marzo 09, 2012

¡Los diputados sabían razonar!

Juan Villoro (@juanvilloro56)
Reforma

Es difícil encontrar un oficio con mayor desprestigio que el de diputado. Ante los oportunistas de siempre que en las próximas elecciones buscarán reciclar su chamba, vale la pena recordar los tiempos casi inverosímiles en que los legisladores derrochaban elocuencia.

Clementina Díaz y de Ovando recuperó la controversia legislativa que llevó a la creación de la primera ley de protección del patrimonio arqueológico nacional. En Memoria de un debate recoge las posturas expresadas en la Cámara el 28 de octubre de 1880. Desde el empobrecido presente, dan ganas de votar por esos civilizados oradores, tan diferentes de los que ahora llaman la atención por su cinismo, sus salidas de tono o su capacidad de lanzarse botellitas de agua.

Aquel 28 de octubre el diputado Gumersindo Enríquez propuso que se discutiera el caso del francés Désiré Charnay, que había firmado un contrato con el gobierno para explorar zonas arqueológicas. De acuerdo con Ignacio Bernal, Charnay hizo contribuciones al conocimiento de las culturas tolteca y maya, pero también envió piezas al extranjero, en especial al Museo Trocadero de París.

El acuerdo facultaba a Charnay a quedarse con dos terceras partes de las muestras obtenidas. A cambio de los objetos exportados, debía entregar fotografías. En su libro Entre el campo y el gabinete, Mechthild Rutsch informa que el Museo Nacional de México disponía en esa época de 147 piezas de arqueología, mientras que el Museo de Etnografía de Berlín exhibía 21 mil. La falta de conciencia acerca del patrimonio prehispánico permitió la firma del contrato con Charnay.

Enríquez alertó a sus colegas al respecto: "No está muy remoto el día en que el gobierno de la república pueda mandar hacer excavaciones que le costarán bien poca cosa y enriquecerán los museos nacionales, sin esperar a que un extranjero venga a enriquecerlos".

Juan Antonio Mateos, novelista, dramaturgo y periodista, lo apoyó en estos términos: "No quiero descender a que el Sr. Charnay se lleve los objetos y nos deje las fotografías, como pasa en las familias cuando se trata de un matrimonio, que se llevan a la hija y le dejan al padre el retrato".

Justo Sierra intervino con un parecer contrario, basado en el universalismo. Comentó que durante décadas las zonas arqueológicas habían sido abandonadas y que Charnay las explotaba en beneficio de la humanidad toda. Su aportación disidente fue razonada con aplomo: "Hacer uso del amor patrio para impedir que esto que está sepultado en el polvo vaya a servir de ilustración al extranjero, que nos devolverá en libros como los que están ilustrando la historia de África, me parece indebido [...] No está absolutamente en juego el honor nacional, ni se trata tampoco de regalar nuestros tesoros. Esto, señores diputados, no es más que una hipérbole. De lo que se trata pura y sencillamente es de un contrato en virtud del cual un arqueólogo extranjero quiere hacer excavaciones que nadie se ha propuesto hacer".

Sí, queridos lectores, en aquel tiempo los diputados sabían lo que era "hipérbole".

Vicente Riva Palacio, periodista y orador de primera, lo refutó de este modo: "Es verdad que esas grandes sociedades están haciendo estudios sobre nosotros, pero esos estudios no los hacen sólo por amor a la ciencia, porque en esto también entra la especulación".

Siguió el turno de Guillermo Prieto, ex ministro de Hacienda, poeta popularísimo. Además de su vuelo retórico, destaca el respetuoso trato del adversario: "El señor Sierra ha querido considerar la cuestión desde la altura de su pasión por la ciencia, de su amor a la disipación de la tiniebla, de su deseo de que se propaguen por todas partes estas fojas sueltas del libro de nuestra historia, para que todos los sabios las vean, las conozcan y contribuyan con su inteligencia para levantar un monumento, si es posible, a la humanidad". Hasta aquí, Prieto no sólo reproduce sino que mejora los argumentos de Sierra. Después de recordar lo que se había hecho por el arte prehispánico desde México a partir de Clavijero y Alzate, remató: "Que se conserven esos estudios y no para que se encierren, y no para guardarse, sino para que se pongan en nuestros museos, para que estén a la vista de todos los extranjeros, para que ellos aprendan y enseñen con el objeto de que esta luz esté bien, y esta felicidad se propague por todas partes".

Al término del debate la votación fue de 6 votos a favor del contrato con Charnay y 144 en contra.

Esto produjo un viraje en la preservación del patrimonio. En 1884 Leopoldo Bartres inició excavaciones en Teotihuacán y Mitla con fondos del gobierno, y el 11 de mayo de 1897 se promulgó la ley que declaraba que "los monumentos arqueológicos son propiedad de la nación".

Ya que los candidatos a diputados dan vergüenza, honremos con la memoria a los que nos dieron patria.

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