mayo 24, 2011

Acapulco, seguridad y glamour

Juan Manuel Asai
jasaicamacho@yahoo.com
Códice
La Crónica de Hoy

Acapulco puede regresar a las grandes ligas del turismo. No digo que lo logre de la noche a la mañana, pues tiene asignaturas pendientes que tardarán en concretarse, pero las cosas básicas ahí siguen: una bahía de belleza sin igual, a menos de 400 kilómetros del Altiplano, buen clima todo el año, conectividad aceptable y gente servicial, entrenada para tratar turistas. Requiere, para desafiar a cualquier otro destino del país, recuperar seguridad y glamour.

Acepto que hablar de glamour puede resultar demasiado vago. Vale decir, para intentar una explicación, que es algo que Acapulco tuvo y ya no tiene. Algo que perdió en los últimos años con el crecimiento desordenado, la falta de compromiso de las autoridades y, hay que decirlo, por la desidia de la comunidad empresarial del puerto. El glamour es un encanto que halaga los sentidos. Un especie de distinción, vinculada por el sex appele, un conjunto de atributos que dan atractivo irresistible. Acapulco perdió autoestima, perdió seguridad en sí mismo, cayó en depresión y se le nota.

¿En qué se nota? Se percibe con claridad, por citar un ejemplo, en el deterioro inadmisible de su zona centro, que presenta un abandono lastimoso. Tengo noticia de que Fonatur trata de revertir la situación; ojalá lo haga pronto. Mientras todas las ciudades respetables del mundo hacen esfuerzos titánicos por recuperar y conservar su centro histórico, Acapulco le dio la espalda, hasta transformarlo en un vecindario impresentable, refugio de malvivientes. Se nota la depresión en el tráfico infernal de la Costera, que cada vez se parece más a la calzada de Tlalpan en horas pico. Y Tlalpan, me duele decirlo, es una de las avenidas más feas del continente. Nadie es su sano juicio quiere salir en las noches a pasear por ahí con su familia o su pareja. Se nota la depresión en la falta de inversión en los antros de la zona de Playa Condesa.

Violencia.—Una pila de cadáveres putrefactos es lo menos glamoroso del mundo. Atribuir la crisis de seguridad al pleito de bandas antagónicas de narcotraficantes es una explicación corta, que usan autoridades, empresarios y la ciudadanía para lavarse las manos y eludir la parte de responsabilidad que les corresponde. Los narcos se pelean entre sí, a sangre y fuego, porque hay un mercado, porque hay mucha gente en Acapulco, no sólo los turistas, que compra los productos que venden y porque hay lugares donde se expenden esas mercancías ilegales, sitios como antros caros, antros de mala muerte, tienditas y hasta taxis. ¿Cuántos empresarios del puerto tienen un pie en la industria del turismo y otro pie en el crimen organizado? Al mismo tiempo, hay autoridades en uniforme que los dejan hacer, los dejan pasar y en ocasiones los protegen de la acción de otras autoridades que sí quieren hacer su trabajo. ¿Se puede vencer a los sucesores de La Barbie, o los herederos de los Beltrán? Claro que se puede. La mejor manera de comenzar sería dejar de enriquecerlos: no comprar las drogas que venden. Funcionarios, empresarios y ciudadanos tienen que comprometerse. Está en sus manos. Si lo hacen, tendrán resultados positivos en corto plazo.

El que tuvo, retuvo. Acapulco, insisto, puede regresar. Las nuevas autoridades de Turismo del gobierno estatal están tomando algunas decisiones correctas, como diseñar una agenda de eventos atractivos para todos los meses el año. En esto de la agenda de eventos, Guanajuato puede darles seminarios de capacitación. No hay más límite que la imaginación. La clave es conducirse borrando de la mente las vacaciones de Semana Santa y Fin de Año, periodos que han vuelto conformistas a los acapulqueños.

Adiós al Tianguis.—En el puerto deben darse por terminadas las acciones de resistencia por la decisión de la Secretaría de Turismo de hacer itinerante el Tianguis. El derecho al pataleo es sagrado, pero hay tiempo para todo. Se requiere establecer en el puerto nuevas reglas del juego entre el gobierno federal, estatal, municipal y la comunidad empresarial. La permisividad los metió en un hoyo profundo; para salir tienen que ser exigentes consigo mismos. Si todo se vale, nada tiene valor. La gallina de los huevos de oro está enferma, grave, pero no ha muerto.

Gasto insultante

Javier Corral Jurado (@Javier_Corral)
Diputado Federal del PAN
El Universal

A una semana de iniciado el proceso electoral mexiquense, el derroche de recursos y la atiborrada presencia propagandística de la que hace gala el candidato del PRI describen de un solo plumazo la estrategia política que ha seguido el peñanietismo en su posicionamiento público: el uso inescrupuloso del dinero como vertebrador del sistema de canonjías, prebendas, coptaciones para el control político y mediático. Hace mucho que no había visto el empleo de la gacetilla, de manera tan descarada, como en estos días de apertura de campaña. Gasto insultante que define con toda claridad el modelo político que se ofrece a todo el país, como promesa de renovación y que lo único que hace es reproducir, maquillado por la televisión, el sistema priísta de siempre.

Es de tal escándalo el operativo de acarreo, entrega de promocionales y despensas, colocación de propaganda (hasta en el metro de la ciudad de México tapizaron los vagones por dentro), que resulta probable que el PRI haya erogado en su primera semana de campaña la mitad del gasto autorizado por la ley y la autoridad electoral. Son 203 millones de pesos el tope de la campaña a gobernador y no hay manera de que la contabilidad se preste a confusión; se realiza una sola campaña en el estado, para votar un solo cargo y para esa elección hay tres candidatos, aunque participen siete partidos.

El señalamiento de que la campaña del candidato del PRI esté siendo financiada de manera ilícita con dinero del gobierno de Enrique Peña Nieto no es especulación ni suposición, sino un dato con asidero en múltiples denuncias y hechos comprobables. Existe además una denuncia penal en la PGR contra el gobernador presentada por los dirigentes del PAN, Gustavo Madero, y del PRD en aquel entonces, Jesús Ortega, por varios delitos, entre otros, el uso indebido de recursos públicos, acusación realizada con base en un largo video que documentó y exhibió el esquema de promoción del voto priísta a partir de la estructura estatal de gobierno, y la utilización de los programas oficiales de apoyo y “la entrega de las despensas”.

Precisamente por estos hechos y por el nefasto antecedente que el proceso mexiquense puede dejar en próximas contiendas, es necesario no sólo que la ciudadanía y las organizaciones sociales participen directamente en el monitoreo, seguimiento y fiscalización del gasto de los partidos en esta campaña, documentando la propaganda, bienes y servicios que se contratan, sino también urge que la autoridad electoral, en colaboración con distintas dependencias y organismos gubernamentales, ponga en práctica un mecanismo para dar puntual seguimiento al origen y destino de los recursos que los partidos manejan.

No sólo produciría una vigilancia efectiva sobre el cumplimiento exacto del tope de gastos de campaña, sino que cerraría en definitiva la puerta al otro financiamiento ilícito que también acecha a las campañas, proveniente del narcotráfico.

En el Edomex la posible infiltración del dinero del narco tampoco debe ser descartada, pues es una de las entidades con los mayores niveles de inseguridad e impunidad. Ambas sólo pueden ser entendidas por una amplia red de complicidad oficial, por el deterioro y corrupción de las policías. No es casual que en esta entidad hayan decidido refugiarse varios de los principales capos del narco a los que se ha aprehendido ahí, o desde ahí inició la persecución por parte de la Policía Federal.

Suscribir un acuerdo para transparentar el gasto de los candidatos a gobernador mandaría una enorme señal de confianza y credibilidad a los ciudadanos. En la lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico, en el combate a la inseguridad y la violencia criminal que éstas han desatado en el país, la política tiene el deber irrenunciable de dar ejemplo y atajar la ilegalidad y la impunidad, con las consecuencias que de ello se deriven.

Sólo con actos comprobables de fiscalización y rendición de cuentas, con decisiones que demuestren congruencia entre el decir y el hacer para sancionar la corrupción política, se logrará recuperar prestigio a la política y credibilidad en las instituciones. En medio de la pobreza que lacera aún a millones de mexicanos, el derroche, el dispendio de dinero también deben ser acotados y tener consecuencias reales en la calificación electoral.

Por ello, hoy el representante panista en el IEEM, Francisco Gárate, formalizará nuestra propuesta de una fiscalización exhaustiva y rigurosa de los recursos de la campaña. Ya hemos planteado algunas ideas para que se construya el acuerdo, independientemente de si es la SHCP u otra instancia: inscripción ante el IEEM del padrón de proveedores de bienes y servicios de los partidos, y de las campañas; uso preferente de mecanismos bancarios en la adquisición de bienes y servicios, auditorías y verificación aleatorias, obligación de los candidatos de presentar declaraciones patrimoniales, así como de suscribir autorizaciones expresas para el acceso a sus cuentas bancarias, las de los dirigentes y en ambos casos hasta sus familiares hasta el cuarto grado; registro inmediato de personas políticamente expuestas, incluidos los equipos de campaña, así como tesoreros y responsables de finanzas en todos los niveles; obligación de los candidatos de presentar y hacer pública la declaración de posibles conflictos de intereses.

Regular el narcotráfico

Eduardo R. Huchim
Reforma

Tiene razón Felipe Calderón cuando le demanda congruencia a Estados Unidos en el combate al narcotráfico. Resulta inaceptable que ese país sea tan permisivo con el consumo, producción y comercio de drogas en su territorio, mientras México desangra buena parte de su juventud (en uno y otro bandos) por impedir la exportación de estupefacientes.

Sin embargo, la posición calderonista va en dirección contraria a lo que la sensatez aconseja: si el promotor extranjero de la lucha antinarco avanza en la legalización doméstica, es claro que no tiene sentido luchar para que los enervantes dejen de llegar a su territorio. En consecuencia, la despenalización que Calderón rechaza aunque no se niega a discutir, debe plantearse, debatirse y estudiarse con seriedad. Recuérdese que a favor de la regulación de las drogas se han pronunciado dos premios Nobel de Economía, Milton Friedman y Gary S. Becker, expresidentes latinoamericanos como Zedillo, Gaviria y Cardoso, galardonados escritores como García Márquez, Vargas Llosa y Fuentes, juristas como el italiano Luigi Ferrajoli y una larga cauda de personajes ilustres de la escena mundial.

¿Por qué si Estados Unidos es permisivo con la producción, transporte, comercio y exportación de armas que causan muerte en México, nosotros tenemos que evitar la producción, transporte, comercio y exportación de drogas que causarán diversión en EU?

No se vea un espíritu revanchista en esta pregunta, que busca provocar la reflexión. Históricamente, Estados Unidos ha sido, como en otros rubros, el impulsor de la política de estupefacientes en México: primero como promotor del cultivo intenso, cuando le hacía falta morfina para sus hospitales de campaña durante la Segunda Guerra Mundial, y luego como imponedor del prohibicionismo. Es preciso dejar de subordinarse a los intereses de Washington y preguntarse qué conviene más a México: continuar con el prohibicionismo o despenalizar las drogas hoy prohibidas y regularlas, asunto que tiene dos vertientes: el consumo interno y la exportación.

En el frente interno, importa tener presente que la legalización no necesariamente producirá un aumento en el consumo. Pero por supuesto, tendría que emprenderse una intensa e inteligente campaña de difusión sobre los riesgos de consumir drogas.

En el frente externo, es obvio que la legalización, como observó Calderón, ha comenzado en EU, donde ya se ve en el horizonte la despenalización total de la mariguana, si bien no se sabe cuánto tiempo tardará en concretarse. Uno de los datos duros que apuntan esa percepción son las mediciones de Gallup sobre los estadounidenses que apoyan la legalización: en 2000 el respaldo era de 33% y en 2010 subió a 46% (AFP, 28/10/10).

Ethan Nadelmann, fundador de la Alianza sobre Política de Drogas, ve circunstancias que contribuyen al fin del prohibicionismo, entre ellas éstas de naturaleza económica: a) EU ha gastado cerca de un billón de dólares en su guerra antidrogas de 40 años; b) EU es líder mundial en sobrepoblación de cárceles, a lo cual contribuyen los miles de encarcelados por delitos no violentos vinculados con las drogas; c) evidencias abrumadoras indican que es más efectivo y menos costoso atender la adicción y similares como asuntos de salud y no como penales (La Jornada, 22/02/11).

La regulación no es una panacea, pero sí una sólida posibilidad de reducir las ganancias y la violencia de los narcotraficantes y, en consecuencia, recuperar la estabilidad de amplias franjas del territorio nacional. También es claro que podría haber una agudización de otros delitos, por lo cual es necesario diseñar y ejecutar previamente un vasto programa de políticas contra la corrupción y a favor del empleo y de altos estándares de capacidad y confiabilidad en las policías.

Como también afirmó Calderón, la legalización de las drogas supone una acción conjunta internacional, pero México podría dar un relevante paso. ¿Tendremos la audacia de ser vanguardistas en esta materia o, como nos ha ocurrido en tantos asuntos, también llegaremos tarde?

Omnia

Conducido con profesionalismo e imparcialidad por Denise Maerker, el debate por el Canal 2 ofreció un interesante panorama de la campaña mexiquense. Se vio a un sorpresivo Luis Felipe Bravo Mena, quien con energía y enjundia superó con mucho al candidato puntero, Eruviel Ávila, que naufragó con sus inconsistentes ataques al gobierno federal. En tanto, con sobriedad y claros ejemplos de su experiencia administrativa, Alejandro Encinas mostró que sería un excelente gobernador.

Gobiernos responsables

Leo Zuckermann (@leozuckermann)
Juegos de Poder
Excélsior

¿A quién le echamos la culpa los mexicanos de que no haya reformas trascendentales que aceleren el desarrollo económico nacional?

En nuestro sistema político no sabemos con certeza quién es el responsable de los buenos o malos resultados del gobierno. Desde 1997 en que ha habido gobiernos divididos en México (el partido que controla el Ejecutivo no ha tenido mayoría en alguna de las dos cámaras legislativas) se ha complicado muchísimo la posibilidad de sacar adelante la agenda del gobierno en turno. Tomemos el caso actual. ¿A quién le echamos la culpa los mexicanos de que no haya reformas trascendentales que aceleren el desarrollo económico nacional? El PAN argumenta que la culpa es de la oposición, sobre todo el PRI, que bloquea sus propuestas en el Congreso. El PRI dice que la culpa la tiene el Ejecutivo panista que no sabe ni gobernar ni negociar. El PRD le echa la culpa a los otros dos partidos por igual. ¿Quién es el responsable, entonces, de los fracasos o aciertos de nuestro gobierno?

Por eso me gustan más los sistemas parlamentarios: porque ahí sí queda claro quiénes son los responsables de lo que está sucediendo. Es el partido o la coalición de partidos que tiene la mayoría en el Parlamento para elegir al Ejecutivo. Tomemos el caso de España. Tras las elecciones generales de 2008, José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido presidente del Gobierno por la Cámara de los Diputados. A su favor votaron 169 parlamentarios de su partido, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En contra votaron 158 diputados opositores y se abstuvieron 23. Se trata de una mayoría endeble, pero que no deja dudas: si al gobierno le va bien, pues hay que premiar al PSOE en la próxima elección; si al gobierno le va mal, pues hay que castigarlo.

Es precisamente lo que ocurrió el domingo pasado en los comicios locales en aquel país. El electorado salió a castigar al partido gobernante. El principal partido opositor de España, el Partido Popular (PP), arrolló al PSOE. Ganó la mayoría de los gobiernos autonómicos y municipales. El mapa de España se pintó de azul. Una verdadera debacle para el partido de Rodríguez Zapatero que obtuvo el menor porcentaje de votos desde que regresó la democracia al país ibérico.

En diez meses habrá elecciones generales para renovar al Parlamento y el Gobierno españoles. Los resultados de los comicios del domingo, así como todas las encuestas, demuestran que el electorado va a sacar al PSOE del poder. Desde hoy se da por descontada la victoria del PP. De hecho, el líder de este partido, Mariano Rajoy, ya está pidiendo que Rodríguez Zapatero renuncie de tal suerte que se adelanten las elecciones.

Es evidente que la ciudadanía de ese país ha castigado al PSOE por la mala gestión del gobierno ante la crisis global que comenzó en 2008. Y es que España no ha logrado recuperarse del todo de la recesión mundial, como sí lo han hecho otras naciones, incluido México. La tasa de desempleo española sigue en niveles muy altos, de 21%, cuando el promedio en los países de la Unión Europea es de 9.5 por ciento.

Los españoles le cobraron la factura al gobierno socialista. No han tenido ninguna duda de quién es el responsable de lo mal que está el país. Ahí el elector tiene claro a quién hay que premiar o castigar por los buenos o los malos resultados. No así en México donde un partido controla el Ejecutivo (el PAN), otro la Cámara de Diputados (el PRI) y ninguno la Cámara de Senadores. Aquí los electores no sabemos quién es el causante de lo bueno o de lo malo. Cuando hay algo positivo, todos los políticos apuntan su dedo hacia su persona. Cuando hay algo negativo, lo apuntan hacia el de enfrente. Y nuestro sistema político permite, y hasta promueve, esta confusión donde todos son responsables de lo bueno y nadie de lo malo, lo cual es imposible en un régimen parlamentario como el español.

Legalicemos las drogas… ¿y luego qué? (2)

Román Revueltas Retes
revueltas@mac.com
Interludio
Milenio

Si me da la gana, me trinco media botella de tequila. Lo único que tengo que hacer es salir corriendo al Oxxo de la esquina (o, mejor, al Superama: está un poco más lejos pero es más barato) y soltar un par de billetes en la caja registradora. Que no pase de la diez de la noche, eso sí, hora límite, aquí en Aguascalientes, para comprar bebidas alcohólicas. Y, de vuelta en casa, si luego de chuparme la tal media botella quiero terminarme el resto, pues, mira, tan sencillo: en tanto que no me gane la somnolencia, me trago los 75 centilitros hasta la última gota. Y si al día siguiente me apetece sorber whisky en vez de bebida espiritosa de agave, pues lo mismo: me receto un pomo de Johnny Walker Black Label, que es el que más me gusta. Ah, y digamos que al mismo tiempo me diera un ataque de tabaquismo: pas de problème: voy y me procuro un paquete de Marlboro lights y pongo ceremoniosamente los cigarrillos al lado de mi vaso y me los fumo todos. Y así hasta que el cuerpo aguante o hasta que no me echen de mi trabajo o inclusive hasta después de que me hayan echado porque soy yo quien decido qué hacer con mi vida.

Papá Estado, mientras tanto, ni ha metido las narices. Es más, mis consumiciones le han sido muy beneficiosas: se ha embolsado una buena plata con los impuestos. Naturalmente, los adictos —en el sentido más clínico de la palabra— terminan por ser una carga para las maltrechas finanzas públicas pero eso no ha provocado todavía una prohibición, ni aquí ni en China. Donde no se puede beber es en Musulmania pero allí tampoco puedes besar a tu chica en un café porque te arresta la Policía Religiosa (qué infierno, Dios santo).

Si, por el contrario, me quiero ofrecer un porro, no hay nada que hacer. O, más bien, me coloco de inmediato en los territorios de la ilegalidad. Tío Gobierno, instigado por papá Estado, he decidido que la mariguana es mala para mi persona y no me deja disfrutarla en santa paz; lo mismo con la cocaína y con otras drogas duras. Lo digo y lo repito: es una postura incoherente…