agosto 11, 2012

Libertad de expresión

Jaime Sánchez Susarrey (@SanchezSusarrey)
Reforma

Se deben eliminar de la Constitución los artículos contra la libertad de expresión y derogar el principio que erige al IFE y al Trife en comités inquisitoriales. Es hora de desregular y simplificar

La contrarreforma electoral de 2007 elevó a rango constitucional dos preceptos. El primero fue la prohibición de que particulares (personas físicas o morales) compren tiempos en medios electrónicos durante las campañas electorales para hacer propaganda, a fin de impedir que influyan en el ánimo de los electores.

La razón de este impedimento, que se introdujo por primera vez en el código electoral en 1996, era muy simple: preservar la equidad entre los partidos contendientes. Se quería conjurar el riesgo de que los particulares actuaran como mampara de los partidos e incrementaran, así, los tiempos y la propaganda de alguno de ellos.

Pero además, se quería impedir que la plutocracia -los ricos- pudieran tener injerencia en el debate ideológico y político para inclinar la balanza en un sentido o en otro. El argumento rechinaba de "limpio": sólo los ricos pueden darse el lujo de comprar spots, por lo tanto, limitar ese derecho equivalía a suprimir un privilegio.

La experiencia y la historia no avalaban ninguna de esas tesis. En México la desigualdad, que no inequidad, databa y se fundaba en la simbiosis del PRI con el Estado. La elección de 1994 fue particularmente clara: por cada peso que se gastó en la campaña el PRI dispuso de 75 centavos contra 25 centavos que gastaron todos los partidos de oposición. La proporción fue de 3 a 1.

Por eso la reforma de 1996 estableció tres mecanismos fundamentales: 1) financiamiento público para todos los partidos; 2) que el 30 por ciento de esos recursos se entregaran en forma igualitaria entre todos los partidos; 3) que el 70 por ciento restante se distribuyera en forma proporcional a la fuerza de cada organización.

El primer efecto de esa reforma se hizo sentir en 1997, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, Cuauhtémoc Cárdenas ganó la jefatura de Gobierno en la Ciudad de México y el PAN obtuvo las gubernaturas de Querétaro y Nuevo León.

No había, por lo mismo, en la historia ni en el horizonte real de la política ningún resquicio para que la plutocracia hiciera valer el poder del dinero y se convirtiera en factótum de los procesos electorales. No había sido así en el pasado y no tendría por qué ser así en el futuro.

De hecho, los supuestos de la argumentación eran completamente falsos. Era, y es falso, que sólo los ricos pueden tener acceso a la compra de tiempo en medios electrónicos. En una sociedad democrática y plural hay organizaciones sindicales, gremiales o civiles que tienen enormes recursos que les permiten acceder a esos espacios.

Esas organizaciones, que pueden incluir a ciudadanos organizados que se juntan para difundir un mensaje o promover una agenda legislativa, tienen todo el derecho de defender sus intereses y principios e intentar hacerlos valer en tiempos electorales.

De manera tal que la restricción del derecho a comprar espacios en radio y televisión constituye un atentado contra el derecho a la libertad de expresión.

De ahí que resulte insostenible que ese derecho se le expropie a la sociedad y se deposite en las organizaciones políticas que, a su vez, lo depositan en las cúpulas burocrático partidarias.

Pregunta elemental: ¿por qué, mientras al Partido Nueva Alianza se le otorgan recursos públicos para defender su agenda y sus intereses, una organización como Mexicanos Primero no tiene derecho a criticar al sistema educativo y al SNTE en tiempos electorales? No hay explicación racional.

O para no ir tan lejos, por qué el movimiento del Voto Nulo en 2009 no tuvo derecho a promover su crítica a la clase política y al sistema de partidos mediante spots en radio y televisión.

¿Se trataba de ciudadanos de segunda? ¿Eran irresponsables que promovían la violencia? No, pero la actual legislación crea ciudadanos de primera -los organizados en partidos políticos-, que tienen derecho de contratar espacios en medios electrónicos, y ciudadanos de segunda que deben acatar y callar.

A lo anterior se suma una joya mayor, también elevada a rango constitucional en 2007: se prohíbe a los partidos y candidatos denigrar a otros partidos o candidatos. Y para evitar que eso ocurra se erigen al IFE y al Trife en censores de los spots que se transmiten en tiempos electorales.

Como consecuencia de este brillante ordenamiento se han registrado una serie de fallos que son dignos de Macondo. El Trife anuló la elección en Morelia en 2011 porque un boxeador en Las Vegas portaba un logo del PRI en su calzoncillo y la televisión transmitió la pelea. Se habría roto así la equidad.

Sin embargo, ese mismo hecho fue descartado como causal de nulidad de la elección para gobernador en Michoacán en ese mismo proceso electoral. Por qué en un caso fue relevante y en el otro no, sólo Dios lo sabe.

En la pasada contienda electoral el IFE multó al PRI y retiró un spot en que denunciaba el charolazo que colaboradores muy cercanos de AMLO organizaron con un primo de Santiago Creel. Pero el Trife invalidó esa multa y estimó que no había razón para sacarlo del aire.

Ahora, Monex, Soriana y Carmen Aristegui se han inconformado con un spot poselectoral del Movimiento Progresista, pero la Comisión de Quejas del IFE consideró improcedente la demanda.

No se puede descartar que el día de mañana el IFE o el Trife considere que, en efecto, el reclamo de Soriana, Monex y Aristegui sí tiene fundamento y se debe multar al Movimiento Progresista y sacar el spot del aire.

Todo esto conlleva una lección muy simple. Se deben eliminar de la Constitución los artículos contra la libertad de expresión y derogar el principio que erige al IFE y al Trife en comités inquisitoriales. Es hora de desregular y simplificar.

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