agosto 05, 2011

¿Cumpleaños feliz, Obama?

Fran Ruiz
fran@cronica.com.mx
La aldea global
La Crónica de Hoy

Barack Obama cumplió ayer 50 años, pero no es el paso de los años lo que le preocupa (o lo que debería preocuparle), sino otras dos cifras mucho más deprimentes: 40 y 9.2. La primera corresponde a su índice de popularidad, el más bajo desde que llegó al poder, en enero de 2009; y la segunda, más peligrosa aún, la del desempleo.

Los analistas estadunidenses, aficionados como pocos a las encuestas, los datos y los comparativos históricos, recuerdan estos días que ningún mandatario ha ganado un segundo mandato con una cifra de desempleo tan elevada.

Y ya que estamos metidos en números, ahí les va un par más: 4.8 y 5. Corresponden al porcentaje de caídas ayer del Dow Jones y el Nasdaq y responden a lo que cada vez el mercado percibe con mayor claridad: que Estados Unidos no sólo no remonta, sino que está al borde de una segunda recesión, que arrastraría de inmediato a México.

De confirmarse estos malos presagios, cuando el país aún se lame las heridas de la crisis que estalló en 2008, con las hipotecas basura y la caída de Lehman Brothers, Obama tendrá cada vez más difícil su reelección en las elecciones de noviembre de 2012.

El 1 de mayo, el mandatario demócrata parecía tener asegurada la reelección tras la euforia desatada ese día cuando anunció que Osama bin Laden, el enemigo número uno de EU, había sido abatido por tropas de elite en una operación al más puro estilo hollywoodense. Apenas tres meses después, la gravedad de la crisis ha demostrado que, como ya se ha repetido hasta la saciedad, “es la economía, estúpido” lo que mueve al votante.

Quienes votaron con entusiasmo a Obama en noviembre de 2008 no estaban ayer para cantar las mañanitas al presidente, especialmente la comunidad hispana, la que más ilusión se hizo con sus promesas de cambio y la que más se ha desilusionado con el incumplimiento de estas promesas; en concreto, con el reclamo de una reforma migratoria que saque de la ilegalidad a más de 10 millones de indocumentados. El mandatario trata desesperadamente de reconquistar el decisivo voto hispano, asegurando que él no tiene la culpa, que tiene las manos atadas por la mayoría republicana en la Cámara de los Representantes y la exigua mayoría demócrata en el Senado. Pero, si bien es cierto que es el Congreso el que debe aprobar la ley, también lo es que durante su primer año contó con mayoría en las dos cámaras y no hizo nada por acelerar una reforma que prometió para su primer año. Además, se preguntan ahora muchos: ¿para qué prometes lo que no estás seguro que puedas cumplir?

Llegados a este punto, el lema que lo llevó a la Casa Blanca — “¡Sí se puede!”— podría volverse en su contra y echarlo de su actual residencia con apenas un pequeño retoque —“No se pudo” —. No pudo, por ejemplo, cerrar la cárcel de Guantánamo ni sacar la reforma sanitaria que proponía, con la consiguiente irritación de los votantes izquierdistas, alarmados por las constantes cesiones del mandatario a los planteamientos de la derecha más radical.

Es, precisamente, su falta de liderazgo para hacer frente al chantaje de los legisladores republicanos del Tea Party la que ha permitido un espectáculo tan bochornoso como el de la renegociación de la deuda, que a punto estuvo de llevar al país a la suspensión de pagos esta misma semana. Se logró “in extremis” y sin convencer a casi nadie, lo que no ha permitido limpiar la deteriorada imagen de Estados Unidos en el mundo.

A cinco meses para que empiece la larga campaña electoral que desembocará en las elecciones de noviembre de 2012, Obama tiene la dura tarea de reconquistar al votante, pero ya no con vagas promesas, sino con hechos y con un renovado liderazgo que sea capaz de neutralizar la ofensiva extremista de los republicanos.

Si Obama logra convencer a los estadunidenses de que su política es más justa que la que pueda proponer cualquier candidato republicano, y más si éste es elegido dentro de un año por el Tea Party, tendremos de nuevo a un candidato demócrata potente. Si logra demostrar, por ejemplo, que su idea de equilibrar la deuda, subiendo los impuestos a los más ricos, para que no sean sólo las clases medias las que sufran con los recortes sociales impuestos por los republicanos en el último presupuesto federal, aún tendrá grandes posibilidades de celebrar cinco cumpleaños más en la Casa Blanca.

Santos ciudadanos

Macario Schettino (@mschetti)
schettino@eluniversal.com.mx
Profesor del ITESM-CCM
El Universal

A últimas fechas ha crecido la idea de que los políticos son la causa principal de nuestros problemas y que deberían ser sustituidos por otras personas. Esas otras personas suelen denominarse "ciudadanos". Me imagino que es una diferenciación similar a la de inicios del siglo XIX de la sociedad civil frente al Estado.

Culpar a los políticos de nuestros problemas tiene varias virtudes. Una primera es que sí hay por qué hacerlo: son ellos los que toman las decisiones que dan origen a la ley, a su aplicación, y hacen uso de recursos que todos aportamos y que suman más de una cuarta parte del valor agregado nacional. En consecuencia, tienen más responsabilidad que el resto de los ciudadanos en el rumbo del país.

Una segunda virtud de culpar a los políticos es que nos permite liberar nuestra conciencia. Si ellos son los culpables, nosotros no. Y eso de poder culpar a otros es maravilloso.

Finalmente, como todos hacen lo mismo, culpar a los políticos nos permite sentirnos bien, porque coincidimos con la opinión de muchas otras personas. Y el sentido de pertenencia es natural a los humanos. Si quiere, es como gritar desde la tribuna un insulto al árbitro.

Sin embargo, de manera adicional a estas virtudes tradicionales, en tiempos recientes ha habido una andanada mediática en contra de los políticos, que en parte debe tener su origen en la reforma electoral de 2007, y en parte en la tradición golpeadora que tanto rendimiento da a los medios. En el entorno de interregno en que vivimos, ya lejos del régimen de la Revolución, pero aún sin consolidar un nuevo régimen democrático liberal, la sensación de angustia por la falta de rumbo encuentra una explicación: son los malos políticos.

Y entonces se nos ocurre que todo sería mejor si hubiese otras personas tomando las decisiones y haciendo uso de la diferenciación mencionada, atribuimos dotes taumatúrgicas a los ciudadanos. Si ellos llegaran al poder, todo sería mejor, imaginamos.

Lo malo es que no es así. Para dirigir una sociedad compleja, como lo son las actuales, se requieren ciertas características y conocimientos. Características como un nivel de vanidad y arrogancia superior a la media (que no faltan en los líderes ciudadanos), pero también la capacidad de entender que diferentes grupos de la sociedad tienen diferentes objetivos, no siempre compatibles, lo que obliga a escuchar, negociar, y al final, exige valor para decidir sabiendo que siempre habrá descontentos. Esta última característica no es común entre los líderes ciudadanos, que suelen asumirse como la voz del pueblo, y que muy rara vez consideran la posibilidad de ser sólo una voz más del coro.

Pero también se requieren ciertos conocimientos que no todo el mundo tiene. Por ejemplo, uno de los pilares de las sociedades democráticas liberales es que el Estado está limitado por la ley: no puede hacer sino lo que ésta explícitamente le autoriza. Para infinidad de grupos ciudadanos, la solución a su problema específico supera por mucho esa restricción: exigen resultados así sea por encima de la ley. Total, la justicia es superior a la ley, en ese mundo utópico en el que los ciudadanos son santos y los políticos demoniacos.

El asunto es que no existe forma de coordinar los intereses de diferentes grupos en las sociedades modernas que sea más eficiente que la democracia. Y el proceso para hacerlo exige la delegación de la toma de decisiones en ciertos individuos que, por el mero hecho de dedicarse a ello, son políticos. Cuando alguien se erige en portavoz del pueblo ya es político; cuando alguien pugna por elevar los intereses de su grupo por encima de los demás ya es político; cuando alguien sugiere anular el voto ya es político. No importa si momentos antes se trataba de un poeta, un locutor de noticias, una académica, o una maestra.

El peor enemigo de la democracia es la demagogia. Es el paso que antecede al autoritarismo. Cuando los demagogos desprecian a los políticos están minando esa débil estructura que es la democracia. Porque siempre, detrás de quien habla, hay intereses de un grupo, hay vanidad y arrogancia y, muy frecuentemente, hay ignorancia. Precisamente por ello insistía hace unas semanas en el riesgo de los políticos que dejan de hablar entre sí para buscar el aplauso de las galerías: pavimentan el camino de los demagogos.

Si creemos que los políticos son malos es porque aún no conocemos a los santos ciudadanos con poder. Ojalá nunca lo hagamos.

El impacto del acuerdo de la deuda de EU

Andrés Oppenheimer @oppenheimera
El Informe Oppenheimer
Reforma

Aunque mucho se ha escrito de que las economías latinoamericanas son en gran medida inmunes a las dificultades financieras de Estados Unidos, el acuerdo alcanzado por el Presidente Barack Obama con el Congreso para evitar caer en mora con la deuda norteamericana tendrá un impacto negativo en la región.

Es cierto que las consecuencias habrían sido mucho peores si el Gobierno de Estados Unidos no hubiese llegado a un acuerdo -ni siquiera a un mal acuerdo, como el alcanzado- y Estados Unidos hubiese perdido su grado AAA de las agencias calificadoras.

Sin embargo, el acuerdo de la deuda norteamericana, un programa de reducción del déficit presupuestario de al menos 2.1 billones de dólares durante los próximos 10 años y recortes adicionales del gasto sugeridos por una comisión legislativa de 12 expertos que deberá expedirse antes del 23 de noviembre, muy probablemente retrase aún más la ya tímida recuperación económica de Estados Unidos, y afecte en mayor o menor medida a todos los países latinoamericanos.

Osvaldo Kacef, el encargado de desarrollo económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL), con sede en Santiago de Chile, me dijo que el acuerdo de la deuda de Estados Unidos afectará a América Latina en el corto plazo, porque producirá una desaceleración del crecimiento norteamericano que conllevará a una reducción de las importaciones y una disminución del flujo de turistas estadounidenses hacia la región.

"El impacto más inmediato lo van a recibir los países que tienen un comercio más intenso con Estados Unidos, que son México y los países de Centroamérica", dijo Kacef. "Los países del Caribe que dependen del turismo norteamericano también sufrirán".

Para los exportadores de materias primas de América del Sur, incluyendo los países petrodependientes como Venezuela o Ecuador, los exportadores de minerales como Chile y Perú, y los exportadores agrícolas como Brasil y Argentina, el impacto será indirecto. Según explicó Kacef, la disminución en el crecimiento estadounidense afectara a China, el principal comprador de las exportaciones de esos países sudamericanos.

Eduardo Borensztein, especialista en Sudamérica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con sede en Washington, me señaló que las economías latinoamericanas crecerán a tasas más lentas, pero no será para nada catastrófico. El impacto será desigual: México y América Central serán más vulnerables que Sudamérica.

Otros economistas temen que, tarde o temprano, los recortes presupuestarios incluyan la ayuda externa de Estados Unidos a países pequeños de Centroamérica y el Caribe.

Entre los economistas más optimistas con los que hablé está Alberto Bernal, de Bulltick Capital. Según él, ni siquiera una desaceleración norteamericana podría afectar las exportaciones sudamericanas, siempre la desaceleración no degenere en una recesión.

"Si el crecimiento de Estados Unidos se reduce del 2.5 por ciento al 1.7 por ciento anual, como se espera, tendrá un impacto mínimo sobre el crecimiento económico latinoamericano, con excepción de México", me dijo Bernal. "Pero si Estados Unidos entra en recesión, eso sería otra historia".

Antes del acuerdo de la deuda norteamericana de esta semana, la mayoría de los economistas habían proyectado un crecimiento económico promedio de 4.5 por ciento para América Latina este año, incluyendo un crecimiento del 7 por ciento en Argentina y Uruguay, un 6.7 por ciento en Chile y Perú, un 6 por ciento en Colombia, un 4.5 por ciento en Brasil y México, y un uno por ciento para Venezuela.

Al momento de escribir esta columna, el miércoles por la tarde, las instituciones financieras internacionales no habían corregido sus proyecciones de crecimiento para la región.

Mi opinión: Soy razonablemente optimista con las perspectivas de Estados Unidos a mediano plazo. A diferencia de Europa, en Estados Unidos existe un cierto consenso social de que hay que ajustarse el cinturón. Mientras en Europa la gente sale a la calle para protestar contra los ajustes, en Estados Unidos los que más gritan son quienes quieren recortes aún mayores.

Y a diferencia de lo que ocurre en China, existe una relativa transparencia que permitirá que el dólar siga siendo la moneda mundial de último recurso para un futuro previsible. Además, espero que los economistas tengan razón al afirmar que existen un 70 por ciento de probabilidades de que Estados Unidos sufrirá una desaceleración, y no una recesión.

Pero en el corto plazo, me temo que el acuerdo al que llegó Estados Unidos, sumado al caos financiero de Europa, cortará las alas de la recuperación económica norteamericana. Por la insistencia de los fundamentalistas del "Tea Party", el acuerdo alcanzado contempla demasiados recortes demasiado pronto, en lugar de repartir el costo del ajuste a lo largo del tiempo.

A menos que Obama gane el próximo round y la comisión parlamentaria apruebe mayores impuestos a los más ricos para mantener a flote la recuperación, la economía de Estados Unidos sufrirá las consecuencias, y las de América Latina también.

Sicilia, los estúpidos y traidores

Jorge Fernández Menéndez (@jorgeimagen)
Razones
Excélsior

¿Por qué el movimiento de Javier Sicilia no quiere una Ley de Seguridad Nacional? Porque lo que quiere es desarmar al Estado en la lucha contra los grupos criminales.

Esta vez, Javier Sicilia no repartió besos al estilo siciliano (y no es peyorativo, tengo raíces sicilianas muy fuertes y sé que esos besos tomando las mejillas pueden tener muchas lecturas y muchas intenciones muy diferentes). Esta vez repartió adjetivos: a los legisladores que aprobaron, en lo general y en comisiones, sin que se les vean demasiadas ganas de llevar el tema al pleno y mucho menos en un periodo extraordinario, la minuta de la Ley de Seguridad Nacional que aprobó el Senado hace ya año y medio, los calificó de traidores y de estúpidos. Se ganaron los adjetivos simplemente por desechar esa norma legal y no impulsar, en vez de una Ley de Seguridad Nacional, una de “seguridad humana”, como plantea Sicilia, aunque nadie sepa qué quiere decir eso.

Los legisladores se los ganaron por no haber tenido la dignidad, en el encuentro que mantuvieron con los representantes del movimiento de Sicilia, de decirle que no, que no estaban de acuerdo; por haber recurrido al expediente de todos, pedir perdón por sus omisiones, sin tener la presencia de ánimo para decirle a un dirigente que no está jugando con las cartas del humanismo, sino de la política; que su planteamiento era equivocado. Ninguno de ningún partido quiso explicarle a Sicilia que, más allá de discursos, el país necesita una Ley de Seguridad Nacional que regule, entre otras cosas, la participación de las fuerzas de seguridad. Por lo menos en el encuentro con el presidente Calderón, cuando Sicilia comenzó a hablar de los muertos y las víctimas, el mandatario le recordó que a su hijo no lo habían matado las fuerzas de seguridad, sino los delincuentes. Y Sicilia reculó.

¿Qué quiere Sicilia? La paz, dice, y por eso no debe haber Ley de Seguridad Nacional. ¿Qué entiende por la paz? Como está planteado, abandonar el combate contra los grupos criminales. Es lo que ha planteado una y otra vez: para él la paz es que no haya combate contra los grupos criminales, quizás pensando que entonces éstos se retirarán a disfrutar de sus fortunas y con ello concluirá, desde el gran narcotráfico hasta la venta de drogas en calles y escuelas. Es coincidente con la idea de que ésta es “la guerra de Calderón”, que las víctimas las genera el gobierno y no los grupos criminales, aunque más de 95% de todas las muertes que ha habido en este proceso ha sido por ajustes de cuentas entre grupos criminales y coincide con expresiones de hombres tan cercanos a él como el padre Alejandro Solalinde, de que hay que pedirle perdón a Los Zetas porque ellos también son víctimas de un Estado injusto.

¿Por qué no quieren una Ley de Seguridad Nacional? Porque lo que quieren es desarmar al Estado en la lucha contra los grupos criminales. La ley podrá tener defectos, que analizaremos el lunes en este espacio, pero es imprescindible contar con un marco legal que regule la participación de las Fuerzas Armadas y de seguridad en la lucha contra la delincuencia. No tenerlo sirve a un propósito político posterior de Sicilia y de otros grupos: establecer una “comisión de la verdad” que permita “castigar” a quienes emprendieron esa batalla (léase los integrantes de la administración de Calderón y los mandos de las Fuerzas Armadas). Lo perverso de todo esto es que se está adoptando la metodología de los movimientos de derechos humanos legítimos que enjuiciaron a las dictaduras militares que acabaron con sus opositores en los años 70 y 80 en América Latina, para equiparar a los narcotraficantes con legítimos opositores políticos y, a un régimen, con el que se puede estar o no de acuerdo, pero que es parte de un sistema democrático, legal y abierto, con una dictadura. Es precisamente lo que planteaba Osiel Cárdenas hace ya muchos años, por ahí de 2005, en una carta que está publicada en el libro De Los Maras a Los Zetas (Grijalvo, 2006).

Sicilia es un actor político que juega sus cartas, es legítimo. Lo increíble es que el Congreso siga al pie de la letra sus ocurrencias. Que sectores del PRD digan que le harán caso al poeta tiene su lógica, pero que un hombre como Manlio Fabio Beltrones le “explique” que sólo se trata de un procedimiento legislativo y que luego “juntos”, senadores, diputados y el movimiento social de Sicilia legislarán sobre el tema, es absurdo. Primero, porque legislar es una responsabilidad de los legisladores y de nadie más. Y, segundo, porque nadie le ha dado al movimiento de Sicilia la representatividad de la sociedad. Es un movimiento legítimo, pero con una representatividad limitada, escasa, como lo demostraron sus marchas. Y si no lo creen los legisladores, deberían hacer un ejercicio: que vayan a donde quieran en el país y le pregunten a la gente si quieren que las fuerzas de seguridad abandonen la plaza para establecer “la paz” con los delincuentes.

Las campañas de 2012, en realidad, ¿no estarán terminando?

Héctor Aguilar Camín (@aguilarcamin)
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

Están prohibidas las campañas políticas “adelantadas” en toda la República, pero la República toda es una campaña política adelantada.

De hecho, si uno ve las cifras de encuestas recientes, se diría que estamos al final de campañas adelantadas a punto de concluir. Los candidatos o aspirantes presidenciales no han hecho otra cosa que estar en campaña todo este tiempo. Es fácil constatar que los que llevan ventajas mayores o tienen a la mano candidaturas más seguras, son los que empezaron sus campañas en 2006: Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Quienes parecen más inciertos, en cambio, son los que empezaron tarde, como los aspirantes del PAN, que apenas han empezado a moverse, o Marcelo Ebrard, en el PRD, que no acaba de romper para competir con su candidato adelantado, López Obrador.

Para estos candidatos tardíos o que compiten con un correligionario que apartó lugar desde el principio de la fiesta, la legislación vigente que prohíbe campañas adelantadas es casi una prohibición de competir con posibilidades de ganar.

De un lado los aspirantes tardíos no pueden moverse con claridad en busca de su candidatura, salvo durante un muy corto espacio de tiempo. De otro lado, la misma ley les prohíbe el acceso libre y masivo que necesitan al único instrumento que les permitiría proyectarse nacionalmente en tan corto tiempo. Me refiero a la televisión, cuyos espacios oficiales disponibles administrará equitativa y rutinariamente el IFE. Pero no es equidad y rutina lo que necesitan los rezagados, sino huracanes y atajos mediáticos. Los candidatos adelantados sólo necesitan mantenimiento.

Los expertos dicen siempre que falta mucho tiempo para las elecciones y que en una elección no hay nunca nada ganado hasta que se gana. Tienen razón desde luego, pero mucho tendrán que perder los candidatos adelantados y mucho ganar los retrasados para que las campañas presidenciales de 2012 cambien dramáticamente las ventajas, también dramáticas, que hoy muestran las encuestas a favor de los candidatos que empezaron sus campañas adelantadas a tiempo, es decir: hace seis años.