marzo 03, 2012

Otto Pérez Molina

Jaime Sánchez Susarrey (@SanchezSusarrey)
Reforma

Pérez Molina, siendo militar y por experiencia propia, sabe que la guerra no se puede ganar, que se está perdiendo y que el último escalón sería el colapso o la cooptación del Estado guatemalteco

Sergio, un abrazo.

Otto Pérez Molina, fundador del Partido Patriota y general retirado del Ejército, fue electo presidente de la República de Guatemala el 6 de noviembre de 2011 por mayoría absoluta en segunda vuelta. Su toma de posesión fue el 14 de enero de 2012.

Pérez Molina centró su campaña en cuestiones de seguridad y prometió mano dura en la lucha contra el crimen organizado. Al general y su partido se les ubica a la derecha y su victoria está asociada a que los electores pensaron y decidieron que él sí podría poner orden en Guatemala.

Sorpresivamente, sin embargo, el 11 de febrero pasado el general planteó tres cuestiones: 1) que el combate contra el narcotráfico ha fracasado en todo el mundo; 2) que hay que despenalizar la lucha; 3) que llevaría ese planteamiento a los países centroamericanos y latinoamericanos.

De ese modo, el general Pérez Molina se convirtió en el pri- mer presidente lati- noamericano en plan- tear la urgencia de corregir la estrategia y abrir un debate para considerar la despenalización del consumo, producción y venta de drogas.

El giro del presidente de Guatemala fue sorpresivo, pero se explica por varias razones. La implantación del narcotráfico en Centroamérica no es ninguna novedad. Pero es un hecho que a partir de la guerra que desató el gobierno de Felipe Calderón el fenómeno se ha acentuado y recrudecido.

En el informe 2011 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU se establece: "En América Central, la escalada de la violencia en relación con las drogas...ha alcanzado niveles alarmantes que no tienen precedentes, lo cual ha agravado considerablemente las condiciones de seguridad, haciendo de la subregión una de las zonas más violentas del mundo".

Y, en efecto, las cifras y los datos son alarmantes. El llamado "Triángulo del Norte", integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras, tiene la tasa de homicidios más alta del mundo. En Honduras alrededor del 60 por ciento de los delitos guarda relación con las drogas.

En la actualidad operan en Centroamérica más de 900 maras (pandillas locales) que tienen más de 70 mil miembros (JIFE, Informe 2011). Para entender la gravedad y complejidad del problema baste decir que en 2010 los efectivos del Ejército de Guatemala sumaban 16 mil 700 y se planteaba incrementar su número a 21 mil.

Y eso sin contar un fenómeno que en México conocemos perfectamente: la corrupción y cooptación de las autoridades y las fuerzas de seguridad por el narcotráfico. Pero lo que aquí es un problema mayor, allá debe ser simple y llanamente irresoluble.

Las proporciones en este caso son muy importantes. Guatemala tiene una superficie de 108 mil kilómetros cuadrados y cuenta con una población de 14 millones de habitantes. Su dimensión geográfica y demográfica no es muy distinta de un estado como Tamaulipas (79 mil kilómetros cuadrados y 3 millones de habitantes).

La diferencia está en que mientras Guatemala, como Estado soberano, debe hacer frente con sus propios recursos al poder enorme del narcotráfico, Tamaulipas cuenta con el apoyo de la Federación. Y aún así es evidente que hay regiones de México que se han salido de control.

La conclusión cae por su propio peso. Si en México se puede hablar de territorios al margen de la ley, con características propias de un Estado fallido, en Centroamérica, particularmente Guatemala, El Salvador y Honduras, deben tener el agua hasta al cuello.

El colapso o la cooptación de alguno, o de todos esos Estados, por cárteles de la droga tendría implicaciones para la seguridad nacional de los países fronterizos, pero serían particularmente graves para México.

Baste imaginar que el cártel de los Zetas, que tiene por sus orígenes una fuerte vinculación con Guatemala, sentara sus reales y se volviera hegemónico en ese país. El impacto en las regiones que los Zetas controlan en México y en la correlación de fuerzas con otros cárteles sería capital.

Todo eso es lo que advierte, o tiene en mente, el presidente Pérez Molina. Siendo militar y por experiencia propia sabe que la guerra no se puede ganar, que se está perdiendo y que el último escalón sería el colapso o la cooptación del Estado guatemalteco.

Como era de esperarse, la respuesta de Estados Unidos y de los organismos de la ONU, que fiscalizan los estupefacientes, fue completamente negativa.

Janet Napolitano, secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, llegó a Guatemala el 27 de febrero procedente de México y en conferencia de prensa, con el presidente Pérez Molina, planteó su oposición y agregó: "hay mejores maneras de abordar el problema del narcotráfico", -no dijo cuáles y se limitó a repetir lugares comunes.

La respuesta del presidente Guatemalteco fue digna y firme: ratificó que después de 25 años era necesario revisar la estrategia y que seguiría insistiendo en su propuesta de abrir un debate internacional sobre la despenalización de la producción, transporte, comercio y consumo de las drogas.

El presidente Pérez Molina va a la raíz de la cuestión. No se trata de despenalizar sólo el consumo, como ha ocurrido en varios países, incluidos Holanda y Portugal, sino de toda la cadena (producción, transporte y comercio), tal como sucede con el alcohol y el tabaco.

No se trata sólo de la marihuana, sino de todas las drogas.

Los países más interesados en apoyar la apertura de ese debate internacional son, por razones obvias, México y Colombia. Aquí llevamos 50 mil muertos y las cosas no mejoran.

Felipe Calderón debería, a la voz de ya, fijar una posición clara, conforme a los intereses de México, y respaldar la postura de Pérez Molina.

No hay comentarios.: