agosto 30, 2012

Justicia y legalidad

Carlos Elizondo Mayer-Serra (@carloselizondom)
elizondoms@yahoo.com.mx
Reforma

Días antes de la elección, los candidatos a la Presidencia firmaron un pacto de civilidad en el que, entre otros puntos, declaraban que respetarían las decisiones que emitiera en su momento el IFE y el Tribunal Electoral. En el 2012, los partidos políticos recibieron 5 mil 275 millones de pesos, de los cuales los de izquierda obtuvieron mil 390 millones. Al aceptar ese dinero uno supondría que el punto de partida fuese el respeto a la ley.

Poco importó esta firma. Nuevamente, López Obrador no ha reconocido su derrota. Aunque sostiene que actúa desde las instituciones, ha sido claro: "No vamos a aceptar ninguna argucia legaloide que permita que se viole la Constitución, (...) por eso los Magistrados del Tribunal tienen que pensarlo bien". Algunos dirigentes de izquierda han incluso amenazado que si la decisión no les es favorable podrá haber un "estallido social", como si este riesgo no tuviera que ver con organizaciones que los apoyan y a las que han usado en más de una ocasión.

Respetar las instituciones implica reconocer la decisión del Tribunal Electoral. No importa con qué argumentos éste justifique su decisión ni qué decida. Sin duda serán debatibles sus argumentos y consistencia interna, dado que una decisión legal no es ciencia exacta. Sin embargo, la ley es lo que dicen los ministros de la Suprema Corte, mientras que en materia electoral lo es lo que concluyen los magistrados.

Nunca he conocido un fiel seguidor de un equipo de futbol que piense que el árbitro se vendió a favor de su equipo. Enfrentar un árbitro vendido siempre le sucede a su equipo y toda derrota es una prueba de ello. Por eso la justicia de una sentencia no la puede determinar el afectado. Si su equipo gana, es a pesar del árbitro. Para que el partido se pueda jugar la decisión del árbitro es inapelable.

López Obrador como todo hincha apela todas las decisiones que no le gustan, cualquier gol de su adversario es producto de un árbitro vendido, de una canallada. La calificación de la elección presidencial por parte del Tribunal no será la excepción. Tampoco es distinto a como operamos la mayoría de los mexicanos en muchos ámbitos, aunque de un político lo menos que se puede esperar es que acate la ley.

La autoridad en México siempre es disputable, desde el conductor que se da una vuelta prohibida en Reforma frente a un policía que le indica que no lo haga. Al final, el conductor se da la vuelta y no pasa nada. Lo mismo hace en general nuestra clase empresarial que litiga toda decisión de la autoridad, desde las fiscales hasta las regulatorias.

Hemos construido un sistema judicial lento y con infinitas instancias procesales que dejan todo conflicto abierto por años. En el caso electoral, siendo quizás el proceso de calificación más largo del mundo, casi dos meses después de la elección, tiene un fin por ley: el 31 de agosto. Si fuera como el resto de los asuntos jurídicos donde en México nunca terminan, no podría iniciar un nuevo gobierno.

La república amorosa fue, como ya se sospechaba, un ejercicio de relaciones públicas. El verdadero López Obrador sabe qué es justo y qué no. La ley no importa. Así hubiera sido como Presidente. A un Congreso que no hubiera aprobado una de sus leyes lo habría acusado de estar al servicio de no sé qué interés inconfesable y lo hubiera amenazado, quizás hasta con disolverlo. Cuando fue jefe de Gobierno del DF y no le gustó un código fiscal que iba a publicar la Asamblea Legislativa, amenazó con vetar el código si se aumentaba el 25 por ciento la tarifa de agua, tal como lo proponía la ALDF. Lo de menos para él es que no tuviera la facultad para hacerlo, para él era lo justo. También hubiera acusado de venderse o algo peor a la Suprema Corte si le hubiera frenado alguna decisión que le importara mucho.

Si bien las leyes son más legítimas cuando son percibidas como justas por amplios segmentos de la población, la legalidad no parte de que el derrotado crea que la sentencia fue justa. Cuando hay dudas sobre la justicia de una ley o de un proceso judicial terminado, el expediente que queda es nuevamente discutir y modificar la ley electoral, a costa de no atender otras reformas que son mucho más urgentes, sobre todo las económicas. Esa nueva ley no servirá para gran cosa si el derrotado no respeta la legalidad. Siempre es más fácil denunciar la injusticia y el abuso, sin ver los abusos propios, que hacerse cargo de las razones detrás de la derrota.

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