Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, SC
El Universal
“La ley es la misma para todos, menos cuando no” —Dichos de un ex procurador de Justicia.

Los priístas han hecho mucho para fijar en el imaginario colectivo la teoría del presidente que le pegó al avispero: dicen que todo estaba en calma hasta que Calderón desató la ofensiva contra las bandas del crimen organizado. En la guerra de las culpas han logrado que prevalezca la percepción de que la atención a la violencia criminal le corresponde al gobierno federal, aunque la delincuencia común, la que más golpea a la sociedad, es de la competencia de los gobiernos estatales (la mayoría priístas).
Hay hartazgo, miedo, incertidumbre en amplios territorios del país. Pero más allá de la disputa partidista por convencer a la sociedad de que “los otros son peores”, hay datos que perfilan un ambiente enrarecido de cara a la elección presidencial.
“Bajar” a Peña Nieto parece haberse convertido en una obsesión en Los Pinos. La pregunta es: ¿a cualquier costo? El juego rudo puede conducirnos a un escenario de alto riesgo porque los priístas saben de eso y tienen con qué responder. Baste recordar el control que ostentan en la Cámara de Diputados, que tiene la atribución exclusiva de aprobar (o no) la cuenta pública.
Muchos de los gobernadores priístas tienen la cola muy larga y son indefendibles. Mostrar imágenes reales o truqueadas de Peña Nieto junto a Mario Marín, Ulises Ruiz, Fidel Herrera o Arturo Montiel sería suficiente para producir un efecto negativo y cultivar el repudio. Para eso y más, Josefina tiene a Antonio Solá, a quien se atribuye aquel eslogan que definía a López Obrador como “un peligro para México”.
Pero están otros ingredientes: la filtración de llamadas telefónicas ilegales y la administración de los expedientes negros. Fox intentó el desafuero para sacar a López Obrador de la competencia, pero desencadenó movilizaciones sociales y al final resultó contraproducente. El sentido común aconsejaría no caer en la tentación (uso faccioso de la justicia), pero nadie experimenta en cabeza ajena.
En días recientes se ha difundido información comprometedora proveniente de Estados Unidos. En la maniobra irrumpe otro dato inquietante: la participación del gobierno norteamericano en este juego de poder. La comunidad de inteligencia que opera en México tiene información sensible sobre las redes políticas de protección al crimen organizado y podría usarla. Algunos expertos sostienen que en el Departamento de Estado y otras áreas de la administración Obama no ven con buenos ojos el eventual regreso del PRI.
El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, ha sido señalado —en un expediente presentado el 6 de febrero en la Corte para el Distrito Oeste de Texas— como parte de una red de protección al cártel del Golfo, al tiempo que lo vincula al asesinato del candidato a la gubernatura Rodolfo Torre Cantú. Un “testigo protegido” ubica a Antonio Peña Argüelles como enlace de ciertos funcionarios en posiciones clave que favorecieron al cártel. El propio Osiel Cárdenas, que algo debe saber, cumple una condena en una prisión norteamericana y se acogió al programa de testigos protegidos.
Otro hecho reciente, el cambio de última hora en la Fepade: la salida de José Luis Vargas Valdez y la llegada de Imelda Calvillo Tello han puesto nerviosos a los priístas.
La política es la prolongación de la guerra por otros medios… a veces igualmente sucios y brutales. ¿Cuál es la respuesta que prepara el PRI? ¿El destape de escándalos de corrupción en altas esferas del gobierno panista? Los resentidos —y no son pocos— tienen mucho que ofrecer y lo están haciendo, como prueba el más reciente libro de Julio Scherer. La pregunta es si alguien ganará con esta guerra de lodo.
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