octubre 14, 2011

De coalición a coalición

Miguel Ángel Granados Chapa
miguelangel@granadoschapa.com
Plaza Pública
Reforma

Es deseable que el espíritu impulse a la música y otras artes y ciencias y otras formas de hacer que renazca la vida, permitan a nuestro país escapar de la pudrición que no es destino

Es preciso eliminar la confusión posible entre una coalición electoral, figura jurídica ya existente en nuestro derecho, y la propuesta en curso de integrar gobiernos de coalición. Ambas, por supuesto, demandan la integración de voluntades partidarias. Pero su propósito es diferente. En la alianza electoral se trata de triunfar en comicios, y si bien suele pactarse un programa de gobierno, de que se le incumpla no necesariamente se siguen consecuencias para la gobernabilidad. Es conveniente hablar de esa primera significación, porque aunque sean pocos y luzcan trasnochados, aun hay quienes hablan de la unión de PAN y el PRD para evitar la victoria priista el año próximo. Pero no es tal coalición de la que hablamos ahora, sino de una reforma constitucional iniciada por el senador Manlio Fabio Beltrones para introducir el gobierno de coalición, que puede configurarse aun entre partidos que hayan contendido abiertamente en las elecciones previas.

El fin principal de esta innovación es garantizar los acuerdos entre partidos conforme a programas y responsabilidades compartidos. También se procura evitar los intentos casuísticos de consenso, que se cumplen parcialmente y por lo mismo suelen fracasar, amén de generar entre las partes incriminaciones. Acuerdos a medias, o desacuerdos francos dejan un poso de resentimiento entre los ciudadanos, una sensación de que la democracia práctica, la que conduce a resultados, es imposible.

No son ésas necesariamente las bases de que parte la iniciativa de Beltrones pero sí sus consecuencias. Nadie es tan ingenuo para ignorar que el dirigente senatorial camina en dos sendas cuya meta es la Presidencia de la República. Lo hace con andar acompasado. Presentó el 14 de septiembre el proyecto de reforma constitucional de que hablamos y lo ha ido rodeando de apoyos, procedentes de partidos y personas entre los cuales la iniciativa se aprecia en sus propios méritos. Consiguió el apoyo de los líderes de las fracciones a las que, como presidente de la Junta de Coordinación Política o de la Mesa Directiva del Senado, ha encabezado por más de cuatro años. Es menos afortunada la suerte de su proyecto en la Cámara de Diputados, donde proliferan los partidarios de Enrique Peña Nieto, capaces de ver sólo pasos de Beltrones hacia la candidatura presidencial y no el empuje de un dirigente legislativo que, amén de su destino personal, se halla en la ocasión de echar adelante reformas estructurales que favorezcan el desarrollo y la democracia.

Con suertes distintas, Beltrones ha impulsado reformas constitucionales de enorme alcance o que quedaron como meras trochas que hay que despejar para transitar sobre ellas. La reforma constitucional en materia electoral transformó a profundidad el sistema de medios de comunicación en esa materia. Si bien sus habilidades políticas y un adecuado ejercicio de la oportunidad le evitaron pagar el alto costo de un conjunto de medidas que aun lastiman a profundidad a los concesionarios de radio y televisión, lo cierto es que tuvo el valor y la audacia para hacer saber a los dueños de esos poderes fácticos que es posible enfrentar desde los poderes institucionales que no son, como algunos miembros de la CIRT suponen, propiedad particular suya, sino bienes de la nación.

Pretendió también Beltrones, esta vez sin resultado alguno, una reforma hacendaria que abarque todos los recursos del Estado, y ejerza la autoridad del Estado sobre los ingresos y el gasto público. En este caso pudo más el coyunturalismo preelectoral y la propuesta se atoró en los lodazales del interés partidario interno del PRI (como ha ocurrido con la reelección de legisladores) y con ello se evitó la libre conjunción de intereses partidarios y los de parcelas extensas de ciudadanos.

Tras el avance parlamentario de su iniciativa, Beltrones ha conseguido el apoyo de un grupo relevante de la sociedad civil, que la resumieron y ofrecieron sustento relevante en un texto titulado "Democracia constitucional". Son cuarenta y seis los firmantes y es imposible darles aquí espacio a todos sus nombres. Incluyen militantes políticos (sólo unos cuantos del PRI) en receso o activos, creadores artísticos, intelectuales, investigadores, etcétera. Es posible que ninguno de ellos (salvo los senadores Pedro Joaquín y Francisco Labastida) voten por Beltrones en la elección interna o constitucional, porque es remoto el progreso del ex gobernador de Sonora en esa ruta. Pero con su iniciativa buscan impulsar esa posibilidad y contribuir a mitigar las lastimosas condiciones de vida de nuestro país.

Casi nadie entre los firmantes, y por supuesto entre los mexicanos todos, puede negar la terrible situación en que nos hallamos envueltos: la inequidad social, la pobreza, la incontenible violencia criminal, la corrupción que tantos beneficiarios genera, la lenidad recíproca, unos peores que otros, la desesperanza social. Todos esos factores, y otros que omito involuntariamente pero que actúan en conjunto, forman un cambalache como esa masa maloliente a la que cantó Enrique Santos Discépolo en la Argentina de 1945.

Con todo, pudo cantarle. Es deseable que el espíritu impulse a la música y otras artes y ciencias y otras formas de hacer que renazca la vida, permitan a nuestro país escapar de la pudrición que no es destino inexorable. Sé que es un deseo pueril, ingenuo, pero en él creo, pues he visto que esa mutación se concrete.

Esta es la última vez en que nos encontramos. Con esa convicción digo adiós.

México, Irán y la hipocresía del Tío Sam

Fran Ruiz (@perea_fran)
fran@cronica.com.mx
La aldea global
La Crónica de Hoy

En dos días hemos pasado de los elogios de EU a México, por haber ayudado a desmantelar una trama terrorista en Washington, presuntamente financiada por Irán, a criticar y presionar al gobierno de Calderón, por mantener relaciones diplomáticas con Teherán.

“¿Para qué necesita México a Irán?”, se preguntó el congresista republicano Ed Royce, tras sugerir una ruptura de relaciones entre ambos países, al quedar probada, según dijo, la conexión entre el cártel de Los Zetas y el régimen islámico.

Sostiene Royce, presidente del subcomité de Terrorismo de la Cámara de los Representantes, que hay “ciertas normas de conducta” que deben acatar todas las naciones y que si las violan deben pagar las consecuencias. Esto es lo que pide que haga México con el régimen iraní, tras haber sido acusado por el FBI de intentar asesinar, con la ayuda de narcos mexicanos, al embajador saudí en Washington.

Por su parte, el demócrata Albio Sires expresó así lo que debería hacer México: “Cuando viene un extranjero a tu país a reclutar unas personas que están destruyendo tu país, creo que deberían repensar cuál es la relación que deben tener con ese país extranjero”.

Tiene razón el demócrata, pero yo antes que señalar a Irán señalaría a Estados Unidos: “Cuando viene EU a entregar armas a unas personas que están destruyendo tu país, creo que México debería repensar cuál es la relación que deben tener con ese país extranjero”.

¿Les suena lo de la entrega de armas? Al legislador Royce, el mismo que denuncia que Irán cruzó una línea roja en México, se ve que no o se le olvida convenientemente.

Las acusaciones vertidas contra Irán aún están por probar, pero lo que ya ha quedado probado es la existencia de al menos dos operaciones “Rápido y Furioso” para introducir ilegalmente armas en México, muchas de las cuales fueron usadas por los narcos para cometer crímenes. Aquí no estamos hablando ya de una “conducta inapropiada”, sino de un acto delictivo supuestamente autorizado por el procurador general de EU, Eric Holder, según denuncian varios documentos secretos donde plasmó su firma.

Bajo la misma lógica de los congresistas estadunidenses, que exigen a México que ponga en revisión sus relaciones con Teherán, el gobierno mexicano debería poner en revisión sus relaciones con Washington, ya que su fallida operación ilegal “Rápido y Furioso” ha costado muchas vidas.

Por tanto, es el gobierno de México el que debería exigir responsabilidades al de EU, y no al contrario.

Tiene razón el secretario de Estado para Narcóticos y Seguridad, William Brownfield, cuando advierte de que “el mayor peligro para EU es el narcotráfico”, desde luego que lo es, y mucho más si encima Estados Unidos les entrega las armas.

Así que, antes de preocuparse por una posible alianza entre Los Zetas y la Guardia Republicana iraní, ya saben los congresistas de EU lo que tienen que hacer: cortar el flujo de contrabando de armas y municiones desde sus estados fronterizos a México. Si los republicanos tienen tanto miedo a que la seguridad nacional de EU esté amenazada por esta alianza delictiva ¿por qué bloquean cualquier intento del gobierno de Obama para endurecer las leyes sobre el control de armas?

Mientras EU siga gastando miles de millones de dólares en comprar droga a los narcotraficantes y mientras no se impida la venta masiva de todo tipo de armas, sin apenas control, los carteles del narcotráfico seguirán aliándose con quienes crean conveniente, poniendo en peligro no sólo la tranquilidad de los mexicanos, sino la de los estadunidenses.

Dos opciones

Macario Schettino (@macariomx)
schettino@eluniversal.com.mx
Profesor del ITESM-CCM
El Universal

Empezó el proceso electoral el viernes pasado, de forma que la Reforma Política que está en discusión en el Congreso, como cualquier cambio relacionado con lo electoral y la forma de gobierno, será para después. Dada la composición de la Cámara, no es nada sorprendente el resultado: cambios cosméticos, muy limitados. Tarde, mal y nunca.

Insisto en que hay dos posturas hoy en México. Una considera que el camino que hemos tomado no es el correcto, y que debemos corregir; la otra cree que el camino por el que vamos es el que nos conviene, pero que debemos terminar el recorrido.

El experimento social más importante del siglo XX fue la creación de regímenes colectivistas. Se argumentaba que el capitalismo no era sino una forma de explotar a las mayorías, y que había una alternativa preferible, que consistía en un Estado capaz de asumir los intereses de esa mayoría y ponerlos por encima de los capitalistas. Las ideas detrás de este argumento no eran muy sólidas, y por ello no habían tenido mayor éxito en el siglo previo. Sin embargo, el golpe de mano de Lenin en Rusia las hizo aparecer como factibles. De diversas formas, decenas de naciones se sumaron al experimento. En todas se colocaba al Estado como el guía de la nación, y en todos los casos se trataba de un Estado autoritario. El esquema más común fue el iniciado por Mussolini, en el que se corporativizaba la sociedad para su mejor control.

Todos los países que apostaron al experimento fracasaron. El derrumbe generalizado ocurrió en la década de los 80. En varios de ellos se intentó liberalizar primero la economía, pero manteniendo vigente el control político. Uno de ellos fue México. El proceso de transformación económica iniciado en 1986 se acompañó de un fortalecimiento del control político. Ése es el salinato, el neoliberalismo, o el “liberalismo social”, como usted guste llamarlo.

Este intento no pudo sostenerse, principalmente debido al asesinato de Luis Donaldo Colosio, que desestabilizó el último año de gobierno de Salinas y detonó una crisis económica que muy probablemente hubiese ocurrido de cualquier manera, pero que sin duda tuvo mayor impacto debido al clima político. Me sigue pareciendo el móvil más sólido, por cierto.

En tres años pasamos de este intento de liberalismo económico con autoritarismo político al derrumbe del régimen. Desde entonces, con reglas viejas e inútiles, no se puede decidir prácticamente nada, pero los cambios económicos previos nos han alcanzado para mantener una economía inercial que crece poco, pero suficiente para tener hoy la menor pobreza (relativa) y mejor distribución del ingreso de nuestra historia.

Desde 1997, con elecciones competidas y confiables, las dos posturas se han enfrentado. Ninguna ha logrado tener una mayoría, en buena medida porque esas dos posturas están distribuidas en tres partidos políticos. Uno de ellos, que sigue siendo el que más votos recibe (aunque sean cada vez menos), tiene a su interior las dos posturas, y ha hecho disfuncional al sistema. Mientras el PAN apuesta con claridad al camino en que vamos, y el PRD se define en contra, el PRI no logra decidirse. No es de extrañarse, puesto que se trata de un partido creado desde el poder para administrar los recursos políticos. No es un partido propio de la democracia, para decirlo claro, porque no tiene una postura común acerca del país. No tiene ideología alguna.

A su interior conviven las dos posturas sobre México, pero ha podido más la disciplina interna que los pensamientos autónomos de los priístas. Por primera vez las dos posturas son transparentes. Enrique Peña Nieto sostiene que el proyecto del PRI es muy claro: es la Constitución. Es decir, él, como el PRD, cree que se debe desandar lo transitado, y regresar a lo que, en su nostalgia, piensan que sirvió. Manlio Fabio Beltrones ha propuesto, con igual claridad, terminar el camino en que vamos.

El PRI es producto de ese experimento colectivista del siglo XX. No tiene cabida en el siglo presente y por eso apuesta al regreso. Por eso se ampara en la Constitución, documento anacrónico e inútil; por eso rechaza una reforma política seria; por eso obstaculiza reformas económicas relevantes.

Para tener un México democrático, competitivo y justo, es necesario dejar atrás, de forma definitiva, ese experimento fracasado del siglo XX, como lo han hecho ya decenas de países. Y eso no va a ocurrir ni con el PRD, ni con el PRI de Peña Nieto. Terminemos la transformación, terminemos el recorrido.

¿La hora de los gobiernos de coalición?

Andrés Oppenheimer (@oppenheimera)
El Informe Oppenheimer
Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de 46 políticos y académicos mexicanos, procedentes de todo el espectro ideológico, conmocionaron la política nacional esta semana con una audaz propuesta para acabar con la parálisis política del país: obligar a quien resulte electo en 2012 a formar un Gobierno de coalición.

La propuesta, que ocupó grandes titulares en las primeras planas de los principales periódicos, fue firmada por varios aspirantes presidenciales de los tres partidos más importantes, incluyendo al jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, del centro-izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), el senador Manlio Fabio Beltrones, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Santiago Creel, del centro-derechista Partido de Acción Nacional (PAN), así como por el escritor Carlos Fuentes y varios académicos prominentes.

Aunque otros políticos expresaron reservas sobre la propuesta, hay gran consenso en que México debe hacer algo para cambiar su disfuncional sistema de tres partidos fuertes, en el que dos partidos opositores sistemáticamente bloquean las propuestas legislativas del partido gobernante.

De manera muy semejante a lo que está ocurriendo actualmente en Washington, la falta de un Gobierno capaz de hacer aprobar leyes ha tenido un enorme impacto negativo en México en la última década, haciendo prácticamente imposible que los presidentes recientes pudieran lograr hacer muy necesarias reformas energéticas, laborales y fiscales. Como resultado, la economía mexicana ha venido creciendo a un ritmo mucho más lento que la de otros países latinoamericanos, incluso antes de sufrir el impacto de la crisis económica estadounidense de 2008.

"Es una buena idea", me señaló Robert Pastor, un experto en México de American University y autor del nuevo libro "La Idea de Norte-America", refiriéndose a la propuesta del Gobierno de coalición. "Refleja el deseo de todos los partidos de pasar a un modelo más eficiente".

Según la nueva propuesta, el Congreso mexicano aprobaría una enmienda constitucional alentando a los futuros Presidentes a formar gobiernos de coalición. También se crearía el cargo de "jefe de gabinete", cuyos nominados deberían ser ratificados por el Senado, y servirían de eslabones entre el jefe de Estado y el Congreso.

En una entrevista telefónica, el senador Beltrones, del PRI, me dijo que la enmienda constitucional sería de cumplimiento optativo para los futuros Presidentes, pero los alentaría a formar gobiernos de coalición. Aunque se han dado casos aislados de Presidentes mexicanos que han invitado a políticos de Oposición a sus gabinetes, dichos nombramientos muchas veces eran vistos como "acuerdos oscuros" que traicionaban lealtades políticas y la voluntad de los votantes, señaló.

"Poner esto en la Constitución sería re-educar a quienes vivimos en el sistema presidencialista y movernos a una cultura de la negociación", me señaló Beltrones.

El ex Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, del PRI, el actual favorito en las encuestas para ganar las elecciones de 2012, no ha firmado la propuesta de un Gobierno de coalición. Los partidarios de Peña Nieto prefieren una ley de "sobre-representación" parlamentaria que daría al partido ganador de las elecciones presidenciales una mayoría automática en el Congreso.

El Ministro de Gobierno del Presidente Felipe Calderón, Francisco Blake Mora, a su vez, ha señalado que prefiere otros mecanismos para llegar a un gobierno funcional, como adoptar el sistema de la segunda vuelta para elecciones presidenciales, cosa de que el ganador tenga un mandato. Calderón ganó las elecciones de 2006 con menos del 1 por ciento del voto.

El ex Canciller Jorge G. Castañeda, autor del nuevo libro "Mañana o Pasado", me dijo que no firmó la propuesta de crear gobiernos de coalición entre otras cosas porque no tiene muchas posibilidades de concretarse.

Castañeda señaló que Peña Nieto controla a 200 legisladores que no van a aprobar la propuesta, porque creen que su candidato ganará las elecciones cómodamente, y no necesitará ayuda de la Oposición para gobernar.

"Además, lo importante es estar de acuerdo en un programa de Gobierno, más que en el procedimiento", dijo Castañeda. "Quieren hacer un Gobierno de coalición, pero ¿coalición para hacer qué?".

Mi opinión: No me queda duda de que uno de los principales problemas de México en los últimos años ha sido una arquitectura política que no le permite gobernar a ningún Presidente. No sé si la solución es crear el cargo de jefe de gabinete, o adoptar elecciones con la posibilidad de una segunda vuelta, o alguna otra variante, pero cualquiera de esas alternativas sería mejor que el actual sistema de tres partidos fuertes, con dos que no dejan gobernar al que está en el poder.

Creo que es bueno instalar el tema como un asunto prioritario, no solo en México, sino también en Estados Unidos, donde las trabas políticas en el Congreso son en gran medida la causa por la cual no se logra terminar con la actual crisis económica que afecta a todo el mundo. Tal vez ha llegado el momento en que Washington -al igual que México- debería empezar a debatir nuevas formas para destrabar su parálisis política.

La impunidad de los diputados

Francisco Martín Moreno
Escritor
fmartinmoreno@yahoo.com
conferenciasmartinmoreno@yahoo.com
Excélsior

Se le puede aplicar la ley a los contribuyentes o a empresarios o a personas físicas que no acatan estrictamente el contenido de las normas.

Si a usted, amable lector que pasa la vista por estas líneas, se le ocurre evadir el pago de impuestos es muy probable que su conducta tenga como consecuencia la reclusión en una cárcel federal después de haber sido auditado por las autoridades hacendarias. De la misma forma, si usted deja de pagar el impuesto predial es muy probable que, con el tiempo, sea usted embargado por las autoridades locales y su casa sometida a una subasta pública. La cadena de ejemplos en este sentido puede llegar a ser interminable porque del incumplimiento de las obligaciones a cargo del ciudadano, impuestos por la autoridad, se pueden desprender multas, suspensiones de obra, arrestos, pérdida permanente de la libertad, privaciones de bienes, persecuciones y demás daños y perjuicios derivados de conductas ilegales. Es decir, la ley se le puede aplicar a los contribuyentes o a empresarios o a personas físicas que no acatan estrictamente el contenido de las normas.

Todo lo anterior viene a colación porque la semana pasada los diputados federales, representantes populares adscritos al Congreso de la Unión, no se pudieron poner de acuerdo en la elección de tres ciudadanos, entre 110 millones de habitantes, que reunieran los requisitos de honorabilidad, objetividad, eficiencia, certeza jurídica y política imprescindibles para llegar a ser consejeros del IFE. Dichos diputados sí se ponen de acuerdo para impedir el avance de la reforma política o para aumentarse sus dietas irresponsablemente al extremo de insultar con sus ingresos injustificados a los 50 millones de mexicanos que lamentablemente subsisten sepultados en la miseria. Hace casi un año, el 30 de octubre de 2010, debieron haber nombrado a los consejeros de dicho instituto federal, pero hasta ahora no se ha logrado obtener mayoría calificada para legalizar la elección. ¡Horror! ¡Claro que les tiene absolutamente sin cuidado el punto de vista del electorado que los eligió al que, por otro lado, nunca le rinden cuentas de su actuación! ¿A quién representan entonces? Estos hechos, graves en sí mismos, impactan aún más a la opinión pública desde el momento en que el propio Chuayfett, presidente de la Cámara, reconoció ante los medios de difusión haber incumplido con la Constitución y las leyes que de ella emanan y si no que la patria se los demande y blablablá…

Los diputados, de acuerdo con nuestra Carta Magna, tenían la obligación legal de haber nombrado a los consejeros del IFE a más tardar el 4 de octubre de este año. No lo hicieron, incumplieron con la norma, incurrieron en responsabilidad oficial al haber ignorado y desacatado un dispositivo específico de la máxima ley que regula la convivencia entre todos los mexicanos. El IFE no volvió a quedar debidamente integrado de acuerdo con lo establecido por la ley y, sin embargo, los diputados al Congreso de la Unión no resentirán perjuicio alguno de la misma manera en que sí acontece con los ciudadanos que no pagan sus impuestos. Dicha circunstancia nos conduce obligatoriamente a una conclusión: En México existen ciudadanos de primera y de segunda. Los primeros, los diputados, pueden ignorar impunemente la ley, ya se trate de normas inferiores o de la propia Constitución, sin que exista autoridad alguna que los sancione, los multe, los enjuicie o los castigue hasta llegar al extremo de la pérdida de la libertad. Por si lo anterior fuera insuficiente, dichos personajes de la vida pública todavía disfrutan de las gigantescas ventajas de un fuero, es decir, una licencia para cometer actos ilegales, de la que carece el resto de la nación. Los de segunda, los de a pie, los de banqueta, sí podemos ser sometidos coactivamente al imperio de la ley, con lo cual se exhibe una gigantesca desventaja: ellos no conocen la existencia de un verdugo, nosotros sí.

Lo anterior es particularmente grave si no se pierde de vista que el IFE es una institución ciudadana, el órgano que no sólo deberá organizar las próximas elecciones de 2012, sino que debe contar con la suficiente credibilidad para no tirar por la borda la construcción de un espacio de confianza cívica imprescindible para que la nación no sienta traicionada nuevamente su voluntad política. Imposible dejar pasar por alto que el crimen organizado se puede encontrar particularmente interesado en desestabilizar al país en 2012 saboteando los comicios y, sin embargo, los diputados federales no parecen resentir la menor presión por esta circunstancia.

Claro que han surgido grupos de ciudadanos a interponer una demanda en contra de los diputados por desacato. Los legisladores, los que redactan las leyes, curiosa paradoja de nuestra vida política, son los primeros en no cumplir con la ley sobre la base de que tienen muy bien montado el escenario para que nadie pueda sancionarlos por ello. Por supuesto que les tiene sin cuidado el gigantesco costo que implica para nosotros, los contribuyentes, la existencia del IFE, un esfuerzo tributario enorme para ayudar a sostener una democracia que ellos sabotean y con la que lucran.

¡Ah!, se me olvidaba: la ley también establece que la medalla Belisario Domínguez debe ser entregada a más tardar el 7 de octubre y, claro está, tampoco se entregó y otra vez, claro está, sin consecuencia alguna. Al respecto no encuentro otra candidata que Olga Sánchez Cordero. Ella es inobjetable.

Industrias anquilosadas

Antulio Sánchez (@tulios41)
Internet
tulios41@yahoo.com.mx
Milenio

La industria musical y la editorial tienen algo en común. A pesar de que la primera vaya un paso adelante de la otra, a las dos les cuesta adaptarse a los cambios generados por las nuevas tecnologías. El temor y la actitud voraz de seguir con modelos caducos les impide explotar de mejor manera las nuevas posibilidades narrativas, en el caso de la literatura, y de hacer mejores ofertas de productos sonoros por parte de las discográficas.

Con más de un siglo de vida, se puede decir que el modelo de la industria musical sigue inalterable, está basado en que sólo dos o tres piezas de un disco subsidien el costo total del mismo. Además, los grandes sellos desde lejanos tiempos han conformado una estructura oligopólica en donde la competencia entre los mismos no se da en los precios, sino en la oferta de artistas. Y esto ha sido trasladado al terreno de las ventas en línea, en donde las cuatro majors acordaron un precio cercano al dólar por cada melodía.

Es cierto que en la música siguen siendo los grandes sellos los que imponen el precio de la música, pero en el caso de los ebooks la situación es distinta, quien fija los precios son Amazon y la iBookstore de Apple. Pero, tanto en el caso de la música como en el de los ebooks, el afectado es el consumidor porque tiene una precaria oferta en lo musical y textos “acartonados” en los libros electrónicos y con costos más elevados que en el formato convencional.

Es cierto que las editoriales y autores son reacios a crear contenidos multimedia, pero en realidad la paradoja es que hoy las mayores trabas para dar ese salto son Amazon y Apple, quienes establecen los formatos de lectura de manera tal que poco sirve tener tecnología de avanzada (por ejemplo la versión 3 del ePab, que permite hacer con mayor facilidad libros completamente multimedia), porque la decisión de ambas va en sentido opuesto a la innovación.

Lo cierto es que hemos llegado a un punto en donde las empresas, que supuestamente surgieron para dar paso a un entorno innovador, hoy se comportan, por el afán de hacer más dinero, como las clásicas industrias culturales y atropellan los derechos de los consumidores. Y el problema es que por ahora no se perciben alternativas claras o nuevos actores que hagan pensar que eso puede cambiar en el corto plazo.