Retrovisor
Excélsior
Hay cosas peores que un frustrado “chacaleo”. Por ejemplo: que los informadores acepten preguntas sembradas o a modo
La historia podría ser la de una engorrosa y rebuscada pregunta más de los ciudadanos sobre los usos y costumbres de los gobernantes.Porque se afirma que en la todavía incipiente cultura de la rendición de cuentas hemos caído en excesos y la gente quiere enterarse de detalles sin trascendencia: que si comen mucho o poco, que si están sanos o enfermos y hasta qué tanto gastan cuando vacacionan.
Y el gobierno federal resiente, y con razón, el hecho de que mientras sus funcionarios no se dan abasto en el desahogo de las solicitudes de transparencia que reciben, los gobernadores retozan bajo la opacidad que han logrado mantener sobre sus actos.
Pero ojo, responder desde las oficinas de la administración federal a las solicitudes de información no significa siempre rendir cuentas.
Y eso es lo que detona la historia de la ciudadana que preguntó a la Presidencia de la República si existía una política para los integrantes del gabinete en torno al uso de Twitter, Facebook, Youtube y anexas.
La respuesta fue que no y que los funcionarios debían ceñirse a las reglas de los usuarios comunes y corrientes, y se incluyeron ligas de las mismas en internet.
La curiosa ciudadana se inconformó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y alegó que el gobierno del DF había difundido un manual para tales fines.
El sábado anterior el IFAI difundió la resolución en la que instruyó a la Presidencia de la República “buscar y, en su caso, entregar cualquier documento, incluyendo publicaciones en internet, en los cuales se describan los lineamientos a seguir por los Secretarios de Estado, o cualquier miembro del gobierno federal, respecto de la utilización de las redes sociales”.
A cargo de Jacqueline Peschard, el texto avalado por el pleno del Instituto instruye a la Presidencia a realizar “una nueva búsqueda exhaustiva de cualquier documento (...) respecto de todas las redes sociales, en todas las unidades administrativas que podrían contar con la información, en las cuales no podrá omitir a la Coordinación de Comunicación Social y se lo entregue a la particular”.
Argumentó la comisionada, entre otros puntos, que en el portal de Los Pinos existía un documento para los funcionarios tuiteros y que éste se le había negado a quien requirió la información.
Más allá de sofisticadas justificaciones de quienes procedieron con ligereza, el caso es una evidencia más del déficit que padecemos en el derecho a preguntar y en el deber de responder, dos tareas indisolubles en la vida democrática.
Habrá que esperar la respuesta que recibirá el IFAI de la Presidencia, cuya vocera, Alejandra Sota, anunció en abril de 2011 que el nuevo portal del gobierno buscaba convertir al mexicano en “el primer gabinete digital en el mundo”, por lo que todos sus integrantes estarían disponibles en Twitter y Facebook para comunicarse directamente con los ciudadanos.
El asunto es clave en un país donde las redes sociales ya son una plataforma del debate público y político.
Y sin embargo coexiste con una prensa que, paradójicamente, tiene que conformarse con el “chacaleo”, la entrevista que en bola los reporteros realizamos desde el pasillo o la banqueta, en busca de una declaración.
Esta práctica que se realiza desordenada e improvisadamente, en medio de codazos, empujones y tropiezos, reclama de la destreza de los camarógrafos para “agarrar el mejor ángulo” y coloca a los informadores en una competencia de gritos para captar con sus cuestionamientos la atención del interrogado.
Lo peor de esta desgastada tradición, fuente principal en México de las notas informativas del quehacer parlamentario y gubernamental, es que detenerse y responder son actos que quedan a discreción del funcionario o representante popular.
Y la paradoja resulta cada vez más evidente: los editores de los medios retoman como noticias los mensajes que las figuras públicas suben a Twittier, puesto que forman parte del debate, mientras sus reporteros hacen guardias banqueteras en espera de que un secretario de Estado o el líder de un partido se encuentre de humor para responder sus preguntas.
Hay cosas peores que un frustrado “chacaleo”. Por ejemplo: que los informadores acepten preguntas sembradas o a modo.
Sí, existen riesgos mayores que el desdén a los chacales de la prensa: caer en la complaciente ilusión de que los políticos y funcionarios tuiteros pueden informarnos de sus frivolidades y sustituir con éstas el deber que tienen de rendir cuentas y el derecho ciudadano —que los periodistas deberíamos representar y preservar— a preguntar.
De ahí la importancia de la resolución del IFAI sobre una engorrosa duda, en un momento donde corremos el peligro de confundir el derecho a la información con la publicidad.
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