mayo 10, 2012

Los jueces del narcotráfico

Jorge Fernández Menéndez (@jorgeimagen)
Razones
Excélsior

Jesús Guadalupe Luna Altamirano, magistrado del Tercer Tribunal Unitario de la Ciudad de México, decidió el 11 de abril de 2008 que no había elementos para fincarle una responsabilidad penal a Iván Guzmán Salazar, un hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en los delitos de delincuencia organizada y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Se absuelve a Archivaldo Iván Guzmán Salazar de toda sanción ministerial, por lo anterior se ordena su inmediata y absoluta libertad”, decretó el magistrado Luna Altamirano y horas después el Chapito fue puesto en libertad. Había sido detenido en Zapopan, Jalisco, la madrugada del 14 de febrero de 2005 por un incidente de tránsito, portando una identidad falsa. Fue acusado de delitos de delincuencia organizada, de lavado de dinero y también del asesinato de una joven canadiense en Guadalajara. Estuvo primero en el Reclusorio Sur del DF y cuando se supo que había un plan para rescatarlo de ese penal fue trasladado al de alta seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Pero el juez Luna Altamirano decidió dejarlo en libertad, una sentencia cumplida el 12 de abril de 2008, y desde entonces está prófugo. Apenas ayer, la justicia estadunidense incorporó al Chapito en su lista de narcotraficantes con restricciones financieras y comerciales e incautó sus cuentas en Estados Unidos. Está acusado de lo mismo que en México: lavado de dinero y delincuencia organizada.

El récord del juez Luna Altamirano en liberación de narcotraficantes no admite lugar a dudas: libera a todos. Esto escribimos en este mismo espacio hace exactamente seis años, antes de que Felipe Calderón tomara posesión de su cargo como Presidente de la República: “Apenas el siete de noviembre pasado, se presentó una queja en el Consejo de la Judicatura contra el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, porque dejó en libertad, el 31 de mayo de 2006, y de un plumazo, a 20 personas acusadas, y condenadas en primera instancia, por la operación con recursos de procedencia ilícita. Los acusados habían sido detenidos en una bodega en Boca del Río, Veracruz, cuando custodiaban tres millones 150 mil dólares, ocultos en un camión que llevaba el logotipo de Praxair, destinado aparentemente para el transporte de gas, pero adaptado para el traslado de droga y dinero… (Los liberó) a pesar de que la detención fue parte de una larga labor de inteligencia y derivó de la detención previa, en la carretera Sonoíta-San Luis Río Colorado, de un tráiler similar, con el mismo logotipo, en el que se transportaban poco más de mil 700 paquetes de mariguana, con un peso superior a las cinco toneladas de esa droga”.

Todas las pruebas documentales del caso, decía esa columna de noviembre de 2006, “incluyendo la relación entre la detención en Sonora y la forma en que se llegó al almacén y el transporte con dinero en Veracruz, le fueron entregadas al juez Luna Altamirano, pero éste, en su sentencia, sostuvo que la única prueba que obraba en contra de los detenidos era el parte informativo del policía que encabezó el arresto. Por lo tanto, el juez consideró que no se podía demostrar que los detenidos supieran de la existencia de los más de tres millones de dólares ocultos en el camión que protegían y que, además, de saberlo, no se comprobaba que supieran que procedían de una fuente ilegal”.

O sea que el juez ordenó la liberación de todos los detenidos luego de que “una operación realizada por el Ejército logra la detención de un tráiler con cinco toneladas de mariguana en Sonora. Se realiza toda una operación de inteligencia a lo largo del territorio nacional. Se llega al depósito de Veracruz donde se encuentra otro tráiler igual con más de tres millones de dólares, pero para el juez que dictamina el caso no hay nada extraño, los detenidos con el dinero pueden regresar a su casa porque no sabían que (el dinero) estaba allí y no eran conscientes que se trataba de recursos ilícitos... seguramente porque todo el mundo guarda millones de dólares en tráilers camuflados. Más grave aún, el juez dictó la sentencia y liberó a los acusados y posteriormente avisó a la PGR de ello, de forma tal que la Procuraduría no pudiera ampararse contra su resolución. Veinte acusados de narcotráfico regresaron sin problemas a la calle. El caso del juez Luna Altamirano ya está en manos de la Judicatura, pero, como en muchos otros, si no se comprueba un acto específico de corrupción, no pasará nada”. Y no pasó nada, no hubo sanción. El juez Luna Altamirano, cercanísimo a don David Góngora Pimentel, que sería el consejero jurídico de López Obrador de llegar éste a la Presidencia de la República, después de esas decisiones también liberó al Chapito (y a 14 de sus familiares), liberó a La Reina del Sur, Sandra Ávila, a los secuestradores del ganadero Carlos Pilgram y a muchos otros. Ahora al Chapito Guzmán lo condena la justicia estadunidense por lo mismo que el juez Luna Altamirano lo liberó hace cuatro años en México. Y sigue sin pasar nada.

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