Mal arreglo

Purificación Carpinteyro
pcarpinteyro@gmail.com
Reforma

Más vale un mal arreglo que un buen pleito, como reza el sabio proverbio popular. Supongo, porque de naturaleza soy optimista, que la decisión del gobierno de no prorrogar las concesiones vencidas o por vencer, y rescatar las vigentes, que afecta los intereses de varios concesionarios, MVS principalmente, es apenas una carta que fortalece la posición del gobierno en la negociación que desde hace casi seis años ha tenido con la empresa.

Me atrevo a pensarlo porque, incluso en el anuncio de la decisión, el secretario de Comunicaciones y Transportes hizo hincapié en que no están decretando el rescate de las concesiones, sino apenas iniciando el procedimiento. Al respecto dijo textualmente:

"Quisiera que quede bien claro que en las etapas probatoria y de alegatos (del proceso de rescate de las frecuencias por el Estado), los concesionarios tendrán siempre la opción de sumarse a la política pública del gobierno federal, y unirse así a la posibilidad de utilizar eficientemente sus concesiones".

En toda negociación, las partes utilizan las cartas con las que cuentan para fortalecer su posición frente a su contraparte. Es evidente que con esta medida, el gobierno está en mejor posición negociadora frente a MVS, y la empresa tendrá mayores incentivos que la induzcan a flexibilizar su postura.

Pero si MVS reduce sus expectativas, también el gobierno debe tomar en cuenta que de no llegar a un arreglo, el perjuicio para el país sería devastador y el resultado que obtendrían sería exactamente el opuesto al que pretenden alcanzar en la negociación. Esto es, garantizar que:

"México se pondrá al día en el uso de esta Banda, aprovechando toda su capacidad. [Para tener...] más y mejores posibilidades para recibir y transmitir datos con la mayor eficacia, aplicando las mejores prácticas internacionales, en beneficio de todos los mexicanos".

Hago un alto en el camino para explicar que las concesiones objeto de este debate son sobre una Banda de frecuencias (la Banda de 2.5 GHz), con enorme potencial para ofrecer servicios de banda ancha -fijos y móviles, a precios muy por debajo de los que actualmente pagamos los mexicanos. Implica, citando el discurso del secretario, "la posibilidad de llevar más servicios a la población de todo el país, en mejores condiciones de alcance, calidad y precio".

"Mejores condiciones de precio", esto es lo que el país requiere para que muchos mexicanos que hoy no pueden pagar por servicios de banda ancha para conectarse a internet tengan acceso a ella y sepan aprovecharla. De lo contrario, el Estado estaría propiciando la peor de las discriminaciones, la de la "Brecha Digital". Es decir, la que se da entre los que tienen o no tienen para pagar por estar conectados a la internet, y los que saben o no saben cómo aprovecharla.

Y si México no resuelve el problema, estará garantizando que quienes no tienen acceso a esta tecnología no puedan ni siquiera tener la esperanza de luchar por un futuro mejor.

Pero, si conforme declaró el mismo secretario, están propugnando por la posibilidad de mejores condiciones de alcance, calidad y precio de los servicios de banda ancha que se ofrezcan a través de estas frecuencias, resulta paradójico que uno de dos aspectos más relevantes de la negociación en los que no llegaron a un acuerdo (secretario dixit) sea el de no cumplir con las mejores condiciones económicas para el Estado, tal y como lo prevé el Artículo 134 de la Constitución.

No siempre las mejores condiciones económicas para el Estado se obtienen cobrando más por las concesiones. De hecho, el pago se aplica a solventar el gasto corriente de la administración en curso, sin que la población resulte directamente beneficiada.

Son muchos los casos en que las mejores condiciones económicas para el Estado son las que garantizan que más mexicanos se beneficien de la concesión. Así lo ha interpretado la propia Secretaría en la licitación de concesiones carreteras, mismas que se asignan al interesado que ofrece cobrar menos peaje a los usuarios.

Naturalmente, si un concesionario ofrece pagar más al gobierno por la concesión, quien termina pagándolo es la población; ya que, para que sea negocio, el concesionario tendrá que traspasar su costo, al precio que cobre a sus usuarios por los servicios.

Entonces, si tratándose de carreteras para el autotransporte, el mejor precio al usuario es el criterio de asignación, con mayor razón debe aplicarse ese mismo criterio para la expansión de las carreteras de la información. Un poco de reflexión puede resultar en grandes beneficios, y que no se olvide que más vale un mal arreglo que un buen pleito.