José Sosa
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La Crónica de Hoy
Para nadie es ya una sorpresa constatar que viejas prácticas políticas, atribuidas a actores de tiempos remotos, son retomadas por generaciones más jóvenes que no sólo las reproducen sino que, como dice el refrán, las re-editan “corregidas y aumentadas”. Se trata, por igual, de estrategias discursivas que de maniobras administrativas que, en ciertos casos, pueden llegar a ser constitutivas de delito o de faltas graves.
El cierre de la administración calderonista está comenzando a dar signos de esta poco favorable reproducción de esquemas del pasado. De un lado, se tienen diversas manifestaciones en las que, desde el propio mandatario hasta funcionarios de niveles medios y bajos, pretenden demostrar que lo ocurrido en los últimos seis años constituye una transformación radical y benéfica de las condiciones de vida y desarrollo del país. A partir de datos que sólo ellos conocen, estos dirigentes públicos asumen posturas auto-complacientes que poco tienen que ver con lo que el resto de los mexicanos opinan e, incluso, llegan a ser contradictorias con lo que cifras oficiales señalan. Ejemplos de estas últimas contradicciones se pueden encontrar en lo dicho respecto a la generación de empleos, o al combate a la pobreza. El INEGI y el Coneval han publicado informes y estadísticas que muestran que el balance sexenal es negativo en ambos campos. Se han generado menos empleos de los que se perdieron, y la pobreza se incrementó en sus diversas modalidades.
Pero más grave que los exabruptos discursivos, resultan ser las evidencias que indican que la práctica de hacer del último año de gobierno un año de abusos y de apropiaciones indebidas de dinero, se esta asentando en el gobierno federal. Así lo indican las continuas señales que comienzan a aparecer en medios formales e informales de información. De acuerdo con lo dicho por diversos funcionarios de las áreas responsables del presupuesto en algunas secretarías de Estado, las así llamadas cabezas de sector, a veces en coordinación con la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, y a veces en solitario, están recortando fondos y partidas de las dependencias y sus programas sin ninguna otra justificación más que la de tener que cubrir supuestos faltantes. Estos faltantes tienden a ubicarse en áreas del gasto que tienen que ver con el pago de servicios personales y de otra índole.
Como es lógico suponer, para algunos analistas, estos faltantes se podrían referir al pago de servicios que fueron utilizados por el equipo de campaña de Josefina Vázquez Mota. Sin embargo, las evidencias apuntan más bien en otra dirección. En una que tiene que ver con transferencias de dinero a familiares y socios de la familia Calderón-Zavala y de algunos dirigentes de alto nivel dentro y fuera de la Administración Pública Federal. Sirven de evidencias de apoyo a estas especulaciones, los notorios casos de César Nava y Germán Martínez, quienes sin tener empleo o fuente conocida de ingresos legítimos, gozan de un elevado nivel de vida en México y en el extranjero. Lo mismo ocurre con la esposa e hijos del fallido secretario Mouriño, a pesar de que se habían separado supuestamente de la fortuna familiar que derivó de los contratos con Pemex por el uso de buques tanque que eran rentados mientras se encontraban en reparación en astilleros españoles.
De tal forma que, de acuerdo con los funcionarios arriba señalados, el presupuesto federal de este año esta siendo objeto de múltiples y poco claras adecuaciones y cambios. Las modificaciones implican que fondos y programas tan importantes como el Seguro Popular, el Fondo Nacional de Infraestructura y el Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios mostrarán, al cierre del ejercicio, una distribución muy diferente a la que se aprobó en diciembre de 2011 por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Incluso, el poco relevante Programa Anual de Evaluación que administra el Coneval forma parte de lo que podría terminar siendo definido como el botín de los funcionarios del calderonismo. No deja de llamar la atención de que sean las áreas sociales las que se muestran como las mayormente afectadas. Claro está que lo que parece estar sucediendo con los funcionarios federales no es exclusivo del Poder Ejecutivo. Las críticas al Senado por la falta de transparencia en sus partidas de gastos por viajes apuntan en la misma dirección de un uso patrimonial de los recursos públicos.
En cualquier caso, lo que tiene que reconocerse es lo nocivo que podría ser que el segundo de los gobiernos de la alternancia resultó ser heredero y reproductor de los viejos vicios de la era autoritaria. Confiemos que no será así.
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