Álvaro Delgado
a.m.
Un trámite de rutina en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a principios de año, condujo a una trama para avalar con documentación federal falsa un crédito de mil millones de pesos contratado por el gobernador con licencia de Coahuila, Humberto Moreira, actual presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en un caso de implicaciones políticas que ya indaga penalmente la Procuraduría General de la República (PGR).
Con licencia de Gobernador a partir del 4 de enero de este año, Moreira ya no ostentaba ese cargo cuando, en febrero, se falsificó la document1ación, pero sí lo tenía el 16 de diciembre, fecha en que se contrató el crédito con el Banco del Bajío, parte de los 32 mil millones que dejó en su gestión y que lo tienen en medio del escándalo.
De hecho, según información del sector bancario, hay por lo menos otros dos créditos con irregularidades que perfilan, también, denuncias penales ante la PGR: Corresponden a Bancomer y Santander, que prestaron al Gobierno de Coahuila 2 mil millones de pesos cada uno y, en el caso del segundo, Moreira estaba al frente del Gobierno cuando se cometió el delito.
Proceso obtuvo copia de la denuncia de hechos presentada por la SHCP a la PGR, el vienes 1 de julio –dos días antes de las elecciones en Coahuila–, que involucra en conductas presuntamente delictivas a Héctor Javier Villarreal Hernández, el principal operador financiero de Moreira en el Gobierno de Coahuila, y Jaime René Jiménez Flores, funcionario de la SHCP identificado como priísta.
Se trata de la falsificación del “Registro de obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios” que deben hacer éstos ante la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP y que se descubrió cuando, el 15 de febrero, la Tesorería de Coahuila pidió a la Tesorería de la Federación depositar 23 millones de pesos mensuales de participaciones federales, equivalente al 3.80% de éstas, para pagar el crédito contratado por Moreira.
Pero el 11 de marzo, día en que se le envió un oficio al titular de la Tesorería de Coahuila para solicitarle el número del registro que otorga la SHCP para los créditos, requisito para transferir los recursos de las participaciones federales, sólo hubo silencio, “sin que a la fecha en que se hicieron del conocimiento los hechos a la Procuraduría Fiscal de la Federación, el Gobierno del Estado de Coahuila haya dado respuesta”.
Según la denuncia que investiga la PGR, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, los documentos apócrifos indican que el Gobierno de Coahuila ostentó registros que en realidad corresponden al Gobierno estatal de Zacatecas y al municipal de Jiutepec, Morelos.
Esta adulteración de documentos oficiales de la SHCP es semejante a la falsificación de decretos del Congreso de Coahuila para contraer también deuda pública para el Gobierno de Moreira, según fue denunciado por el Partido Acción Nacional (PAN) el 28 de junio, que se investiga en el ámbito local.
De acuerdo con las pruebas presentadas por funcionarios del Gobierno panista, presuntamente se falsificaron dos decretos del Diario Oficial de Coahuila para justificar la autorización otorgada por el Congreso para la contratación de deuda, pero los originales se referían al relevo en una regiduría y a la designación del contralor interno del Instituto Electoral.
En el caso de la falsificación de documentos de la SHCP, la trama se fue develando con mayor claridad luego de que el Banco del Bajío proporcionó los datos del crédito contratado por Moreira, quien el jueves 25 se pronunció por una investigación, luego de que el titular de la SHCP, Ernesto Cordero, reveló ese día la denuncia.
Aunque Moreira aseguró, en la entrevista con la locutora Adela Micha, que él ya no era gobernador cuando ocurrieron los hechos que se investigan, él es el responsable de contratar el crédito mediante el decreto que emitió el 6 de julio de 2010 y se publicó en el Diario Oficial de Coahuila el 12 de ese mes y año.
El contubernio
A finales de marzo, Rafael Romo Aguiñaga, quien dijo ser director jurídico de Negocios de la Dirección de Riesgos del Banco del Bajío, S.A., solicitó vía telefónica a Raúl Sergio González Treviño, director general adjunto de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, información sobre la petición del Gobierno de Coahuila para el depósito del dinero y que se frustró por el silencio de las propias autoridades estatales.
Los funcionarios de esa dependencia hurgaron en los archivos, pero no encontraron ningún expediente sobre el caso, por lo que González Treviño pidió al directivo datos más específicos. El 4 de abril le envió, vía correo electrónico, un documento escaneado que fue clave.
Era un escrito sin número fechado el 14 de marzo de 2011 y firmado por Héctor Javier Villarreal Hernández, secretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), y con supuesto sello de recibido el 16 de marzo de 2011 de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, mediante el cual el Gobierno estatal instruía a la SHCP a “dar trámite a efecto de que a partir de esta fecha la Tesorería de la Federación entregue los montos que corresponden al 3.80% de los ingresos derivados de las participaciones…”.
Con esos datos, una vez más se procedió a buscar en los archivos de la SHCP, “y no se detectó evidencia documental del ingreso del oficio mencionado”, tal como quedó asentado en el acta anexada a la denuncia que investiga la PGR.
Dos días después, el 6 de abril, a solicitud de González Treviño, Romo Aguiñaga remitió copia del contrato del crédito otorgado a Coahuila, en el que aparece el supuesto registro de la deuda ante la SHCP, junto a una firma presuntamente del director de Deuda Pública de Entidades y Municipios, Jaime René Jiménez Flores, y entonces emergió la falsedad:
Al analizar el oficio número 351-A-PFV-4096 por el cual supuestamente se registró la deuda fechado el 14 de febrero de 2011, con número de registro 044/2011, aparentemente firmado por el director de Deuda Pública de Entidades y Municipios, Jaime René Jiménez Flores, se hacen las siguientes precisiones, a fin de evidenciar la irregularidad detectada:
a.- En la copia del oficio del supuesto registro del Gobierno de Coahuila, proporcionada por el Banco del Bajío, (se) señala que le corresponde el número 044/2011, sin embargo, en los registros de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas ese número de registro corresponde al estado de Zacatecas.
b.- En la copia del supuesto oficio del registro del Gobierno de Coahuila, proporcionado por el Banco del Bajío, tiene como número de oficio 351-A-PFV-4-096. Al respecto, la numeración de los oficios firmados por el funcionario público Jaime René Jiménez Flores sigue la siguiente numeración 351-A-PFV-2, es decir, en lugar del número 4 se utiliza 2 en el penúltimo código; asimismo, el oficio que se tiene registrado como 096/351-A-PFV-2-096, que aparentemente correspondería a un registro del Gobierno de Coahuila, en realidad pertenece a una cancelación de garantía de crédito del Gobierno de Jiutepec, Morelos.
c.- En la copia del supuesto oficio de registro del Gobierno de Coahuila no obra la leyenda “2011, Año del turismo en México”, vigente para los documentos oficiales del Gobierno federal.
d.- El servidor público que supuestamente suscribe el citado documento, el C. Jaime René Jiménez Flores, afirma haberse encontrado de incapacidad médica en la fecha de la suscripción, además señala que dicho expediente no existe en los archivos de la Dirección a su cargo.
Yo no fui
Así, con base en la lista de irregularidades detectadas, la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de la SHCP informó a la Procuraduría Fiscal de la Federación que “se presume que se reúnen los elementos para acreditar el delito de falsificación de documentos, sin desestimar cualquier otro delito que se llegare a tipificar derivado de las investigaciones (que realice la PGR)”.
Y es que, según la SHCP, los probables responsables pusieron y usaron una firma presuntamente falsa en el oficio fechado el 14 de febrero y en el sello del registro en el contrato del crédito otorgado por el Banco del Bajío al Gobierno de Coahuila, “ya que el funcionario público Jaime René Jiménez Flores afirma haberse encontrado de incapacidad médica en la fecha de suscripción del citado oficio y del sello del registro, además señala que en los archivos de dirección a su cargo el expediente en cuestión no existe”.
Añade la denuncia: “Asimismo, los hechos que se denuncian, se presume, tuvieron el propósito de sacar provecho para sí o para otro, ya que el contenido del documento falsificado y el sello estampado en el contrato de crédito multicitado tienen como finalidad obtener el registro de un crédito ante la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas, a favor del Gobierno del Estado de Coahuila hasta por un mil millones de pesos, haciendo hincapié en que el registro del crédito tenía como efecto la afectación del 3.80% (tres punto ochenta por ciento) de la participación estatal para el pago del crédito, registro apócrifo que fue presentado ante la institución bancaria para el trámite correspondiente”.
En la denuncia, la SHCP pide a la PGR obtener del Banco del Bajío original del contrato de crédito otorgado al Gobierno de Coahuila el 10 de diciembre –cuando Moreira era aún gobernador en funciones–, “con el sello de Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, aparentemente signado por el servidor público Jaime René Jiménez Flores con sello y firma presuntamente falsos, como base de cotejo con la firma original del servidor público”.
Le solicita, también, practicar las diligencias ante el Gobierno de Coahuila para obtener los siguientes documentos:
Original del oficio número 351-A-PFV-4-096 por el cual supuestamente se registró la deuda fechada el 14 de febrero de 2011, con números de registro 044/2011, aparentemente firmado por el director de Deuda Pública de Entidades y Municipios, Jaime René Jiménez Flores.
Original del escrito sin número, (fechado el) 4 de marzo de 2011, suscrito por Héctor Javier Villarreal Hernández, secretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, y con supuesto sello de recibido el 16 de marzo del presente (año) por parte de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas.
Se requiere, además, a la titular de la Tesorería de la Federación: “Original del oficio TGE/107D/2011, del 8 de febrero de 2011, con sello recibido 15 de febrero de 2011, emitido por el titular de la Tesorería General del Estado de Coahuila de Zaragoza dirigido a la Tesorería de la Federación, por el cual se solicita la afectación presupuestal y el cual dio origen a la investigación.
“Una vez recabados los documentos originales que se tildan de falsos, se solicite la comparecencia del director de Deuda Pública de Entidades y Municipios, Jaime René Jiménez Flores, a efecto de que se realicen las periciales correspondientes para determinar si las firmas que aparecen en los documentos en cuestión fueron o no estampadas por el citado funcionario”.
Y concluye: “En razón de los hechos descritos (…), esta Dirección de Delitos Diversos de la Dirección General de Delitos Financieros y Diversos hace de su conocimiento hechos que salvo error de apreciación pudieran ser constitutivos de delito, a efecto de que esa Representación Social de la Federación en ejercicio de sus atribuciones proceda a lo que por derecho corresponda y, en su caso, se ejercite acción penal en contra de quien o quienee resulten responsables”.
agosto 29, 2011
El impensable fracaso
Jesús Silva-Herzog Márquez (@jshm00)
Reforma
La imaginación gubernamental se ejercita en calificativos. Las sorpresas de la barbarie son recibidas con creatividad para el adjetivo. Poco más. El Presidente reacciona públicamente a la nueva atrocidad tras consultar el diccionario de sinónimos. Su trabajo no es otro que repetir un discurso que ha pronunciado mil veces, agregando un par de palabras de indignación. Ataques bárbaros, inhumanos, indecibles, sin corazón, incalificables, mezquinos, crueles, atroces, despiadados, bestiales, estúpidos, irracionales, terroristas. Se ha vuelto rutina ver al presidente mexicano vestido de luto. Traje negro, corbata negra y párpados de duelo. Lo volví a ver hace unos días tras el crimen de Monterrey. Lo escuché oprimir de nuevo el botón de su discurso acostumbrado. No me parecieron ahora, como no me han parecido nunca, palabras de un hombre insensible. Todo lo contario, al escucharlo y, sobre todo, al verlo, se percibe su aflicción profunda, auténtica. Pero ahora, tras el crimen perpetrado con frialdad contra inocentes, la reiteración de su pésame se escucha como un golpe adicional. ¿Es eso todo lo que tiene que decirnos el Presidente? ¿Ésa es su posición frente al nuevo latigazo de la violencia?
El Presidente siguió el mismo libreto que ha usado tantas veces en ocasiones terribles: 1. Condena del crimen. 2. Calificación de la salvajada. 3. Rechazo a la impunidad. 4. Reiteración de que no habrá impunidad. 5. Llamado al compromiso de todas las fuerzas políticas. 6. Convocatoria a la unidad nacional.
No niego sentido a estos seis puntos. Me parecen elementos necesarios en el discurso de un jefe de Estado ante circunstancias espantosas. Incluyen un recordatorio de las vidas segadas por la violencia, un compromiso de justicia y un llamado a la unión. Lo que no aparece aquí, lo que no aparece por ningún lado, es la reflexión honesta sobre el rumbo de su estrategia y el asomo de una perspectiva autocrítica. Tal vez la conmoción se ha vuelto a tal punto rutinaria que no es capaz ya de sacudir nuestras certezas. Podría pensarse que el duelo no es el momento para hacer público un examen de conciencia. Pero hay algo que la urgencia revela: si el hombre es capaz de conmoverse, el político no se altera. La obcecación es inconmovible. Cualquier evento es una razón para perseverar. Pase lo que pase, debemos mantener el paso. Ése es el mensaje presidencial hoy, como ha sido el mensaje desde que definió apresuradamente su estrategia contra el crimen organizado. Insistir, perseverar, no flaquear.
La incomodidad que me produce el hermetismo de su discurso es la certeza de que Felipe Calderón no tiene elementos para reconocer su fracaso. No me interesa declarar aquí que eso ha sucedido, que el Presidente fracasó. Para un veredicto tan contundente no confío en mi juicio. Lo que me interesa decir es que, en caso de que eso fuera una realidad palmaria, el presidente de México sería intelectual y políticamente incapaz de reconocerlo. Si el fracaso le estallara en las manos, si se le presentara contundentemente ante los ojos, si todos los conocedores coincidieran en que su política ha encallado, si el fracaso le gritara en la oreja, Felipe Calderón sería incapaz de advertirlo. Se lo impiden su estructura mental, la rigidez de su voluntad, la envoltura de su pequeño equipo de fieles y ese poder que se le escurre día con día. Para Felipe Calderón el fracaso es sencillamente impensable. No dejará de abrirse a la crítica, no dejará de escuchar a los discrepantes, pero no tolerará que la duda perfore su convicción de que vamos bien, de que su ruta es la única y que cualquier alteración de rumbo sería una renuncia imperdonable. Qué útiles deben resultarle al Presidente tonterías como la de Vicente Fox, quien sugiere pactar una tregua con los criminales y una amnistía -¿con vochito?- a los sicarios. Posiciones tan absurdas como ésa deben servirle al Presidente para contrastar su firmeza con la tentación de abdicar. ¿Lo ven? La alternativa es pactar con asesinos. En realidad, ninguna persona seria considera que la ocurrencia foxiana merezca análisis. Lo que debe ponderarse son alternativas inteligentes y eficaces para enfrentar al crimen y reducir la violencia en el país.
El Presidente camina con empeño. No ha permitido que nada distraiga su paso. Nuestro drama no es su tenacidad sino la ausencia de referentes de avance y la indisposición para aceptar que el fracaso es posible.
Reforma
La imaginación gubernamental se ejercita en calificativos. Las sorpresas de la barbarie son recibidas con creatividad para el adjetivo. Poco más. El Presidente reacciona públicamente a la nueva atrocidad tras consultar el diccionario de sinónimos. Su trabajo no es otro que repetir un discurso que ha pronunciado mil veces, agregando un par de palabras de indignación. Ataques bárbaros, inhumanos, indecibles, sin corazón, incalificables, mezquinos, crueles, atroces, despiadados, bestiales, estúpidos, irracionales, terroristas. Se ha vuelto rutina ver al presidente mexicano vestido de luto. Traje negro, corbata negra y párpados de duelo. Lo volví a ver hace unos días tras el crimen de Monterrey. Lo escuché oprimir de nuevo el botón de su discurso acostumbrado. No me parecieron ahora, como no me han parecido nunca, palabras de un hombre insensible. Todo lo contario, al escucharlo y, sobre todo, al verlo, se percibe su aflicción profunda, auténtica. Pero ahora, tras el crimen perpetrado con frialdad contra inocentes, la reiteración de su pésame se escucha como un golpe adicional. ¿Es eso todo lo que tiene que decirnos el Presidente? ¿Ésa es su posición frente al nuevo latigazo de la violencia?
El Presidente siguió el mismo libreto que ha usado tantas veces en ocasiones terribles: 1. Condena del crimen. 2. Calificación de la salvajada. 3. Rechazo a la impunidad. 4. Reiteración de que no habrá impunidad. 5. Llamado al compromiso de todas las fuerzas políticas. 6. Convocatoria a la unidad nacional.
No niego sentido a estos seis puntos. Me parecen elementos necesarios en el discurso de un jefe de Estado ante circunstancias espantosas. Incluyen un recordatorio de las vidas segadas por la violencia, un compromiso de justicia y un llamado a la unión. Lo que no aparece aquí, lo que no aparece por ningún lado, es la reflexión honesta sobre el rumbo de su estrategia y el asomo de una perspectiva autocrítica. Tal vez la conmoción se ha vuelto a tal punto rutinaria que no es capaz ya de sacudir nuestras certezas. Podría pensarse que el duelo no es el momento para hacer público un examen de conciencia. Pero hay algo que la urgencia revela: si el hombre es capaz de conmoverse, el político no se altera. La obcecación es inconmovible. Cualquier evento es una razón para perseverar. Pase lo que pase, debemos mantener el paso. Ése es el mensaje presidencial hoy, como ha sido el mensaje desde que definió apresuradamente su estrategia contra el crimen organizado. Insistir, perseverar, no flaquear.
La incomodidad que me produce el hermetismo de su discurso es la certeza de que Felipe Calderón no tiene elementos para reconocer su fracaso. No me interesa declarar aquí que eso ha sucedido, que el Presidente fracasó. Para un veredicto tan contundente no confío en mi juicio. Lo que me interesa decir es que, en caso de que eso fuera una realidad palmaria, el presidente de México sería intelectual y políticamente incapaz de reconocerlo. Si el fracaso le estallara en las manos, si se le presentara contundentemente ante los ojos, si todos los conocedores coincidieran en que su política ha encallado, si el fracaso le gritara en la oreja, Felipe Calderón sería incapaz de advertirlo. Se lo impiden su estructura mental, la rigidez de su voluntad, la envoltura de su pequeño equipo de fieles y ese poder que se le escurre día con día. Para Felipe Calderón el fracaso es sencillamente impensable. No dejará de abrirse a la crítica, no dejará de escuchar a los discrepantes, pero no tolerará que la duda perfore su convicción de que vamos bien, de que su ruta es la única y que cualquier alteración de rumbo sería una renuncia imperdonable. Qué útiles deben resultarle al Presidente tonterías como la de Vicente Fox, quien sugiere pactar una tregua con los criminales y una amnistía -¿con vochito?- a los sicarios. Posiciones tan absurdas como ésa deben servirle al Presidente para contrastar su firmeza con la tentación de abdicar. ¿Lo ven? La alternativa es pactar con asesinos. En realidad, ninguna persona seria considera que la ocurrencia foxiana merezca análisis. Lo que debe ponderarse son alternativas inteligentes y eficaces para enfrentar al crimen y reducir la violencia en el país.
El Presidente camina con empeño. No ha permitido que nada distraiga su paso. Nuestro drama no es su tenacidad sino la ausencia de referentes de avance y la indisposición para aceptar que el fracaso es posible.
¿Cómo explicar lo del Casino Royale?
Leo Zuckermann (@leozuckermann)
Juegos de Poder
Excélsior
Parece un acto típico de extorsionadores que necesitan publicitar su capacidad violenta para que funcione su empresa criminal.
¿Cómo entender el acto criminal del jueves pasado en el Casino Royale de Monterrey donde murieron 53 personas? ¿Cómo es posible que un puñado de delincuentes, con toda impunidad, sin utilizar máscaras, se presente al lugar y le prenda fuego en una operación de menos de tres minutos?
Puede pensarse, desde luego, que se trató de un acto de locura. Que los matones, a lo mejor bajo la influencia de una droga, embriagados de poder, fueron a hacer una “travesura”. Por desgracia, nunca hay que descartar la irracionalidad como hipótesis de los actos más violentos de la humanidad. Quizá éste haya sido otro caso más.
Pero, si se parte de la premisa de que más bien fue una acción racional, pues hay otras hipótesis. ¿Fueron los narcotraficantes los que incendiaron el Casino Royale? No parecería ser el caso. A los narcos, para prosperar, les conviene mantener un bajo perfil. No les conviene llamar la atención a fin de poder comercializar sus productos y, sobre todo, exportarlos al mercado estadunidense. A menos, desde luego, que tengan que enfrentarse a sus competidores. Ahí sí que están dispuestos a sacar sus ejércitos para defender territorios y rutas de trasiego. No toleran la competencia y, como operan un negocio ilegal con equilibrios económicos endebles, pues la manera de hacerse respetar y de honrar contratos y acuerdos es ejerciendo la violencia.
En este sentido, una posible hipótesis de lo ocurrido en el Casino Royale tendría que ver con que los centros de juego sirven para lavar dinero del narco y todo tipo de negocios ilegales. En Monterrey, como en muchos lugares del país, han proliferado los casinos literalmente amparados por el Poder Judicial. Es difícil pensar que haya tanto mercado para tantos establecimientos; que haya tantos “ludópatas” en México (ahora les llaman así a los jugadores empedernidos). Podría ser el caso que el dueño del Casino Royale no cumplió con un pacto de lavado de dinero con sus socios del crimen organizado. Y, ante esto, pues fueron a quemarle el lugar y a matarle a 53 de sus clientes. A fin de comprobar esta hipótesis será fundamental investigar a los dueños del Casino Royale y sus posibles nexos con las mafias. Por lo pronto, resulta muy significativo que, a la fecha, no se sepa quiénes son ni dónde están.
He ahí una posible hipótesis. Sin embargo, me parece una violencia excesiva lo ocurrido en el Casino Royale como venganza por un asunto de lavado de dinero. A los narcos no les conviene generar tanta indignación social que, a la postre, produce presión sobre el gobierno que, a su vez, desemboca con una reacción muy dura del Estado en contra de los criminales que trafican drogas. En otras palabras: son muchos costos a cambio de un beneficio relativamente menor.
Y no nos hagamos bolas: la diferencia entre el crimen organizado y el desorganizado es que el primero son empresas que actúan racionalmente tratando de maximizar beneficios y minimizar costos. Bajo esta lógica, de un acto racional de delincuencia organizada, me parece que la hipótesis más plausible para explicar lo del Casino Royale estaría en la extorsión. Éste, a diferencia del narcotráfico, es un negocio que necesita mandar mensajes muy violentos para obtener beneficios. La amenaza de “si no me pagas una cuota semanal, te incendio el lugar” tiene que ser creíble para que el empresario pague puntualmente. Y al que no paga, le destruyen el negocio.
Se trata, desde luego, de uno de los delitos que más afectan a la sociedad y al bienestar económico de una región. Además, típicamente genera una violencia desmedida ya que los criminales necesitan de la publicidad para hacerse creíbles. Violencia tan descarnada como la que vimos el jueves pasado en Monterrey. Después de lo del Casino Royale, ¿cuál negocio no va a pagar su cuota? Envalentonados, los extorsionadores llegarán con los empresarios y les dirán: “Pues nada más acuérdate de lo que ocurrió en Monterrey”.
Me parece que lo del Casino Royale hay que conectarlo con el reporte de la asociación civil México Evalúa, de la semana pasada. Resulta que la extorsión es el crimen que más ha crecido estos años en el país: “Este delito muestra una clara tendencia ascendente desde enero de 1997 hasta mayo de 2011 […] El promedio mensual de denuncias de extorsión ascendió de 136 con Zedillo, a 185 con Fox, y a 418 con Calderón. Lo anterior significa que entre Zedillo y Calderón, el promedio mensual de denuncias de extorsión se incrementó 209%”. Y estos son datos con base en las denuncias presentadas a la autoridad. Seguramente hay muchos más actos de extorsión que nunca se denuncian.
Sobre el Casino Royale, hay otra hipótesis que manejó el presidente Calderón en su discurso: que se trató de un acto terrorista. En este sentido, habría sido una maniobra premeditada del crimen organizado para generar miedo en la población, de tal suerte que la sociedad, aterrada, presione al gobierno para que éste deje de perseguirlos y puedan operar con libertad sus negocios ilegales. Sin embargo, la historia enseña que esta estrategia nunca les ha funcionado a los delincuentes, sobre todo a los narcos. Lo único que ha hecho, en Colombia o Perú, es meterle más candela a la persecución criminal. Partiendo de la premisa de que esto no le conviene a ningún delincuente, pues no suena plausible la hipótesis del terrorismo.
Lo del Casino Royale parece un acto típico de extorsionadores que necesitan publicitar su capacidad violenta para que funcione su empresa criminal. Y la extorsión, por desgracia, ha venido creciendo de manera significativa estos años en México. Se trata de uno de los crímenes que más agravian a la sociedad y de los que peores consecuencias tienen para la economía. Por eso el Estado debe atacarlo de manera prioritaria incluso sobre el narcotráfico.
Juegos de Poder
Excélsior
Parece un acto típico de extorsionadores que necesitan publicitar su capacidad violenta para que funcione su empresa criminal.
¿Cómo entender el acto criminal del jueves pasado en el Casino Royale de Monterrey donde murieron 53 personas? ¿Cómo es posible que un puñado de delincuentes, con toda impunidad, sin utilizar máscaras, se presente al lugar y le prenda fuego en una operación de menos de tres minutos?
Puede pensarse, desde luego, que se trató de un acto de locura. Que los matones, a lo mejor bajo la influencia de una droga, embriagados de poder, fueron a hacer una “travesura”. Por desgracia, nunca hay que descartar la irracionalidad como hipótesis de los actos más violentos de la humanidad. Quizá éste haya sido otro caso más.
Pero, si se parte de la premisa de que más bien fue una acción racional, pues hay otras hipótesis. ¿Fueron los narcotraficantes los que incendiaron el Casino Royale? No parecería ser el caso. A los narcos, para prosperar, les conviene mantener un bajo perfil. No les conviene llamar la atención a fin de poder comercializar sus productos y, sobre todo, exportarlos al mercado estadunidense. A menos, desde luego, que tengan que enfrentarse a sus competidores. Ahí sí que están dispuestos a sacar sus ejércitos para defender territorios y rutas de trasiego. No toleran la competencia y, como operan un negocio ilegal con equilibrios económicos endebles, pues la manera de hacerse respetar y de honrar contratos y acuerdos es ejerciendo la violencia.
En este sentido, una posible hipótesis de lo ocurrido en el Casino Royale tendría que ver con que los centros de juego sirven para lavar dinero del narco y todo tipo de negocios ilegales. En Monterrey, como en muchos lugares del país, han proliferado los casinos literalmente amparados por el Poder Judicial. Es difícil pensar que haya tanto mercado para tantos establecimientos; que haya tantos “ludópatas” en México (ahora les llaman así a los jugadores empedernidos). Podría ser el caso que el dueño del Casino Royale no cumplió con un pacto de lavado de dinero con sus socios del crimen organizado. Y, ante esto, pues fueron a quemarle el lugar y a matarle a 53 de sus clientes. A fin de comprobar esta hipótesis será fundamental investigar a los dueños del Casino Royale y sus posibles nexos con las mafias. Por lo pronto, resulta muy significativo que, a la fecha, no se sepa quiénes son ni dónde están.
He ahí una posible hipótesis. Sin embargo, me parece una violencia excesiva lo ocurrido en el Casino Royale como venganza por un asunto de lavado de dinero. A los narcos no les conviene generar tanta indignación social que, a la postre, produce presión sobre el gobierno que, a su vez, desemboca con una reacción muy dura del Estado en contra de los criminales que trafican drogas. En otras palabras: son muchos costos a cambio de un beneficio relativamente menor.
Y no nos hagamos bolas: la diferencia entre el crimen organizado y el desorganizado es que el primero son empresas que actúan racionalmente tratando de maximizar beneficios y minimizar costos. Bajo esta lógica, de un acto racional de delincuencia organizada, me parece que la hipótesis más plausible para explicar lo del Casino Royale estaría en la extorsión. Éste, a diferencia del narcotráfico, es un negocio que necesita mandar mensajes muy violentos para obtener beneficios. La amenaza de “si no me pagas una cuota semanal, te incendio el lugar” tiene que ser creíble para que el empresario pague puntualmente. Y al que no paga, le destruyen el negocio.
Se trata, desde luego, de uno de los delitos que más afectan a la sociedad y al bienestar económico de una región. Además, típicamente genera una violencia desmedida ya que los criminales necesitan de la publicidad para hacerse creíbles. Violencia tan descarnada como la que vimos el jueves pasado en Monterrey. Después de lo del Casino Royale, ¿cuál negocio no va a pagar su cuota? Envalentonados, los extorsionadores llegarán con los empresarios y les dirán: “Pues nada más acuérdate de lo que ocurrió en Monterrey”.
Me parece que lo del Casino Royale hay que conectarlo con el reporte de la asociación civil México Evalúa, de la semana pasada. Resulta que la extorsión es el crimen que más ha crecido estos años en el país: “Este delito muestra una clara tendencia ascendente desde enero de 1997 hasta mayo de 2011 […] El promedio mensual de denuncias de extorsión ascendió de 136 con Zedillo, a 185 con Fox, y a 418 con Calderón. Lo anterior significa que entre Zedillo y Calderón, el promedio mensual de denuncias de extorsión se incrementó 209%”. Y estos son datos con base en las denuncias presentadas a la autoridad. Seguramente hay muchos más actos de extorsión que nunca se denuncian.
Sobre el Casino Royale, hay otra hipótesis que manejó el presidente Calderón en su discurso: que se trató de un acto terrorista. En este sentido, habría sido una maniobra premeditada del crimen organizado para generar miedo en la población, de tal suerte que la sociedad, aterrada, presione al gobierno para que éste deje de perseguirlos y puedan operar con libertad sus negocios ilegales. Sin embargo, la historia enseña que esta estrategia nunca les ha funcionado a los delincuentes, sobre todo a los narcos. Lo único que ha hecho, en Colombia o Perú, es meterle más candela a la persecución criminal. Partiendo de la premisa de que esto no le conviene a ningún delincuente, pues no suena plausible la hipótesis del terrorismo.
Lo del Casino Royale parece un acto típico de extorsionadores que necesitan publicitar su capacidad violenta para que funcione su empresa criminal. Y la extorsión, por desgracia, ha venido creciendo de manera significativa estos años en México. Se trata de uno de los crímenes que más agravian a la sociedad y de los que peores consecuencias tienen para la economía. Por eso el Estado debe atacarlo de manera prioritaria incluso sobre el narcotráfico.
Terrorismo y terror
Héctor Aguilar Camín (@aguilarcamin)
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio
Puede haber terror en una población sin que haya terrorismo. El terror supone un miedo generalizado. El terrorismo la intención de causarlo mediante uno o varios actos dirigidos a conseguir ese fin.
El gobierno de la República ha conferido a un acto terrorífico la condición de un acto terrorista, y ha otorgado al salvaje atentado contra un casino irregular que no pagaba su cuota de extorsión, el carácter de un acto político intencionadamente dirigido a crear pánico social, incertidumbre colectiva e inestabilidad política.
Ha convertido a unos criminales del raquet de la protección de casinos de la ciudad de Monterrey en una amenaza de violencia deliberada y sistemática contra la población de toda la República.
Me parece que, con toda su barbarie criminal, su inhumana frialdad, su repugnante desprecio por la vida de inocentes, el atentado contra el antro de apuestas casino Royale, en cuyas llamas quedaron mortalmente atrapados 53 clientes del sitio, no da para tanto.
El Presidente lee bien el sentimiento de luto y alarma de la opinión pública, pero conduce esa emoción incontestable a la explicación equivocada, una explicación que, viniendo de la autoridad presidencial, lejos de aliviar la presión, la multiplica, pues sugiere que estamos al principio de una época de terror sistemático más que ante un episodio terrorífico que tiene una explicación tan puntual como debe ser su castigo.
En Nuevo León hay un boom de casinos irregulares que viven sin permisos plenos y en previsible pago de extorsión a bandas criminales del lugar.
Son negocios que tienen un pie en la legalidad y otro en el trato rutinario con el crimen: porque pagan protección o porque lavan dinero. Hay que regularizarlos y hacerlos legales antes que volver sus ajustes de cuentas una expresión del terrorismo que acecha al conjunto de la sociedad.
La reparación moral que merecen las víctimas de este atentado sólo puede ser uno: investigar, detener, exhibir y castigar a los culpables.
Escalar oratoriamente el conflicto hasta las nubes incendiadas del terrorismo es una forma de hacer terrorismo con las palabras. No necesitamos discursos ni gestos oratorios. Lo que necesitamos es investigación judicial sólida y castigo de los culpables, tanto de los autores materiales como de los intelectuales, y de la red de influencias políticas, permisos, empresarios, jueces y autoridades que tienen el país lleno de negocios de juego por su mayor parte irregulares.
¿Terrorismo? No. Impunidad.
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio
Puede haber terror en una población sin que haya terrorismo. El terror supone un miedo generalizado. El terrorismo la intención de causarlo mediante uno o varios actos dirigidos a conseguir ese fin.
El gobierno de la República ha conferido a un acto terrorífico la condición de un acto terrorista, y ha otorgado al salvaje atentado contra un casino irregular que no pagaba su cuota de extorsión, el carácter de un acto político intencionadamente dirigido a crear pánico social, incertidumbre colectiva e inestabilidad política.
Ha convertido a unos criminales del raquet de la protección de casinos de la ciudad de Monterrey en una amenaza de violencia deliberada y sistemática contra la población de toda la República.
Me parece que, con toda su barbarie criminal, su inhumana frialdad, su repugnante desprecio por la vida de inocentes, el atentado contra el antro de apuestas casino Royale, en cuyas llamas quedaron mortalmente atrapados 53 clientes del sitio, no da para tanto.
El Presidente lee bien el sentimiento de luto y alarma de la opinión pública, pero conduce esa emoción incontestable a la explicación equivocada, una explicación que, viniendo de la autoridad presidencial, lejos de aliviar la presión, la multiplica, pues sugiere que estamos al principio de una época de terror sistemático más que ante un episodio terrorífico que tiene una explicación tan puntual como debe ser su castigo.
En Nuevo León hay un boom de casinos irregulares que viven sin permisos plenos y en previsible pago de extorsión a bandas criminales del lugar.
Son negocios que tienen un pie en la legalidad y otro en el trato rutinario con el crimen: porque pagan protección o porque lavan dinero. Hay que regularizarlos y hacerlos legales antes que volver sus ajustes de cuentas una expresión del terrorismo que acecha al conjunto de la sociedad.
La reparación moral que merecen las víctimas de este atentado sólo puede ser uno: investigar, detener, exhibir y castigar a los culpables.
Escalar oratoriamente el conflicto hasta las nubes incendiadas del terrorismo es una forma de hacer terrorismo con las palabras. No necesitamos discursos ni gestos oratorios. Lo que necesitamos es investigación judicial sólida y castigo de los culpables, tanto de los autores materiales como de los intelectuales, y de la red de influencias políticas, permisos, empresarios, jueces y autoridades que tienen el país lleno de negocios de juego por su mayor parte irregulares.
¿Terrorismo? No. Impunidad.
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