agosto 08, 2011

La ley que nadie quiere aprobar

Jorge Fernández Menéndez (@jorgeimagen)
Razones
Excélsior

La Ley de Seguridad Nacional es políticamente correcta, pero será un desastre en términos operativos, porque no está basada en nuestra realidad

Una de las paradojas de todo el debate que se ha generado con la Ley de Seguridad Nacional es que esa propuesta, que fue aprobada por unanimidad en el Senado en abril de 2010, tuvo la intención de ser “políticamente correcta”, y en esa búsqueda contiene errores graves que deben ser subsanados en su actual revisión. Lo absurdo es que quienes ahora impugan esa minuta, como Javier Sicilia y otros, incluso en el Congreso, quieren profundizar en sus errores y abandonar sus aciertos.

¿Cuál es el problema con la Ley de Seguridad Nacional? Lo señalábamos en este espacio desde abril del año pasado. Nadie puede decir que es una ley represiva: con las nuevas disposiciones, se le quita al Presidente de la República la posibilidad de implantar el estado de excepción o suspender garantías individuales; se colocan candados de todo tipo para acotar la presencia militar; incluso se establece que el Ejército no puede ser utilizado para reprimir movimientos sociales. Y queda pendiente el tema del fuero militar que la Suprema Corte ya desbrozó, al establecer que los delitos de violaciones graves de derechos humanos que pudieran cometer militares en funciones de seguridad serán juzgados en tribunales civiles, aunque aún falta la normatividad para regular esa decisión.

Según la minuta aprobada en el Senado, en los operativos que se realicen, los militares tendrán que ir acompañados por miembros de la CNDH, y las aprehensiones las tendrán que realizar con personal civil. Y como la gran cereza del pastel, en algo que me parece insólito, la ley dice que ya no podrá ser el Presidente el que ordene la movilización del Ejército en una situación crítica, sino los gobernadores o congresos locales, que presentarán una solicitud al Consejo de Seguridad Pública, el cual informará al Congreso, el cual revisará la petición y la enviará a su vez al Ejecutivo federal para que la ponga en marcha. Todas las intervenciones militares tendrán un tiempo definido.

Es una ley políticamente correcta, pero será un desastre en términos operativos, pues no está basada en nuestra realidad. Primero, con esta ley, en los hechos se limita seriamente la participación del Ejército en las labores de seguridad pública. Perfecto. ¿Por quién será reemplazado? Porque el Ejército no está ahí por el capricho de algún político: en los hechos, cumple esas funciones, por lo menos desde 1994, la presencia militar en seguridad pública; no es algo que haya comenzado con la administración de Calderón y no concluirá con ésta, seguirá siendo necesaria.

Lo cierto es que los senadores aprobaron esta ley, y ahora los replican los diputados sin haber sacado adelante lo que hubiera permitido construir este andamiaje legal alternativo a la presencia militar, que es la construcción de una policía federal única, algo que ya han desechado, o la creación de 32 policías estatales que estén obligatoriamente coordinadas por su mando federal. Pero eso tampoco lo han aprobado a pesar de las propuestas del secretario García Luna y de la Conferencia de Gobernadores.

Sin una poderosa fuerza de policía, que abarque estados y municipios, se va a extrañar enormemente la labor militar; no hay con qué reemplazar esa presencia. Con unos 35 mil elementos de la Policía Federal se pueden hacer operativos; se puede establecer el nuevo modelo estratégico en Juárez; se puede contar con un centro muy moderno de inteligencia e información, pero no se puede ocupar todo el territorio nacional.

El mecanismo diseñado en la ley para que desde los gobiernos o congresos locales se pida la intervención militar es profundamente errado. Es el mecanismo menos operativo que pudieron imaginar los legisladores. Es una forma de recortar las facultades y atribuciones presidenciales y aumentar la de los gobernadores, y eso podrá estar bien o mal, pero a la hora de analizar sus consecuencias operativas será un desastre: no se puede burocratizar esa toma de decisiones. El Ejército tiene, y debe seguir teniendo, un mando único y centralizado, y es el Presidente de la República. Descentralizar la toma de decisiones en ese ámbito no abona a la federalización, sino a la feudalización del país. Otro punto, el referente a la intervención militar ante movimientos sociales, ¿qué se entiende por esto? Si se respeta la letra de la ley, el Ejército no hubiera podido intervenir en Chiapas, en 1994, o en Oaxaca, en 1996, ni tampoco enfrentar hoy a grupos armados si éstos son entendidos como movimientos sociales. Y precisamente allí reside buena parte de la resistencia de grupos como el de Sicilia a esta ley.

La ley aprobada en el Senado y ahora ratificada en lo general, en comisiones, en la Cámara de Diputados, tiene errores graves en el sentido exactamente contrario al que señalan muchos de sus críticos. Es irresponsable establecer todo este andamiaje de candados sin haber analizado y, mucho menos, construido, la plataforma legal y las instituciones policiales y civiles que deberán reemplazar el actual esfuerzo militar. Se necesita una Ley de Seguridad Nacional, no una expresión de buenos deseos políticamente correctos.

Los extremos se tocan

Román Revueltas Retes
revueltas@mac.com
Interludio
Milenio

Triste consuelo: la clase política de Estados Unidos (de América) parece, de pronto, tan inoperante como la de Estados Unidos (Mexicanos). Los extremistas de allá, esos militantes derechistas fanáticos del Tea Party, son tan estorbosos como los adeptos sectarios de nuestra trasnochada izquierda. Unos y otros rinden una estrecha devoción a sus dogmas particulares: el obtuso rechazo al Estado, en el caso de los conservadores estadouniamericanos, y el necio repudio al mercado por parte de unos “revolucionarios” estadounimexicanos que todavía no se enteran de que existe un sistema, muy exitoso, llamado socialdemocracia.

La apuesta de estos intransigentes es el obstruccionismo por principio: decir no a todo y oponerse automáticamente a cualquier iniciativa, proyecto, propósito, intención, objetivo o designio planteado por un adversario al que no se le reconoce nunca una condición de interlocutor válido. La derecha religiosa yanqui descalifica así a Obama de manera tajante y perentoria; la presunta izquierda azteca se niega, de la misma manera, a admitir cualidad alguna en Calderón. De haberse salido con la suya en las negociaciones para elevar el techo de la deuda, los agitadores de allá hubieran obtenido una recompensa muy dudosa en verdad: la suspensión de pagos de la primera potencia económica mundial; los alborotadores de aquí apuestan por el derrumbe puro y simple del régimen calderonista.

Ocurre, sin embargo, que una gran mayoría de los ciudadanos somos gente moderada. Aquí y allá. Y, llegado el momento, nos expresamos muy claramente en las urnas. Al tiempo, como dice uno de los colegas.