mayo 31, 2012

Gobernadores bajo sospecha

Alfonso Zárate Flores (@alfonsozarate)
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, SC
El Universal

Quizá el dato más perturbador de la alternancia haya sido la “reinvención” de los gobernadores: dejaron de ser emisarios del Señor del Centro para convertirse en dueños de sus estados. En “Coahuila de los Moreira”, por ejemplo, una familia se sirvió de la gubernatura para apropiarse de los principales núcleos del poder. Ese avasallamiento le permitió todos los excesos, entre ellos, llevar la deuda de 323 millones de pesos —que había heredado Enrique Martínez y Martínez— a 36 mil millones. En el colmo de la desmesura, el entonces gobernador Humberto Moreira operó su propia sucesión para que la incertidumbre democrática premiara los esfuerzos de su hermano Rubén, actual mandamás en la comarca. Todo queda en familia.

Otros gobernadores, de distintos partidos, se sirvieron con la cuchara grande y endeudaron a las siguientes generaciones. Destacan, por la magnitud y el abuso, los casos de Natividad González Parás en Nuevo León; Fidel Herrera en Veracruz; Emilio González Márquez en Jalisco y Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal.

La regresión democrática sufrida en los estados no se agota en el dispendio de los recursos públicos. Los casos de Arturo Montiel en el Estado de México, del Góber Precioso, Mario Marín, en Puebla, y Ulises Ruiz en Oaxaca, muestran que la opacidad, la arbitrariedad y el autoritarismo forman parte de un mismo paquete. Por lo demás, los congresos suelen están dominados por mayorías al servicio del señor gobernador y las oposiciones partidarias y de la sociedad civil carecen de fuerza, por lo que no es difícil que sean nulificadas o compradas. Los jueces y magistrados obedecen las consignas de su verdadero jefe y los órganos supuestamente autónomos —comisiones de derechos humanos, autoridades electorales, institutos de transparencia y acceso a la información—, con honrosas excepciones, también están sometidos.

En las décadas de la República priísta los presidentes solían “meter al orden” a gobernadores notoriamente ineptos, corruptos o repudiados. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, su secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, operó sin disimulos la salida del gobernador de Yucatán, general Graciliano Alpuche Pinzón. La historia del antiguo régimen está plagada de casos similares: llamadas telefónicas desde la casona de Bucareli, operaciones truculentas surgidas de los sótanos de la “policía política” o simples guiños del otrora “poderoso” segundo de a bordo. Todo esto acabó, por fortuna, con la alternancia en el Ejecutivo. Sin embargo, también significó dejar sueltos los hilos del poder; y no sólo eso, pues una vez que los gobernadores midieron la precariedad política en Los Pinos, se volvieron altaneros y doblegaron a las instancias federales.

Oaxaca es una excepción. Allí, un núcleo sectario, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), extorsiona a los gobernadores. Lo hizo con los del PRI y lo sigue haciendo con el primer gobernador de la alternancia, Gabino Cué, quien se muestra débil y obsecuente ante los graves daños a los niños y jóvenes que se quedan sin clases, el secuestro del centro histórico de la capital del estado y la afectación a los trabajadores y comerciantes de la zona.

Pero el tema más grave ha sido la omisión de los ejecutivos locales en el cumplimiento de su responsabilidad central: garantizar la tranquilidad de la población. El enriquecimiento escandaloso de algunos de ellos podría explicarse por el saqueo de los recursos públicos o por los sobornos derivados del otorgamiento de concesiones, contratos y autorizaciones, pero también, mucho más grave, por la colusión con el crimen organizado.

En estos días ha ido avanzando la investigación que se siguen en Estados Unidos sobre presunto lavado de dinero de dos ex gobernadores de Tamaulipas: Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, ambos priístas. Y ahora se sabe que en México, con cierta lentitud, la PGR ya tiene arraigados a supuestos “operadores financieros”.

Pero este tema tampoco es monopolio priísta. Ahí están las sospechas sobre protección al crimen organizado del gobernador panista de Morelos, Marco Adame (y antes de Sergio Estrada Cajigal); o la suspicacia que ensombrece la fama pública de Leonel Godoy, ex gobernador perredista de Michoacán, sea por obra, omisión o simple vínculo fraternal con el primer —presunto— hombre del narco que llega a ocupar una curul en el Congreso federal…

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