marzo 13, 2012

El quinto candidato

Eduardo R. Huchim (@EduardoRHuchim)
erhm45@gmail.com
Reforma

Con su intento de convertirse en el quinto candidato presidencial, con el carácter de "independiente" o "ciudadano" -yo prefiero llamarlo no partidario-, Manuel Clouthier Carrillo ha retomado la ruta abierta con enjundia por Jorge G. Castañeda y cuya meta es poner fin al monopolio que los partidos ejercen en México sobre las postulaciones a puestos de elección popular. Esta contribución a los esfuerzos en pro de las candidaturas no partidarias es, desde mi óptica, el rasgo más valioso de la tentativa de Clouthier por obtener su registro, que casi con seguridad le será negado por el Instituto Federal Electoral (aunque tendrá que pedírselo), porque el IFE no está facultado para otorgárselo.

No obstante, sería indeseable una negativa mecánica del IFE, entre otras cosas por la disposición constitucional (Art. 1) de que "todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos...".

Hay un hecho que abona la ruta a las candidaturas no partidarias y que no debe ser soslayado: la reforma constitucional en el rubro de derechos humanos (incluidos obviamente los políticos) realizada en 2011. Esa reforma expresamente le da vigencia a "los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" y además dispone que la interpretación de las normas en esa materia debe favorecer con amplitud a las personas. En este sentido conviene citar que existen tratados internacionales suscritos por México, entre ellos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establecen (ésta en su artículo 23) que "todos los ciudadanos" (militen o no en partidos, aclaro) tienen el derecho a votar y ser votados.

Existe pues un importante cobijo constitucional que propicia las candidaturas no partidarias, pero el Cofipe las descarta al disponer que "corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular" (Art. 218). El simple cotejo de esta disposición y la contenida en la mencionada Convención muestra claramente la inconstitucionalidad de esta norma del Cofipe, pero en el supuesto de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolviera ordenar el registro de Clouthier, la viabilidad de tal candidatura estaría erizada de obstáculos.

En efecto, sólo un TEPJF erigido en legislador podría resolver esos obstáculos, pues tendría que determinar, por ejemplo, si el hipotético candidato no partidario podría recibir financiamiento público y de qué bolsa, y si podría tener acceso a los tiempos oficiales de radio y tv que administra el IFE. Si estos rubros no se precisan, el quinto candidato estaría legalmente con las manos atadas por cuanto violaría la Constitución y la ley si gasta en su campaña sólo financiamiento privado y si contrata (por sí o por terceros) propaganda en radio y tv. Y si Clouthier optara por el amparo, es probable que esa vía se estimara improcedente, por estar involucrado un asunto electoral que tiene un tribunal especializado, el TEPJF.

Es improbable entonces, pero no imposible, que prospere la candidatura de Clouthier. No es imposible porque es sólido el mencionado cobijo constitucional, por más que una ley secundaria niegue tal posibilidad, ante lo cual importa preguntarnos si debe prevalecer una disposición claramente inconstitucional, aunque no haya sido declarada como tal, asunto en el que sería deseable un pronunciamiento expreso del TEPJF en su momento.

Como quiera, el intento de Clouthier evidencia la necesidad de legislar -como incluso lo ha propuesto el presidente Felipe Calderón- para autorizar expresamente las candidaturas no partidarias y diseñar la manera en que participarían del financiamiento público y del acceso a medios electrónicos. Esas candidaturas abrirían la puerta a otro tipo de problemas, que sería preciso afrontar, pero también pondría fin a un indeseable monopolio partidario que ha tenido efectos perniciosos.

Omnia

Está circulando ya una edición abreviada de Los grandes problemas de México, la magna obra de 16 tomos publicada en 2010 por El Colegio de México. Se trata ahora de cuatro volúmenes (Población, Sociedad, Economía y Política) que la institución presidida por Javier Garciadiego aporta oportunamente como insumo para una discusión informada sobre los problemas nacionales, tan necesaria en este año electoral.

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