agosto 19, 2011

Difícil equilibrio

Macario Schettino (@macariomx)
schettino@eluniversal.com.mx
Profesor del ITESM-CCM
El Universal

La semana pasada, la Procuraduría del Estado de México logró la detención de un cruel asesino que reconoce haber ejecutado a tres centenares de personas y haber ordenado la muerte de otro tanto. Sin lugar a dudas, esta detención es de gran importancia. Mas, en la búsqueda del asesino, fuerzas de seguridad allanaron varios domicilios. Por fortuna, lo único que causaron fueron daños materiales, pero incluso desaparecieron pertenencias de las familias cuyos domicilios fueron allanados. Lo sabemos gracias a que el escritor y poeta Efraín Bartolomé, una de las personas afectadas, tuvo la posibilidad de expresarse a través de los medios de comunicación.

Este tipo de errores por parte de las fuerzas de seguridad que pueden, incluso, explicarse debido a la peligrosidad de los perseguidos y a la dificultad de detenerlos, han provocado la muerte de personas que nada tenían que ver. Víctimas inocentes, les llaman ahora. En otras ocasiones, mecanismos ideados para reducir la violencia, como retenes en carreteras, han tenido el mismo resultado.

Los allanamientos, detenciones momentáneas o retenes son violaciones a los derechos humanos que no deben ocurrir. Se puede argumentar que estos incidentes son muy pocos, comparados con el número de acciones que militares, marinos y policías federales llevan a cabo. Incluso se puede decir, como en el caso inicial, que a veces son las fuerzas estatales, y no las federales, las que cometen estas violaciones. Todo eso es cierto, pero eso no lo convierte en algo aceptable.

Una de las mayores dificultades de los Estados frente a las nuevas amenazas, llamadas también actores extraestatales, es que las fuerzas de seguridad de los primeros no sólo tienen que enfrentar a los segundos, sino que además tienen que respetar ciertas reglas que los segundos, por definición y naturaleza, no respetan. Pero eso es lo que hace la diferencia entre el monopolio legítimo de la violencia, es decir, el Estado, y la violencia por sí misma, es decir, el crimen organizado.

La dificultad de esta doble actuación (enfrentar al crimen y cumplir la ley) no debe menospreciarse. Hace muchos años se hizo famosa la serie Los Intocables, que se basaba en los orígenes del FBI. Ese grupo se llamaba así, precisamente, porque se construyó para enfrentar al crimen sin hacer demasiado caso de la ley. Y aunque la serie televisiva o las películas acaben siendo versiones heroicas, se trata de un grupo que actúa por fuera de la ley para tener resultados. Más recientemente, las GAL, fuerzas ilegales utilizadas por el gobierno español para enfrentar a los terroristas, llevaron a su fin el gobierno de Felipe González en ese país. Ya en este siglo, Estados Unidos redujo derechos a sus ciudadanos para enfrentar al terrorismo (la ley patriótica, le llamaron), e Inglaterra dio varias muestras del actuar extralegal de sus fuerzas de seguridad.

El equilibrio, pues, no es sencillo. Indudablemente, no hay manera de garantizar los derechos humanos de los habitantes de un país si el Estado no es el monopolio de la violencia. Y esto exige reducir (en el viejo doble sentido de hacer más pequeño y más limitado) al crimen organizado. Es decir, sin enfrentar a los criminales, ningún derecho puede garantizarse. Por otra parte, enfrentar al crimen organizado sin respetar los derechos humanos va transformando al Estado en un grupo criminal más. Reitero, el equilibrio no es fácil.

La discusión acerca de la Ley de Seguridad Nacional en México se ha hecho como si este equilibrio no fuese un problema. De un lado hay quienes sostienen que lo que se requiere es un marco legal claro para la actuación de las Fuerzas Armadas, y tienen razón. Del otro argumentan que éstas no tienen entrenamiento suficiente para evitar serios errores como los mencionados antes, que son violaciones a los derechos humanos. También tienen razón. Pero muy pocos han tratado de encontrar conciliación a las dos razones.

La mejor solución parece ser el establecimiento de un marco legal militar razonable (que no cometa el error de asignar la decisión a los gobiernos locales) y la modificación de los códigos penales militares para promover la reducción, hasta el límite de lo posible, de los errores que son violaciones a los derechos humanos.

¿Podrán los activistas entender la necesidad y dificultad de este equilibrio?

Coahuila y su deuda

Miguel Ángel Granados Chapa
miguelangel@granadoschapa.com
Plaza Pública
Reforma

Aunque un grupo de militantes panistas tomó la tribuna y pretendió impedir la aprobación de la nueva y descomunal deuda del gobierno de Coahuila, en sesión extraordinaria convocada ex profeso, ayer la legislatura estatal dio luz verde a la reestructuración del débito gubernamental. El gobernador interino Jorge Torres quedó autorizado para contratar créditos que permitan saldar los de vencimiento inminente y cubrir los intereses acumulados. De ese modo, de un momento a otro, de un plumazo, lo que adeuda el gobierno de Saltillo pasó de 31,973 a 33,867 millones de pesos.

Ese acto legislativo ilustra el modo en que los diputados locales han avalado a los gobernadores de sus entidades en su afán de hacerse de más recursos sin recaudar mayores ingresos, atenidos como están a las participaciones federales, o sea el dinero que reciben del gobierno central. Durante el sexenio de Vicente Fox, los gobiernos estatales recibieron enormes sumas procedentes de los excedentes petroleros. Pero esa bonanza, por su propia naturaleza, no ha podido mantenerse. Se conservó, en cambio, la deplorable costumbre de gastar como en los tiempos de la reciente prosperidad y por eso se acudió al crédito, para que sean las próximas generaciones las que paguen o sufran las consecuencias de no hacerlo.

Las vías para hacerlo fueron dos: emitir bonos que se colocaron en la bolsa de valores, ofreciendo rendimientos que hicieran atractivos esos títulos; o recibiendo préstamos, la mayor parte a largo plazo, de algunos bancos. En los dos casos la garantía de solvencia está representada por una expectativa relativamente segura: el dinero federal que se recibirá en los próximos años.

Salvo Tlaxcala, que por disposición legal no puede pactar crédito a pagar en plazos mayores de un año, todas las entidades recorrieron presurosas ese camino fácil. La suma de la deuda de las entidades que funcionan con ese modelo llega actualmente a 315 mil millones de pesos. En ese panorama sobresale el caso de Coahuila, no sólo porque el colosal incremento respectivo se produjo en los cinco años en que gobernó a ese estado el actual presidente del PRI, Humberto Moreira, sino por otras razones.

Una principalísima es que el aumento del monto adeudado es enorme. Cuando Moreira recibió el gobierno de manos de su protector Enrique Martínez y Martínez, el estado debía menos de 200 millones de pesos (196 para decirlo con precisión). Como si no recibiera participaciones federales y tuviera que vivir de prestado, el gobierno estatal comprometió su futuro en montos escandalosos, hasta llegar a cerca de 32 mil millones de pesos. Cuando el martes quedó listo el dictamen que autorizó todavía un nuevo incremento (el remanente que resulte de reestructurar la deuda actual), el líder de los diputados priistas, Fernando de las Fuentes, que conforme al modelo antiguo es la cabeza del Congreso, explicó el destino de esa abultada suma.

Citó una hilera de obras públicas, costeadas según sugirió, por el dinero prestado por los bancos: escuelas, tecnológicos, una Ciudad universitaria, 20 museos, 14 bibliotecas, seis casas de la cultura, cuatro teatros y una gran plaza en cada una de estas ciudades: Torreón, Acuña y Piedras Negras. Probablemente la lista no es exhaustiva, porque de serlo su costo no alcanza ni remotamente los treinta y tantos mil millones de pesos en cuestión. Y en caso contrario, el gobierno de Moreira y su prestanombres tendrían que responder qué hicieron con los recursos federales que recibieron de 2005 a 2010, pues el flujo originado en el centro del país no disminuyó durante ese periodo.

Se aduce también que se acrecentaron los recursos para el combate a la pobreza. Aun de ser cierto que se entregó más dinero a los destinatarios de los programas respectivos, si para sufragarlos fue necesario endeudarse, la decisión fue contraproducente. Hoy Coahuila es la entidad con mayor deuda per cápita: cada uno de los coahuilenses debe 11 mil 633 pesos.

Si Moreira y su vicario respiraron aliviados después de la aprobación del nuevo monto de deuda, su contento debe haber sido efímero. Ayer mismo, la firma Ficht, contratada por el gobierno coahuilense para calificar la calidad de la deuda, la degradó. No tenía una posición para dar envidia a nadie, pues apenas llegaba a A plus, pero ahora salió de ese rango para quedar en triple B. No es una descalificación inocua, pues la degradación implica el pago de intereses más altos. De esa suerte, no es improbable que cuando asuma el gobierno Rubén Moreira una de sus prioridades sea renegociar los adeudos. Y ni modo de arrojar la culpa al predecesor, pues se trata de su propio hermano.

A pesar de que la deuda de los estados en general, la de los gobernados por priistas en particular, y la de Coahuila singularmente, tiene una importancia mayúscula, no puede soslayarse el interés partidario que mueve a funcionarios panistas y dirigentes del partido en el gobierno a poner el acento en la conducta de Moreira. Es un adversario difícil al que conviene poner en su sitio y aun desprestigiar porque de su descrédito puede derivar el de su partido, extremo deseable en vísperas electorales. Pero la verdad es la verdad, quienquiera la diga. No es buen recurso lógico, y puede que tampoco lo sea político, el responder una acusación con otra, para conducir la atención de los observadores más a la respuesta que a la afirmación original. La mala conducta del gobierno federal, sin embargo, no cohonesta la del líder del PRI.

Cajón de Sastre

No fueron diputados panistas quienes tomaron la tribuna del Congreso coahuilense con el estéril propósito de hacer abortar la sesión y evitar la aprobación de la nueva deuda pública del gobierno priista. Miembros del Partido Acción Nacional, encabezados por el dirigente estatal Reyes Flores Hurtado, irrumpieron en el recinto y llegaron a espacios vedados para el público en general. Se trata de una actitud reprobable, pero comprensible por la fuerza avasalladora del PRI, cuyos 23 diputados (con tres votos más) aseguraban el triunfo de la causa del gobernador Humberto Moreira (que lo es con licencia). La severidad, a veces rijosa, con que legisladores federales del PAN reaccionan ante la toma de tribuna por colegas suyos de otras fuerzas, tal vez se mitigue después de esta acción de sus militantes coahuilenses.

El “nuevo” PRI, ¿al poder?

Francisco Martín Moreno
Escritor
fmartinmoreno@yahoo.com
conferenciasmartinmoreno@yahoo.com
Excélsior

¿Acaso el sindicato de maestros o el de petroleros o el de electricistas no son otras lacras heredadas del Partido Revolucionario Institucional?

A Leonardo Tenorio

El PRI fue el responsable de todo lo bueno y de todo lo malo que aconteció en México en los últimos 70 años del siglo XX si incluimos al PNR, ese espantoso aborto republicano creado por Plutarco Elías Calles, en dicho recuento. ¿Por qué es el responsable de todo lo bueno y de todo lo malo? Simplemente porque impidió por todos los medios la alternancia en el poder, ya hubiera sido a través del fraude electoral o del asesinato de candidatos de la oposición o de periodistas o de la expatriación de indeseables o del encarcelamiento de “presos políticos”. La famosa familia revolucionaria, una pandilla —sálvese el que pueda—, nunca concedió el menor respeto a la voluntad popular, misma que interpretó de acuerdo a sus intereses políticos y económicos hasta conformar la Dictadura Perfecta…

Al PRI se le deben entre otros “éxitos escandalosos”, la devaluación del peso a más de 10 mil unidades por dólar, es decir una pérdida de dos mil veces el valor adquisitivo de nuestra moneda. Entre otros resultados triunfalistas de su catastrófica gestión de siete décadas se encuentra la existencia de más de 40 millones de mexicanos en la miseria, o sea, 40 millones de bombas de tiempo que implican un elevado peligro de explosividad social, un reflejo adicional del fracaso educativo en manos de los priistas. El PRI heredó 50% de trabajadores informarles en las calles de México, además de una inaceptable dependencia industrial, tecnológica y agrícola de Estados Unidos que no sólo exhibió las vergüenzas de nuestra supuesta soberanía alimenticia, sino de nuestro atraso académico que se traduce en una temeraria hemorragia de divisas. Al PRI se le debe la escandalosa migración de mexicanos hacia nuestro vecino del norte, una exportación en la que efectivamente fue exitoso al exportar millones de brazos de jóvenes indispuestos a aceptar la calamitosa realidad que se les ofrecía en su propia patria.

El PRI nos heredó índices de escolaridad cuatro veces inferiores a los de los países desarrollados, además del “pase automático” rumbo a la mediocridad de los centros universitarios, sin olvidar la noche negra de Tlatelolco ni la vergonzosa expulsión del rector Chávez que marcó el declive vertiginoso del país hasta caer en la obscuridad académica. Los priistas entendieron su arribo al poder como la preciosa oportunidad para lucrar con el tesoro público, salvo que usted, querido lector, conozca a priistas sepultados en la miseria, como las grandes masas nacionales. ¿Quién creyó en la administración de justicia durante el priismo cuando el Poder Judicial estaba al alcance de la chequera de los poderosos? La ley no era sino el reflejo del estado de ánimo del presidente de la República en turno.

Ahí está la muerte de los ríos en México, el ecocidio, la devastación ambiental, la desertificación irresponsable del país, la desforestación de los bosques, el envenenamiento de los ríos, el disparo de la contaminación moral y ambiental, la explosión demográfica, una marea humana que se multiplicó, de 20 millones de personas en 1940, a 100 millones en el año 2000.

El discurso del nuevo PRI nos habla de la muerte de ese monstruo insaciable, antes descrito, inmoral, abyecto, proteico, autoritario, corrupto, sanguinario y traidor desde que sujetó férreamente del cuello a varias generaciones de mexicanos con un altísimo costo social para el futuro de México. Los priistas de nuestros días hablan de las exequias del aborto republicano creado por Calles y consolidado por Cárdenas, otro tirano que tuvo al país en un puño y que desquició la economía nacional.

¿Todo cambió? La mejor evidencia para demostrar la existencia de un nuevo PRI la tenemos al estudiar detenidamente la gestión de priistas modernos, como la de Ulises Ruiz en Oaxaca, una de las entidades más atrasadas de la República. Ruiz, un delincuente de la nueva época priista, refleja la evidencia incontestable de que su partido ya cambió… Otro ejemplo lo tenemos en el “góber precioso” que no sólo desfalcó las arcas poblanas, sino que dio muestras inequívocas de una probada insolvencia moral al vinculársele con pederastas. Si queremos seguir hurgando en esta pandilla priista de nuestros días no debemos descuidar la gestión de Humberto Moreira en Coahuila, que dejó endeudado a su estado al extremo de que llevará más de 30 años poder pagar la deuda pública heredada, además de que por un voto mayoritario priista se impidió esculcar en las finanzas de su administración, así como en las personales. ¿Se acabó la impunidad y el peculado descarado? ¿Más? Que tal analizar “Mataulipas”, en donde la putrefacción política y económica ha llegado a niveles inenarrables.

Estos gobernadores son la mejor evidencia de que el PRI efectivamente no ha cambiado y que continúa siendo el mismo grupo cerrado que se niega a aplicar las leyes que ellos mismos promulgaron. ¿Acaso el sindicato de maestros o el de petroleros o el de electricistas no son otras lacras heredadas del PRI? Pobre, realmente pobre del actual gobernador Peña Nieto, si ya desde su campaña hacia la Presidencia permite que se le acerquen los tradicionales emboscados, los mismos que sepultaron la candidatura de Labastida. Si Peña Nieto quiere llegar a Los Pinos necesita rodearse de caras nuevas para darle alguna esperanza al electorado. ¿Y el PAN y el PRD y el PT y Convergencia? Ay, ay, ay…

AMLO candidato

Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga1)
lopezdoriga@milenio.com
En privado
Milenio


El sueño, así como se va, regresa.
Pero no hay que asustarlo.

Florestán


Hay quienes insisten, entre ellos el director general de MILENIO, Carlos Marín, en que Andrés Manuel López Obrador no será candidato a la Presidencia de la República y que consciente de que no puede ganar la elección de julio del año que viene, se hará a un lado para dejar pasar a Marcelo Ebrard, que es mejor apreciado cuando se encuesta a la sociedad abierta, aun cuando en el PRD el tabasqueño lo aventaja dos a uno, factor por el que el jefe de Gobierno ha planteado que el abanderado de la izquierda surja de una encuesta no limitada al PRD, sino a todos los mexicanos.

En lo personal no tengo duda, lo he dicho en público reiteradamente, y así se lo he hecho saber a mi querido Carlos: López Obrador será candidato presidencial y lo será de toda la izquierda.

Primero porque es el mejor posicionado al interior del PRD; segundo, porque en el remoto caso de que no fuera por esa alineación, en la que se vive un relación recíproca de amor-odio, lo será por la alianza Convergencia-PT con el respaldo de Morena, el movimiento que ha venido construyendo a lo largo de estos años, y tercero, porque ésa, la de la Presidencia de la República, es una obsesión, como lo confirma su autounción como presidente legítimo.

Y no es que Ebrard no quiera ser Presidente, un proyecto que tiene en mente desde hace muchos años, no. Lo que quiere es ser el candidato de toda la izquierda y no está dispuesto, como lo vimos en el Estado de México, a ser el que rompa esa unidad.

Sabe, además, que la izquierda dividida no tiene la menor oportunidad, si junta aparece empatada en segundo lugar con el PAN y a veces en el tercero, participar segmentada, con dos candidatos, él y AMLO, sería un salto al precipicio, al cual ya se asoman.

Por eso, querido Carlos, tengo claro que Andrés Manuel López Obrador estará en la boleta presidencial.

De lo que dudo es si la fuerza que tiene en un amplio sector de la izquierda le alcance para ganar las elecciones del 1 de julio.

Porque hoy no.

Retales

1. GUTSA. La constructora de los Gutiérrez Cortina fue suspendida por tres años nueve meses por la Secretaría de la Función Pública. La acusa de, estando suspendida por el caso Autopista del Sol, haber formado otra empresa con los mismos socios, interpósita persona, lo que es ilegal, para concursar un contrato en el Instituto de Cancerología;

2. ESTELA. Los especialistas dicen que es muy difícil que el Presidente de la República pueda inaugurar la Estela de Luz el 31 de diciembre, como aseguraron los constructores. Lo que pasa es que ese día termina su contrato; y

3. MEA CULPA. Por supuesto que cuando hablo de Francisco Ramírez Acuña como nuevo coordinador legislativo en San Lázaro me refiero a la bancada del PAN y al relevo de Josefina Vázquez Mota.

Nos vemos mañana, pero en privado.