abril 08, 2011

Macario Schettino (@mschetti)
schettino@eluniversal.com.mx
Profesor de Humanidades del ITESM-CCM
El Universal

Leyendo un libro de un tema totalmente ajeno, encontré un breve texto de Mahatma Gandhi que debía haber conocido, que todos deberíamos conocer: “Las raíces de la violencia: riqueza sin trabajo; placer sin conciencia; conocimiento sin carácter; comercio sin moral; ciencia sin humanidad; adoración sin sacrificio; política sin principios”. De acuerdo con la red, que todo lo sabe, se trata de un texto entregado a su nieto por Gandhi, poco antes de morir, y al que a veces se refiere como los “siete disparates del mundo”, a los que el nieto Arun habría agregado un octavo: derechos sin responsabilidades.

No tiene mucha importancia la historia, ni si se trata de una atribución errónea: el texto vale por sí mismo, así sea, como todos los aforismos, excesivo y limitado al mismo tiempo.

La violencia, como hoy la conocemos en México, no surgió de la noche a la mañana, ni es resultado de determinadas acciones de gobierno, sino de la falta de ellas por muchos años. Nos golpea a todos.

En 2004, cuando aún no había guerra contra el crimen, miles de personas decidieron marchar para mostrar su repudio a la violencia y su solidaridad con una familia que había perdido a sus hijo. El jefe de gobierno del DF de ese momento, Andrés Manuel López Obrador, les dijo pirruris y los descalificó. Lo mismo hicieron sus seguidores.

En 2008, poco antes del gran crecimiento en la violencia que hoy sufrimos, nuevamente marcharon miles de mexicanos, también en solidaridad con la familia de jóvenes asesinados. Y regresó la descalificación, de parte de las mismas personas.

Este miércoles pasado miles de mexicanos nuevamente se manifestaron en contra de la violencia, y en solidaridad con familias que han perdido a sus hijos, hoy acompañados por muchos que en las dos ocasiones anteriores optaron por la descalificación.

A todos nos debe doler la violencia, pero siempre, no nada más cuando nos parece políticamente correcto. No podemos permitir la impunidad, y eso exige tener presente el pasado. No es ético, no es aceptable, usar la tragedia para promover la discordia.

El problema que enfrentamos los mexicanos es muy serio. No se va a resolver con buenos deseos, ni con presidentes de uno u otro origen político. No se va a resolver, como piensan algunos, legalizando las drogas o generando más empleos o ampliando las escuelas. La violencia que vive México no es resultado de la pobreza, como creen unos, ni de la falta de valores, como creen otros. Es un fenómeno complejo que tiene su origen, sus raíces, en varias de las afirmaciones de Gandhi: riqueza sin trabajo, placer sin conciencia, política sin principios.

No queremos aceptar que la única forma de vivir en una sociedad democrática es teniendo leyes y cumpliéndolas. No sabemos hacer eso, y no queremos hacerlo. Cuando vivíamos bajo el régimen autoritario esto no tenía mucha importancia: la violencia la controlaba el Estado, que no rendía cuentas a nadie y que concentraba todo el poder. Hoy eso ya no existe: no hay un presidente todopoderoso, ni hay ningún núcleo que concentre el poder en México. Hoy el poder está distribuido de forma muy difusa, provocando un estancamiento a nivel federal entre Ejecutivo y Legislativo, y un abuso local a manos de gobernadores que no responden a nadie.

Para que las leyes se cumplan es indispensable que las cumplamos todos, empezando, sin duda, por quienes detentan el poder político o buscan alcanzarlo, pero acompañados por todos nosotros. Y es necesario que quienes no cumplan la ley sean castigados, porque la cooperación de todos requiere de ese castigo.

La seguridad de nuestras vidas y de nuestras propiedades está en riesgo mientras no contemos con una fuerza pública que pueda defendernos. Mientras no tengamos procesos judiciales bien llevados, y reclusorios que efectivamente castiguen a quienes dañan a la sociedad. Y es la seguridad de todos nosotros, de quienes participamos en las marchas de 2004, de 2008 y de 2011, de los cientos de padres que han perdido a sus hijos, de los miles que han vivido el terror del secuestro, de los miles que hoy son extorsionados.

Esto no se va a resolver mediante la discordia. Lo vamos a resolver con cuerpos de seguridad bien preparados, y sí, también con educación y empleos. Pero antes que nada, necesitamos estar de acuerdo en cumplir la ley, en castigar a quien no lo hace, y en construir esas leyes de forma que ataquen las raíces de la violencia: no más riqueza sin trabajo, no más política sin principios, no más placer sin conciencia.

Ecuador va a cuesta abajo

Andrés Oppenheimer
El Informe Oppenheimer
Reforma

El Presidente populista ecuatoriano Rafael Correa ha generado grandes titulares con su decisión de expulsar a la Embajadora de Estados Unidos de su país. Pero la expulsión de la diplomática estadounidense es uno de los episodios menos preocupantes de lo que está ocurriendo en Ecuador.

Correa, quien siguiendo el guión del Presidente venezolano, Hugo Chávez, está reescribiendo constantemente las leyes de su país para acumular poderes absolutos, está a punto de celebrar una nueva "consulta popular" el 7 de mayo. Esta vez, su objetivo no tan disimulado es reducir aún más la libertad de prensa en su país y eliminar cualquier forma de crítica contra el Gobierno.

La expulsión de la Embajadora y el referendo son dos temas que posiblemente estén relacionados. Mientras algunos ecuatorianos bien informados me dicen que Correa es un líder errático que actúa por impulsos, otros me dicen que la muy publicitada expulsión de la Embajadora Heather Hodges es una maniobra de populismo barato del Presidente destinada a aparecer como un defensor de la soberanía nacional y subir en las encuestas antes del referendo.

El Gobierno le pidió a Hodges el martes que abandone el país por haber firmado en 2009 un cable confidencial, que fue publicado un día antes por el periódico español El País, donde la Embajadora afirmaba que la corrupción en las filas de la Policía ecuatoriana es "generalizada", algo que pocos ecuatorianos negarían. Además, Hodges escribió que "algunos funcionarios de la Embajada de EEUU" creen que Correa estaba al tanto de las actividades corruptas de un ex jefe de policía en el momento en que lo designó.

El hermano del Presidente, Fabricio Correa, que se distanció de su hermano después de que la prensa reveló sus lucrativos contratos con el actual Gobierno, me dijo en una entrevista telefónica que aunque el Presidente es "un hombre muy colérico", la decisión de expulsar a Hodges probablemente provino del Ministro de Relaciones Exteriores Ricardo Patiño, a quien describió como "totalmente antiyanqui".

Y agregó: "El Presidente está en campaña, y probablemente tuvo que montar esto para no mostrarse débil".

Joyce de Ginatta, periodista y líder empresarial, cree que es más probable que la decisión del Presidente haya tenido motivaciones políticas. "En el corto plazo, esto le ayudara en el referendo del 7 de mayo, porque pegarle a Estados Unidos siempre da votos", me señaló.

El referendo propuesto por Correa contiene 10 preguntas, algunas de las cuales son obvias trampas para atraer a la gente a las urnas y lograr que voten a favor del paquete completo. Una de las preguntas "anzuelo" dice: "Con la finalidad de evitar la muerte de un animal por simple diversión, ¿Está usted de acuerdo en prohibir... los espectáculos públicos donde se mate animales?".

Más abajo se encuentran las preguntas más preocupantes, como la que plantea si "con la finalidad de evitar los excesos de los medios de comunicación, ¿está usted de acuerdo en que se dicte una ley de comunicación?". La pregunta propone explícitamente un "consejo regulador" para controlar los contenidos de la televisión, la radio y los medios impresos.

Todo esto se produce en medio de una ofensiva total del Gobierno de Correa contra los pocos medios independientes que quedan en Ecuador. El Presidente ha entablado una demanda de 80 millones de dólares contra el editor de las páginas de opinión del diario El Universo, Emilio Palacio y contra los dueños del periódico, supuestamente por haberlo difamado. También entabló otra demanda de 10 millones de dólares contra Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, dos periodistas que escribieron un libro sobre los contratos de Fabricio Correa con el Gobierno de su hermano.

Además, el Gobierno de Correa ha empezado a interrumpir los noticieros televisivos, ha forzado cambios en las grandes cadenas de televisión y ha intimidado a casi todos los otros medios electrónicos para que se autocensuren.

"Al que dice algo de su Gobierno, lo aplastan", me dijo Palacio, el editor de opinión del diario El Universo. "Si Correa gana el referendo, todos los medios serán silenciados. Vamos a tener un órgano regulador que va a decidir qué podemos escribir".

Mi opinión: No me preocupa demasiado la expulsión de la Embajadora de Estados Unidos. Correa tiene una historia de tomar decisiones impulsivas, y luego dar marcha atrás. En 2008, Correa expulsó al Embajador de Colombia, y a los dos años volvió a normalizar las relaciones con es país. Correa también expulsó a la gigantesca empresa constructora brasilera Odebrecht, para después silenciosamente volver a recibirla en el país.

La expulsión de la Embajadora estadounidense no será diferente. Lo que resulta mucho más preocupante es el plan de Correa de convertir a Ecuador en un país autoritario sin un sistema de pesos y contrapesos. Eso sólo servirá para aumentar la corrupción, ahuyentar la inversión y crear más pobreza.

Está equivocado don Javier…

Jorge Fernández Menéndez (@jorgeimagen)
Razones
Excélsior

Comparto, conozco, lo he vivido y sentido personalmente, el dolor de Javier Sicilia por la pérdida de su hijo en circunstancias tan terribles como las que le tocó vivir. Comparto plenamente su exigencia de justicia, que termina transformando el dolor en acción, la indignación en una búsqueda de respuestas y de responsables. Estoy convencido de que la movilización de la gente es la que puede y debe aislar a quienes matan, secuestran, extorsionan, trafican, envenenan a nuestros niños y jóvenes. Creo, estoy convencido, que no merecemos como sociedad ni tantas muertes ni tanto dolor.

Pero también debemos tener absoluta claridad sobre quiénes son los responsables del mismo, hacia dónde se deben enfocar la indignación, la movilización y la acción de la sociedad y de hombres que, como Javier Sicilia, en su dolor pueden afortunadamente canalizarlas. Por eso no puedo estar de acuerdo con algunas de sus declaraciones ni con la concepción que están impulsando sectores que participan en las recientes movilizaciones. Dijo Javier el miércoles en Cuernavaca, cuando la marcha hizo un alto frente a las instalaciones de la Zona Militar, que “nunca habríamos querido verlos (a los soldados) fuera de sus cuarteles... Ahora los han sacado a la calle para combatir lo que a las policías les pertenece. No los queríamos allí, pero allí los han puesto, provocando con ello una escalada de violencia”. Otros pedían que concluyera “la guerra de Calderón” para acabar con el derramamiento de sangre.

Con todo respeto y afecto: ¿De dónde saca Javier que la escalada de violencia se debe a que se ha encargado al Ejército (como a la Marina o a la Policía Federal) combatir a los grupos de delincuentes?, ¿qué alternativa existía para combatir a las agrupaciones de criminales?, ¿con qué policías se podría haber hecho? No es verdad, es falso, que este proceso comenzó en diciembre de 2006. Hagamos un rápido recorrido por el estado de Morelos, para comprenderlo.

En la segunda mitad de los años 90 era gobernador de la entidad el priista Jorge Carrillo Olea. Llegó a ese puesto porque su formación militar y su experiencia en seguridad lo hacían parecer el hombre idóneo para gobernar un estado donde la inseguridad y la delincuencia ya comenzaban a hacer estragos. Ocurrió todo lo contrario: las cosas se salieron rápidamente de cauce. A metros de la casa de gobierno vivían nada menos que Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los cielos, y Juan José El Azul Esparragoza. Fueron los años en que se asentaron en la entidad también los Beltrán Leyva, entonces operadores menores de Carrillo Fuentes, encargados entre otras cosas de esa plaza y de la seguridad de los narcotraficantes que allí vivían y operaban. Los narcotraficantes llegaron con sus sicarios y guardaespaldas, con equipo, carros y armas y, por supuesto, mucho dinero. Cooptaron a las fuerzas policiales de la localidad, entre ellos a personajes con famas añejas, como Jesús Miyazawa, que terminaron siendo acusados de trabajar para los delincuentes. Comenzó una ola de secuestros que azotó al estado y sobre todo a la ciudad de Cuautla. La historia de Eduardo Gallo, que perdió en uno de esos secuestros a su hija, y que él mismo se encargó de investigar y llegar hasta los responsables, fue ejemplar en ese sentido.

Desde entonces, porque Carrillo Olea debió dejar el cargo en 1998, no ha habido un solo gobierno estatal que no viera que sus jefes de policías eran detenidos por complicidad con el narcotráfico. Las fuerzas policiales de Morelos han sido penetradas y sometidas en innumerables ocasiones por grupos criminales. Han cambiado los gobernadores y los mandos de las áreas de seguridad, han caído y llegado otros capos a la plaza, pero la norma, hasta ahora, ha terminado siendo la misma.

Estamos hablando de una historia que tiene ya más de 15 años en Morelos. Y, en ese contexto, la presencia del Ejército era imprescindible, como en otros lugares de la República, para retomar el control de esas plazas. ¿Alguien puede decir, entonces, que la violencia comenzó en Morelos en diciembre de 2006? Me parece justo que la indignación llegue a los gobernantes que no hicieron lo suficiente para romper esa cadena de violencia a lo largo de tantos años. Pero no nos engañemos: la escalada de violencia no se ha dado porque el Ejército comenzó a tratar de cumplir las tareas que en esa entidad, como en otras, no estaban realizando las fuerzas policiales coludidas con los delincuentes.

Si no comprendemos a quiénes hay que exigirles que ya no hagan correr más sangre, a quiénes hay que acusar de los asesinatos, los secuestros, las extorsiones, del consumo de drogas de nuestros niños y jóvenes, simplemente seguiremos equivocándonos. A los gobiernos hay que exigirles que cumplan con su deber. A los criminales, que no haya más sangre ni drogas ni extorsiones ni secuestros.

¿Se consumará la traición?

Carlos Marín
cmarin@milenio.com
El asalto a la razón
Milenio

Ayer, el consejo del PRD en el Estado de México aprobó ir en alianza con el PAN para buscar, con candidato único, la gubernatura que se decidirá el próximo 3 de julio.

En el mismo sentido se manifestó, en marzo, la mayoría de los 250 mil participantes en la consulta ciudadana que las dirigencias nacionales perredistas y panistas impulsaron con ahínco.

La votación de los consejeros locales arrojó como resultado que 158 optaran por el “sí”, frente a 92 del “no” y 12 abstenciones.

En la consulta de hace tres semanas, 198 mil electores aprobaron la alianza, contra 43 mil que se opusieron.

Así las cosas, los mexiquenses que dirigen el PRD local y los ciudadanos que participaron en la consulta sobre si deben o no aliarse legítimos y espurios están a favor de que PRD y PAN hagan mancuerna.

La incógnita por despejar es si Marcelo Ebrard, Andrés Manuel López Obrador y la dirigencia nacional del PRD respetarán eso que llaman “voluntad popular”.

Contra sus prédicas, todo indica que están dispuestos a traicionarla.