré no estar de acuerdo con muchas de sus posiciones y creo que cometió un error (¿consciente, inconsciente?) con sus comentarios radiofónicos acerca del presunto alcoholismo del presidente de la República, pero me parece una periodista honesta, talentosa, de gran inteligencia… y buena persona, como El Ojitos.

A mi modo de ver, Carmen se equivocó al hablar como lo hizo de Felipe Calderón, a quien si bien no acusó directamente de ser un bebedor, sí se puso del lado de quienes exigen que cuando existe alguna falta, las pruebas las aporten los acusados en lugar de los acusadores. No entiendo por qué la Presidencia tendría que aclarar si el primer mandatario es o no alcohólico. Más bien, son aquellos que aseguran que lo es quienes tendrían que aportar evidencias claras y contundentes al respecto y no dejar correr rumores que hasta ahora son infundados. Por eso, en lugar de pedir pruebas a Los Pinos, debió exigírselas a los diputados del PT que lanzaron la acusación en su famosa manta. Eso habría sido más periodístico y sobre todo más ético.

Ahora que una cauda de fanáticos grita “Todos somos Aristegui” y que ella misma maneja su imagen pública en plan de mártir de la democracia y de la libertad de expresión, no está por demás ver si de veras hay un gobierno represor frente a nosotros. Yo por ninguna parte lo veo, cuando menos desde hace catorce años. Tan no lo hay que es hoy muy fácil jugar el papel de víctima sin que algo suceda. Dudo que esto hubiera podido hacerse en las épocas de un Gustavo Díaz Ordaz o de un Luis Echeverría Álvarez.

No defiendo a los dueños de MVS, pero sí noto que Aristegui corre el riesgo de convertirse en la Noroñas del periodismo. ¡No la amueles, Carmen!

¡Equidad!

Jaime Sánchez Susarrey
Reforma

La inequidad electoral en México jamás estuvo asociada al financiamiento privado a los partidos o la compra de tiempo en los medios electrónicos. La inequidad derivaba de la fusión PRI-Estado

¡Equidad, cuántas barbaridades se cometen, dicen y escriben en tu nombre!

1. No hay que confundir la magnesia con la gimnasia. Si se recurre a la historia, hay que hacerlo bien. La inequidad electoral en México jamás estuvo asociada al financiamiento privado a los partidos o la compra de tiempo en los medios electrónicos.

La inequidad derivaba de la fusión PRI-Estado. Ernesto Zedillo lo advirtió con toda claridad y ahí puso el acento la reforma electoral de 1996. La corrección fue tan eficaz que en la elección de 2006 la coalición de López Obrador tuvo mayor presencia en los medios electrónicos y mayor presupuesto que la coalición PRI-PV y, por supuesto, que el PAN.

Cuando los legisladores prohibieron en 1996 que los particulares compraran tiempo en medios electrónicos peleaban contra un fantasma. Eso jamás había ocurrido. Y de haber ocurrido habría generado una competencia más equitativa porque hubiese contrarrestado los enormes recursos que el PRI obtenía del Estado.

2. La reforma de 2007 elevó esa prohibición a rango constitucional. ¿Por qué? Porque López Obrador denunció el complot de la mafia en su contra. Pero los números y los hechos no mienten. Repito: la Coalición por el Bien de Todos tuvo mayor cobertura que el PRI y el PAN. Tampoco hay evidencia de un ataque o boicot en su contra.

El motivo de la reforma constitucional sería risible si no fuera tan estúpido. El Consejo Coordinador Empresarial puso al aire unos spots alertando contra el populismo. Acatando la ley, jamás se mencionó en ellos a AMLO o al PRD. De ahí la queja ridícula del "rayito de esperanza": hubo compló.

3. La primera vez que oí el razonamiento me quede boquiabierto y luego tuve que contener la risa. El ministro Ortiz Mayagoitia, entonces presidente de la Suprema Corte, lo utilizó textualmente: al prohibir la compra de tiempo en medios electrónicos no se limita la libertad de expresión, se limita la libertad de comercio.

El razonamiento no es churrigueresco, es absurdo. No hay cómo sostenerlo. Basta llevarlo a sus últimas consecuencias. Si mañana se promulga una ley que prohíba a los particulares comprar papel y contratar imprentas para editar propaganda electoral, ¿de qué estamos hablando? ¿De un atentado a la libertad de expresión o de una limitación al comercio?

Pero hay más. Por qué se prohíbe la compra en medios electrónicos y no se incluyen los medios impresos. Para ser consecuente con el espíritu del legislador habría que prohibir que los particulares compren planas en periódicos y revistas porque estarían rompiendo la equidad electoral.

4. No está bien vender gato por liebre. Pero hay quien lo intenta y dice: el artículo 41 establece que nadie, ni partido ni persona física o moral, puede comprar tiempo en los medios electrónicos. ¿Dónde está, entonces, el problema? La ley es la misma para todos. Lo que se prohíbe a los partidos se prohíbe a los particulares. ¡Voilà!

El problema está en que lo que se saca por la puerta se reintroduce por la ventana pero sólo para unos cuantos. La ley confisca -y dejo de lado la "legitimidad" de ese acto- tiempo a los medios electrónicos y los pone a disposición de los partidos. De ese modo, el debate político en tiempos electorales queda confinado en las cúpulas partidarias. Los ciudadanos quedan condenados a callar y escuchar la propaganda chatarra de la partidocracia.

5. Pero los estatólatras no se arredran y continúan: ¿cuando hablamos de libertad de qué hablamos? ¿A quién se afecta cuando se prohíbe la compra de tiempo en los medios electrónicos? ¿A la mayoría de los ciudadanos? No, porque no tienen recursos. Se limita el poder de los ricos y de las grandes corporaciones. Nada más.

Falso. Las estaciones de radio locales tienen tarifas asequibles a un gran número de ciudadanos. Y algo semejante pasa con la programación local de las televisoras. Pero además hay un argumento de fondo. Si mañana se prohíbe la compra de boletos de avión con un costo superior a los mil dólares para viajar fuera de México, ¿qué se limita? ¿El privilegio de unos cuantos o la libertad de tránsito?

6. Razonamiento omelette: la equidad es un valor esencial de la competencia electoral. Los partidos son organizaciones indispensables. Todo lo que favorezca la equidad contribuye al orden democrático.

Sí, pero no tan rápido. Los partidos son, en teoría, organizaciones de ciudadanos para representar a ciudadanos. Pero en la práctica se trata de organizaciones burocráticas dirigidas por pequeñas élites. Así que el monopolio de la propaganda en radio y televisión se concentra, en la realidad, en unos cuantos. ¿Cuántos exactamente? Tal vez 100, tal vez 200, pongamos 300. Esto es, 300 ciudadanos con voz y voto, contra 70 millones de electores mudos. Vale. ¡Que viva la equidad! ¡Al diablo la igualdad!

7. Corolario estatólatra: la mejor demostración de que la legislación funciona y funciona bien son las elecciones recientes. Derogar la prohibición de compra en los medios electrónicos constituiría un grave retroceso. Se instalaría la plutocracia.

¿De verdad vivimos en el mejor de los mundos? ¿Por qué, entonces, la maestra Gordillo tiene un partido, suyo, propio, que recibe recursos del Estado y utiliza el poder del SNTE para inclinar la balanza electoral?

¿Qué razón ampara al Panal (y al resto de los partidos) para saturarnos con propaganda chatarra? ¿Con qué argumento se priva a los ciudadanos que están contra los abusos de la maestra o la incompetencia de toda la clase política del derecho a denunciarlos en los medios electrónicos en tiempos electorales?

Premio al que conteste.