El actor central

Luis F. Aguilar
Reforma

Se haya despertado o no la ciudadanía, haya regresado o no el dinosaurio, el hecho es que López Obrador sigue ahí. Toda una calamidad nacional, para dos tercios de los ciudadanos mexicanos, que en 22 estados no lo quisieron como Presidente, aun si para otros millones encarna la ilusión de la regeneración nacional. Para muchos es inquietante y probablemente fastidioso que el Sr. López Obrador sea el sistema métrico de la política nacional, el tema central de la agenda política, dicte el bien y el mal del país, y lo divida y enfrente entre el tercio de sus creyentes y los dos tercios de ciudadanos que no lo consideran una persona creíble y confiable para estar en aptitud de dirigir al país. Aunque quiera serlo y se le quiera presentar así, no es el eje o el centro de la política nacional y menos aún el centro de la política democrática. Resulta sospechosamente contradictorio que el candidato de más baja fiabilidad democrática y el de la veracidad más dudosa sea ahora el que se declare salvador de la democracia y protagonice un plan nacional para la defensa de la democracia y la dignidad de México.

Más corren las semanas, más queda claro que su movilización legal y social en contra de los resultados electorales poco tiene que ver con la defensa de las instituciones de la democracia frente a la supuesta imposición mediática de un candidato, que es producto de un fraude que no existió, de compras del voto que no han sido comprobadas y con el "uso ilegal de dinero de procedencia ilícita", una afirmación delirante. Puesto que él sabe que no tiene pruebas contundentes para fundamentar sus acusaciones y ganar la querella de la invalidez o la anulación de la elección presidencial, algo debe tener en la cabeza para que siga ahí. O persigue con su inconformidad un propósito de desestabilización mediante movimientos de calle o, como muchos lo han apuntado, trata de asegurar su supervivencia política, preservar sus bases sociales de apoyo, no perder liderazgo dentro de la izquierda y hacer creíble y deseable su candidatura para dentro de seis años. Es lógico entonces que para la mayor parte de los ciudadanos la tensión postelectoral comience a desdibujarse, a dejar de ser un asunto de trascendencia nacional y a despedir un tufillo de capilla o tribus de la izquierda, con sus jaloneos y posicionamientos internos. Un asunto cada vez más particular y hasta personal, pero no nacional.

Para sacar de la agenda nacional el asunto de las acusaciones de AMLO y determinar de una buena vez su validez o su infundio, así como para restablecer la estabilidad e instaurar la legitimidad política de la nueva Presidencia, el actor central, el centro de la política nacional democrática, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El régimen político democrático, al cimentarse en la pluralidad y la competencia de opciones de gobierno, está expuesto al riesgo de alcanzar niveles de enfrentamiento y ruptura social, razón por la cual ha creado sus salvaguardias de legitimidad y funcionalidad en lo que se llaman "las instituciones no mayoritarias de la democracia", en el sentido preciso de que estas instituciones, al seguir la lógica del respeto incondicional a la ley y del argumento legal correcto, hacen posible que la lógica de la mayoría de las preferencias políticas opere y determine gobiernos.

No se duda de la imparcialidad y la honestidad del Tribunal, tampoco de su entereza moral y competencia profesional, por lo cual los argumentos de su dictamen serán fundados y se sustentarán en razonamientos que, en conformidad con las prescripciones y prohibiciones de la ley electoral y de la Constitución, mostrarán la consistencia o inconsistencia de las pruebas presentadas para invalidar la elección presidencial. Pero para crear un ambiente de estabilidad política, desintoxicado del encono y los prejuicios, y para instituir vigorosamente la legitimidad del cargo presidencial, será crucial la comunicación que hagan de su dictamen al público ciudadano. Comunicación es la clave. Los magistrados deberán informar, explicar, justificar con claridad, precisión y contundencia, hasta el detalle, las bases de su dictamen. Mostrar con argumentos jurídicos, bien expuestos al público, la validez o la invalidez de las objeciones y acusaciones, señalar en dónde y hasta dónde los partidos querellantes tienen razón y en dónde carecen de ella. Hemos llegado este año a un punto en que los ciudadanos debemos llegar a conocer y apreciar la referencia última de la democracia que es la soberanía de la ley y, por tanto, la del tribunal electoral que la respeta y la hace respetar. No es la mayoría empírica o aritmética la magnitud última de la democracia, sino la mayoría conforme a las prescripciones legales. La soberanía del invocado pueblo descansa y se expresa en la soberanía de la ley. Mientras no lleguemos a pisar el terreno republicano de la democracia, seguiremos a merced del capricho de las pasiones, poderes y manipulaciones de los políticos, sus partidos y sus seguidores, aun si creemos que eso es la democracia.