diciembre 11, 2012

Endémica cultura de la ilegalidad

José Antonio Crespo
cres5501@hotmail.com
Profesor del CIDE
El Universal

Los desórdenes del 1 de diciembre reflejan varias de las enormes deficiencias del país en materia de justicia y legalidad. Pueden hacerse, al menos, las siguientes reflexiones:

1) Nuestras policías (de cualquier nivel) no han aprendido la diferencia entre aplicar la fuerza pública y abusar de ella con detenciones arbitrarias, excesos y violaciones a los derechos de los detenidos. Además, dichos abusos están enmarcados en la ineficacia; la mayoría de los vándalos quedaron libres en tanto que muchos manifestantes pacíficos (o incluso personas ajenas a la protesta) fueron retenidos. Y en materia de impartición de justicia, prevalece el desorden, el descuido con las evidencias y testimonios, la fabricación de pruebas y la indiferencia hacia la presunción de inocencia. Pero eso no es imputable sólo a gobiernos de un partido, sino que tales vicios cruzan a gobiernos y jurisdicciones de todos los colores.

2) Por razones históricas, buena parte de la población asocia en automático el uso legítimo de la fuerza pública con la represión (igual se confunde Estado fuerte con autoritarismo). Hay absoluta desconfianza hacia la ley y la justicia, lo que se traduce en una cultura de la ilegalidad, en que se permite desconocer leyes que se consideren injustas (una apreciación subjetiva) e incluso aplicar la justicia por propia mano. Con lo cual se genera un círculo vicioso que favorece la acción por fuera de la legalidad y los excesos de la autoridad. Ahora los inconformes, en lugar de exigir la correcta aplicación de la norma sobre alteración de la paz piden que deje de ser delito, lo cual permitiría que futuras protestas deriven en violencia y daños a la propiedad ajena de manera impune. Nos gusta dar bandazos, de un extremo al otro.

Ola de vandalismo. 3) Pero no sólo son ciudadanos los que identifican aplicación de la ley con represión; también los gobiernos suelen hacer esta falsa asociación (el “síndrome de 68”, le llaman muchos). En Atenco I, cuando los manifestantes recurrieron al secuestro y amenaza a funcionarios públicos, el gobierno de Vicente Fox cedió aludiendo a que no incurriría en represión, pues ello pondría en riesgo la estabilidad y la paz social. Pero en Atenco II, al aplicar la fuerza pública (a solicitud de un gobierno municipal del PRD) se incurrió en excesos y abusos contra los manifestantes. Lo paradójico es que un gobierno priísta (Estado de México) sí aplicó sanciones y remociones de algunos de los agentes y jefes abusivos, en tanto que un gobierno panista (el federal) repartió felicitaciones y promociones por idénticas razones. En la capital hay frecuentes movilizaciones que afectan derechos de terceros e incluyen actos violentos sin que las autoridades hagan nada para no incurrir en “represión”, mandando el mensaje de que se puede caer en vandalización sin consecuencias. Y cuando se cruza un límite y se aplica la fuerza pública, viene la queja de que “se criminaliza la protesta social” (aunque en efecto se hayan cometido delitos).

4) En el caso de la izquierda extremista la tentación de la violencia es recurrente, no sólo por los orígenes históricos (marxismo-revolucionario), sino por el discurso político que prevalece en ella. Algunos intelectuales obradoristas extraen la conclusión de que por la vía democrática institucional no se podrá llegar a nada. Eso, a partir de las premisas que maneja Andrés Manuel López Obrador sobre el absoluto control institucional de las mafia del poder. Por ejemplo, Víctor Toledo escribió: “Hoy resulta ya inservible todo el modelo de democracia construido en las últimas dos décadas por los partidos de la derecha, el centro y la izquierda (…) Si el juego no ha sido limpio, si otros jugadores y los árbitros nos hacen trampas, es muy sencillo: cambiemos de juego” (La Jornada, 24/Ago/12). Y Armando Bartra interpreta la elección presidencial como “Un mensaje de la oligarquía en el sentido de que mientras sean dueños del gran capital, manejen los medios masivos de comunicación, dispongan de los recursos fiscales y otros dineros, tengan encorraladas a las clientelas corporativas y controlen las instituciones comiciales… la izquierda no accederá a la Presidencia de la República por la vía electoral” (La Jornada, 26/Ago/12). Hace bien López Obrador en insistir en la vía pacífica, pero eso resulta un contrasentido lógico de su discurso político que muchos no terminan por comprender.

Estamos, pues, en pañales en materia de respeto a los derechos humanos y debido proceso, construcción de un Estado de derecho y una cultura de la legalidad, sin todo lo cual no hay democracia posible.

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