La comodidad del efectivo

Carlos Elizondo Mayer-Serra (@carloselizondom)
elizondoms@yahoo.com.mx
Reforma

El gobierno de Veracruz le paga 25 millones de pesos en efectivo a una productora de audio y videos porque "les agarraron las prisas" y así lo solicitó la empresa para poderlo distribuir más fácilmente entre sus propios proveedores. Es un argumento absurdo. El pago es para una empresa en la Ciudad de México, donde se tienen todos los servicios bancarios. Para tener acceso al efectivo es mucho más rápido si el gobierno de Veracruz manda una transferencia a la cuenta bancaria del beneficiario. Depositarlos en efectivo implica para la productora pagar el impuesto sobre depósitos en efectivo, aunque claro le ahorra el ISR, si no lo declara.

Si alguien tiene prisa para mandar dinero, no se resuelve encargándoles a unos sujetos que ni si quiera están en la nómina del gobierno, según nota de Reforma, para que vayan al banco a retirar 25 millones, contarlos bien, meterlos en dos maletas, transportarlos en un blindado al aeropuerto, tomar un avión privado a Toluca y nuevamente utilizar un blindado para mandarlo al proveedor en la Ciudad de México. No se ha divulgado si ese vehículo blindado ya estaba en el aeropuerto de Toluca esperando salir a la Ciudad de México a toda velocidad, "dadas la prisas".

Sobre todo en el sector público, los proveedores lidian con las tesorerías para que les paguen. Primero mandan la factura y posteriormente, a veces meses después, llega el pago. Acá según información periodística fue al revés. La factura se hizo después de que salió el efectivo. Además, el gobierno de Veracruz en su generosidad, pareciera se hace cargo del costo de transportar el efectivo, el cual no se ha divulgado.

Los recursos pueden ser de origen público y su destino es fácil de justificar: sobran contratos del gobierno de Veracruz por 25 millones de pesos o incluso mayores. La pregunta es quién en su sano juicio los traslada por avión. Una transferencia electrónica es siempre más rápida. Sin embargo, ésta tiene un problema: deja huella. El efectivo en general no. Fue por casualidad que la PGR lo detectó.

No es la primera vez que en época electoral se encuentra dinero en efectivo en un aeropuerto. En julio del 2009, el senador Arturo Escobar del PVEM fue detectado con más de un millón de pesos en efectivo en elegante maletín marca Louis Vuitton. Luego se daría como increíble explicación que el dinero era de un colaborador que ni conocía. El efectivo es el medio de pago en las campañas. Es muy difícil de auditar, tanto su origen como en dónde se aplica.

Mientras no se pongan candados a su uso y se regule mejor el gasto en las campañas, los topes de gasto impuestos por el IFE serán una mera sugerencia. Mientras no haya un verdadero control en las finanzas públicas de los gobiernos locales, seguirán usando el efectivo para pagar campañas o desviar recursos, documentado como resultado de las auditorías de los gobiernos de Puebla y Oaxaca, los cuales no les están cuidando las espaldas a sus antecesores.

Uno de los temas pendientes de la agenda es el referente a una nueva legislación contra el lavado de dinero y por tanto el uso de efectivo. El Senado la envió a la Cámara de Diputados donde la mayoría PRI-PVEM la congeló. Quizás prefieren que pase la campaña para hacer los cambios o no quieran hacerlo nunca, para no acabar con la comodidad del efectivo.

El tema central que debería vigilar la autoridad electoral es que los techos de gasto se cumplan. Hay que hacer del IFE un poderoso Instituto Fiscalizador Electoral. La credencial de elector debería ser responsabilidad de una entidad autónoma que genere ese documento para fines de identificación nacional. Este IFE debería también organizar el proceso electoral pero sin meterse a regular tiempos, contenidos y relación con medios. Basta poner un tope de gasto de campaña bajo y vigilar cada acto de campaña, imputarle un valor y cotejarlo con las facturas de los partidos. Si el tope de gasto no es muy alto, el resto se limita solo. Esto requeriría otra reforma: eliminar la posibilidad de que un gobernante, federal o local, pueda contratar tiempo aire para promover su imagen.

Son reformas muy complicadas. Mientras tanto la autoridad, en este caso la PGR, tiene que castigar ejemplarmente los pocos casos de transporte de efectivo que se detectan, sin importar el partido político del gobernador. Si no se actúa, seguirá siendo el medio fácil para mover dinero, no porque ahorre tiempo, sino porque en general no deja huella.