Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, SC
El Universal
Es más, mucho más que el derecho al pataleo. Frente a los resultados de las urnas, las movilizaciones continúan y, en algunos casos, congregan enormes contingentes; el discurso de los activistas se radicaliza y se construyen alianzas sorprendentes: los jóvenes estudiantes —al menos una fracción que se apropia del nombre #YoSoy 132— se acercan a grupos que portan enormes agravios (el Frente para la Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, los electricistas del SME, los profesores de la CNTE oaxaqueña, los comuneros de Cherán). El propósito explícito ya está definido: impedir, como lo ha expresado Andrés Manuel López Obrador, que Enrique Peña Nieto sea impuesto “por la minoría que domina el país”.La llamada Convención Nacional contra la Imposición sesionó en San Salvador Atenco el pasado fin de semana con todo y machetes desplegados y el discurso de la anfitriona, Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, el líder comunitario. Allí, según las notas periodísticas, aproximadamente 2 mil representantes de unas 29 entidades discutieron un programa de lucha.
Parece que los radicales —algunos, como los “macheteros” de Atenco, saben estirar la liga al máximo— están prevaleciendo. Pero todavía es temprano para conocer la postura de los grupos moderados y su peso específico en la conducción de las protestas, así como la actitud que tomarán los más rudos y beligerantes ante la resolución “definitiva e inapelable” del Tribunal Electoral que deberá darse a más tardar el 6 de septiembre.
Por distintas razones, Atenco tiene un importante simbolismo político: fueron sus pobladores quienes repudiaron el proyecto para construir en esa zona el nuevo aeropuerto de la ciudad de México. La ineptitud de los operadores políticos del foxismo generó las condiciones para una dura respuesta colectiva. Las movilizaciones frenaron el proyecto de infraestructura más importante de la administración Fox. Los “súper gerentes” no encontraron una fórmula que resolviera la tensión entre “modernidad” y “tradicionalismo”, una que convirtiera a los comuneros en beneficiarios del proyecto y no en damnificados del “progreso”.
Al parecer, la pasta que permite congregar a grupos tan diversos como la “aristocracia obrera” del SME, el magisterio de Oaxaca y los indígenas de Cherán lastimados por la violencia de los talamontes, es la suma de agravios.
No debiera sorprende la radicalización del movimiento porque, en el terreno estrictamente electoral, aunque hay importantes avances, persisten múltiples irregularidades, entre ellas: el rebase a los “topes” de gastos de campaña; el ingreso a las campañas de dinero “negro”; los altos y poco creíbles niveles de participación en las zonas rurales; la inducción del voto de sectores empobrecidos a través de despensas, materiales para construcción, efectivo y otras “dádivas”. Aunque, también, es evidente que todos los partidos incurren en esas prácticas; unos más que otros, ciertamente, según sus recursos y sus capacidades de operación.
Además, lo que está ocurriendo responde a la lógica del asambleísmo: la prevalencia de los duros y los estridentes, que tienen larga experiencia en el manejo de aglomeraciones; en ese propósito —el control del movimiento— tampoco sorprende la declaración de “apartidismo”, una simulación para reducir el rechazo de la opinión pública.
Por lo pronto, ya existe un plan de acción que deberá ser sometido a las distintas organizaciones: “marcha nacional” el 22 de julio; “cerco” a las instalaciones de Televisa el 27 de julio; “cerco” al recinto legislativo el primero de diciembre, fecha en que deberá rendir protesta el próximo presidente de la República; dos “jornadas nacionales de lucha” el primero y el 6 de septiembre y, cinco días después, convocatoria al “bloqueo” de carreteras y casetas de cobro, además de protestas locales y actos culturales en plazas públicas…
No parece haber, sin embargo, motivos para la preocupación o para la reedición de las protestas de 2006, salvo por un riesgo: que frente a las provocaciones de algunos activistas, haya una respuesta excesiva de la policía. ¿Un riesgo calculado por los dirigentes? ¿El precio a pagar por el maximalismo?
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