julio 13, 2012

Madruguete del ACTA

Antulio Sánchez (@tulios41)
Internet
tulios41@yahoo.com.mx
Milenio

Como un auténtico madruguete de Felipe Calderón se puede considerar la firma que hizo el gobierno mexicano del Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA) el pasado 11 de julio. Así como se negoció el ACTA, así terminó firmándose: de espaldas a la ciudadanía y en secreto.

La firma del ACTA se da después de que la Cofetel y el propio Senado habían rechazado signarla porque, como refirió el grupo plural conformado en la Cámara alta (http://j.mp/NoAj5w), con el mismo se vulnera el derecho de presunción de inocencia y se torna un obstáculo para la libertad de expresión.

Desde 2010 diversos activistas, académicos, organizaciones civiles y políticos han venido denunciando, en México y diversas partes del orbe, los peligros que entraña ACTA, los efectos que tendría para el desarrollo cultural y sus consecuencias negativas en la naciente esfera pública que conforma internet.

Como señalan Jaime Aboites y Manuel Soria (Economía del conocimiento y propiedad intelectual. Lecciones para la economía mexicana) desde la última década del siglo pasado los países desarrollados iniciaron un vertiginoso proceso de endurecimiento de las condiciones para acceder al conocimiento, mismo que ha afectado de manera directa a los países en vías de desarrollo.

Así con los TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) los países desarrollados han modificado de manera radical los patrones de transmisión, apropiación y alfabetización tecnológica. El ACTA forma parte de este contexto en donde no solo la propiedad intelectual se torna en una de las formas más importantes de transferencia de dinero de los países en vías de desarrollo a los desarrollados, sino también que termina por entorpecer la modernización tecnológica de los países emergentes como México.

Más allá de que el Senado próximamente tenga que suscribir el ACTA, o incluso que la vuelvan a rechazar, lo cierto es que México es orillado a ponerse del lado de lo que su máximo socio comercial, Estados Unidos, le exige, y porque México, en 1991, con la firma del Tratado de Libre Comercio se comprometió a la firma de los TRIPS, sin tomar en cuenta que la firma del ACTA (y de otros similares en materia de propiedad intelectual) implica un desigual esquema de distribución de transferencias de ganancias hacia Estados Unidos y que erosiona derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución.

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