junio 24, 2012

El fraude del fraude

Gerardo Galarza (@ggalarzamx)
Excélsior

Si se logra un fraude, los mexicanos no tenemos remedio.

La lucha por la democratización del sistema político posrevolucionario no comenzó hace unas semanas en un auditorio de una universidad privada; tampoco con los debates oficiales e independientes entre los actuales candidatos a la Presidencia de la República.

El sistema democrático mexicano de hoy (endeble, pobre, limitado, insuficiente… y ponga usted el adjetivo descalificador que desee) es producto de la lucha de cientos de miles —probablemente millones— de mexicanos que en un momento de sus vidas decidieron oponerse a la dominación de un partido único: el PRI. Muchos de ellos sufrieron de la represión física, política, económica, laboral, escolar, y hubo quienes pagaron con la vida misma.

Apenas hace 66 años que el Congreso de la Unión tuvo diputados opositores (sólo cuatro, todos del PAN, en distritos de Michoacán, Distrito Federal, Nuevo León y Aguascalientes) y 65 años que se reconoció el primer triunfo opositor en una presidencia municipal: la de Quiroga, Michoacán, a través del panista Manuel Torres Serranía. El 2 de enero de 1946, ciudadanos de León, Guanajuato, fueron reprimidos, inclusive por el Ejército, al tratar de impedir una imposición en la alcaldía de su ciudad. Todavía existen mexicanos que recuerdan las luchas electorales de Juan Andrew Almazán, en 1940, y de Miguel Henríquez Guzmán, en 1952.

A ellos siguieron los ferrocarrileros de Valentín Campa y Demetrio Vallejo, en 1958, los potosinos seguidores del doctor Salvador Nava Martínez, en 1958, 1961, 1982 y 1991; los médicos de 1966, los estudiantes y profesores de 1968 y de 1971; los yucatecos seguidores de Víctor Manuel Correa Rachó, en 1969, y de Salvador Rosas Magallón, en Baja California, los guerrilleros (¿por qué no decirlo y reconocerlo?) de los años 70; los panistas de Chihuahua, parte de los “bárbaros del norte”, según expresión de Fidel Velázquez, de 1985 y 1986, encabezados por Luis H. Álvarez y Francisco Barrio; Cuauhtémoc Cárdenas, Heberto Castillo y Manuel J. Clouthier, en 1988 (hace 24 años), cuando todavía el sistema, el PRI, había sido incapaz de reconocer el triunfo opositor en siquiera un gobierno estatal. Y todos los que siguieron después hasta hoy.

Esas luchas de cientos de miles —probablemente millones— de mexicanos, cuyos nombres no se olvidan, pero no caben aquí, han dado frutos (“frutitos”, dirán algunos; “vanos”, dirán otros; increíbles hace 30 años).

Gracias a ellos, el próximo domingo 1 de julio, 79 millones 454 mil 802 mexicanos podrán acudir a las urnas a elegir a dos mil 127 ocupantes de cargos de elección popular, entre ellos el de Presidente de la República y miembros del Congreso de la Unión.

Hoy, como hace años, hay quienes aseguran que habrá fraude en esas elecciones. Es cierto que existen mexicanos que han hecho fraudes electorales y que siguen siendo expertos en ellos; militan principalmente en dos partidos políticos, de los que inclusive son candidatos. Para fortuna de los mexicanos, son absolutamente conocidos.

Frente a ellos hay ciudadanos e instituciones (todavía en 1994 no existía el IFE y la Comisión Federal Electoral era presidida por el secretario de Gobernación en turno) que garantizarán que el resultado electoral, nos guste o no, será real, válido, legal y legítimo. El próximo domingo deberá haber dos millones cuatro mil 142 ciudadanos mexicanos (sin contar funcionarios electorales de ningún nivel) como responsables de la jornada electoral federal (hay otras 17 elecciones locales concurrentes). La mitad de ellos serán funcionarios de casilla (surgidos por sorteo) y la otra mitad deberán ser representantes de los siete partidos en contienda (si no van será responsabilidad de sus partidos) en un total de 143 mil 153 casillas. También habrá más de 30 mil observadores, nacionales y extranjeros, debidamente acreditados. Además, claro está, de la estructura del IFE en los 300 distritos electorales federales.

Si usted quiere creer que el gobierno o “los poderes fácticos” compraron a un millón dos mil 71 funcionarios de casilla (ciudadanos vecinos de la zona donde quedarán instaladas), tiene derecho a hacerlo. Pero habrá otra cantidad igual de representantes de partidos (PAN, PRI y PRD casi han cumplido sus registros al 100%) que podrán denunciar a los primeros. Si usted cree que los representantes del PRI-PVEM, el PAN y el Panal son parte del fraude, tiene derecho. Pero quedarán otros 429 mil 459 ciudadanos representantes del PRD, PT y MC que, como todos, tendrán derecho a estar en las casillas y a recibir una copia del acta final. Es decir, al término de la elección, Andrés Manuel López Obrador tendrá tres copias de las actas de resultados de todas las casillas; Enrique Peña Nieto tendrá dos copias de esas actas; Josefina Vázquez Mota y Gabriel Quadri tendrán una copia de cada acta de resultados de cada casilla. Las diferencias son por el número de representantes: cada partido tiene derecho a uno en cada casilla. La suma simple de cada una de las actas de casilla da el resultado final de la elección.

Así, el anticipado anuncio del fraude es un fraude. Seguramente habrá quienes quieran defraudar a los votantes; si lo logran habrá que decir que los mexicanos no tenemos remedio.

CAMBIO DE VÍAS.- La compra y la coacción de votos es ilegal. Se llama corrupción. Su mayor responsabilidad recae en quien compra votos, pero también en quien vende el suyo. Sin uno no hay otro…y viceversa.

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