Reforma
Imposible encontrar un ejemplo más ilustrativo de cómo la partidocracia está desintegrando una institución fundamental del entramado democrático. Ninguno de los partidos se preocupa por la legitimidad del IFESobrerregulación, amordazamiento, censura, simulación, deslegitimación, desintegración, spotización, desinformación. Consecuencias, todas, de la contrarreforma electoral de 2007. El IFE, que fue en algún momento la joya de la corona, ha sido seriamente dañado por la partidocracia.
La sobrerregulación está en todas partes. El proceso electoral 2012 inició oficialmente el pasado viernes 7 de octubre. El día 19 es la fecha límite para que los partidos determinen el procedimiento de selección de sus candidatos.
Siguiendo ese calendario, el viernes 18 de noviembre deberán expedirse las convocatorias para los procesos de selección. Y del 9 al 16 de diciembre se abrirá el registro de precandidatos.
Esto significa que los partidos deberán presentar en esa semana no sólo la lista de los precandidatos a la Presidencia de la República, sino también la de todos los aspirantes a una diputación o senaduría.
Las precampañas iniciarán el domingo 18 de diciembre y concluirán, a más tardar, el miércoles 15 de febrero de 2012.
Antes de esas fechas cualquier pronunciamiento o publicidad será sancionado por el IFE. No importa que provenga de un ciudadano, de un fuerte aspirante a la Presidencia de la República o de un militante que desea convertirse en diputado o senador.
Los comicios internos de los partidos deberán celebrarse del 16 al 22 de febrero. Y el viernes 30 de marzo arrancará oficialmente la campaña por la Presidencia de la República y la integración del Congreso.
Imposible imaginar un procedimiento más burocrático y rígido para las precampañas y selección de candidatos. La contrarreforma complicó lo que era sencillo. Hubiera bastado con fijar fechas de registro y dejar a los partidos en libertad de determinar tiempos y métodos de selección.
La Constitución y el Cofipe prohíben que los partidos y las personas morales y físicas contraten tiempo en radio y televisión para influir en los ciudadanos durante el proceso electoral. Pero lo que se confisca a "todos", se reintegra a los partidos mediante los tiempos oficiales que se les otorga en medios electrónicos.
Eso significa que los únicos que tienen derecho a manifestar opiniones y hacer campaña en los medios electrónicos son los partidos. Y, en el interior de ellos, ese derecho se confisca a los militantes y se deposita en los órganos de dirección, integrados por unos cuantos personajes.
Pero las "bondades" de la contrarreforma no terminan allí. El artículo 41 de la Constitución establece que ni los partidos ni los candidatos podrán hacer "campañas negativas" contra sus adversarios. La prohibición se establece con una palabra precisa: no se debe denigrar al contrincante. Esto significa que cualquier crítica o denuncia queda estrictamente prohibida.
De ese modo, se atenta contra la libertad de información, se transforma las campañas y debates en intercambios "celestiales" y lo más grave: para sancionar cualquier infracción, se convierte al IFE en un organismo censor que debe examinar y autorizar los spots que transmitan los partidos.
La prohibición de compra de espacio en los medios electrónicos ha generado un nuevo fenómeno: la simulación. Previamente a la contrarreforma, partidos y candidatos compraban tiempo y transmitían su propaganda. Era una transacción abierta y legal.
Ahora las cosas ocurren por debajo de la mesa. Los políticos y los partidos compran tiempo en los medios, pero simulan que no es así. Resulta, por eso, incongruente que Felipe Calderón haya denunciado hace unas semanas esa situación, cuando fue él quien le dio el visto bueno a la contrarreforma de 2007.
"Hemos violado la Constitución", dijo esta semana Emilio Chuayffet, presidente de la Cámara de Diputados. Su mea culpa se refiere a que han sido incapaces de elegir tres consejeros vacantes del IFE. La incapacidad deriva de que los partidos, particularmente PRI, PAN y PRD, no han podido alcanzar un acuerdo.
Este hecho puede ser explicado únicamente de dos maneras: la primera es que los "honorables" diputados no han podido encontrar entre 110 millones de mexicanos tres personas con capacidad moral y profesional para desempeñar el cargo.
La segunda es que los partidos proponen nombres con un claro sello partidista. De ahí la dificultad de la transacción. Mientras el PRI, que tiene mayoría en la Cámara, quiere que al menos dos lleven su impronta, el PAN y el PRD se resisten a quedarse sólo con el restante.
Imposible encontrar un ejemplo más ilustrativo de cómo la partidocracia está desintegrando una institución fundamental del entramado democrático. Ninguno de los partidos ve más allá de sus narices ni se preocupa por la legitimidad y autonomía del IFE.
Su forma de operar pone en claro que consideran a los consejeros correas de transmisión. Nada más. Para ellos, la imparcialidad del Consejo deriva de la "filiación" de los consejeros (dos azules, dos amarillos y dos rojos), no de su calidad y profesionalismo.
La última de las "bondades" de la contrarreforma de 2007 es la spotización de la política. La experiencia ya la sufrimos en 2009. Spots que no transmiten información, ni crítica, repetidos en todos los medios y a todas horas. Serán 40 millones, incluida la propaganda del IFE.
Y a todo esto se suma la inconsistencia de los consejeros electorales. Leonardo Valdés, presidente del IFE, afirma, esta semana, que se perfeccionará el Programa de Resultados Preliminares (PREP) para no repetir los errores que se cometieron en 2006.
Ante semejante despropósito, porque si algo funcionó bien en la pasada elección presidencial fue el PREP, uno se interroga por la calidad profesional de los consejeros.
Peor, imposible.
