agosto 15, 2012

El problema es la corrupción

Mauricio Merino
Investigador del CIDE
El Universal

Los conflictos postelectorales han formado parte de toda la historia de México, como un sino y como una secuela de sus propios fracasos. Han sido, junto con los conflictos agrarios y las más antiguas reivindicaciones indígenas por la posesión de la tierra, la causa más frecuentada por las proclamas políticas, las rebeliones civiles y las asonadas militares. Esos conflictos han definido los rasgos principales de los sistemas políticos que han gobernado el país y han determinado, también, la forma en que los mexicanos hemos hecho política la mayor parte del tiempo.

Nada de lo que está sucediendo ahora es novedoso; y tampoco lo sería si el conflicto consiguiera escalar hasta el punto de impedir, una vez más, el curso de una legislatura más o menos estable, o un gobierno con alguna capacidad de conciliar entre posiciones opuestas. Lo inédito no sería la continuación de esa larga historia de desencuentros, acusaciones crecientes e intolerancia –que en los protagonistas actuales cuenta ya con veinticuatro años de precedentes--, sino un giro a favor de la democracia. Y aunque haya sido por excepción, alguna esperanza podríamos atesorar, pues esas secuelas también han tenido un modesto espacio en la atribulada historia de México, al menos, en 1867 y en 1996, cuando conseguimos imaginar que la democracia no era imposible.

Pero si alguna expectativa cabe todavía en esta nueva vuelta al pasado, no habrá que buscarla entre los partidos ni en los asuntos electorales —pues ellos seguirán en su ruta, obsesiva, repetitivamente—, cuanto en la agenda planteada desde las orillas sociales del régimen, en busca del ejercicio democrático, responsable y honesto de los poderes políticos. Y aun con los mismos argumentos que los líderes de la clase política han encontrado: ¿O no es acaso la corrupción del dinero público lo que ha manchado estas elecciones? ¿Y no es exactamente esa idea la que justifica el nuevo movimiento planteado por AMLO y las primeras respuestas ofrecidas por Peña Nieto?

A diferencia de los conflictos derivados de elecciones pasadas, el que ahora está en curso no podría resolverse ya con nuevas reformas al código electoral, ni a los procedimientos que nos permiten votar, ni inventando nuevas instituciones o autoridades electorales. El problema ya no está en esa arena sino fuera de ella: está en el abuso de los recursos públicos, en la oscuridad con la que se maneja el dinero –de todos los gobiernos—y en la permisividad de un régimen que, en la práctica, no le rinde cuentas a nadie. No fueron votos mal contados, ni padrones inflados, ni autoridades sesgadas, ni casillas trucadas. Lo que ha puesto en jaque este nuevo proceso y está amenazando otra vez la ilusión democrática es, lisa y llanamente, la corrupción con la que se manejan los puestos, los supuestos y los presupuestos públicos del país.

Sería absurdo e inútil buscar salidas de esta reimpresión de los viejos conflictos a través de las consabidas reformas electorales. Lo que debe construirse es un verdadero sistema de rendición de cuentas, que haga imposible que los partidos se sigan adueñando de los gobiernos como si fueran suyos y que sigan usando el dinero y los medios públicos que se les entregan para ensanchar impunemente sus espacios de autoridad –o al menos, para tener la esperanza de evitarlo.

Pero no con la fórmula –tan ingenua como fanática—de quitar a los “malos” para poner a los “buenos”, ni tampoco creando más instituciones burocráticas para taparle los ojos al macho y huir cómodamente al futuro, como proponen, respectivamente, AMLO y Peña Nieto, sino con la construcción de una política nacional de rendición de cuentas hacia los ciudadanos que comprenda y ataje, con sensatez y conciencia, las verdaderas causas del problema que está viviendo el país. La corrupción no es más que consecuencia de la falta de medios para controlar el ejercicio democrático del poder. Si algo bueno ha de venir, que sea la rendición de cuentas.

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