Reforma
A decir de funcionarios del gobierno federal, los golpes contra el tráfico de drogas fueron tan efectivos que orillaron a los delincuentes a incursionar en delitos como la extorsión y el secuestro
El presidente Calderón fue contundente y optimista en su mensaje del 2 de enero: "Hemos actuado con la firme decisión de ponerle un alto a quienes lastiman a mexicanas y mexicanos honrados y trabajadores... e incluso ya hemos capturado a los más peligrosos".No tiene sentido dudar de las buenas intenciones de Felipe Calderón. Sin embargo, particularmente en política, lo que cuentan son los hechos y las consecuencias de las decisiones tomadas. Por eso Lenin gustaba repetir, una y otra vez, que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones.
Respecto del optimismo presidencial, que es al mismo tiempo una defensa de la estrategia adoptada al inicio del sexenio, hay dos hechos contundentes que ponen en cuestión el éxito del objetivo enunciado.
El primero: la espiral de la violencia es incontenible. Según Reforma, las ejecuciones alcanzaron en 2011 una cifra récord: 12 mil 366, es decir, más del doble de los 6 mil 587 homicidios que se registraron en 2009. A la fecha, van alrededor de 40 mil ejecutados y de continuar esta tendencia al final del sexenio el número de victimas será superior a 50 mil.
El segundo es igualmente grave e incluso más preocupante. Según Cuitláhuac Salinas, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), los Zetas tienen ya mayor influencia y poder que El Chapo Guzmán (Milenio, 1/1/12).
En el mapa que presentó el subprocurador se detalla que los Zetas, liderados por Heriberto Lazcano, El Lazca, tienen presencia en 17 estados: Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas, Distrito Federal, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
Sin embargo, en 2007 -según los datos del mismo subprocurador-, El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada tenían presencia en 23 entidades. Así que en cuatro años se ha dado un giro radical en la correlación de fuerzas, toda vez que ahora el cártel del Pacífico tiene presencia sólo en 16 entidades.
De modo tal que, tomando como referencia las cifras y los hechos presentados por funcionarios del propio gobierno, se puede afirmar que la estrategia de combate frontal al narcotráfico ha sido un gran fracaso. Primero, porque disparó la espiral de la violencia y no ha podido contenerla.
Y segundo, porque la correlación de fuerzas entre las organizaciones criminales se ha inclinado a favor de la más peligrosa y violenta. La que practica la extorsión, el secuestro, el derecho de piso y la trata de migrantes atentando directamente contra ciudadanos honrados y trabajadores.
Cabe, por lo mismo, repetir que los parámetros para juzgar la peligrosidad de los diferentes cárteles no son los mismos de uno y otro lado de la frontera. Para las autoridades estadounidenses cualquier organización que trafique con marihuana o cocaína es altamente peligrosa y debe ser perseguida con la fuerza del Estado.
De este lado la evaluación es distinta. El tráfico de drogas no lastima directamente a la población. O, en todo caso, no lo hace en una proporción ni ligeramente aproximada al secuestro, el derecho de piso, la trata y asesinato masivo de migrantes.
La diferencia entre las formas de operación y organización de los cárteles son geográficamente visibles. Las regiones que están bajo el control de los Zetas sufren mayor zozobra, incertidumbre y violencia.
De hecho, una de las críticas más severas que se le pueden formular a Felipe Calderón parte del reconocimiento que han hecho funcionarios del gobierno federal. A decir de ellos, los golpes contra el tráfico de drogas fueron tan efectivos que orillaron a los delincuentes a incursionar en otro tipo de delitos, como la extorsión y el secuestro.
Ahora, a la luz del mapa de la delincuencia en todo el país, sabemos además que la estrategia de combatir a todos por igual y al mismo tiempo fue un craso error. De entrada, porque no se puede hacer una tabula rasa o parafraseando a George Orwell: todos los criminales son iguales, pero hay unos que son mucho más peligrosos que otros.
El tercer factor que permite dimensionar la gravedad del fracaso es la pérdida de control sobre el territorio. En 2009, ante la tesis de que México se podría convertir en un Estado fallido, la canciller, Patricia Espinosa, se reunió con un grupo de corresponsales.
Su tesis fue simple y en apariencia convincente: no se podía tipificar al Estado mexicano como fallido, porque la violencia se circunscribía a sólo seis de los 32 estados de la República, a saber: Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Michoacán y Guerrero.
A tres años de distancia, el número de estados que sufren altos niveles de delincuencia se ha incrementado drásticamente. Menciono los más visibles: Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tepic, Zacatecas, Morelos. Amén que ciudades como Monterrey y Acapulco enfrentan una ola de violencia sin precedente.
Y qué decir de la pérdida de control sobre las carreteras. Los asaltos, falsos retenes, levantones y, por supuesto, asesinatos se han vuelto moneda común. Todo eso ocurre en carreteras interiores, pero también en autopistas principales como Guadalajara-Mazatlán, México-Acapulco o San Luis Potosí-Monterrey.
Felipe Calderón no tiene ánimo ni voluntad de rectificar. Carece de tiempo. A mediados de año habrá Presidente electo. Pero no hay duda que la herencia que dejará en materia de seguridad es muy negativa.
Por eso, entre otras cosas, los candidatos a la Presidencia deberían explicarnos cómo corregirán la estrategia de este gobierno. ¿Amor y paz? ¿Más de lo mismo? ¿Eliminar la pobreza? ¿Eso proponen?
Que lo digan.
