Imperio de la ley

Macario Schettino (@macariomx)
schettino@eluniversal.com.mx
Profesor de Humanidades del ITESM-CCM
El Universal

En decisión salomónica, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia pospuso una definición en el caso de la señora Cassez. Como es sabido, esta señora ha presentado un amparo debido a que su proceso no fue realizado correctamente, y en el dictamen propuesto por el ministro Zaldívar se le daba razón a la quejosa y se decretaba su libertad inmediata y absoluta, porque se consideraba que los fallos en el debido proceso hacían imposible determinar, fuera de duda, su complicidad en los crímenes de los que se le acusa.

El voto de los ministros fue dividido. A favor del dictamen se pronunciaron el ponente y la ministra Olga Sánchez, si bien a ésta le tocó el último voto que ya era innecesario, de forma que no entró a la sustancia. En contra del dictamen estuvo el ministro Cossío, quien consideró que las fallas del proceso anulaban una parte de las pruebas, pero no todas, y se inclinó por la reposición del proceso; también el ministro Pardo, que enfatizó el desaseo procesal, pero lo consideró insuficiente para liberar a la acusada; y el ministro Ortiz Mayagoitia, quien insistió en un proceso mal llevado, pero que en su opinión se mantenía en la esfera de lo legal, no de lo constitucional, por lo que no es materia de la Corte.

En suma, hubo dos votos a favor de liberar a la acusada y tres en contra: uno de ellos proponiendo reposición del juicio, de forma que se queda sin decisión y se hará una nueva propuesta, ahora de parte de la ministra Olga Sánchez. Pero hubo unanimidad en los ministros acerca de la actuación de la policía y la procuraduría: actuaron mal.

En los días precedentes a la decisión, el presidente Calderón insistió mucho en los derechos de las víctimas, en la necesidad de actuar con dureza contra los criminales, e incluso aprovechó el natalicio de Juárez para recordar su afamada legalidad y su lucha contra los franceses. De mal gusto, pero además inapropiado en su presión a la Corte. Le respondió el ministro presidente, Silva Meza, con más referencias juaristas.

Creo que subestimamos cómo ha cambiado México. En los últimos 15 años el Presidente ha sido sometido a la división de poderes: a un Congreso dividido y a una Corte autónoma e independiente. No le queda más que presionar con palabras, que pueden ser todo lo duras que se quiera, pero son sólo palabras. Y se le respondió de la misma manera. En los casi 190 años previos de historia del país, ese duelo de discursos hubiese sido impensable. El hombre fuerte, el presidente, mandaba por sobre la ley.

No más, y éste es un avance de la mayor importancia, pero al que no atendemos como deberíamos. Hoy el Presidente de México no puede hacer sino lo que la ley le permite, que no es mucho. Ya no hay presidente todopoderoso, sino tres poderes claramente diferenciados y actuantes. No eficientes, pero autónomos y en contrapeso permanente. Eso se llama democracia, y es uno de los más grandes avances de México.

Pero el cambio no es parejo. Las instituciones encargadas de la procuración de justicia, o más ampliamente, de todo el proceso jurídico, no han mejorado en la misma proporción. Gracias a una reforma penal que avanza con lentitud, pero lo hace, es cada vez más evidente la profunda incapacidad del Ministerio Público para actuar en el marco de la legalidad. Y es que costumbres de 200 años no se borran fácilmente. En toda nuestra historia, el MP jamás tuvo que responder por sus actos, e inventó pruebas, culpables y confesiones sin el menor pudor. Pero eso es cada vez más difícil: en los estados en donde los juicios orales avanzan, el MP muestra claramente su incapacidad. La Corte misma ha insistido en el debido proceso en muchas ocasiones, aunque en el caso Cassez parezca insuficiente a algunos.

Es la reforma que sigue: la transformación integral de las procuradurías y el MP, para que dejen de ser ese brazo judicial del poder sin límites que fueron en toda nuestra historia y se conviertan en los abogados del Estado, que debe ser su función. Pero esta transformación es posible gracias a que hemos logrado limitar el poder presidencial.

Mientras a nivel federal la transformación es lenta, pero evidente, en las entidades el asunto es distinto. Hoy tenemos el problema de contar con 32 “gobernadores imperiales”, sátrapas, que no tienen contrapeso alguno. En los estados el gobernador no habla en contra de otros poderes: los domina y controla. El avance de México pasa por limitar a los gobernadores, no hay que confundirse.