junio 27, 2012

La trifulca que sigue

Mauricio Merino
Investigador del CIDE
El Universal

Si alguien cree que el 1 de julio terminará esta competencia desenfrenada por el poder, verá pronto que se equivoca, porque desde el domingo la contienda continuará intacta. Las campañas habrán terminado y las elecciones se habrán celebrado; es probable, incluso, que haya un ganador oficial —si la diferencia entre el primero y el segundo lugar lo permite— y habrá discursos que serán recordados por siempre. Pero las dudas sembradas, los abusos de los partidos, las verdades a medias, y el encono social derivado de esta contienda seguirán vivos.

No hay ningún resultado, ninguna combinación y ningún escenario capaz de evitar la trifulca siguiente, porque la gran mayoría sigue creyendo que vivimos en una democracia de turnos y sigue pensando —animada por la forma en que esta nueva campaña se ha presentado en los medios— que quien gane la Presidencia ganará todo el poder. Como si no estuviéramos eligiendo al titular del Ejecutivo entre otros ocho mil puestos públicos, sino al monarca absoluto del reino, y como si éste, tras investirse con la corona del mando, estuviera obligado a excluir a todos sus adversarios sin contrapesos ni restricciones.

Como es evidente, desconfío de la clase política mexicana. Los dirigentes de los partidos políticos y sus candidatos han sido los principales beneficiarios del cambio de régimen, pero hasta ahora no han sabido honrar a la democracia. Por encima de los discursos más o menos beligerantes (o más o menos amables) con la actuación de las autoridades electorales, la conducta sistemática de los dirigentes políticos ha sido la deslealtad institucional: desde la más deliberada construcción de desconfianza hacia el IFE y el Trife, hasta el abuso estratégico de los medios legales para golpear a los adversarios —a sabiendas de que las autoridades se verán rebasadas— pasando por la vulneración táctica de las reglas del juego en el uso de los dineros, en la intervención de los gobiernos locales, en la construcción de clientelas con presupuestos públicos y en la oscuridad de las campañas locales.

Todos los partidos políticos han puesto su parte para convertir a los procesos electorales en una guerra entre enemigos irreconciliables, en vez de buscar la consolidación de la democracia, como un régimen capaz de procesar los conflictos de manera civilizada, construyendo equilibrios políticos productivos entre visiones distintas. Y mucho me temo que, tras esa deslealtad sistemática hacia los principios del régimen democrático, lo que vendrá luego del 1 de julio no será sino la reiteración de la desconfianza, del antagonismo y de la lógica de exclusión que inundó sus campañas. En esas condiciones, no habrá posibilidad alguna de celebrar los resultados electorales del domingo siguiente como la expresión libre y consciente de los ciudadanos. Más bien, habremos de contener la respiración hasta conocer de qué magnitud será el conflicto siguiente.

Si gana Peña Nieto, será inevitable que los partidarios de Andrés Manuel declaren el fraude que ya anticipan; si gana AMLO, serán los seguidores del PRI, quienes ya sienten la victoria en la bolsa, quienes se opongan al veredicto con todos los medios que tienen a mano —seguidos de un largo etcétera—; si gana Josefina Vázquez Mota, será imposible evitar la sospecha sobre la intervención del gobierno de Calderón en los resultados. Cualquiera que sea el desenlace, lo que se ha configurado para este domingo no es el final de un proceso destinado a elegir representantes políticos y redistribuir el poder por un periodo de tiempo, en armonía y con madurez, sino el principio anunciado de un nuevo conflicto de largo plazo.

Ningún régimen democrático puede resistir, infinitamente, la deslealtad sistemática de los partidos políticos que lo integran. Si algo bueno habría de traer el 1 de julio habría de ser la conciencia sobre la necesidad urgente de abrir el régimen de partidos que hoy tenemos, para darle una nueva oportunidad a los ciudadanos.

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