marzo 22, 2012

La extorsión como forma de lucha

Alfonso Zárate Flores (@alfonsozarate)
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, SC
El Universal

Lo sabemos por la dura experiencia colectiva, el chantaje surte efecto, por eso se multiplican las extorsiones en México. En un país en el que el derecho se aplica a modo, cada grupo social usa y abusa de los recursos que tiene a la mano para imponer su ley. Lo hacen los más poderosos, que utilizan todos los medios para oponerse a las decisiones de la autoridad, pero también “los de abajo”, que han aprendido que la intimidación es el arma más eficaz para proteger intereses no siempre legítimos.

En distintos puntos del país, grupos campesinos, estudiantiles o urbano-populares, secuestran y queman vehículos; bloquean caminos y carreteras, toman casetas y se plantan en las principales plazas cívicas ante la indiferencia de las autoridades. En los últimos años, las imágenes de los atropellos se multiplican: un jinete a caballo que irrumpe en la Cámara de Diputados; miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que rompen puertas y causan daños al edificio de la SEP, patrimonio colectivo; campesinos de Atenco que logran, con el despliegue de 300 machetes, cancelar el proyecto de infraestructura más ambicioso del sexenio de Fox, el nuevo aeropuerto…

El hecho de que la ciudad de México sea el centro político, histórico, cultural y social del país, la convierte en el punto de llegada de expresiones muy diversas: los seguidores de César del Ángel y los 400 Pueblos; los electricistas de Luz y Fuerza, que pueden golpear a trabajadores de la CFE con los que se topan en sus marchas; los normalistas de Guerrero que bloquean autopistas o los de Michoacán que incautan autobuses de transporte público para doblegar a las autoridades: reclaman incrementos en la matrícula y la asignación de plazas para quienes egresen en las próximas cuatro generaciones.

En el caso de la CNTE, el ritual se cumple religiosamente: cada año, hacia el mes de mayo, distintos contingentes —procedentes fundamentalmente de Oaxaca y Michoacán, pero también de Guerrero, Chiapas y otras entidades— formados por miles de maestros que abandonan las aulas, se trasladan a la capital para realizar marchas desde distintos puntos y desquiciar el tránsito vehicular, asfixiar a la ciudad y afectar la vida de sus habitantes.

La paradoja es que estos maestros, que se llaman a sí mismos democráticos y de izquierda, provienen de entidades en las que los alumnos presentan las peores calificaciones, sus deficiencias educativas se convierten en un factor que perpetúa la pobreza y la desigualdad, cuando desde una perspectiva de izquierda y democrática debería ser un imperativo enseñar más y mejor para dotar a esos alumnos de una educación que les permitiera salir de la pobreza y tener acceso a un mayor calidad de vida.

Lo que vivimos viernes y sábado de la semana pasada no es un movimiento que reivindique las mejores causas del magisterio, sino una mezcla de un izquierdismo trasnochado, intereses y complicidades que apuesta al fracaso de la Alianza por la Calidad de la Educación, una iniciativa empeñada en la reforma integral del sistema educativo que incluye el equipamiento y la rehabilitación de los centros escolares, la dotación de equipo “con conectividad” para los centros escolares; un cambio sustantivo en los mecanismos de ingreso y promoción tanto del personal docente como de directores, supervisores y autoridades educativas.

La Alianza se propone también atender las necesidades de niños y jóvenes en materia de salud y alimentación; una reforma de los enfoques, asignaturas y contenidos de la educación básica; un sistema nacional de evaluación responsable de monitorear el rendimiento “de todos los actores del proceso educativo” y establecer los estándares de desempeño docente, aprovechamiento, gestión del centro escolar, infraestructura y equipamiento, entre otros.

Y mientras los maestros reprobados hacen y deshacen, ante la frustración y el enojo de los habitantes de la ciudad de México, unas autoridades se esconden y otras ceden: se otorgarán mayores recursos para créditos del ISSSTE.

Además de la indignación, ¿qué podemos hacer los ciudadanos, con qué recursos —legales, políticos— contamos para impedir que la ciudad y sus habitantes seamos rehenes de chantajes? ¿No sería hora de que los legisladores y las autoridades hicieran su trabajo? ¿O es que no hay otra forma de hacerse escuchar que a través de la extorsión?

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