junio 03, 2011

Con divertida campaña alternativa difunden imagen de Ernesto Cordero

No sabemos si voluntaria o involuntariamente un grupo, presumiblemente panista, difunde la imagen de Ernesto Cordero y lo posiciona como el precandidato a vencer en las internas, rumbo a las elecciones presidenciales de 2012. Quienes lanzaron el sitio original deben estar muy contentos y profúndamente agradecidos.


¿Cuándo se jodió España?

Fran Ruiz
fran@cronica.com.mx
La aldea global
La Crónica de Hoy

Los españoles que han tomado la Puerta del Sol madrileña y amenazan con no liberarla hasta ver cumplidos sus cuatro reclamos —reforma electoral más proporcional, combatir con más eficacia la corrupción, separación real de los tres poderes y mayor control sobre el sistema financiero—, no habían nacido o eran niños cuando se sembró la semilla de la crisis que ha desatado este “movimiento de los indignados”.

La Constitución Española, aprobada en referéndum en 1978, coronó una transición modélica de la dictadura a la democracia, pero implantó un reparto electoral de escaños que benefició enormemente a los dos principales partidos. Desde hace tres décadas y media, el péndulo se ha movido a derecha o izquierda, siempre beneficiando al conservador PP o al progresista PSOE y perjudicando a partidos minoritarios por culpa del voto útil.

A diferencia de Estados Unidos, en España no hay elecciones legislativas a mitad de cada mandato, que hubieran servido para castigar (o premiar) al gobierno por su gestión. Quien gana las elecciones en España forma gobierno y dispone de mayoría parlamentaria durante cuatro años, sin preocuparse de someterse al “plebiscito” de las urnas.

Este fue el comienzo de un bipartidismo absolutista, donde presidentes como Felipe González y José María Aznar gozaron de mayorías en el Congreso que abrieron la puerta a la impunidad, a escándalos de corrupción o a gobernar de espaldas a la opinión pública.

Un ejemplo de cada caso: el prestigio de González y su cuatro victorias consecutivas, dos de ellas con mayoría absoluta —que sumaron un total de 13 años y medio de hegemonía socialista— quedó gravemente manchado por la creación, bajo el amparo de su gobierno, de la organización parapolicial GAL, creada para combatir a ETA con las mismas armas. Además de este caso de terrorismo de Estado, estallaron otros de corrupción por financiamiento ilegal del PSOE o enriquecimiento ilícito de altos cargos. Por su parte, Aznar abusó de su mayoría absoluta para meter a España en la guerra de Bush contra Irak, haciendo oídos sordos a los millones de españoles que salieron a la calle para protestar, y mintió a la población cuando culpó a ETA del atentado del 11-S, cometido por un comando islamista en venganza por la alianza bélica de España con EU. La desastrosa gestión de Aznar del peor ataque terrorista de la historia en España causó la primera gran revuelta de indignados: tres días después de la matanza fueron a las urnas y castigaron al PP otorgando al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero una inesperada victoria el 14 de marzo de 2001.

Pero si tuviera que poner una fecha concreta al momento que se jodió la marcha del país fue el 26 de marzo de 1998. Ese día, el gobierno de Aznar sacó adelante una nueva Ley de Suelo que eliminó todos los candados que el anterior gobierno socialista había puesto para controlar la oferta y la demanda en la construcción de viviendas. Además, la nueva ley cedió a los ayuntamientos el poder de decir qué suelo era urbanizable o no, dando así vía libre a la corrupción de gobernantes locales, deseosos de enriquecerse rápidamente mediante la cesión abusiva de terrenos a las inmobiliarias, especialmente en las zonas costeras turísticas.

La combinación de bajos tipos de interés y una gran demanda por segunda vivienda, especialmente de europeos deseosos de vacacionar en la soleada España, disparó el precio del metro cuadrado y empezó a inflar una burbuja inmobiliaria que duró casi una década. En los años de mayor expansión, como en 2005, llegaron a construirse 800 mil viviendas, más que en Alemania, Francia y Gran Bretaña juntas. La necesidad de mano de obra bajó el desempleo a mínimos. La juerga parecía interminable: a más empleo más consumo desbocado y mayor crecimiento del PIB, que a su vez permitía una mayor renta per cápita.

Este círculo virtuoso se frenó en seco en 2008, cuando estalló la burbuja financiera e inmobiliaria en EU. El impacto en España fue demoledor. Como un castillo de naipes, la industria de la construcción se vino abajo y aplastó a los que habían invertido en viviendas, a los que habían pedido una hipoteca, a los promotores y a cientos de miles de trabajadores. Los bancos, que antes daban créditos a cualquiera a partir de entonces lo negaron a casi todos, el desempleo se disparó y el consumo se desplomó. Las agencias de riesgo empezaron a castigar la deuda española y Zapatero, que durante dos años estuvo negando la evidencia e insistía en que no había crisis, anunció el 12 de mayo de 2010 el mayor recorte social de la historia para impedir el desplome del sistema financiero español. Ese día se terminó de joder España.

Un año después la destrucción de empleo ya afecta a cinco millones de personas y los jóvenes se enfrentan a un futuro negro, sin trabajo digno ni posibilidad de comprarse una casa para independizarse. Llegados a este extremo, el levantamiento juvenil y la toma de la Puerta del Sol ha sido la reacción lógica a la indignación causada por esta falta de democracia real.

El 15 de mayo es, por tanto la otra fecha a marcar en la historia reciente de España, el día que los jodidos españoles se indignaron y se rebelaron.

Escondiéndose detrás de los adictos

Ana María Salazar (@amsalazar)
amsalazar@post.harvard.edu
Analista política
El Universal

De nuevo el debate de la legalización se roba titulares, no sólo en México, sino alrededor del mundo gracias al reporte de la Comisión Global de Drogas, un documento respaldado por 19 líderes mundiales, incluyendo los ex presidentes Ernesto Zedillo, César Gaviria, Fernando Henrique Cardoso; el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, y el ex secretario general de la OTAN Javier Solana.

El reporte sobre War on Drugs —la guerra contra las drogas— señala lo obvio: que la estrategia global de una “guerra” de los últimos 50 años, haciendo uso de medios represivos contra los productores, traficantes y consumidores ha fracasado en reducir la oferta y demanda de drogas. Y que con base en esta premisa, este documento subraya la importancia de políticas para despenalizar el consumo, enfocar los recursos del Estado y la sociedad en proporcionar ayuda a los adictos, además de exigir un debate más técnico, responsable y global sobre las soluciones al problema de oferta y demanda de drogas. Probablemente uno de los aspectos más controversiales del documento es que la legalización no se traduce en un incremento de adicciones, y proporcionan como ejemplo la experiencia en países como Portugal, Holanda y Australia. Esta afirmación será cuestionada por expertos en adicciones de países latinoamericanos. Pero un aspecto fundamental de permitir el consumo legal de drogas tiene que ver con la existencia de programas y clínicas que proporcionen ayuda puntual a los adictos. Situación que no existe todavía en México, pero sí es un llamado para incrementar recursos para una situación donde se permita el consumo y la cosecha de mariguana en Norteamérica.

Pero también el documento señala una recomendación importante que seguramente a los críticos de la actual “guerra” contra el crimen organizado —y los proponentes de la legalización de las drogas o los que aseguran que la solución es negociar con los narcos— no les parecerá: países, deberán de usar sus “acciones represivas” contra organizaciones criminales que sean violentas y así reducir el daño a la sociedad por parte del mercado ilegal. Se ve que esta recomendación se incluyó a regañadientes, ya que en general la premisa central del documento es que son los “mercados ilegales” lo que impacta a la sociedad, y no el consumo o producción y tráfico. Pero el hecho es que el documento reconoce que el Estado sí puede tener una estrategia haciendo uso de la fuerza.

Hay varias reflexiones importantes que hacer sobre este documento desde la perspectiva de la situación actual en México. Ante la peligrosidad de las organizaciones criminales que, entre otras cosas, se dedican a traficar drogas, el éxito de la guerra no es la reducción del consumo y tráfico de drogas en México, sino reducir la capacidad de las organizaciones que actualmente son una amenaza a la seguridad nacional de México, a problemas de seguridad pública. Y en segundo lugar, México tiene que prepararse ante la eventual y muy real posibilidad de un incremento dramático de adicciones en el país.

Y aunque las recomendaciones del documento son respaldadas por ex presidentes que han sido mandatarios de países que han sufrido el embate de la violencia propiciada por el crimen organizado, también creo que es importante señalar que el tipo de violencia y criminalidad de países como México, Colombia y Brasil difieren enormemente de la problemática de países como Australia, Portugal y EU. Yo les pregunto a los ex presidentes si en verdad piensan que un país como México o Colombia implementarán al pie de la letra las recomendaciones de legalización del consumo de drogas; ¿resolveríamos a corto plazo la violencia e inseguridad de Los Zetas y las FARC? Claro que no. Estas organizaciones no sólo se dedican a traficar drogas; su know how como organización delictiva les ha permitido expandir su capacidad bélica a otras actividades como el secuestro, la extorsión y la trata de personas.

De hecho podríamos argumentar que el momento en que el negocio del tráfico deje de ser redituable, estas organizaciones incrementarían sus actividades delictivas en contra de la población. De hecho, un kilo de mariguana sólo se vende una vez; a una mujer la pueden prostituir hasta 20 veces en un día.

Lo que no quisieron decir los presidentes en su documento es que la falta de instituciones eficaces con credibilidad, además de la corrupción gubernamental, han permitido que organizaciones delincuencias literalmente secuestren regiones completas del país.

¿Hay un candidato menos malo en Perú?

Andrés Oppenheimer @oppenheimera
El Informe Oppenheimer
Reforma

Es difícil decir cuál de los candidatos presidenciales que compiten en la segunda vuelta electoral de Perú el domingo -Keiko Fujimori, de centro derecha, y Ollanta Humala, de centro izquierda- sería menos malo para la democracia peruana. Ambos tienen antecedentes horribles.

Fujimori es hija del ex Presidente Alberto Fujimori, quien durante su presidencia hizo un auto-golpe y cerró el Congreso en 1992, y hubiera tratado de permanecer eternamente en el poder si los países latinoamericanos y Estados Unidos no le hubieran puesto sanciones. Ahora está preso, cumpliendo una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos y corrupción.

Keiko Fujimori dice que los hijos no tienen la culpa de los pecados de sus padres, y que ella era una adolescente en 1992, cuando su padre clausuró el Congreso. Pero el hecho es que pocos años más tarde Keiko reemplazó a su madre en el rol de Primera Dama de Perú, y que no hace mucho afirmó que el Gobierno de Fujimori fue "el mejor de la historia de Perú".

Humala, un ex oficial del Ejército, estuvo involucrado en dos intentos de golpe militar, y fue candidato presidencial en 2006 con un discurso radical de izquierda y el apoyo de Venezuela. Su padre, Isaac Humala, es un ex dirigente comunista y fundador del Movimiento Etnocacerista, que aboga por un régimen racista-indigenista, y su hermano Antauro está preso por la sangrienta intentona golpista contra un Gobierno democrático en 2005.

Ollanta Humala ahora niega que haya participado en esos intentos de golpe, y dice que su modelo ya no es el Presidente venezolano, Hugo Chávez. Pero el hecho es que Humala apoyó ambos intentos golpistas, y que la plataforma de su partido hasta hace poco proponía la fórmula chavista para reformar la Constitución y perpetuarse en el poder.

Entonces, ¿cuál de los dos sería el mal menor?

El escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa -quien, como su padre, el Premio Nobel Mario Vargas Llosa, respalda a Humala- me dijo que, de resultar electo, Humala no sería un peón de Chávez.

"No existe la más remota posibilidad de que Humala se quede un minuto más de los cinco años de su mandato", me dijo Álvaro Vargas Llosa. "Eso lo cambió en el 2007, cuando rompió con Chávez y se acercó (al ex Presidente de Brasil Luiz Inácio) Lula da Silva".

¿Cómo puedes estar tan seguro, considerando que tanto Chávez como sus pupilos en Bolivia y Ecuador dijeron lo mismo en su momento?, le pregunté a Vargas Llosa. Me respondió señalando el hecho de que Humala tendría que gobernar con una minoría en el Congreso, que existe un amplio consenso pro-democracia y pro-libre mercado en Perú tras dos décadas de crecimiento económico, y que el establishment empresarial y gran parte de los medios están en contra de él.

"En el caso de Venezuela, Chávez no tenía un gran contrapeso", dijo Vargas Llosa. "Aquí, si Humala va en contra del establishment, no dura cinco minutos".

Hernando de Soto, un economista de fama internacional que se menciona como el probable Primer Ministro de Keiko Fujimori en caso de que resulte electa, me dijo en una entrevista separada que las credenciales democráticas de Fujimori son muy superiores a las de Humala.

"A diferencia de su contrincante, ella nunca apoyó un golpe", dijo De Soto. "Por el contrario, luchó por la democracia en dos ocasiones cuando era Primera Dama. La primera vez, para librarse de Vladimiro Montesinos (el ex jefe de inteligencia) cuando éste dominaba el Gobierno, y la segunda cuando se opuso a que su padre se presentara a un tercer mandato".

¿Cómo puedes estar tan seguro de que un Gobierno de Keiko no será controlado por su padre?, le pregunté a De Soto. "Porque ella ha declarado claramente que quiere limpiar su nombre de cualquier transgresión cometida por su padre", respondió.

Mi opinión: Sé que voy a desilusionar a muchos de ustedes al no jugarme por uno de los candidatos, pero lo cierto es que dudo de la sinceridad de ambos. Me siento como Fernando de Szyszlo, el más reconocido artista viviente de Perú y uno de los mejores amigos de Mario Vargas Llosa, que en una entrevista del diario El Comercio dijo: "Lo siento, pero no puedo votar a ninguno de los dos".

Supongo que muchos peruanos sienten lo mismo, y que votarán exclusivamente según su conveniencia económica. Los más pobres de los pobres votarán por Humala, y las nuevas clases medias emergentes votarán por Fujimori.

El domingo sabremos si después de dos décadas de crecimiento constante, periodo en donde el porcentaje de pobres cayó del 54 por ciento al 31 por ciento, Perú se ha convertido en un país de clase media, como Chile, o si todavía hay una mayoría de peruanos a los que no les llegó la prosperidad del país.

¿Por qué legalizar las drogas?

Leo Zuckermann (@leozuckermann)
Juegos de Poder
Excélsior

“Aproximadamente la mitad de los fumadores crónicos morirán de manera prematura y perderán entre 20 y 25 años de vida...”

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “cinco millones de personas al año mueren a causa del tabaco, lo cual representa uno de cada diez adultos; cifra superior a las defunciones ocurridas por VIH o sida, tuberculosis y paludismo juntas”. Pregunta: ¿por qué la sociedad no prohíbe la producción, distribución, comercialización y mercadotecnia del tabaco?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), “en nuestro país se gastan más de 75 mil millones de pesos al año en la atención de enfermedades relacionadas al tabaquismo”. Pregunta: ¿por qué seguimos pensando que el tabaco debe ser una droga legal?

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el consumo de tabaco “cuesta a la economía mundial 200 mil millones de dólares al año. Las entidades encargadas de proveer servicios de salud desembolsan una cantidad importante para el tratamiento de enfermedades relacionadas, incluyendo las licencias médicas para dicho tratamiento. Además, el tabaco llega a incapacitar a la población cuando se encuentra en la cúspide de la vida productiva, limitando la fuerza laboral de los países y afectando la economía de las familias”. Reitero la pregunta.

En México, de acuerdo con un reporte del INEGI, “los egresos hospitalarios permiten observar el panorama de incidencia de enfermedades relacionadas con el tabaquismo; durante 2008, las enfermedades isquémicas del corazón fueron la principal causa de egreso entre la población mayor de 20 años (38.8%), seguidas por las cerebrovasculares (31.9%) y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (22.3%); además de diversos tumores malignos que afectan el sistema bucal y las vías respiratorias”. Insisto en la pregunta.

El INSP afirma que “aproximadamente la mitad de los fumadores crónicos morirán de manera prematura y perderán entre 20 y 25 años de vida, además de imponer un importante costo social y económico a sus familias y a los sistemas de salud”. A riesgo de aburrir, insisto: ¿por qué no prohibir el tabaco a pesar de ser una droga muy dañina y adictiva?

Respuesta: porque nos hemos dado cuenta de que la prohibición no funciona para combatir el consumo de drogas y la adicción. Lo que funciona son las políticas de salud y educación públicas. Gracias a eso han bajado los índices de tabaquismo en el mundo entero. Hoy en México fuma 16% de las personas mayores de 15 años. Es un índice todavía alto pero mucho menor al que se tenía en los años sesenta.

De acuerdo con un informe del INEGI, “en México existen avances importantes en la búsqueda por desalentar el consumo de tabaco entre su población y por proteger a los no fumadores; ejemplo de lo anterior es la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, iniciativa aprobada en 2004 que se ha replicado en la mayoría de los estados y cuyo objetivo principal es delimitar áreas libres del humo del cigarro […] Otra estrategia es la inclusión de pictogramas en las cajetillas de cigarros que ejemplifican los daños que provoca su consumo en la salud. La Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos señala que tres de cada diez fumadores ha pensado en dejar este hábito desde que se inició esta campaña. En conjunto con el aumento en su costo, con esta estrategia se espera reducir el número de fumadores que hay en el país, así como incrementar la edad de inicio de consumo”.

En 2008 la OMS “introdujo el paquete de medidas de control MPOWER con la finalidad de contrarrestar la epidemia de tabaco”. Estas mismas medidas deberían aplicarse para todas las drogas que hoy son ilegales y que son menos dañinas que el tabaco como la mariguana. Las seis medidas son: “Monitoring: Vigilar el consumo de esta sustancia y sus políticas de prevención. Protecting: Proteger a la gente contra la exposición al humo. Offering: Ofrecer ayuda o programas para dejar su consumo. Warning: Advertir sobre los riesgos de su consumo. Enforcing: Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad. Raising: Elevar impuestos al producto, lo que impacta en su costo para los consumidores.”

Legalizar las drogas aliviaría dolores callados

Peter Wilby (Traducción: Franco Cubello)
© The Guardian
Milenio

En septiembre de 1989 Milton Friedman, el hombre cuyas opiniones sobre economía influyeron en las políticas de casi todos los gobiernos del planeta, escribió a Bill Bennett, zar de las drogas del primer presidente Bush, mientras se preparaba para una nueva fase en la “guerra contra las drogas” iniciada por el presidente Nixon 18 años antes. “Las medidas mismas a las que favorece”, escribió, “son una de las principales fuentes de los males que deplora”. Señaló cómo la ilegalidad hacía más lucrativa, no menos, a la industria de las drogas; cómo el crimen había florecido durante la prohibición del alcohol en la década de los 30 y florecería bajo los planes de Bennett, y cómo el crack tal vez nunca habría sido inventado si no hubiera sido por la guerra contra las drogas.

Friedman fue un partidario firme de la despenalización de las drogas y de regularlas, como el alcohol y el tabaco. Pero aunque los gobiernos escuchaban sus enfoques económicos, siempre ignoraron los referentes a las drogas. Muchos políticos de izquierda y derecha han aceptado los argumentos para legalizar las drogas —pero sólo antes o después de estar en su puesto. Los signatarios de un reporte publicado el 2 de junio en Nueva York, declarando que “la guerra global contra las drogas ha fracasado” y que “la penalización y estigmatización” de los consumidores de drogas deben terminar, difícilmente podría ser más impresionante.

Éstos incluyen a los ex presidentes de Brasil, Suiza y Colombia, a un ex secretario general de la ONU y a un ex secretario de estado de EU. Pero el único mandatario actual que lo acepta es George Papandreou, de Grecia, quien tiene otras cosas en su mente en este momento. Sin embargo, hay otros líderes actuales que podrían simpatizar con la idea. David Cameron dijo que “la guerra contra las drogas... se ha intentado y todos sabemos que no funciona”. Barack Obama la calificó de “un fracaso total”. Pero dijeron eso en 2002 y 2004 respectivamente, mucho antes de estar en el poder.

Los argumentos para la legalización son abrumadores. No se basan en la aprobación de las drogas, o la ignorancia en los daños que causan, o en el deseo de que aumente su consumo. Se centran en el argumento de que su regulación sería menos dañino para los que las consumen, menos nocivo para la sociedad y más barato para los contribuyentes. Nadie disputa los peligros de las drogas, sólo las mejores maneras de controlarlas.

Todas las drogas se vuelven más peligrosas cuando son prohibidas. Primero porque los consumidores no tienen protección contra su adulteración y a menudo no tienen idea de la potencia y calidad de lo que están comprando. Segundo porque los vendedores favorecen a sus formas más concentradas, que son de un tamaño más discreto y fácil de transportar y esconder.

Las drogas ilegales también son peligrosas para quienes nunca las tocan. Debido a los riesgos, los proveedores cobran precios más altos, aunque, como en muchos negocios al menudeo, los clientes nuevos obtienen ofertas de introducción. Un hábito de drogas es caro, y los adictos recurren al crimen para financiarlo. Muchos se convierten en proveedores y se unen a pandillas que, debido a que operan en un mercado no regulado, protegen su lugar en éste y fuerzan los contratos a través de la violencia.

Las cifras de la ONU, citadas en el reporte del 2 de junio, sugieren que en la década pasada el consumo anual global de opiáceos aumentó 34 por ciento, de cocaína 27 por ciento y de cannabis 8.5 por ciento. Portugal, 10 años después de convertirse en el primer país europeo en despenalizar el uso y posesión de todas las drogas ilícitas, ha experimentado sólo un leve aumento en el consumo de éstas y un descenso en el de heroína.

Los argumentos sobre las drogas ya están planteados. Cualquier cuerpo independiente que considere la evidencia llega a conclusiones similares. ¿Entonces por qué los líderes políticos se niegan a aceptar más que cambios menores a la ley, tales como balancear la cannabis entre las clases B y C? Una respuesta es que, como señala Steve Rolls, analista político de Transform Drugs Policy, las drogas han sido presentadas como una amenaza existencial y la guerra contra éstas es casi una cruzada religiosa. En la mente popular, los consumidores siempre han sido demonizados. Cualquiera que proponga terminar con la guerra se arriesga a ser caracterizado como débil y cobarde por los opositores, carente del espíritu churchilliano de “no rendirse”. La historia no ve con buenos ojos a aquellos que pierden guerras.

Pero pienso que es más profundo que eso. El control de las drogas está profundamente arraigado en el ADN del gobierno moderno. Su penalización, al menos en occidente es, casi en su totalidad, un desarrollo del siglo XX. El láudano, una tintura de opio, era de uso común en la Inglaterra victoriana, y la Coca Cola, inventada en 1886, contuvo cocaína hasta 1903. Ningún estado de EU prohibió la cannabis hasta 1915, y ésta siguió siendo legal en Inglaterra hasta los al¿ños 20, igual que la heroína y la cocaína. El aumento de los ejércitos y la producción masiva impulsaron el cambio, afectando brevemente al alcohol —EU dio los primeros pasos hacia la prohibición durante la Primera Guerra Mundial— junto con otras drogas. Nadie quería que la somnolencia se adueñase de los hombres que marchaban a la batalla o que demorara la línea de producción.

Ha llegado el momento de que los líderes políticos se armen de valor y reconsideren sus políticas. Seguramente pueden ofrecer un cambio en la regulación, no como una derrota, sino como una nueva fase en la guerra contra las drogas. Es difícil pensar en algo que pueda hacer más por aliviar la muerte, la destrucción y la miseria humanas.