junio 15, 2012

Se judicializó la elección

Adrián Trejo (@adriantrejo)
atrejo@callemexico.com
Calle Mexico

· El PRI presentó formalmente una queja ante el Instituto Federal Electoral en contra del jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard Casaubón, por el spot en el que habla de lo que haría en caso de ocupar la Secretaría de Gobernación.

El PAN presentó igualmente una queja ante el IFE contra el PRI, al que pidió investigar por la denuncia de un empresario norteño que asegura que el tricolor obtuvo 56 millones de dólares de “dudosa procedencia”.

En tanto, el PRD también presentó una queja, pero en contra del presidente Felipe Calderón, por el twitt que envió el domingo pasado durante el segundo debate presidencial para corregir las cifras ofrecidas por Andrés Manuel López Obrador.

La judicialización pues, de la campaña a dos semanas de la elección presidencial.

La queja, sin embargo, es endeble y tiene pocas posibilidades de progresar, debido a razones estrictamente legales.

Las quejas del PRI y el PRD, tienen pocas o nulas posibilidades de progresar debido a que Ebrard y Calderón no utilizaron recursos públicos, el primero en su spot y el segundo en el twitter.

El spot de Ebrard se inscribe en los tiempos oficiales a los que tiene derecho el PRD; en el caso del presidente Calderón, nadie puede demostrar que “utilizó recursos públicos” para enviar un mensaje desde su computadora.

Porque, a menos que cambie el espíritu de la ley, lo que se castiga es precisamente la utilización de recursos públicos para la promoción personal, ¿o no?

En el caso de la demanda en contra del PRI, está tampoco podrá progresar porque el IFE ya determinó que las auditorías a la campañas presidenciales se harán después de la elección.

Además el IFE no tiene facultades extraterritoriales como pedir información a las autoridades de Estados Unidos sobre una demanda y/o investigación en curso; para esto está la PGR.

Cierto, mucho ruido pero poca sustancia.

· El coordinador de Comunicación de la campaña de Peña Nieto, David López Gutiérrez, informó que todos los involucrados por un empresario norteño en una demanda por presunto fraude, radicada en California, interpondrán una demanda ante la Procuraduría General de la República.

La demanda será particular independientemente de la que presentó el PRI como partido ante lo que denunció como un intento de extorsión.

· Televisa-Iusacell al cumplimiento de algunas condiciones que la empresa de Ricardo Salinas Pliego consideró “excesivas y onerosas”.

Y es que entre las siete condiciones impuestas para consumar el matrimonio, la CFC establece que si en 24 meses no se ha licitado una tercera cadena de televisión, la sociedad tendrá que liquidarse y alguna de las partes deberá vender sus acciones a la otra.

Las condiciones se refieren más a la televisión y menos a la telefonía móvil, que es supuestamente el fin de la sociedad; las empresas tienen cinco días para responder que aceptan, si no lo hacen, entonces no habrá matrimonio.

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