junio 25, 2012

A votar

Gabriel Guerra Castellanos (@gabrielguerrac)
Internacionalista
gguerra@gcya.net
El Universal

Tenemos una de las democracias más caras del mundo, y no sólo por las enormes cantidades de dinero que nos cuesta. Es cara también porque no ha logrado, 12 o 15 o 18 años después de su surgimiento, consolidarse en la mente y en el ánimo de muchos mexicanos. La democracia más costosa no es cara si los ciudadanos la valoran: no es el caso de México.

Hace ya casi 22 años de la creación del IFE, y no obstante todas las reformas politico-electorales una proporción alta de ciudadanos sigue sin confiar en las instituciones electorales, en la limpieza de las elecciones, en la claridad y transparencia del proceso. En la legitimidad de la democracia mexicana, pues.

Una parte se explica por nuestra historia. México acumula tal cantidad de elecciones viciadas que no es sorpresivo que muchos sigan creyendo que las cosas son como antes. Y si una parte la explica la memoria excesiva, la otra se debe al olvido fácil. Muchos ya no recuerdan todos los pasos que se han dado desde aquellos viejos y pésimos tiempos en que los propios dirigentes del país ignoraban cuántos de los votos que recibía el candidato en turno de su propio partido eran de verdad.

Eran aquellos los tiempos de los acarreos en serie de votantes; de los carruseles en masa; de las operaciones tamal; de las urnas embarazadas; de los conteos lentos y de los resultados predeterminados. Esas eran las reglas: así eran las elecciones en México y si un candidato opositor quería ganar necesitaba no solamente convencer a una mayoría de los votantes, sino además ganar por un margen tal que pudiera sobreponerse a todos esos abusos.

Poco a poco, con cuentagotas tal vez, eso ha ido cambiando. El registro nacional de electores primero y el IFE después lograron que la credencial para votar fuera una herramienta de uso generalizado en una nación sin cédula de identidad. Más importante, lograron con eso (y con la tinta indeleble y los listados nominales) disminuir la posibilidad de que un solo ciudadano votara varias veces.

La ciudadanización de los órganos electorales fue también un paso relevante, pues le quitó herramientas de control al gobierno para manejar las elecciones. Hoy los partidos se han adueñado en buena parte del IFE, pero aun esa deficiencia es preferible a cuando el Secretario de Gobernación todo lo determinaba, por instrucciones del Presidente, obviamente.

El mismo IFE, hoy tan criticado y cuestionado sólo aplica las reglas que el Congreso, ese en el que nadie tiene mayoría. Y no podemos olvidar que la sustancia y la apariencia son cosas distintas: de seis años para acá el IFE ha hecho una pésima labor de comunicación, que ha contribuido a su descrédito. Los integrantes son otros y los niveles incomparables, pero este es esencialmente el mismo instituto por el que nos felicitábamos hace doce años.

Las leyes y las reglas son confusas y mejorables. La integración de IFE quizá también. Su comunicación con la ciudadanía indudablemente debe cambiar. Pero los verdaderos motivos del escepticismo y la incredulidad social tienen mucho más que ver con el papel que juegan los actores políticos. Partidos, candidatos, voceros, que durante los últimos años han mantenido el discurso de antaño, el de denunciar trampas y fraudes cada vez que pierden, a veces incluso antes de que se lleven a cabo las elecciones, y que optan por descalificar al adversario, al proceso y al árbitro.

No me refiero, aunque asi pudiera parecerle a algunos, a un partido o candidato. Todos son, en mayor o menor medida, corresponsables del aparente tiradero de la democracia mexicana, que en realidad no es tal.

Estamos a años luz del México de los años 80 o 90, de las elecciones a la antigüita, y eso hay que reconocerlo, cuidarlo. No hay pretexto para no ir a votar, ni para cuestionar los resultados a priori. Flaco favor le hace a la democracia quien actúa de manera contraria.

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