Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, SC
El Universal
A menos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) diga otra cosa, el Partido Revolucionario Institucional regresará a Los Pinos.Pero Enrique Peña Nieto no llegará a la Presidencia con la ventaja apabullante que anticipaban muchas encuestas, el resultado de las urnas acortó la distancia entre el primero y el segundo lugar; tampoco obtuvo la mayoría en el Congreso de la Unión. No sólo eso, las denuncias sobre irregularidades durante el proceso electoral y los hallazgos de los últimos días (significativamente, el Monexgate) confirman las sospechas sobre la turbiedad del proceso.
Con esos ingredientes, surge una interrogante: ¿qué papel jugará Peña Nieto ante su partido? ¿Intentará ejercer las mismas atribuciones que acompañaron al titular del Poder Ejecutivo durante los largos años de preeminencia del PRI, cuando era el jefe real de su partido, designaba y removía gobernadores, nombraba coordinadores parlamentarios y, más allá, tenía la facultad de decidir su propia sucesión? Es bastante probable que el liderazgo de Peña Nieto en el PRI sea tan real como en el pasado. Ernesto Zedillo calificó su relación con el PRI como de “sana distancia”, sin embargo, removió a su antojo a los dirigentes nacionales, cinco en seis años: María de los Ángeles Moreno, Santiago Oñate, Humberto Roque, Mariano Palacios y José Antonio González Fernández.
No obstante la tradicional disciplina de los cuadros priístas —una forma elegante de llamar al verticalismo que forma parte de su cultura política—, la dominación desde el centro podría enfrentar intentos de pataleo en distintas esferas de quienes aspiran a un partido verdaderamente democrático y resistencias en relación con ciertos temas muy preciados para la corriente nacional-populista, como la reforma energética y la laboral.
Y hoy, como lo enseñó hace muchos años Ricardo Monreal, la disidencia puede encontrar cobijo en otras formaciones políticas, es decir, hay destino más allá del PRI, lo cual parecería privilegiar la negociación sobre la imposición.
Por otra parte, no son perceptibles incentivos para una renovación del tricolor en clave democrática. En primer lugar, ¿cambiar para qué? El PRI no necesitó de una cirugía mayor para regresar a Los Pinos; en estos 12 años que vivió despojado de la Presidencia no necesitó disfrazarse de nada para retener el poder en la mayoría de las entidades federativas y mantener la preferencia de anchas franjas del electorado.
El Revolucionario Institucional es una estructura extendida a lo largo de todo el territorio nacional que administra con relativa eficacia la pluralidad en sus filas y los equilibrios de fuerzas regionales. Y es el que mejor cultiva a su electorado: un priísmo social que se mantiene firme, leal, dispuesto a movilizarse cuando así lo demanda la coyuntura.
Una transformación de gran calado, un aggiornamiento, reclamaría de una masa crítica, que no es perceptible y en lugar de grandes “ideólogos” o pensadores, exhibe un cúmulo de operadores políticos avezados. Pero el próximo presidente de la república emanado de las filas del PRI tendrá que enfrentar el poder de los gobernadores, que a partir de la alternancia devinieron reyezuelos con un poder autónomo a veces definitorio en sus terruños. Es probable que Peña Nieto limite sus márgenes de maniobra y meta su cuchara en las candidaturas para la renovación de los congresos locales, el Congreso federal y, sobre todo, en la selección del candidato del partido a sucederlo.
Una pista acerca del liderazgo que ejercerá el presidente Peña Nieto lo ofrecerán dos nombramientos clave: el del nuevo presidente del partidazo (¿un reformador al estilo de Carlos Alberto Madrazo o un peón como Lauro Ortega?) y el del secretario de Gobernación (¿una figura anodina, como Creel o uno de mano de hierro con guante de seda, como Gutiérrez Barrios?). También será clave la manera en que resuelva la instauración de una Comisión Nacional Anticorrupción y las nuevas atribuciones al IFAI que se proponen reducir la opacidad y el arbitrario manejo de los recursos por los gobernadores.
¿Una conducción autoritaria para impulsar cambios democráticos? ¿Un presidente rudo para frenar a los “duros” y corregir, con los instrumentales del viejo presidencialismo, los excesos de los gobernadores de su propio partido?
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