Contra la salud

Sergio Sarmiento (@sergiosarmient4)
Jaque Mate
Reforma

"Sin importar la belleza de la estrategia, ocasionalmente hay que ver los resultados". Winston Churchill

Lo primero en una guerra es entender quién es el enemigo y por qué estamos peleando. Después hay que tener una estrategia clara que ofrezca una razonable posibilidad de éxito. Nada eso tuvimos en el gobierno pasado en seguridad.

El presidente Enrique Peña Nieto aportó ayer, por lo menos, un objetivo acotado. Un mensaje de twitter de la Presidencia de la República señaló: "Los esfuerzos deben concentrarse en los tres delitos que más lastiman a la población: asesinatos, secuestros y extorsiones". Parece muy sencillo, pero no lo ha sido en el pasado.

Entre 2007 y 2011 se "despacharon" 684,600 averiguaciones previas en el ministerio público federal de las cuales 324,042, o sea 47.3 por ciento, fueron por "delitos contra la salud" (véase Sexto Informe de Gobierno; 2012, p. 18). El término delitos contra la salud se refiere a actos en que adultos por voluntad propia utilizan sustancias que no le hacen daño a terceros pero que algunos grupos de la sociedad piensan no deben consumirse. El comercio o la distribución de estas sustancias también quedan incluidos en esta clasificación.

Los delitos que "más lastiman a la población", como los asesinatos, secuestros y extorsiones que señaló la Presidencia, son fundamentalmente distintos a los delitos contra la salud, porque aquéllos tienen víctimas y éstos no.

La obsesión con los delitos contra la salud en el sexenio pasado hizo que se perdiera de vista el objetivo fundamental de la seguridad pública y de la procuración de justicia. Por eso de nada sirvió que se multiplicara el gasto en la materia. Tan solo la Secretaría de Seguridad Pública registró un incremento en su presupuesto programable de 19,210 millones de pesos en 2008 a 42,958 millones en 2011 (Proyecto de Presupuesto de Egresos 2013, p. 45). A esto hay que añadir los montos de la PGR, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, que dedican ahora la mayor parte de sus recursos a perseguir los delitos contra la salud. Habría que sumar también las transferencias de seguridad a los gobiernos estatales y municipales.

A pesar del aumento en gasto en "seguridad", el número de homicidios dolosos pasó de 8,867 en 2007 a 27,199 en 2011 (INEGI). Estos datos no incluyen los desaparecidos, que podrían ser 25 mil en el sexenio pasado (Washington Post). Son cifras dramáticas que hablan de la crudeza de una guerra que estamos perdiendo. No sólo han aumentado los muertos sino que el consumo de drogas ilegales pasó de 0.8 por ciento de la población en 2002 a 1.5 por ciento en 2010 (Encuesta Nacional de Adicciones).

Quizá no deba sorprendernos que el esfuerzo y el presupuesto en seguridad no sólo no hayan tenido éxito sino que hayan coincidido con un período de aumento en los homicidios y el consumo de drogas. La estrategia fallida no supo distinguir entre los crímenes realmente importantes, los que tienen víctimas, y los que son un problema de salud pública que debería tratarse de otro modo. Imagínese usted lo mucho que se habría logrado si en lugar de desperdiciar cientos de miles de millones de pesos en seis años en una guerra sin posibilidades de éxito hubiéramos dedicado ese dinero a tratar el problema de salud pública que representa el consumo de droga.

Tener metas claras es importante. Habrá que ver ahora si el gobierno de Peña Nieto puede aterrizar sus metas y realmente disminuir los delitos que más agravian a la sociedad. El reto de eficacia no es fácil. Pero es más fácil cumplirlo si sabemos quién es el enemigo y por qué estamos luchando.



ARRAIGO Y TESTIGOS

El nuevo procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, está buscando eliminar la figura del arraigo y el uso de testigos comprados y de oídas. Si lo logra, México habrá tenido un avance importante en el propósito de detener a los criminales en vez de seguir llenando las cárceles con chivos expiatorios.