marzo 09, 2011

Abusos a todo nivel

Marielena Hoyo Bastien
producciones_serengueti@yahoo.com
Animalidades
La Crónica de Hoy

La forma tan diversa, eficiente y rapidísima de las comunicaciones actuales, hace que más tarde en producirse un hecho en cualquier parte del Mundo, que el resto en conocerlo. Esto, claro, es algo maravilloso, pero también con enormes desventajas, entre ellas, la de no librar fecha sin que se conozcan atípicos actos de barbarie o crueldad contra los animales, lo que además, de esa forma, cunde sin control como muestra de impunidad. Tenemos, por ejemplo, la nota que dio apenas hace unos días el futbolista Luís Moreno, quien con toda calma, coraje, alevosía y ventaja, el domingo 27 de febrero arremetió contra una frágil, ¡qué digo!, fragilísima e indefensa lechuza de campanario, que como habitante común y conocida del Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, Colombia, donde el energúmeno se encontraba disputando un partido, bajó como de costumbre a encontrarse con su público, raro a esa hora, pero…

Resulta que faltando aproximadamente 20 minutos para que finalizara el encuentro entre el Deportivo Pereira (DP), donde el panameño se desempeña como “delantero”, y el Atlético Júnior (AJ), que iba ganando 2-1, de repente la rapaz apareció paradita sobre el césped, en una esquina muy cercana a la portería, lo que provocó que fuera accidentalmente golpeada por el balón, quedando por tanto postrada con la región ventral hacia arriba y las alitas desplegadas, seguramente tratando de entender, tras el atarantamiento, lo que le había pasado. Viendo que el animal no podía reincorporarse, la autoridad del lugar decidió parar el juego para proceder a su rescate, momento que aprovechó el sujeto de marras para propinarle al animal un fortísimo patadón con la zurda, cuando las piernas de un futbolista son arma mortal. Pasaron segundos para que los aficionados reaccionaran, una vez controlado el estupor que les causó la imagen que, en menos de lo que canta un gallo comenzó a dar la vuelta al mundo, con los consiguientes reproches para el jugador, ya que para más, se trataba de un animalito que el AJ considera de buena suerte pues… cuando juegan y sobrevuela la cancha, generalmente ganan, punto que a lo mejor fue el detonador para que el agresivo personaje actuara de forma irreparable.



Debido entonces a la fuerte reacción pública, y a que Colombia cuenta con un Estatuto de Protección Animal, que como todas las leyes del tipo aparece muy ambicioso en su texto, pero resulta leve, levísimo, en sus sanciones, la policía ambiental de la zona no tuvo de otra que abrirle proceso al panameño, pero… terminando por aplicarle irrisoria sanción, acompañada de una disposición verdaderamente ridícula. Siendo así se le determinaron dos fechas de suspensión, el pago de una multa equivalente a 560 dólares estadounidenses, y la firma de un papel cuyo texto compromete al futbolista a “no volver a hacerlo”, esto es, a no patear nunca más a una lechuza.

Comparando el castigo con el recibido por el diseñador de modas John Galliano, que por haberse expresado muy ofensivamente -pero al fin y al cabo un acto que no provocó la muerte de nadie- fue despedido de su trabajo de muchos años para la casa Dior, lo impuesto a Luís Moreno es ridículo. Lo menos debió ser decretarle suspensión de un año, el pago de una multa mucho más fuerte, partiendo de que la Ley 84 dispone aumentos a las cantidades determinadas cuando el animal agredido termina muerto, la obligación de prácticas voluntarias en un refugio de animales abusados y, sin duda el ingreso a terapia, pues han de saber que el abuso hacia los animales está considerado como un desorden mental, pero…

No hay que pasar por alto otras irresponsabilidades como el que los encargados de la seguridad del lugar hayan permitido la presencia en tierra del animal, que simplemente por librarla pudo haber sido ocasión de un accidente mayor. Por otra parte, resulta de tono macabramente inútil disecar al animal para permanecerlo en el estadio como símbolo de la violencia, pues eso, amigos colombianos, no traerá remedio, sólo morbo y testimonio de la impunidad que priva en este tipo de hechos. En fin, paso a otro punto porque…

Recibo y replico comunicación de mi estimado Francisco –Pancho- Morales, que junto con su esposa Sharon, ambos animaleros de alma y corazón, decidió tomarse amplias vacaciones de fin de año fuera del país a partir del 10 de diciembre pasado, costándole ello severo disgusto pues… al viaje de placer fue invitado su amado perrito TIBURCIO, un pícaro “salchicha” (teckel-dachshung) negro que como único requisito para entrar a los Estados Unidos de América, procedente de Cancún, solamente debió presentar un certificado de buena salud y de la vacunación correspondiente, documento que sin menor problema le fue extendido por la Asociación Humanitaria local. Sin embargo, para regresar a nuestro México, SU hogar, apenas el pasado 28 de febrero, el perrito y sus compañeros humanos hubieron de padecer penoso viacrucis y larga espera, porque las autoridades sanitarias del aeropuerto de Cancún no quedaron convencidas de la buena salud del canito, con todo y que la misma estaba siendo respaldada con un certificado expedido por el Departamento de Agricultura e Inspección de Plantas y Animales de los EUA, por su traducción al español, y por el que se detallaba no habérsele detectado agente alguno trasmisor de enfermedad contagiosa a personas o animales, pero...

El documento solamente refería la no presencia de parásitos, más no la de ECTOparásitos, esto es, de posibles pulgas, garrapatas o piojos, por lo que nuestros aguerridos y cumplidísimos inspectores tuvieron a bien retener al perrito, provocando con ello que don Pancho les preguntara SI LA EXCLUSIVA FALTA DE TRES LETRAS ERA MOTIVO SUFICIENTE PARA NO SOLAMENTE DETENER AL ANIMAL, SINO INCLUSO OBLIGARLO A PERMANECER DENTRO DE SU MALETA ESPECIAL DE TRASPORTE, ya que TIBURCIO, sabrán, está acostumbrado a los placeres de la vida, viajando de costumbre en la cabina del avión. Nervioso entonces por el tiempo transcurrido dentro de un habitáculo, cómodo para un traslado corto pero no para permanecer en él por tanto tiempo, el salchichita comenzó a gemir y a manifestar signos de estrés, por lo que nuevamente se pidió a la autoridad, tan cumplida de su deber, que por favor lo revisaran para constatar que no tenía ningún bicho indeseable. La lacónica respuesta de los burócratas fue que ese no era su trabajo, pese a tener como adorno de oficina un letrero indicando, entre otras cosas, que su misión, o sea, la de la oficina que representan, era BRINDAR SERVICIO DE INSPECCION, VERIFICACION Y CERTIFICACION SANITARIA, que como tal entendió la familia Morales como su tabla de salvación, insistiendo con base en tales principios que se procediera a la revisión externa del perrito, más… otra vez la respuesta fue negativa, argumentando que no podían ser “juez y parte”… pero que… ¡háganme el canijo favor!... le podían recomendar un veterinario que por módicos 500 pesos extendería el certificado para liberar al animalito. No queriendo participar del evidente negocito, aún arriesgándose a que aquello le saliera más costoso, mi estimado Pancho se movió para conseguir el auxilio de una médico veterinaria ajena, que con todo, hubo de suministrarle al perrito una pastillita desparasitante y, como indicaron los servidores públicos, aplicarle exclusivamente determinado producto, debiendo escoger entre el Frontline o el Advantage, para la desparasitación externa, innecesaria para un ejemplar en extremo bien cuidado. Total, que el chistecito de tan sopencos funcionarios que mismo se identificaron como de OISA, SAGARPA y SENASICA, encabezados por un tal Juan José Ibarra, costó al bolsillo de mi amigo ochocientos pesos, y el mal rato que pasó el perro, que además fue dosificado sin necesidad. Viendo así las cosas, y apostando todo al turismo, nos preguntamos entonces si de esta forma serán tratados quienes decidan visitarnos con su perro. ¿Alguna explicación?

Y YA QUE ESTOY SOBRE EL TEMA DE RIESGOS SANITARIOS permítaseme hacer un respetuoso pero enérgico llamado al Dr. Armando Ahued, Secretario de Salud capitalino, para que de una vez por todas se ponga rígido control a la compra-venta de perros en mercados y calles, partiendo de que hace tan sólo unos días dio positivo a rabia un cachorro adquirido en el Mercado Sonora, pero mayor es el problema, cuando se desconoce su origen, número de hermanos y con cuántas personas y congéneres tuvo contacto el animalito, algo de suma preocupación y gravedad que debe pararse de inmediato. Espero por la reacción.

Presunto culpable” y los juicios orales

Denise Maerker (@Denise_Maerker)
Atando Cabos
El Universal

Presunto culpable ya ganó otra batalla. Ayer un Tribunal Federal en materia administrativa le enmendó la plana a la juez Blanca Lobo al revocar la suspensión provisional que llevó a que el documental saliera de las salas de cine. Los tres magistrados consideraron que la suspensión: “causa perjuicio al interés social y contraviene disposiciones de orden público, pues la sociedad está interesada en que sea respetado el derecho a la información contenido en el artículo sexto de la Constitución”. Y que ese derecho “goza de una vertiente pública, colectiva o institucional que lo convierte en pieza básica para el adecuado funcionamiento de la sociedad democrática, es decir, tiene una doble faceta que exige no sólo que los individuos no vean impedida la posibilidad de manifestarse libremente, sino también que se respete su derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”.

En cuanto Cinépolis reciba la notificación, y esperemos que no tarden mucho, Presunto culpable regresará a las salas.

Es un gran triunfo y qué bueno, porque este documental fue concebido desde un inicio como un arma de batalla, y al menos en este tema ya sentó precedente.

La historia viene de lejos. Desde que se funda en el año 2000 la División de Estudios Jurídicos en el CIDE, el equipo que encabezaba Ana Laura Magaloni se propuso retratar primero y luego promover reformas que mejoraran el sistema de justicia. En 2003 publicaron su primera encuesta de recolección de datos de población en reclusorios y confirmaron la gravedad del problema. Algunos viajaron a Chile y se entusiasmaron con el éxito que estaba teniendo en ese país la Reforma Procesal Penal que introdujo allá los juicios orales. En 2006 Roberto Hernández y Layda Negrete hicieron en 2006 El túnel, un primer documental que exponía justamente las virtudes del ejemplo chileno. El tema siempre fue materia de estudio, pero también una causa.

Presunto culpable se financió inicialmente gracias a 60 mil dólares que Ana Laura Magaloni consiguió de la Fundación Hewlett. Después se irían sumando muchos otros, empresarios, productores, la mayoría por el convencimiento de que esta historia estaba destinada a despertar la indignación y a movilizar a una sociedad que en todo momento es víctima potencial de este sistema.

Conociendo esta historia me impresionó leer el lunes en La Jornada a Julio Hernández: “Significativos representantes de las élites económicas y políticas de México y Estados Unidos son los patrocinadores e impulsores de un documental que forma parte del proyecto de promoción en México de los juicios orales como parte de una reforma judicial impulsada por Felipe Calderón, pero fundamentalmente por Estados Unidos”.

Felipe Calderón no había llegado a la presidencia cuando este proyecto ya prendía los debates en la sala de lecturas del CIDE. Y el apoyo del Presidente a los juicios orales es de dientes para afuera, la verdad es que en este sexenio a lo que le han metido dinero es a la policía y no a la procuración de justicia. Este año, el presupuesto para la SSP federal aumentó 10%, el de la Procuraduría, sólo 1%.

Es cierto, lo que proponen es un cambio radical que conlleva riesgos, pero, ¿quién puede, sin tener que recurrir a complots internacionales, apoyar el actual sistema?

Presunta censura

Sergio Sarmiento
Jaque Mate
Reforma

"En México, ser inocente no basta para ser libre".
Lema de Presunto culpable

Si al final los tribunales mexicanos determinan que los realizadores de Presunto culpable -un trabajo periodístico con imágenes grabadas en un juicio público- debían haber obtenido para su exhibición autorización de una de las personas que aparece en el trabajo, el resultado sería un golpe brutal a la libertad de expresión en nuestro país.

¿Habría algún político dispuesto a dar su permiso para que se le exhibiera en un trabajo periodístico crítico? ¿Se imagina usted a René Bejarano otorgando a Brozo su autorización para difundir imágenes suyas en el momento de recibir fajos de dólares del contratista Carlos Ahumada? ¿Cree usted que un policía a quien se grabara subrepticiamente recibiendo una mordida daría su bendición para que se exhibiera su imagen?

Inquieta que una juez de distrito en materia administrativa, Blanca Lobo Domínguez, haya ordenado a la Secretaría de Gobernación ejercer una censura contra un trabajo periodístico. El temor se multiplica ante la posibilidad de que el fallo definitivo proponga el criterio de que un trabajo periodístico debe tener para su exhibición la autorización previa de las personas que muestra. Esto acabaría con la posibilidad de tener un periodismo independiente en nuestro país.

Hay razones para pensar que la Secretaría de Gobernación ni siquiera tiene las facultades para censurar un trabajo periodístico, como lo ordenó la juez Lobo. En los regímenes autoritarios el gobierno decide qué películas, impresos u otros instrumentos de información pueden difundirse públicamente. En un país de libertades la autoridad puede autorizar la clasificación de una cinta pero no permitir o prohibir su exhibición.

No coinciden los juzgadores sobre si es legal o no decretar una suspensión provisional que despoje a terceros del derecho de ver una película o un trabajo periodístico. En contraste con la censura ordenada por la juez Lobo, otra juez de distrito desechó una suspensión provisional en un juicio promovido por familiares de la víctima del homicidio del que surge el caso. Ayer mismo, por otra parte, el sexto tribunal colegiado en materia administrativa revocó por unanimidad la suspensión provisional ordenada por la juez Lobo.

Un elemento paradójico de la suspensión es que sólo detenía las exhibiciones de Presunto culpable en salas comerciales. Dejaba en cambio el camino abierto a la piratería. Si usted quería ver Presunto culpable ayer, podía comprar la película por 10 pesos en el Metro o verla en YouTube.

La decisión del tribunal colegiado, sin embargo, no resuelve la amenaza contra la libertad. El juicio del falso testigo para imponer una censura a Presunto culpable continúa y la libertad de expresión en nuestro país depende del resultado.

Los productores de Presunto culpa- ble, Layda Negrete y Roberto Hernández, han logrado ya uno de los objetivos de su trabajo: generar una discusión amplia sobre el disfuncional sistema de justicia de nuestro país, en el cual quien nada debe todo teme. Pero la película está produciendo además una sana discusión sobre la libertad de expresión en nuestro país.

En eso la moneda está todavía en el aire, a pesar de que los artículos sexto y séptimo de la Constitución y el 13ero de la Convención de San José supuestamente garantizan este derecho. Si el proceso administrativo en contra de Presunto culpable lleva a la aplicación de una censura definitiva, México será un país con una muy disminuida libertad de expresión.

LUNA RAMOS

La ministra Margarita Luna Ramos de la Suprema Corte ha cometido una grave falta ética al defender públicamente la posición de la juez Blanca Lobo Domínguez en su censura a Presunto culpable. Los ministros deben ser neutrales ante un caso que puede llegar a su consideración. El "pre-juicio" de Luna Ramos debería descalificarla de participar en cualquier sesión de la Corte en que se considere el caso.

Slim versus televisoras

Leo Zuckermann (@leozuckermann)
Juegos de Poder
Excélsior

De un lado está el empresario más rico del mundo, Carlos Slim, con una fortuna, según Forbes, de 53 mil 500 millones de dólares. El dinero que tiene es su principal fuente de poder. Con él puede comprar los recursos materiales y humanos necesarios para tratar de ganar cualquier batalla.

Su interés es defender la posición dominante de que goza en uno de los mercados más rentables que hay: las telecomunicaciones. En este sector hay mucho dinero en juego. Lo sabe porque desde ahí ha construido la fortuna que posee. Naturalmente quiere proteger el cuasi monopolio que tiene en la telefonía fija y móvil en México.

Sin embargo, también quiere entrar al mercado de la televisión abierta (al de cerrada ya entró con éxito gracias a una alianza con MVS en Dish). No es que la televisión sea un negocio tan rentable como otros que tiene. Lo que la televisión da es poder político: una gran capacidad de influencia en la sociedad. Quizá Slim sea el hombre más rico del planeta pero, en la práctica, los dueños de las televisoras tienen más poder que él entre la clase política. Para alguien que quiere ser Presidente, por ejemplo, es más importante una buena relación con las televisoras que con el empresario más próspero del mundo. ¿De qué sirve tener la mayor fortuna si uno no cuenta con pantalla para influir en la sociedad? Slim, con su gran chequera, quiere su propia estación de televisión abierta. Prácticamente es lo único que le falta en su amplio portafolio de negocios.

Del otro lado están las televisoras propiedad de Emilio Azcárraga (mil 500 millones de dólares, de acuerdo con Forbes) y Ricardo Salinas (diez mil 100 millones). Combinadas las fortunas de los dueños de los grupos Televisa y Salinas suman 11 mil 600 millones de dólares. Esto quiere decir que, por cada dólar que poseen los propietarios de las televisoras, Slim tiene 4.6. Si este fuera un juego donde el dinero determinara el resultado, el dueño de Grupo Carso ganaría. No obstante, Televisa y TV Azteca poseen algo que Slim no tiene: el poder de la pantalla chica.

Es curioso ver unidos a los dos competidores de la televisión abierta. Los motiva su interés de participar en el muy rentable negocio de las telecomunicaciones. Si bien Azcárraga y Salinas tienen fortunas que ya quisiera cualquiera, ellos quieren todavía más. Así es la condición humana. Quieren alcanzar los niveles de Slim. Y la manera de hacerlo es quitándole un pedazo del pastel de las telecomunicaciones al dueño de Telmex-Telcel, quien naturalmente no los quiere dejar. Utiliza el poder de su red para defender su cuasi monopolio: cobra altas tarifas por conectarse a ella.

Se trata, en suma, de una disputa territorial. Por un lado Slim quiere entrar al terreno de las televisoras para tener mayor influencia política y social. Lógicamente, las televisoras no quieren que un jugador con tanto dinero entre a este mercado ya que, con su chequera, Slim puede producir buenos contenidos, jalar puntos de audiencia y atraer a diversos anunciantes, todo lo cual significaría una pérdida de ingreso para Televisa y TV Azteca. Del otro lado, las televisoras quieren un pedazo del muy rentable negocio de las telecomunicaciones para que sus propietarios puedan dar un salto cuántico en sus fortunas. Evidentemente Slim no quiere esto porque una mayor competencia bajaría las tarifas y él perdería ingreso.

¿Quién va a ganar? El pronóstico es reservado. Mucho dependerá de la postura que tome el único jugador que puede equilibrar el juego hacia un lado u otro: el gobierno. Nos gustaría que la posición gubernamental fuera a favor de los consumidores, promoviendo una mayor competencia en ambos mercados. Pero, por la coyuntura que estamos viviendo, creo que Calderón escuchará ofertas de ambos lados a fin de maximizar los beneficios para él y su grupo político. El Presidente sabe —y ya le dieron una probadita con el caso de Carmen Aristegui— que vienen ataques muy duros en su contra, sobre todo en el año más difícil del sexenio, que es el séptimo. En este sentido, Calderón va a necesitar aliados que lo defiendan de las posibles ofensivas en su contra cuando deje la Presidencia.

Pero se mueve

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

Si alguien necesitara una prueba del valor de la estabilidad financiera en la vida de los países, podría usar los resultados del censo mexicano del año 2010.

Las cifras del censo cuentan la historia, para muchos increíble todavía, de un país que con un crecimiento económico menos que mediocre, ha tenido una transformación social más que notable.

Véase por ejemplo lo sucedido con la vivienda:

El país tiene 35 millones 617 mil 724 viviendas. 97.8 por ciento (%) tiene luz eléctrica y 91.5% tiene agua entubada.

El 92.6 por ciento de viviendas cuenta con televisor.

El 82.1% tiene refrigerador.

En 65.1 por cierto de las viviendas alguno de los habitantes tiene un teléfono celular.

En 45% de las viviendas hay un coche.

En 43.2% hay línea telefónica.

En 29.4% hay computadora y en 21.3% hay internet.

Véase lo sucedido en la educación:

El 94.7% ciento de la población de 6 a 14 años asiste a la escuela (era 85.8% en 1990).

La población de 15 a 24 años que asistía a la escuela en 1990 era 30.2%. En 2010 era 40%.

La tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más disminuyó cerca de 5.5 puntos porcentuales entre 1990 y 2010: de 12.4 a 6.9%.

Véase lo sucedido en la salud:

Entre 2000 y 2010 el porcentaje de población que declaró ser derechohabiente aumentó de 40.1 por ciento a 64.6 por ciento.

Y lo sucedido en ocupación y empleo:

La tasa de participación económica de la población de 12 años y más del censo 2000, comparada con la de 2010, revela que la oferta de trabajo pasó de 49.3 a 52.6 por ciento.

En 2010 el 60.9 % de la población ocupada lo estaba en el sector comercio y servicios, 24.4% en la industria maquiladora y 13.4% en el sector agropecuario. Los porcentajes en el año 2000 eran 53.8, 27.7 y 16.1,
respectivamente.

Ninguno de estas apreciables mejorías en la vida de millones de mexicanos es atribuible a un desempeño notable de la economía o el gobierno, salvo por el acierto mayor en ambos campos de no haber tocado las variables macroeconómicas fundamentales, manteniendo el equilibrio financiero cuya ruptura fue la plaga de las últimas décadas del siglo XX.

Luego de sufrir una crisis financiera por sexenio (1976, 1982, 1987, 1994), México lleva quince años de estabilidad, sin crisis generadas por sus propias equivocaciones. Y, aún con tasas bajas de crecimiento, se nota.