octubre 31, 2011

Mercantilismo, vivito y coleando

Arturo Damm Arnal (@ArturoDammArnal)
arturodamm@prodigy.net.mx
La Crónica de Hoy

El pasado viernes apareció, en El Financiero, un artículo de Alejandro Gómez Tamez, titulado Consumo nacional y mercado interno, en el cual apunta, correctamente, que para apuntalar el mercado interno se necesita “crear más empleos y que éstos estén mejor remunerados”, única manera de que la demanda por mercancías, y por lo tanto el consumo de bienes y servicios, aumente. Hasta aquí lo dicho por Gómez Tamez es correcto, corrección que desafortunadamente se pierde cuando el autor recomienda, “en el cortísimo plazo”, instrumentar, entre otras, las siguientes medidas: 1) “Ajustar la política monetaria para que lleve al tipo de cambio a un nivel que le dé competitividad a los productos nacionales (no se trata de tener un peso subvaluado, pero sí uno en equilibrio)” e 2) “Incrementar los aranceles al nivel máximo permitido por la Organización Mundial del Comercio (35%) en contra de aquellos países con los que no tenemos un acuerdo comercial y es bien sabido que realizan prácticas desleales de comercio como el dumping, por ejemplo: China y Vietnam”, medidas mercantilistas que apuntan en la dirección equivocada. ¿Por qué? Porque de implementarse el perjudicado sería, por el encarecimiento de las mercancías importadas, el consumidor nacional, ¡y no pocos productores nacionales!

Lo que Gómez Tamez pide (aunque contradictoriamente hable de tipo de cambio de equilibrio) es, uno, que por medio de la devaluación del peso frente al dólar se abaraten las exportaciones y encarezcan las importaciones, lo cual perjudicaría a los consumidores mexicanos de productos extranjeros, pudiendo beneficiar a algunos exportadores, y escribo pudiendo beneficiar a algunos exportadores porque no hay que olvidar que muchos exportadores mexicanos, antes de serlo, son importadores —de materia prima, de maquinaria y equipo, de tecnología, etc.— pudiendo también estar endeudados en dólares, razón por la cual la devaluación, por el lado de sus costos, los afectaría. En segundo lugar lo que está pidiendo Gómez Tamez, esta vez por obra y gracia del aumento en aranceles, es decir, de los impuestos con los que se gravan las importaciones, es el encarecimiento de las mercancías importadas, en perjuicio, nuevamente, de los consumidores nacionales de tales productos, y de los productores nacionales que importan antes de producir y de exportar.

Lo que Gómez Tamez pide, al más puro estilo del mercantilismo (¿quién dice que éste llegó a su fin, consecuencia de la publicación, en 1776, de La riqueza de las naciones de Adam Smith, en la segunda mitad del siglo XVIII?), es protección a favor de los productores nacionales y, como consecuencia inevitable de ello, agresión en contra de los consumidores, y entre proteger al productor nacional, y promover la producción nacional, hay una enorme diferencia.

Recordemos lo dicho por Bastiat: para calificar una política económica preguntémonos cuál será su efecto sobre el bienestar del consumidor, no sobre la rentabilidad del productor, sin olvidar, lo digo yo, que si el problema económico de fondo es el de la escasez, cualquier política que tenga como consecuencia el alza de precios lo agrava, pudiendo calificarse de antieconómica.

Es la hora inédita de México

Vicente Fox Quesada (@vicentefoxque)
Ex presidente de México
El Universal

El costo para México ya es demasiado alto... y el futuro se vislumbra peor.El impacto en la economía, en el empleo, en la inversión, en el turismo, en los talentos que se fugan, en la tranquilidad, en la confianza y en la esperanza es ya demasiado costoso en comparación con los males menores, quizá inevitables cuando buscamos el camino a la paz y la tranquilidad.

Todos sabemos que en un escenario de armonía y paz es donde los seres humanos damos nuestro mejor rendimiento y alcanzamos los mayores logros.

¡Tenemos que salir de esta trampa!

Debemos avanzar hacia una reducción significativa de la violencia.

La imagen de nuestro México, la esperanza y el futuro reclaman de todos aportar ideas y soluciones. Es lo menos que podemos hacer.

El cambio, lo nuevo, el pasar a un nuevo paradigma, reclama audacia, imaginación y coraje. Como decía Albert Einstein: “Hay que cuestionar el conocimiento convencional, hay que retar lo hasta hoy establecido.”

Hoy se han derrumbado muchas prohibiciones, mitos y creencias del pasado.

Estamos frente a la última frontera de los esquemas viejos sobre la droga, la cual ya está en un proceso de empuje incontenible hacia un nuevo paradigma.

La última encuesta nacional en Estados Unidos sobre consumo de drogas marca un 50% de aprobación para su legalización; en Canadá ya se han emitido regulaciones para su forma de uso; 14 estados de la Unión Americana han aprobado el uso médico de las drogas; Holanda y Portugal ya han hecho legalizaciones; de hecho, en México no está penalizado consumir.

En mi artículo anterior aparecieron ideas que han probado ser útiles para avanzar hacia una especie de cese al fuego y para restaurar y reiniciar estrategias adicionales con la vista puesta en la concordia, el orden y la pacificación. La disminución paulatina del Ejército en las calles puede ser una señal positiva en este sentido.

La aplicación de la ley es una obligación del Estado. No hablo de terminar con este mandato fundamental. Hablo de ejercerlo de una mejor manera, pero sobre todo de sumar más y más estrategias que contribuyan a este propósito. Hablo de asegurar, antes que nada, el respeto a los derechos humanos y al debido proceso jurídico al que todos tenemos derecho: o alcanzamos la plena garantía de todas las libertades o, en su defecto, el éxito será uno pírrico e incompleto.

No podemos siquiera pensar que la violencia frene a la violencia y que la aniquilación sea el único camino.

A cambio debemos reflexionar: ¿cuántos de los jóvenes muertos —considerados criminales o distribuidores y/o consumidores de droga— eran rescatables?, ¿cuántos de los jóvenes y de quienes los mataron o quienes hoy engrosan los cárteles cambiarían de vida, serían rehabilitados si tuvieran mejores oportunidades y alternativas de vida? Se trata de cambiar los incentivos, ponerlos hacia donde está el camino del bien.

No es nuevo negociar, dialogar... La amnistía, el perdón, la rehabilitación son caminos ampliamente utilizados en cualquier parte del mundo en cualquier sociedad y democracia.

El perdón y la compasión son dos grandes virtudes humanas a disposición de una sociedad, una persona o un gobierno.

Por medio del diálogo, el Marcos que se rebeló para derrocar al gobierno, que atacó a las fuerzas del Estado, el que pretendió seccionar Chiapas de nuestro territorio, por fin cambió y buscó representar un movimiento social que reivindicara a nuestras poblaciones indígenas.

Los presidentes de Colombia —Gaviria, Michelsen, Pastrana— buscaron el diálogo con los cárteles, guerrilleros y criminales en una búsqueda apasionada por la paz y la concordia, el más alto valor al que puede aspirar una sociedad. Propusieron condonación de penas, respeto de patrimonio o intercambio humanitario, bajo el sometimiento a la justicia colombiana, el respeto a la ley y el abandono de actividades delictivas.

No se trata de negociar, sino de cambiar los incentivos. ¿Por qué no podemos pensar que los propios cárteles negocien entre sí, sin necesidad de violencia y muerte?

La tarea de aplicación de la ley debe ser permanente, con estrategias policiacas operadas por cuerpos policiacos profesionales y eficientes. Pero si cambiamos la ley, la responsabilidad del gobierno también cambia y ahora dedicará sus esfuerzos, capacidades y presupuestos a atender el problema de salud, a generar programas focalizados para los jóvenes en las ciudades, comunidades, colonias y barrios, donde están criminales, pandilleros y adictos, llevándoles oportunidades de empleo, de ocupación productiva, de estudio, de deporte, de desarrollo artístico y cultural, así como de sano esparcimiento.

Legalizar también es una gran salida de la trampa en la que estamos. Esa salida ofrece sustanciales beneficios, a saber:

—Separar la violencia y el crimen del tema de la salud.

—Disminuir el consumo, como sucedió en Portugal con la legalización.

—Reducir sustancialmente los ingresos de los cárteles.

—Poner en manos del gobierno presupuestos para informar, educar y prevenir.

—Destinar tiempo y recursos para atender otras formas extendidas de criminalidad.

—Educar en la capacidad de decidir, ejerciendo con responsabilidad nuestras libertades.

—Rescatar a los miles de jóvenes que hoy andan en el camino equivocado y que son en buena medida el futuro del país.

—Retornar al crecimiento económico y a la generación de oportunidades para que nuestro país vaya hacia adelante y no sólo vea pasar a los demás.

Instituciones internacionales que estudian esta problemática como la Comisión Global de Políticas sobre las Drogas y el Instituto Cato, instituciones académicas nacionales como la UNAM, así como intelectuales de la talla de Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y el ex presidente de México doctor Ernesto Zedillo se han pronunciado a favor de un cambio de paradigma como medida para erradicar la violencia.

Somos un gran país, debemos salir de la trampa en que estamos al menor costo posible, para volver a ocupar nuestro lugar en el mundo.

Es el tiempo de ideas nuevas, audaces, del pensamiento lateral y creativo.

Cuando lo que hemos hecho no da resultado, es momento de que intentemos cosas nuevas.

Anteponiendo en primer término el valor fundamental de la paz, la concordia, la certidumbre, la legalidad, todos los países se ven precisados a manejar un margen de tolerancia, como ya ocurre ahora mismo con los testigos protegidos tanto en Estados Unidos como en México; los gobiernos ordenan y regulan estos temas en aras del mejor resultado al menor costo posible.

Recuperar el momento positivo, optimista, de esperanza y futuro, es lo que importa en esta hora inédita de México.

Reformas sin argumentos

Jesús Silva-Herzog Márquez (@jshm00)
Reforma

Los poderes públicos no son, en democracias, meras palancas de decisión. Deben ser acción pero también argumento. Por ello, los espacios parlamentarios no son simples fábricas de leyes: son el ámbito esencial de la deliberación. Se legisla debatiendo. Antes de promulgar es necesario ofrecer razones. No es que el Poder Legislativo sea un foro científico donde la verdad termina imponiéndose naturalmente como creyeron, con ingenuidad, algunos liberales. La mayoría manda. Pero aún la mayoría debe pasar la prueba del argumento. Toda norma general necesita descansar en una plataforma de racionalidad. La instrucción del líder, el favor a un grupo, el beneficio de unos cuantos no podría pasar la prueba de la discusión en público. Si la democracia encuentra justificación más allá de la aritmética es por ser un resguardo racional contra la arbitrariedad.

El Congreso mexicano ha dedicado sus sesiones recientes a discutir una reforma política. Se ha considerado una serie de propuestas para modificar importantes reglas constitucionales. Cambios que se insertan en una nueva etapa. Empezamos a dejar atrás el debate electoral para debatir la mecánica democrática. ¿Cómo combinar una mayor representatividad con mejor gobernación? La reforma aprobada recientemente por la Cámara de Diputados tiene elementos de mucho valor. Se modera el imperio de los partidos políticos insertando en nuestro régimen mecanismos de acción política por fuera de esas cápsulas. Podrán iniciarse leyes fuera del Congreso, podrán presentarse candidaturas sin el patrocinio de un partido político. Los grupos parlamentarios, por otra parte, no podrán seguir refrigerando iniciativas enviadas por el Ejecutivo sin siquiera presentarlas a votación. El bloqueo de las propuestas presidenciales ha sido muy barato para las oposiciones. La propuesta se archiva y nada pasa. Con la reforma reciente los partidos políticos no tienen ninguna obligación de aprobar los proyectos del Ejecutivo, pero tendrán el deber de pronunciarse públicamente sobre ellos. Si se rechaza una propuesta preferente, tendrá que hacerse mediante una votación en la que los legisladores expresen públicamente sus razones.

No se aprobaron dos medidas que concentraron la atención pública: la reelección inmediata de legisladores y la revocación del mandato. Lamento el rechazo a la primera propuesta y celebro la derrota de la segunda. La reelección habría tenido beneficios para el funcionamiento de la democracia que superarían sus costos y riesgos. Habría ayudado a la profesionalización de la legislatura, habría modificado la cadena de lealtad de los legisladores, habría flexibilizado nuestro hermético régimen de partidos. En contraste, la revocación de mandato le habría arrancado al poder la estabilidad que requiere para tomar decisiones riesgosas que son necesariamente impopulares. Habría sometido al gobierno al veleidoso imperio de la encuesta. La reelección es un dispositivo sólido de rendición de cuentas precisamente porque obedece un calendario. La confianza entre ciudadanos y representantes puede renovarse o cancelarse después de un lapso razonable. Se requiere el respeto de un término para permitir el equilibrio del juicio ciudadano y la maduración de las políticas. Colocar a los gobernantes ante el peligro de ser removidos de su cargo en cualquier momento es llamarlos al cortejo perpetuo de la opinión pública y a la abdicación definitiva del riesgo.

Necesitamos una política que rinda cuentas pero también requerimos una política que asuma los peligros de la impopularidad. El riesgo del castigo debe existir para ceñir democráticamente a los gobiernos pero también debe imperar la certeza de que, si el gobierno cumple con la ley, podrá concluir la encomienda temporal. Por eso, de la misma manera que lamento la prolongación de nuestra anomalía antirreeleccionista, celebro que se haya rechazado la propuesta de instaurar aquí la revocación del mandato.

Pero mi punto no es tanto examinar el mérito o el defecto de las propuestas sino la pobreza de los argumentos para defenderlas. Ya he hablado de la miseria de las razones priistas para rechazar la reelección inmediata de legisladores. Lo mismo podría decir ahora de la falta de argumentos en el PAN para sostener de pronto el principio de revocación del mandato. Por supuesto, la idea de arrojar a la calle a un mal gobernante se arropa con la verborrea del democratismo elemental. Si el Pueblo pone, que el Pueblo quite... Entiendo que los lopezobradoristas promuevan esta idea de democracia efervescente pero, ¿los panistas? ¿De veras creen que la democracia mexicana ganaría con la colocación de una navaja en el cuello de los gobiernos? ¿Cuál es su modelo? ¿Venezuela? ¿Creen que la democracia californiana es un modelo a seguir? ¿Cuáles son las razones por las cuales de pronto defienden con entusiasmo este mecanismo inusual en las democracias establecidas? Los priistas serán la inercia pero los panistas, en su despiste, se han convertido en el arrebato.

¿Quién está detrás?

Víctor Beltri (@beltri)
Analista políticocontacto@victorbeltri.com
Excélsior

No cabe duda que corren tiempos convulsos. Los tiempos electorales se viven con intensidad, y ocupan con la violencia desatada por el crimen organizado, un gran espacio en los medios. Las redes sociales se saturan, literalmente, con cada suceso, y la información suele ser tan rica, tan oportuna, que rebasa a los medios tradicionales, quienes acuden a ellas de manera cada vez más frecuente para la redacción de sus notas.

Así, nos hemos enterado en tiempo real de los últimos acontecimientos. Desde las grandes catástrofes naturales hasta los abusos de la autoridad en contra de los individuos. La democratización de la información ha permitido que los ciudadanos se conviertan en la fuente misma, y tomen decisiones que influyen en su vida diaria al tenor de sus propias búsquedas: el modelo informativo ha cambiado, de un push-up, en el que los medios decidían cuáles eran los contenidos de interés para sus propios consumidores, a un pull-in, en el que cada persona es capaz de discriminar y acercarse a la información que consideran relevante.

Sin embargo, el nuevo modelo informativo, además de las ventajas evidentes, trae aparejados riesgos que comienzan a ser estudiados y que provocan una gran preocupación en todo el mundo. De esta manera, no es descabellado hablar de un nuevo modelo desinformativo, en el que diversos grupos, con agendas muy bien definidas, tratan de influir en el comportamiento de la ciudadanía a través de estrategias concretas. Los ejemplos abundan en nuestro país: reportes sobre enfrentamientos en puntos bien estudiados que crean pánico y desvían la atención —y el tráfico vehicular—, para poder realizar operaciones encubiertas; manipulación a través de la creación de cuentas falsas y comentarios positivos para cambiar el posicionamiento de algunos actores políticos; bombardeo de información sesgada, y proclive a la malinterpretación, para sembrar la duda sobre temas y personajes específicos.

Es un fenómeno que se analiza cada vez con mayor frecuencia, y que, en algunos casos, ha servido como el pretexto perfecto para la imposición de la censura sobre la ciudadanía. Regímenes como el de China, Vietnam, Pakistán o Irán son sólo una muestra. Bloqueos masivos de información; restricciones de acceso; contenidos sujetos a aprobación gubernamental. El miedo de los gobiernos ante la libre expresión de los ciudadanos se disfraza de protección ante los riesgos que, a pesar de todo, están latentes. En fechas recientes, en nuestro país, el caso paradigmático es el de los usuarios de Twitter que fueron encarcelados en Veracruz por difundir información que provocó pánico entre la población. La respuesta del gobierno fue calificada de inmediato como represora, y la administración local terminó por recular ante lo que era, sin duda, una decisión sin fundamento jurídico. Pero la pregunta persiste: ¿qué hacer ante la presencia de una estrategia dolosa de desinformación?

El fenómeno de la desinformación, sin embargo, no es nuevo. Los libelos han existido desde siempre, desde que el acto de leer y escribir de manera cotidiana alcanzó a la gente común. Desde que los escritos difamatorios eran clavados en la plaza pública y afectaban la vida de la población entera. García Márquez tiene relatos maravillosos, y escalofriantes también, al respecto. Bastaba con difundir una especie con medias verdades, con datos inconclusos que fueran lo suficientemente creíbles como para sembrar la duda y desatar los rumores, la voz de la calle, sobre un tema concreto. De ahí, la imaginación de la gente haría el resto. Conclusiones producto de premisas falsas y alimentadas por la animadversión, que en diferentes épocas llevaron a conclusiones distintas: desde las cacerías de brujas hasta los actos en contra de grupos específicos. Desinformación, falacias, contrainteligencia. Nombres variados para un mismo fenómeno, que obedece siempre a objetivos bien establecidos.

No deja de llamar la atención que sigamos cayendo en México, hoy en día, ante estrategias de comunicación que han existido durante siglos, y que no son privativas de las redes sociales, a pesar de los esfuerzos recientes por anatematizarlas. López Obrador, con sus defectos y virtudes, merecía ser derrotado —o haber vencido— por sus programas de trabajo, y no en base al falso estigma de ser un peligro para México. Felipe Calderón ha recibido una infame calificación de alcohólico que, a pesar de que no ha sido comprobada en absoluto, sigue siendo usada por sus detractores sin molestarse en aportar dato fehaciente alguno. Y la estrategia de los libelos; de la información a medias; de contribuir al rumor y la mala fama pública; de sembrar dudas para cosechar beneficios privados, sigue campando en nuestra manera de hacer política.

El ejemplo más reciente es el de la demanda que, sobre el caso Acteal, se ha hecho sobre Ernesto Zedillo. Una demanda que, como asentó la semana pasada Carmen Aristegui, no se sabe de dónde viene, quiénes serían sus beneficiarios y, mucho menos, cuál es el verdadero objetivo subyacente. El momento político que vive nuestro país, sin embargo, apunta a que dicha demanda obedece a motivos más oscuros que el mero resarcimiento de los daños causados a los afectados: ellos mismos, siguiendo la información proporcionada por la comunicadora, no están enterados de la querella. ¿A qué obedece ésa demanda, en este preciso momento? ¿Quién está detrás? ¿Quién tiene un motivo, un casus belli para emprender una causa así? ¿Por qué? O mejor dicho, ¿para qué? ¿Para quién?

México está a punto de entrar en el proceso electoral más complicado de su historia reciente. La conjunción de factores que tendrán incidencia en esta elección nos hacen recordar el símil de la pradera en llamas a la que, irresponsablemente, alguien trata de echar más gasolina, con los resultados que cualquiera podría esperar. ¿Podemos permitirnos el lujo de que algunos actores, sedientos de venganza y ahítos de resentimiento, enrarezcan aún más una situación de por sí complicada?

La respuesta parece ser más que evidente. Y también lo que está en juego.

La realidad de los perdedores

Román Revueltas Retes
revueltas@mac.com
Interludio
Milenio

No deja de asombrarme la consustancial ferocidad del mercado. Es perfectamente comparable a la cruenta batalla que libran las especies para sobrevivir en el medio natural: unas resisten a lo largo de milenios enteros, gracias a un exitoso proceso de adaptación, y otras desaparecen simplemente de la faz de la tierra. No hay misericordia alguna en este proceso y, por lo visto, las eventuales intervenciones de la Divinidad se limitan, justamente, a asegurar la supervivencia de los más aptos. Tenemos así que los dinosaurios no existen más mientras que las cucarachas, por ejemplo, habrán de durar mucho más que los humanos. Y sí, señoras y señores, nuestra extinción está perfectamente prevista: avispados científicos nos describen, desde ya, un mundo poblado por ratas gigantescas y otras espantosas criaturas. Ah, y al final vendrá el fin de todos los fines, cuando el planeta entero se precipite en la masa incandescente del Sol. No habrá ahí ganadores ni perdedores: será la terminación de todo en este particular rincón del universo.

Mientras tanto, disculpándome ante ustedes de tan deprimente digresión, me permito volver al tema de la despiadada competencia en el mercado. Me llama muchísimo la atención, justamente, que una sociedad tan religiosa como la estadunidense no exhiba la más mínima piedad cuando una corporación se esfuma, con puestos de trabajo y todo, porque no encontró el camino de la productividad y el rendimiento. Y son ellos, nuestros píos vecinos, los primerísimos promotores de un modelo basado en la más descarnada competencia: vamos, hasta el fabuloso Steve Jobs hubo de atravesar su muy particular purgatorio: obligado a labrarse un nuevo futuro en Pixar y NeXT tras de haber sido echado de Apple sin mayores miramientos, estuvo a punto de quedarse sin un duro porque sus nuevas empresas no generaban utilidades. Lo salvó primeramente el éxito de Toy Story y luego terminó por abrirse paso gracias a su talento y su tenacidad. ¿Cuántas personas, sin embargo, se han quedado en el camino? Muchas. Demasiadas…