febrero 28, 2012

Voto: la parálisis y el candor

Eduardo R. Huchim (@EduardoRHuchim)
omnia08@gmail.com
Reforma

Las elecciones para gobernador de Michoacán debieron ser anuladas porque en el proceso comicial hubo graves violaciones constitucionales y legales que, lamentablemente, fueron desestimadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el expediente respectivo se acreditaron las más relevantes, cometidas conjunta o individualmente por los tres candidatos a gobernador, pero los magistrados no vieron -o no quisieron ver- que tales comicios incumplieron el mandato constitucional de ser libres y auténticos.

Encerrados en criterios endogámicos que los anclan en sus instalaciones de Carlota Armero, es decir en sí mismos y en sus equipos, los magistrados con frecuencia se apartan de la realidad y, cuando de nulidades se trata, se colocan un grillete que los paraliza: la determinancia. Si bien ésta se establece como requisito para que las violaciones cometidas puedan conducir a la nulidad, no debe ser interpretada como un blindaje impenetrable.

Tal impenetrabilidad pervierte la naturaleza del juicio de revisión constitucional electoral, cuyo fin principal (énfasis mío) es "garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios" (LGSMIME, art. 3). Al margen de quién ganó y quién perdió, ¿de verdad puede sostenerse que los comicios michoacanos fueron constitucionales? En realidad, si la triunfadora hubiera sido la candidata panista, esa lección también habría sido violatoria de la Constitución y, por tanto, anulable.

Los magistrados consideran que, al no anular, defienden el voto ciudadano, pero importa preguntarse si es una defensa legítima convalidar el sufragio que se envilece al ser comprado o que se conquista mediante propaganda ilegal en un marco en que el dinero se convierte en eje de las campañas, además de que los programas sociales, financiados por el erario, se ponen al servicio de los partidos.

Una de las violaciones cometidas en el proceso electoral michoacano es el relativo a la difusión televisiva de los cierres de campaña de los tres contendientes, difusión que fue escandalosamente considerada por algunos consejeros del IFE y magistrados del TEPJF como "ejercicios periodísticos" cuya sanción representa ¡un ataque a la libertad de expresión! Tal distorsionada apreciación sólo puede tener origen en el candor, el desconocimiento del periodismo y/o el interés en servir a la tv comercial.

Sólo con una alta dosis de candor se puede suponer que la televisora michoacana hizo esas transmisiones a título gratuito (y aun así, serían ilegales). Sólo la ignorancia y el interés en servir a la tv pueden llevar a considerar "periodismo" la difusión completa de un torneo de retórica partidaria. Esas transmisiones fueron, sencilla y claramente, propaganda que actualizó uno de los supuestos del artículo 350 del Cofipe, cuyo inciso b) considera infracción de los concesionarios de tv (énfasis mío) "la difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas" al IFE.

Adicionalmente, como la propaganda en medios electrónicos sólo puede hacerse en los tiempos oficiales que administra el IFE, se vulneró el nuevo modelo de comunicación electrónica aprobado en 2007. Hay quienes sostienen que, como los tres contendientes cometieron la misma infracción, no se rompió la equidad y, por ende, no había lugar a sancionar, pero esto equivale a legitimar las violaciones si son cometidas por todos los candidatos.

La Sala Superior hizo bien en rechazar el proyecto presentado por María del Carmen Alanís, que contó con el apoyo de los magistrados Nava y Carrasco y que proponía exonerar a la televisora y a los otros involucrados. Se impuso la mayoría constituida por los magistrados Luna, Galván, Penagos y González y se ordenó sancionar a la televisora. Si acaso, habría que preguntarse si hizo bien el TEPJF al exonerar a los demás infractores.

Si el TEPJF hubiera valorado con igual rigor otras violaciones cometidas en Michoacán, en estos días se estaría preparando la elección extraordinaria.

·OMNIA

En el mar de corrupción que ahoga a México, posee relevancia el acuerdo de la Sala Superior del TEPJF que, tomado en diciembre de 2011, comenzará a materializarse próximamente, cuando se hagan públicas (incluso con videos en la página http://te.gob.mx/) las sesiones de su Comité de Adquisiciones y los procesos de adquisición y adjudicación.

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