marzo 12, 2011

¿En verdad estábamos mejor cuando estábamos peor?

Carlos Puig
masalla@gmail.com
Historias del Más Acá
Milenio

Según el censo, los mexicanos entre 18 y 34 años son 25% del país, es decir, 40% de los que pueden votar en 2012. Pienso en ellos cuando AMLO muestra una fotografía de Peña Nieto junto a Salinas, también cuando escucho a los panistas hablar con alarma de un posible retorno del PRI a la Presidencia. Pero no creo que se les pueda infundir el miedo a lo que no conocieron...

La última gran crisis financiera mexicana, la repetición más grave de las crisis recurrentes que iniciaron a finales de los setenta del siglo pasado, sucedió hace 16 años.

La última gran crisis política que combinó la emergencia de un movimiento armado, los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, el arresto del hermano de un presidente y la huelga de hambre de un ex presidente de México fue hace 16 años.

Desde entonces, el país ha vivido más o menos sin sobresaltos —al menos no del tamaño de aquellos—, con la estabilidad económica que ha permitido el mediocre desarrollo, casi inercial, de los indicadores de bienestar. Y aunque ciertamente no se han corregido problemas fundamentales —el abismo entre pocos ricos y muchos pobres, la calidad de la educación, el corporativismo, los monopolios—, no vivimos en la montaña rusa de los últimos tiempos del priismo; de Díaz Ordaz hasta Salinas de Gortari.

En julio de 2012, la vida adulta de un votante de 34 años habrá transcurrido en esas condiciones. Y no sería raro que esa vida adulta hubiera coincidido con su vida informada, en donde ese posible votante se relacionó con la vida pública, leyó periódicos, vio noticieros, participó en elecciones locales o federales, comenzó a forjar un patrimonio, tal vez a construir o pensar construir una familia, consiguió su primer trabajo, se hizo ciudadano.

Según el censo, ese grupo de mexicanos entre 18 y 34 años es alrededor de 25 por ciento del país. Más importante para estas líneas: constituye más o menos 40 por ciento de la población en posibilidad de votar en julio de 2012. Esos muchos millones de mexicanos no entienden el priismo como los más viejos. Han vivido los tiempos del panismo y tal vez se acuerdan del menos priista entre los priistas: Ernesto Zedillo.

Me cuentan mis amigos profesores de la UNAM, el CIDE o el ITAM de materias como Análisis Político o Administración Pública que figuras como Salinas de Gortari, el subcomandante Marcos, ya no digamos De la Madrid o el Negro Durazo, no son referencia para los jóvenes mexicanos. Están, para los jóvenes, allá… en el libro de historia.

El lunes, entrevistando a Humberto Moreira le pregunté si el entusiasmo desatado entre los tricolores tiene sabor a restauración. Luego me di cuenta de que la palabra no significa nada para los menores de 34 años.

Demostrando mi edad le pregunté si no creía que a su partido le faltaba dar una explicación, una especie de expiación de décadas de autoritarismo desde el poder. Una promesa, una muestra de que habían cambiado. El nuevo líder priista hizo como que no escuchó, porque no tiene por qué. Su público objetivo o no se acuerda o ya relegó a la memoria lejana los años de la “dictadura perfecta” —diría Vargas Llosa.

En diez minutos de entrevista, Moreira repitió —para culpar a los panistas— más de siete veces la palabra pobreza, otras tantas desarrollo económico.

Del Twitter de Moreira el jueves: “El verdadero enemigo del PRI es la pobreza, la falta de servicios y de oportunidades que han complicado el programa social de nuestro país”. ¿Qué no esas carencias son, también, en alguna proporción producto de sus herencias? Tal vez para mi generación. No para 40 por ciento de los posibles votantes del próximo año.

Pienso en esos votantes cuando veo a Andrés Manuel López Obrador paseándose por las plazas de México con una fotografía de Enrique Peña Nieto junto a Carlos Salinas de Gortari. El señor peloncito al lado del gobernador significa poco para los menores de 34.

Pienso en esos votantes cuando escucho a los panistas hablar con alarma de un posible retorno del PRI a la Presidencia. No tengo claro que en ese demográfico pueda construirse el miedo a lo que no conocieron.

Me dice María de las Heras que hoy en México el voto se construye sobre todo por los “anti”. Y que el gran cambio en el electorado es que hasta el 2000 era casi únicamente antipriisimo —Fox, el gran beneficiario del “voto útil”—; hoy ha calado el antipanismo y el antiperredismo.

El asunto es que los “anti” funcionan en lo contemporáneo, como lo demostraron los éxitos de las alianzas en algunos estados el año pasado. El antipriismo basado en personajes de hace veinte años pierde fuerza.

Los votantes mayores de cuarenta años, además, tienen bastante más definidas sus simpatías. Los bloques de “voto duro” residen mayoritariamente en ese grupo. Los independientes, los indecisos, están entre los votantes más jóvenes. Me parece que el PRI tiene claro que debe omitir el pasado, hacer como si no hubiera existido, evadir ese debate y concentrarse en culpar al PAN del presente.

Convencer a los millones de votantes que se hicieron ciudadanos en los últimos 16 años que el México de hoy es producto únicamente de diez años de panismo.

Y convencernos a nosotros, los más viejos, de que estábamos mejor cuando estábamos peor. Esa jugada va a estar más complicada. Tenemos canas.

Pre-sun-tos

Jaime Sánchez Susarrey
Reforma

Si el agente Jaime Zapata hubiese sido mexicano, la situación sería otra. Habría pasado a formar parte de la lista de las 30 o 35 mil víctimas, y a la fecha no habría responsables de su muerte

No hay sistema de impartición de justicia perfecto. Basta recordar el affaire Dreyfus en Francia, Sacco y Vanzetti en Estados Unidos y, más recientemente, en los años ochenta, el caso de una familia (hijo y madre) en California que fue injustamente encarcelada durante siete años por un supuesto abuso sexual masivo de niños.

Sin embargo, lo que ocurre en México es grave e inaceptable porque los excesos y las aberraciones del sistema judicial no son la excepción sino la regla. Eso es lo que la película Presunto culpable ilustra contundentemente.

Nuestro sistema de justicia no detiene ni procesa a los delincuentes -la tasa de impunidad ronda el 99 por ciento-, fabrica presuntos culpables. Pero, además, funciona -cuando lo hace efectivamente- a dos velocidades. El asesinato de Jaime Zapata, agente de inmigración de Estados Unidos, fue resuelto en una semana. Tiempo récord, y más tratándose de una banda de narcotraficantes los detenidos.

Si Zapata hubiese sido mexicano, la situación sería otra. Habría pasado a formar parte de la lista de las 30 o 35 mil víc- timas, y a la fecha no habría responsables de su muerte. Es más, con un poco de "suerte", como ocurrió con el caso de los jóvenes en Tijuana, podría haber sido señalado como integrante de alguno de los cárteles, es decir, como responsable de su propia ejecución.

Sin embargo, todos somos Jaime Zapata. Si la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de la República es correcta, el "contacto visual" y la confusión -los sicarios creyeron identificar a dos integrantes de otro cártel- fue accidental. Los agentes estadounidenses se detuvieron en el momento y lugar equivocados.

Ese riesgo es el que ahora corremos todos potencialmente. El lugar equivocado puede ser un bar, un centro comercial o una carretera. Y no sólo una carretera perdida. Porque la súper Monterrey-Ciudad de México es una de las más transitadas y vigiladas de la República.

Pero las malas noticias vienen, además, del otro lado de la frontera. ¿Cómo se explica que una de las armas que dispararon los sicarios haya sido parte de la operación encubierta "Rápido y furioso" de las autoridades estadounidenses? O peor aún, ¿Por qué sólo en ese momento, y no antes, se efectuó una redada que condujo a la detención de 500 personas vinculadas al tráfico de drogas?

El agente de operaciones especiales de la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), Louis Garcia, fue franco: "Éste es un asunto personal en honor de Jaime Zapata". Y bueno, no está mal que así sea. Conservar el espíritu de cuerpo de una corporación no es pecado. Pero, ¿no se trata también de una estrategia de cooperación con un país vecino, donde el número de asesinatos supera ya los 30 mil?

El asunto se torna más grave por el contexto. El tráfico de armas no ha sido controlado del otro lado de la frontera. Y, ahora, la detención del alcalde, Eddie Espinoza, y del jefe de la policía, Angelo Vega, de Columbus, Nuevo México, viene a poner sobre la alfombra lo que muchos denuncian. El negocio de la droga y de las armas implica organizaciones y complicidades del otro lado de la frontera.

La reacción inmediata de las diferentes instancias del gobierno federal estadounidense, particularmente el FBI, no son sospechosas, más bien confirman que tienen información y conocimiento de esas redes, pero que se habían guardado de actuar contra los responsables. Lo que los deja y nos deja en una situación inaceptable. Porque no se puede exigir al vecino que eche toda la carne al asador, cuando en casa no se hace lo propio.

La gran pregunta es, ¿hasta dónde ha penetrado y se ha desarrollado el crimen organizado en torno al tráfico de drogas en Estados Unidos? ¿Se trata sólo de algunos condados en los estados fronterizos que han sido "contaminados" por los cárteles mexicanos? ¿O estamos hablando, dado el volumen multimillonario de ese tráfico, de un fenómeno extendido por todo el país?

Si lo cierto es lo segundo, es decir, si se trata de un fenómeno extendido y con un alto poder de corrupción, se pueden inferir dos cosas: a) las autoridades federales, estatales y los condados mantienen ciertas reglas no escritas y acuerdos implícitos con las organizaciones criminales; b) eso implicaría "tolerancia" para el tráfico de drogas a cambio de que no se violente la seguridad y la paz, mediante otro tipo de delitos (secuestros, asaltos, extorsión).

Si esa hipótesis es correcta, de este lado estamos en el peor de los mundos. De entrada, porque los capos de la droga se han convertido ya en un poder que desafía al Estado y adquiere control sobre territorios y vidas. Pero además, porque la ofensiva contra los cárteles no se ha traducido en una contención de los mismos.

Antes bien, y para nuestra desgracia, se ha cumplido la vieja sentencia de Niétzsche: lo que no te mata, te fortalece. La declaratoria de guerra de Calderón, independientemente de si no había otra posibilidad, ha generado una especie de metástasis del crimen organizado.

La cuestión está en que no hay una salida fácil ni rápida. Algunos cálculos, prudentes, estiman un periodo de 10 años para solucionar el problema. Y no sólo eso. Desde finales de 2006 a la fecha, las fuerzas políticas en su conjunto, incluidos los partidos de oposición más fuertes, no han querido avanzar en una estrategia para fortalecer al Estado y posibilitar el retiro de las Fuerzas Armadas del frente de batalla.

En otras palabras, mientras de este lado de la frontera el futuro de la guerra se ve complicado, sangriento y largo, del otro no parece haber mayor urgencia. Así que o salimos nosotros o nadie nos salva.