mayo 12, 2011

Alfonso Zárate Flores (@alfonsozarate)
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, SC
El Universal

La marcha convocada por un poeta desde el dolor indecible de perder un hijo, no colmó el Zócalo de la ciudad de México, pero tuvo la densidad ética que le dieron los huérfanos, las viudas, los padres y hermanos de los muertos, a quienes se sumaron otros que gritan su miedo, su hartazgo y su coraje y que, más allá de sus diversas procedencias, están unidos por el dolor, por su condición de víctimas de la violencia delincuencial.

No fue, como se pretendió, una “marcha del silencio”. Muchos de quienes marchaban coreaban arengas y no faltaron los que buscan llevar agua a su molino.

Fue ostensible el divorcio entre la dureza que expresaba una franja significativa de los de abajo —del templete— y el mensaje cristiano de los de arriba: “no convertiremos este dolor del alma en odio ni en más violencia, sino en una palanca que nos ayude a restaurar el amor, la paz, la justicia, la dignidad y la balbuciente democracia que estamos perdiendo”.

La concentración del domingo no tuvo la espectacularidad de dos precedentes: aquella marcha del 27 de junio de 2004 y la otra, Iluminemos México, del 30 de agosto de 2008, pero se singularizó por explicar la violencia como resultado de las estructuras económicas y sociales que generan la desigualdad y la exclusión; por su exigencia de dotar de identidad a los muertos; por interpelar a todas las autoridades y a los partidos políticos y por todo lo que dijeron esos cinco minutos de silencio impresionante.

Pero la emotividad y el dolor no bastan para construir visiones y propuestas lúcidas. La narrativa de los organizadores (“la guerra de Calderón y sus 40 mil víctimas”) ignora lo esencial: que las cifras del horror no derivan del despliegue de la fuerza pública sino de la disputa feroz entre los cárteles de la droga por el control de los territorios; que la presencia de los soldados fue una opción extrema, el mal menor, ante la descomposición de las corporaciones policiales municipales y estatales, una descomposición que sólo se explica por la simulación o la complicidad de autoridades de todo rango que por décadas permitieron el ascenso de esos criminales que hoy secuestran, mutilan, asesinan y extorsionan; el verdadero enemigo.

Pronunciarse por pactar con los criminales, como lo hizo Javier Sicilia en un primer momento, resulta inadmisible; tampoco es una opción claudicar. ¿Qué seguiría después?

Creo, sin embargo, que el documento leído en el Zócalo acierta al demandar un replanteamiento en la estrategia para encarar el fenómeno delictivo, al denunciar el costo y la inoperancia del Congreso y al responsabilizar a todos los partidos políticos del debilitamiento de nuestras instituciones republicanas. El “¡ya basta!” le llega también a los vecinos del norte: a su mercado de consumo de drogas, a sus bancos y empresas que lavan dinero, a su industria armamentista.

No hace mucho, y ante la presión social, autoridades de toda la república suscribieron el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que fijó plazos y términos de ejecución para los Poderes de la Unión y los distintos órdenes de gobierno. Muchos de los compromisos permanecen incumplidos, como la “depuración y fortalecimiento de instituciones de seguridad y procuración de justicia” y la creación de “centros estatales de control de confianza certificados” en el plazo de un año; “la confección de una estrategia nacional contra el lavado de dinero” en un plazo de seis meses; la modernización, en dos años, de “todas las aduanas del país con tecnología” y el mejoramiento de sus “procesos de infraestructura para reducir el contrabando”…

Es imperativo que el pacto que se suscribirá el 10 de junio en Ciudad Juárez, retome esos compromisos, denuncie los incumplimientos y exija responsabilidades políticas para quienes han fallado. Los contenidos del Pacto Ciudadano en construcción no pueden ser dictados solamente por el sufrimiento o el rencor. El movimiento civil debe aprovechar el conocimiento acumulado por estudiosos del fenómeno delincuencial para darle consistencia y viabilidad a sus propuestas.

La recuperación de la tranquilidad exige reconocer que la lucha contra el crimen organizado no es meramente una responsabilidad de las autoridades federales, estatales y municipales, sino también de todos los ciudadanos y de las organizaciones sociales.

Lo que sigue es trabajar en propuestas que permitan darle fuerza al reclamo ciudadano convirtiéndolo en un mandato ineludible para la clase gobernante. ¿Qué hay que hacer? Responder esa interrogante es la tarea que tenemos enfrente.

Tras nuestros muros

Carlos Elizondo Mayer-Serra
elizondoms@yahoo.com.mx
Reforma

Cuando uno se cruza con una camioneta con vidrios totalmente polarizados y con guardaespaldas, ¿cómo saber si se trata de un político importante, un empresario acaudalado, un narcotraficante o una combinación de estas tres categorías? La mala noticia es que la policía muchas veces tampoco lo sabe.

La semana pasada nuevamente hubo un incidente con el presidente municipal de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, cuando la Policía Federal detuvo la caravana en la que se transportaba. Los detalles son confusos, pero el alcalde se enojó fuertemente por la forma en la que fue interceptado, mientras que la Policía Federal alegó que sólo hacía su trabajo. El presidente municipal argumentó que a estas alturas debían tener bien identificado a su convoy (ya le mataron a un escolta en incidente similar hace poco) y los regañó: "ustedes no mandan en la ciudad" (Reforma, mayo 5, p. 12). Para hacer más complicada la ecuación, el secretario de Seguridad Pública de ese municipio, Julián Leyzaola, cuyo jefe es el alcalde de Juárez, ha afirmado que al menos una cuarta parte de los policías municipales tiene vínculos o está coludida con los criminales (La Razón, mayo 9, p. 6). A saber entonces quién manda.

Al día siguiente la Policía Federal en su defensa alegó que la caravana del presidente municipal iba con exceso de velocidad. La verdad casi todos quienes traen guardias lo hacen. Para eso es el poder: para no respetar las reglas, mucho menos las de tránsito. Sería la policía de tránsito, en todo caso, según el presidente municipal de Juárez, la encargada de hacer respetar los reglamentos correspondientes, esto en una ciudad donde un gran número de autos no traen ni placas, son chuecos. A saber cómo se puede mandar así.

La espiral de la violencia no sólo mata, erosiona aún más el tejido social, incluyendo ya no vernos los unos a los otros como resultado de los muros altos y los parabrisas oscurecidos. Unos se protegen legítimamente, otros se escudan para delinquir. Si bien el refugio de Bin Laden era inusualmente robusto una vez que se conocen los detalles de su construcción, no es excepcional que en Pakistán o en México alguien se esconda detrás de grandes muros y los vecinos piensen que es un empresario acaudalado. En los tranquilos suburbios de Estados Unidos no hay bardas, aunque así lo deseara alguien celoso de su intimidad. El principio de esa vida comunitaria es que nadie puede esconderse del resto de la gente.

La desigualdad contribuye a generar violencia. Una de las razones de ello es la ruptura de los espacios comunes. Quienes pueden lo compran todo y se aíslan tras rejas o vidrios polarizados. En su burbuja no les importa si el Estado provee bienes públicos, incluido seguridad.

Hay una discusión académica en Estados Unidos sobre el impacto de las cercas que separan a la comunidades, las llamadas gated communities. Para muchos urbanistas simplemente trasladan el crimen hacia los ciudadanos con menos recursos. Un forma más de desigualdad. Algo similar pasó tras la primera gran oleada de secuestros en la Ciudad de México en los años noventa, los ricos se protegieron y el secuestro se propagó en la población y paradójicamente perdió importancia mediática.

También en la Ciudad de México, una década antes, hubo una oleada de secuestros supuestamente en manos de policías judiciales o sus asociados, llamados madrinas. Para secuestrar utilizaban autos con vidrios polarizados. La reacción del gobierno fue prohibir los vidrios polarizados y este tipo de crimen disminuyó drásticamente. Con la misma lógica el gobierno de la ciudad obliga hoy a los taxistas a encender una luz durante la noche.

Con la apertura del sector automotriz se empezaron a importar autos con diversos grados de polarización, mismos que tenían que ser autorizados por el gobierno para cumplir con cierta norma de visibilidad. Hoy ya no es tema si no se ve nada al interior del vehículo. Nunca ha sido un debate el tamaño de los muros.

Es comprensible que el ciudadano busque protección en su auto y en su casa, pero el resultado es más segregación y más obstáculos para la acción de la autoridad. En México hay pocos estudios sobre el impacto de calles cerradas, autos con vidrios polarizados y otras formas de aislamiento y exclusión. Recomponer el tejido social incluye el que todos nos demos la cara cuando circulamos y que nuestras casas no sean fortalezas inexpugnables donde cualquiera se puede esconder.

“No soy comparsa de Cordero…”

Francisco Garfias (@panchogarfias)
www.elarsenal.net
Arsenal
Excélsior

“Te equivocas”, reviró contundente Javier Lozano, a quien dimos por muerto ayer en la carrera hacia la candidatura presidencial del PAN. El secretario del Trabajo fue el primero que reaccionó a lo escrito en este espacio, bajo el título “El calderonismo se divide”. A las 10:20 horas teníamos su mensaje en el celular.

En esa columna decíamos que la poca claridad que hay sobre quién será el candidato del PAN a la Presidencia ha provocado que los calderonistas se partan en dos: unos con Ernesto Cordero; otros, con Alonso Lujambio.

A Lozano, titular del Trabajo, hombre sin duda inteligente, le pesa su origen priista. Eso cuenta en el partido fundado por Manuel Gómez Morín. “Es difícil que lo acepten como candidato”, nos dicen en el PAN.

El titular de la STPS aprovechó el viaje para aclarar una versión que se multiplica dentro y fuera del azul. “Me ponen como comparsa de Cordero y no es así”, asevera.

El hombre está abonado a lo que decida el partido. “Sé que uno de nosotros llegará a la final, y estoy seguro que contará con el apoyo del resto. Está por verse quién es aquél que puede llegar a ese punto. Y para eso no pierdan de vista al Gallo Azul”, recomienda.

Omitimos señalar que Mariana Gómez del Campo está en el grupo que apoya a Lujambio. Este respaldo es significativo. Garganta azul nos asegura que la coordinadora de la bancada del PAN en la ALDF no mueve un dedo “sin la autorización de su prima”.

La prima, sobra decirlo, es Margarita Zavala.

Hay otro punto que ajustar. Dijimos que Josefina Vázquez Mota tiene más apoyos fuera que dentro de su partido, y que le va a pesar su negativa a postularse como candidata de la alianza en el Estado de México.

Equilibremos: la coordinadora de los diputados del PAN es la única panista que sube en las preferencias electorales (0.5 en población abierta; 4 puntos entre los panistas, según la más reciente encuesta de Mitofsky).

Garganta azul, apoyado en los sondeos de opinión, destaca también que la diputada federal es “la segunda opción” de una mayoría de panistas.

A Patricia Flores la pusimos del lado de Lujambio. Eso era antes. La ex jefa de la Oficina de la Presidencia de la República ya se replegó. “Anda herida”, asegura Garganta.

Precisa que Flores no le perdona al titular de Educación haberla ignorado cuando ésta le manifestó, en un primer momento, su respaldo.

Jorge Manzanera (que no Manzanilla, como equivocadamente escribimos) ni se ha manifestado ni se ha reunido con Lujambio. “Es operador del Presidente. Hará lo que él le diga”, vaticinan.

El Yunque jugará las contras. Las cábalas dicen que respaldará al aspirante que le compita al delfín de Felipe, para después negociar buenos espacios, como lo hizo con Cecilia Romero en la pasada elección del jefe nacional del PAN. Lograron hacerla secretaria general, a cambio del apoyo a Gustavo Madero.

Con este conservador grupo se identifican los gobernadores Marco Adame, Morelos; Juan Manuel Oliva, Guanajuato, y Emilio González Márquez, Jalisco. Este último es el gallo de El Yunque en lo que sería la primera vuelta de la elección.

Resumen: No son pocos los que vaticinan que Lujambio y Cordero estarán en la final. “Sería bueno ver el mano a mano entre el dinero y la educación”, subrayan.

Y vaticinan: “Quedará como candidato del PAN quien mejor conozca y mueva las estructuras”.

En el CEN del PRI ven con preocupación las broncas internas en Nayarit, a ocho semanas de las elecciones. En la entidad gobernada por Ney González vislumbran “competencia”.

La situación se le puso color de hormiga al candidato del partido a gobernador, Roberto Sandoval, a partir del incumplimiento de los acuerdos que hicieron posible su postulación como único.

El candidato a la alcaldía de Tepic, Gerardo Montenegro, y el presidente de la filial nayarita de la Fundación Colosio, Pablo Montoya, entre otros, ya reaccionaron a ese incumplimiento.

El segundo abandonó el tricolor y se pasó a las filas del PRD, nada menos que como candidato a esa alcaldía; el primero acusa a Ney, no sólo de querer imponer a su esposa en un cargo de elección popular, sino de no respetar los acuerdos entre los aspirantes y el CEN del PRI.

La decisión de sacar el Tianguis Turístico de Acapulco trae de la greña al alcalde priista del puerto, Manuel Añorve, y a la Secretaría de Turismo federal.

A los señalamientos del edil, en el sentido de que “es un golpe a la pobreza” quitarle a Acapulco el Tianguis, la Sectur responde que el tema ha servido como “un buen pretexto” a Añorve para que desatienda los problemas que afectan al puerto.

“A cualquier hora del día se pueden ver comandos (de delincuentes) armados que transitan por las principales avenidas del puerto”, aseveran en la dependencia.

El PRI de Moreira y Peña Nieto premia a Eugenio

Ciro Gómez Leyva
gomezleyva@milenio.com
La historia en breve
Milenio

Eugenio Hernández ha sido designado secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI. Cargo prominente en la línea de mando del presidente Humberto Moreira.

Eugenio dejó de ser gobernador de Tamaulipas el 31 de diciembre. Creo que a estas alturas no tiene sentido repetir lo que se viene diciendo desde hace años sobre la entidad, referencia de lo que es un estado fallido. O redundar en los secuestros por orden alfabético en Tampico-Madero-Altamira, las extorsiones a todos, la leva de pasajeros en las carreteras, el salto geométrico de los asesinatos en 2010, los candidatos ejecutados, los aterrados alcaldes que despachaban desde Texas.

El estado fallido, en fin. El estado que Eugenio gobernó entre 2005 y 2010. Pero en medio de ese terror y desolación, Tamaulipas siguió siendo una reserva de voto priista. Ahí no se gobernaba, se ganaban elecciones.

En 2010, el priista Egidio Torre tuvo 680 mil votos, por 340 mil de su adversario panista, y el PRI se llevó 36 de los 43 municipios. En los comicios federales de 2009, el PRI tamaulipeco de Eugenio, en alianza con el Partido Verde, sumó 550 mil votos, por 310 mil del PAN. Sobra decir que se embolsaron los ocho distritos en disputa.

De ese balance, más que de la amistad con Moreira, supongo que viene el premio a Eugenio: un buen hombre que puede arrasar en las urnas aunque el estado se le caiga a pedazos.

El PRI de Peña Nieto-Moreira no necesita símbolos ni héroes: requiere operadores electorales. El mensaje que se da con Eugenio parece cínico, pero es claro: lo importante no es gobernar bien, sino saber ganar votos.

Porque para el PRI de Peña Nieto-Moreira, diría el clásico, ganar no es lo más importante: es lo único.