Investigador y profesor de la UNAM
El Universal
El tema del gobierno de coalición ha ocupado gran parte de las reflexiones de la opinión pública en los últimos días desde que el lunes de la semana pasada se hizo público un desplegado apostando por la introducción de esa figura en nuestro sistema político, mismo que fue suscrito por un grupo de 46 académicos, políticos y personalidades públicas. Mucho se ha escrito en ocasiones sosteniendo y justificando el sentido del desplegado, en otras desestimando sus planteamientos. Sin embargo, siendo uno de los convocados a firmarlo, creo necesario dedicar algunas reflexiones sobre el punto.Al desplegado se le han hecho varias críticas, algunas de ellas, por cierto, particularmente desafortunadas, como la que acusa a los firmantes de ingenuos, de haberse alquilado y de no saber con quiénes se acuestan —publicada hace un par de días en este diario—, y que por la vulgaridad del argumento no merece siquiera una respuesta. Me detengo, en cambio, en dos objeciones que se han planteado a la idea de propiciar un gobierno de coalición.
La primera es la que sostiene que el gobierno de coalición, más que el resultado de una modificación legal (como la propuesta de reforma constitucional presentada hace algunas semanas por varios senadores de la república), es más el resultado de un acuerdo político, un pacto entre dos o más fuerzas políticas que deciden, ante la falta de mayorías parlamentarias predeterminadas, pactar una agenda gubernativa y legislativa común y respaldarla para sacarlas adelante con la eventual mayoría que se construiría conjuntamente en el Legislativo. Esta objeción es válida en su sustancia, pero yerra el tiro en cuanto al desplegado.
En efecto, tal como lo demuestran los casos de Brasil y de Chile, no es necesaria una previsión legal para que, de facto, opere una alianza política bi o multipartidista que respalde una agenda política (insisto, gubernativa y legislativa a la par) compartida. En estricto sentido, en México con las condiciones constitucionales vigentes bien podría haberse ensayado un gobierno de coalición en el pasado desde que, a partir de 1997 en la Cámara de Diputados y del 2000 también en el Senado, México carece de mayorías parlamentarias predefinidas y se ha naturalizado entre nosotros el fenómeno de los así llamados “gobiernos divididos”.
Pero si se lee atentamente el desplegado nadie condiciona la existencia de gobiernos divididos a cambios constitucionales o legales para procurarlos. Quien pretenda leer entre líneas el desplegado para encontrar la intención de respaldar a una determinada propuesta política o legislativa simple y sencillamente peca de excesos.
Lo anterior me lleva a hacerme cargo de la segunda objeción, que se centra en subrayar la ambigüedad del texto que suscribimos. Me parece que esa evidente vaguedad es algo querido, porque al final del día nuestra confluencia estriba, más que en una determinada propuesta de cambio legal o institucional, en una convicción compartida: que en aquellos casos en los que los electores han decidido con sus votos que ningún partido cuente con mayoría legislativa o que un gobierno carezca del respaldo de una mayoría legislativa afín, si somos congruentes con nuestras convicciones democráticas, la formación de mayorías estables debe centrarse en la negociación y el compromiso político de amplia escala que supone el que dos o más fuerzas políticas pacten una agenda gubernamental y legislativa común.
Dicho en otras palabras, lo que creo que puede identificarse como una constante de los firmantes es un rechazo franco y abierto a las varias propuestas que desde hace un par de años han venido cobrando fuerza y que en más de una ocasión se han materializado en iniciativas legislativas de formar mayorías, no a través del acuerdo y el compromiso, sino mediante el uso de mecanismos que artificialmente crean o inducen la formación de mayorías parlamentarias, sin importar la merma en la calidad de la representación democrática del pluralismo político.
Para los firmantes la pluralidad política y su representación es un valor democrático que hay que preservar a toda costa y la gobernabilidad algo que en las democracias se construye a partir del pluralismo, es decir, mediante consensos, no mediante su merma o supresión.
Las rutas para estimular la formación de esos consensos en muy variada, hay quienes sostienen que eso es sólo producto de la voluntad y la altitud de miras de los actores políticos, otros que se necesitan estímulos institucionales para incentivarlas; otros, entre los que me encuentro, que creemos que el presidencialismo está agotado y que hay que transitar hacia el parlamentarismo.
Soy de los que piensan, y así lo he dicho desde hace mucho tiempo, que el Presidente tiene todo el derecho de hacer campaña a favor de su partido, siempre y cuando no utilice recursos públicos en este esfuerzo. Es lo común y corriente en toda democracia presidencial. Ocurre desde Estados Unidos hasta Argentina. En Brasil, por ejemplo, el presidente Lula hizo campaña abierta a favor de la candidata de su partido, Dilma Rousseff, en la reciente elección. Que yo sepa, nadie dijo que esto era injusto, ilegal o ilegítimo. Porque correctamente se asume que el Presidente es un político más del sistema —como los gobernadores, alcaldes y legisladores—, todos con derecho de participar en las campañas electorales apoyando a los candidatos de su partido. El Presidente es una voz más. No es, como Frank Sinatra, “La Voz”.