Reforma
Ambas cosas. Oportunismo y confusión. La solicitud de juicio internacional contra Felipe Calderón no tiene pies ni cabeza.
De entrada, sorprenden los nombres de los imputados y la causa: Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza, y demás autoridades, militares y narcotraficantes responsables de crímenes de guerra en México.Pero empecemos por el principio. El Estado mexicano, en sentido estricto, no está inmerso en una guerra. Porque una guerra supone una confrontación violenta entre Estados soberanos. Y eso, más allá de la retórica que utilizó el presidente de la República, no es lo que está ocurriendo.
De ahí el segundo equívoco: el tribunal internacional de Nuremberg (1945) tipificó los crímenes de guerra como "violaciones de las leyes y usos de la guerra".
Pero allí donde no hay guerra no se pueden violar las leyes de la guerra.
Tercer equívoco. Todo el mundo sabe que no se pueden sumar peras con manzanas. Resulta verdaderamente aberrante que los abogados que redactaron el dislate pongan en el mismo saco a las autoridades y los criminales.
Los primeros pueden ser acusados y procesados por abusos de poder o por omisiones en la aplicación de la ley, que pongan en riesgo a la población. Ese fue, por ejemplo, el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso de Oaxaca. Las omisiones del entonces gobernador, Ulises Ruiz, provocaron un caos que perjudicó a los ciudadanos.
Pero, por razones evidentes, esa imputación no se les puede hacer a los criminales. Sus acciones están fuera de la ley y atentan contra el Estado de derecho. Determinar la gravedad de su crimen y la sanción penal corresponde a los tribunales competentes.
Esos criminales no son sujetos, en principio, del derecho internacional. Porque si así fuera, cualquier delincuente debería ser llevado a una corte internacional.
Cuarto dislate y cito: "Calderón ha ordenado continuar con dicha guerra a pesar de que organismos internacionales le han solicitado dejar de emplear al Ejército en funciones que deberían desarrollar los cuerpos policíacos".
No hay ningún ordenamiento en el derecho internacional que prohíba a un jefe de Estado utilizar a las Fuerzas Armadas para preservar la paz y el orden interno de una nación. Son las constituciones de cada país las que establecen las condiciones y procedimientos para regular su intervención.
Así que el presidente de la República se puede haber equivocado al ordenar la intervención del Ejército y la Marina, pero hay dos cuestiones indiscutibles: no violó la Constitución y mucho menos una prescripción internacional que ni siquiera existe.
De hecho, si se toma como antecedente el fallo de la Suprema Corte en el caso Oaxaca, la eventual omisión de Calderón frente al incremento del poder y la violencia del crimen organizado sí podría haber caído bajo la categoría de violación de los derechos humanos.
En el colmo del delirio y la estupidez, la denuncia incluye el siguiente párrafo: "Además Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirigen a los Estados Unidos de Norteamérica. Es tan evidente que se trata de una política del Gobierno panista -concebida desde Washington- que incluso se ha comenzado a legislar para convertirla en una obligación a cargo de las autoridades".
Se pasa, así, de la confusión y el oportunismo a la calumnia. Los redactores del documento no presentan una sola prueba de su dicho. Y algo peor: pasan por alto el hecho de que la nueva ley sobre migrantes fue aprobada por la mayoría, si no es que la totalidad, de los partidos políticos.
Lo que sorprende en esta historia no es que un par de loquitos, uno de ellos apadrinado por el exministro Góngora Pimentel, muy cercano a López Obrador, hayan decidido promover semejante disparate, sino que entre los abajo firmantes se encuentre un personaje como Julio Scherer. Sorprende por lo insostenible de la petición y por los acontecimientos previos.
Scherer entrevistó a El Mayo Zambada en abril de 2010. Su trabajo fue severamente criticado por algunos: le daba la portada de Proceso a uno de los capos del cártel
de Sinaloa. No me parece que tuvieran razón. La entrevista, por sí sola, era noticia y contenía información relevante.
Pero poco después, se inició la campaña: No Más Sangre, que responsabiliza a Felipe Calderón por todas las muertes de "la guerra contra el narcotráfico". El razonamiento era y es insostenible. Porque la mayoría de los asesinatos ocurren por enfrentamientos entre los propios cárteles.
Y ahora la petición de intervención de la Corte Penal Internacional. ¿De qué se trata?
La inclusión de El Chapo Guzmán y la referencia a otros cárteles carece de sentido. Aunque llama la atención que no se mencione a El Mayo Zambada". Todo indica que se les incluyó para aparentar imparcialidad: no se responsabiliza sólo a Calderón, sino también a los cárteles.
Ya lo advertí arriba. No se deben sumar peras con manzanas. Se puede incluso admitir que los errores que se han cometido imponen una rectificación. Pero es un contrasentido situar a los criminales y al presidente de la República en el mismo nivel.
Es un hecho que la petición avalada por más de 23 mil firmas no tiene la más remota posibilidad de prosperar en La Haya.
Por eso resulta grotesco que Jesús Zambrano, presidente del PRD, haya dado el respaldo de su partido a la petición. Pedestre forma de "deslindarse" de Calderón y congraciarse con AMLOVE.
¿De qué se trata? De una campaña de calumnias y desprestigio contra el presidente de la República en tiempos electorales.
Nada más.
Se puede admitir que los errores que se han cometido en el combate al crimen imponen una rectificación. Pero es un contrasentido situar a los criminales y al presidente de la República en el mismo nivel.
