febrero 27, 2012

La batalla por las encuestas

Jorge Chabat
jorge.chabat@cide.edu
Analista político e investigador del CIDE
El Universal

Un amigo politólogo me comentaba hace poco que las encuestas para los políticos eran como las parejas: no se podía vivir con ellas pero tampoco se podía vivir sin ellas. Y lo cierto es que desde hace por lo menos una década y media, cuando las encuestas se generalizaron para medir intenciones de voto en México, los políticos tienen una actitud ambivalente hacia estos instrumentos estadísticos: Obviamente, cuando éstas los favorecen, se encargan de publicitarlas y presentarlas como la verdad irrefutable de que el pueblo está con ellos, pero cuando no les favorecen son instrumentos de mil complots, están cuchareadas, manipuladas, infladas, hechas a modo. Quizás el político que más encarna esta relación esquizofrénica con las encuestas es López Obrador. Cuando se decidió su postulación como candidato único de las izquierdas en noviembre del año pasado, AMLO declaró que aceptaba y acataba los resultados de las encuestas. Claro, dirá más de alguno, las aceptó porque le favorecían. Pero ahora que la mayoría de las encuestas ubican a AMLO en tercer lugar, la respuesta del tabasqueño fue que en tiempos electorales la mayoría de las encuestas reflejan lo que “el cliente quiere”. Incluso revivió ayer su discurso complotista al declarar que se le quería hacer a un lado “con encuestas amañadas”.

Es desde luego entendible que AMLO, como todos los candidatos, busque ser competitivo. Y en las últimas elecciones presidenciales ha sido evidente que quien cae al tercer lugar simplemente queda fuera de la competencia real. Por ello, López Obrador busca a toda costa mantenerse en la percepción de sus seguidores como un candidato con posibilidades de ganar. De no lograrlo, es probable que un número potencial de sus votantes opte, en la lógica del voto útil, por sufragar a favor de uno de los dos primeros lugares. En este escenario es incluso posible que baje aún más en la intención de votos. Por ello niega y refuta con todas sus fuerzas las encuestas que lo ubican en tercer lugar, que son todas las de encuestadoras acreditadas, con la excepción de Covarrubias y Asociados.

En la misma lógica de presentarse como opción ganadora y jalar votos, el PAN ha manejado desde hace algunas semanas una encuesta de Mercaei que pone a Josefina Vázquez Mota cinco puntos abajo de Peña Nieto. Esa es la misma encuesta a la que se refirió Calderón en su reunión con los consejeros de Banamex y que provocó que el PRI y el PRD se lanzaran como chupacabras sobre el Presidente. Sin embargo, a diferencia de López Obrador, ni Vázquez Mota ni el PAN han dicho que todas las encuestas que ponen a la precandidata panista entre 12 y 14 puntos debajo de Peña Nieto están amañadas ni cuchareadas. Finalmente, tanto Mercaei, como Covarrubias y las otras encuestadoras que le dan ventaja a Peña Nieto son encuestadoras serias que llevan muchos años en el mercado. Evidentemente se pueden equivocar. Pero pensar que hay toda una maquinación detrás de una encuesta porque no dicen lo que se quiere es simplemente no entender lo que son las encuestas y calentar el ambiente político con propósitos partidistas. En realidad las encuestas sólo miden una intención de voto que puede cambiar —y seguramente va a cambiar— en el momento de la elección. Algunos votantes pueden modificar su voto, otros dejar de votar y además hay un alto porcentaje de votantes que no han decidido todavía por quién votar. No es más complicado que eso. Obviamente, todos tratan de presentarse como candidatos con posibilidad de ganar y ésa es su chamba. Ya los electores decidirán a cuál encuestadora creerle o no creerle y votarán en las urnas. En todo caso, las encuestas lo que muestran son tendencias y deben servir como indicadores para retroalimentar estrategias de campaña. Y lo que las encuestas nos dicen hasta ahora, independientemente del resultado final, es que Peña Nieto va bajando, Vázquez Mota va subiendo y López Obrador está estancado. Así de simple. ¿Eso significa que Peña Nieto ya ganó, que Vázquez Mota va a ganar o que AMLO ya está fuera de la pelea? No. Significa solamente lo que significa: que uno va bajando y otra va subiendo. Y que de continuar la tendencia es probable que, como lo sugirió el presidente Calderón, ésta puede ser una elección cerrada entre el PRI y el PAN. Pero, una vez más, eso sólo será así si continúan las tendencias. Y a quien no le gusten estas tendencias, pues que se ponga a trabajar para cambiarlas. Así de simple.

Regala Peña Nieto notarías a amigos

Refrenda Peña 20 notarías a un total de siete políticos cercanos a su administración

Enrique I. Gómez
Reforma

Estado de México (27 febrero 2012).- En las dos últimas semanas de su gestión al frente del Estado de México, el ahora aspirante presidencial del PRI, Enrique Peña, refrendó a titulares al frente de 20 notarías y creó 9 para beneficiar a un total de siete políticos cercanos a su Administración.

En el primer caso, destaca Eduardo Segovia, quien, como contralor estatal, exoneró en 2005 al ex Gobernador Arturo Montiel de denuncias por enriquecimiento ilícito.

Además, Peña avaló que, al menos en dos casos, las notarías pasaran de un familiar a otro, como si se tratara de una herencia.

En 3 de las nuevas oficinas quedaron al frente Armando Garduño Pérez, ex Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien estrenó la notaría 170 de Metepec, y Alejandro Ismael Murat, ex director del Sistema de Radio y TV Mexiquense e hijo del ex Gobernador de Oaxaca José Murat, con la notaría 175 de Izcalli.

Es la misma situación de Martha María del Carmen Hernández Álvarez, quien fue subprocuradora general de Coordinación de la PGJEM y participó en la investigación de la muerte de la niña Paulette Gebara Farah y se quedó con la notaría 169.

Salvador Ximénez, hijo del ex senador del PRI Héctor Ximénez; Martha Terrón, hermana del diputado federal Miguel Ángel Terrón, y Marco Antonio Vilchis, ex diputado local del PRI, también quedaron como titulares de notarías.

Además, recibieron notarías en herencia Evelyn del Rocío Lechuga, hija del notario Víctor Lechuga, y Víctor Alfonso Varela, quien quedó en el lugar de su padre, del mismo nombre.

En total, en el sexenio del ex Gobernador Enrique Peña se crearon 15 notarías, 9 de ellas el 13 de septiembre, dos días antes de que concluyera su mandato.

En 2005, a unos días de dejar el cargo, el entonces Mandatario Arturo Montiel creó 25 notarías, de las cuales siete fueron entregadas a personas cercanas a él, como el ex Procurador Alfonso Navarrete; Emmanuel Villicaña, hermano del entonces Procurador, y Rodolfo Macedo, hijo del ex titular de la PGR, Rafael Macedo.

Descartan favoritismo

El secretario del Colegio de Notarios del Estado de México, Jesús Maldonado, descartó que en los nombramientos de notarios haya habido favoritismo hacia personajes ligados al PRI o al Gobierno de Enrique Peña Nieto, y sostuvo que están apegados a derecho.

El representante del notariado mexiquense reconoció que la designación de notarios es facultad del Gobierno estatal, instancia que lo determina con base en sus respectivos seguimientos y evaluaciones.

"Si usted me pregunta por qué se nombró a fulano o zutano, sólo le puedo responder que, primero, son abogados, la ley establece que sean profesionales del Derecho; segundo, no deben tener antecedentes penales, y, tercero, haber cursado el curso de aspirantes a notarios", indicó Maldonado.

En el caso de notarios titulares que han solicitado licencias para dejar como interinos a familiares suyos, Maldonado rechazó que existan herencias, aunque admitió que ese tipo de relevos pueden ocurrir, tal como REFORMA constató con los movimientos de septiembre pasado.

"No hay herencias en esto, el notario tiene una función que debe cumplir, que es la seguridad jurídica, y ésta se logra cumpliendo con la norma, y si se cumple con la norma no importa si sean familiares los que se puedan hacer.

"Si el hijo de equis notario llenó todos y cada uno de los requisitos que la ley establece para ser interino, el Ejecutivo no tiene por qué no nombrarlo", justificó.

Además, Maldonado señaló que la apertura de nuevas notarías está sustentada en un estudio socioeconómico y poblacional.

"El Estado tiene 13 millones de habitantes, somos 177 notarios, creo que damos un servicio apropiado a ese número, si se compara con el Distrito Federal, donde son 9 millones y tienen 224 notarios", dijo.

REFORMA buscó versiones de algunos de los notarios beneficiados, pero no se obtuvo respuesta.

Elecciones sin monarca

Jesús Silva-Herzog Márquez (@jshm00)
Reforma

No tenemos rey. México es una República, no una monarquía. El presidente de México no es el garante de la imparcialidad política: es un actor parcial, representa intereses limitados, sigue un proyecto confinado a un círculo. El presidente de México no es la encarnación de la nacionalidad, no es el símbolo de unidad -más que en aquellos eventos en donde formalmente asume la representación de Estado. Cuando firma un tratado internacional -no cuando lo negocia- representa al Estado mexicano. Cuando recibe las cartas credenciales de los embajadores extranjeros representa al Estado mexicano. Cuando preside ceremonias cívicas es también emblema de unidad: el jefe de Estado mexicano. Se trata de funciones ceremoniales que transforman al agente político en emblema de unidad. La inevitable parcialidad del gobernante se interrumpe brevemente para dar paso a la figura de unidad. El Presidente actúa siempre como jefe de Gobierno, salvo en aquellas funciones en las que explícitamente ejerce de símbolo.

Por eso me parece absurda la exigencia de que se comporte como jefe de Estado en el proceso electoral. La expresión se dice y se repite por todos lados. Que el Presidente deje de actuar como jefe de partido y se comporte como jefe de Estado, dice el lugar común. ¿Cuántas veces habremos escuchado esa expresión? No logro embonar esa exigencia con el diálogo necesario en una democracia. El Presidente no es el garante de la imparcialidad. No podría serlo en una democracia, precisamente porque lo caracteriza una inclinación. La neutralidad corresponde a otros: a quienes organizan las elecciones, a quienes cuentan los votos, a los que procesan la inconformidad. Por fortuna, ninguna función de ese tipo le corresponde al presidente de la República o a su gobierno. Por supuesto, no tiene derecho de desviar los recursos públicos en beneficio de su partido ni puede emplear las pinzas del Estado para castigar a sus adversarios. Pero no tenemos por qué imaginarlo como una figura celestialmente imparcial y silenciosa ante el proceso electoral. En ninguna democracia presidencial madura se le pide al Presidente tal disparate.

El Presidente no puede ser el símbolo de unidad en el proceso electoral porque es factor de polarización. Se votará para castigarlo o para premiarlo. Felipe Calderón no aparecerá en la boleta de julio pero será el factor crucial del voto. Los partidos que compiten, los candidatos que sí estarán en la boleta fijan postura frente a su gobierno, ofreciendo la continuidad o el cambio. Sus opositores lo atacarán, mientras la candidata de su partido tratará de defenderlo... y, simultáneamente, distanciarse de él. Unos criticarán sus decisiones, su estilo, los resultados de su gestión. Otra se verá forzada a defenderlo, insinuando algunas diferencias en los matices y los acentos. Como sea, Felipe Calderón estará en la contienda del 2012 -tal vez como nunca llegó a estar en la elección del 2006. Entonces tuvo el talento de colocarse como la opción frente al "peligro", pero pocos, si es que alguno, podría creer que la elección que ganó por un milímetro fue respaldo a sus propuestas o confianza en su trayectoria. Ahora sí será factor de decisión.

Pedir que el Presidente se comporte como jefe de Estado en el proceso electoral es pedir que se comporte como monarca. Una diminuta contradicción se desliza en esta petición: ¿estarían los críticos dispuestos a dispensar a Felipe Calderón el trato de jefe de Estado durante el proceso electoral? ¿Estarían dispuestos a cancelar cualquier crítica a su gestión, porque, durante el proceso electoral es representación de nuestra unidad? ¿Estaría dispuesto el PRI a tratar a Felipe Calderón con la deferencia que merece un rey? ¿Aceptaría el PRD renunciar a cualquier crítica al Presidente en tiempos de elecciones porque se trata del emblema de esa preciosa unidad que hay que cuidar? El Presidente no representa la unidad en tiempos electorales. Representa exactamente lo contrario: parcialidad, división, polo de discordia.

Que no se tolere la entrega de un centavo de las arcas públicas para su partido no significa que no debe haber ni una palabra para su partido. ¿Beneficia o perjudica al PAN la promoción presidencial? La palabra del Presidente no es la única del país, no es la última. Mientras hay muchos que se indignan con las recientes expresiones de Felipe Calderón en las que advierte que la contienda se ha cerrado, a mí me parecen reveladoras de su manera de gobernar: si hay 25 datos que te son desfavorables, escoge el único que refuerza tu prejuicio. Si todas las encuestas respetables te colocan en desventaja, difunde la que te empareja, aunque no tenga ningún prestigio.

La gestión de Calderón será el eje del voto: no podemos imaginarlo en silencio. Una democracia madura no calla a nadie. Corresponde criticar a Calderón, no callarlo.

¿Intervencionismo o cinismo electoral?

Jorge Fernández Menéndez (@jorgeimagen)
Razones
Excélsior

Para el PRI no hay medias tintas: si el presidente Calderón dijo en una reunión con Consejeros de Banamex que Josefina Vázquez Mota está a sólo cuatro puntos de distancia de Enrique Peña Nieto, según una encuesta que ni identificó, hay que denunciarlo ante el IFE. Para el priismo, informar sobre una encuesta es un delito electoral, buena o mala, acertada o no, es una intromisión inaceptable en el proceso electoral que, por supuesto, puede alterarlo en forma irreversible. Para López Obrador, las cosas son siempre más sencillas: las encuestas, dijo, dicen lo que quieren que digan los que las pagan. Quizás por eso la de su casa encuestadora lo muestra, a diferencia de todas las demás, muy arriba, en una segunda posición que hoy nada percibe. O quizás por eso, hace seis años, hasta el último día de la campaña insistía en que él estaba diez puntos por arriba de Calderón.

El grado de ridículo al que está llegando nuestra clase política alcanza ya cotas inigualables. Yo no sé si Josefina está o no cuatro puntos debajo de Peña Nieto, pero no me cabe duda de que la elección del primero de julio será muy disputada; que probablemente sea una elección entre esos dos aspirantes que, con todo, López Obrador, aunque quede en tercer lugar, no tendrá una participación tan desafortunada como la que tuvo Roberto Madrazo hace seis años y sé también que si las encuestas están bien hechas, si fueron realizadas por empresas profesionales (y en México las hay), los resultados que muestran suelen ser verosímiles. El problema con las encuestas no está con quien las realiza, sino con quien las lee e interpreta. Pero hay que ser un muy mal político para encargar una encuesta simplemente para ratificar sus propias opiniones.

El tema, en todo caso, no son las encuestas, sino qué se entiende por la participación presidencial en una campaña. Al priismo le parece terrible que Felipe Calderón haya hablado de una encuesta electoral, pero le parece perfectamente aceptable que sus gobernadores participen en actos de campaña de Peña Nieto o que Eruviel Ávila diga que apoyará con todo a su antecesor. El PRD le exige mesura y control al Presidente pero le parece perfectamente aceptable que Marcelo Ebrard pueda participar en forma abierta en el proceso de selección de su candidato en el DF, en la integración de las listas de delegados, asambleístas, diputados y senadores. A mí me parece correcto que todos ellos opinen y participen, pero me parece cínico hacerlo y al mismo tiempo exigirle a los otros que no lo hagan.

Los límites de la intervención de los gobernantes en el proceso electoral deberían ser aparentemente muy claros: no se pueden utilizar recursos públicos para las campañas propias o de otros candidatos. Los recursos del Estado no pueden estar a disposición de ningún partido o aspirante. Nada más y nada menos. No me parece nada grave que un gobernante, sea el Presidente, un gobernador o el jefe del GDF opine sobre las elecciones: al contrario, es sano y es positivo que ello ocurra, así sabemos qué piensa cada uno de ellos. Y como los comicios no dejan de ser siempre un ejercicio plebiscitario, el premio o el castigo funcionan perfectamente bien en ese esquema.

Me parece grave que un Presidente, un gobernador o un jefe del GDF pongan los recursos públicos a favor de un aspirante o de una elección. Y cuando hablamos de recursos públicos nos referimos a dinero contante y sonante pero también a la propia estructura de operación del gobierno. Alguien dirá que encargar una encuesta desde la Presidencia para saber cómo están las preferencias electorales y darla a conocer implica exactamente eso. Por supuesto que no: mal haría cualquier gobernante de cualquier nivel en no indagar cuál es el nivel de preferencia electoral. Lo hacen Los Pinos y lo hacen desde el día uno de su mandato todos los gobernadores del país.

Hay un interés deliberado en tornar más complejo el proceso electoral; en plantear desde ahora las causas de un supuesto intervencionismo electoral que lo descalifique; en buscar culpables externos en cualquier modificación de las expectativas que se crearon en el pasado. Y me parece que en ese camino no se escatimarán esfuerzos, aunque para ello se tenga que hacer cotidianamente el ridículo.

Del Real a Nuevo León

La mejor noticia que podría tener Nuevo León en el terreno de la seguridad es la llegada como secretario de seguridad pública del general Javier del Real. Conoce Nuevo León, sabe cómo operar, es un militar serio, formado y capaz y tiene la capacidad y la entereza como para hacerlo. Sólo una cosa le impediría no tener éxito: que la propia estructura de gobierno local no lo deje actuar y operar como sabe y puede. No creo que el general Del Real haya aceptado esa encomienda, que en su momento había declinado, sin estar absolutamente seguro de que tendrá en sus manos los instrumentos necesarios para cumplir con sus objetivos.

La violencia con el PRI, peor…

Juan Pablo Becerra-Acosta (@jpbecerraacosta)
Doble Fondo
Milenio

El 26 de enero pasado, ese buen periódico fronterizo que es El Paso Times, publicación que sabe bien de la violencia en México porque sus periodistas viven frente a Ciudad Juárez y habitualmente abordan el tema con precisión, publicó un reportaje especial sobre las ejecuciones y los homicidios en nuestro país, desde que nacía el régimen de partido de Estado hasta el gobierno de Felipe Calderón. La investigación abarca de 1931 a 2011.

¿Qué descubrió la reportera Diana Washington Valdez, con base en estadísticas oficiales del INEGI y de los sectores de salud y justicia? Que, en cuanto a cifras duras, y a pesar de la percepción que hemos ayudado a construir los medios, el actual sexenio… no es el más violento: los sexenios del PRI fueron más violentos.

Revisemos lo que El Paso Times publica sobre los primeros cinco años de gobierno de los últimos cinco sexenios (http://www.elpasotimes.com/news/ci_19824147): 1. En el sexenio de Miguel De la Madrid hubo 69 mil 306 homicidios. Eso representó una tasa de 14.5 por cada 100 mil habitantes. 2. En el de Carlos Salinas de Gortari hubo 76 mil 871, para una tasa de 18.92. 3. En el de Ernesto Zedillo hubo 69 mil 968, para una tasa de 15.1. 4. En el de Vicente Fox, 49 mil 862 homicidios, para una tasa de 9.78. 5. Y en el de Calderón ha habido 79 mil 956, para una tasa de… 14.5 por cien mil habitantes.

Como usted leyó, las cifras duras marcan con claridad que los últimos tres sexenios del PRI fueron… más violentos que el actual. Así que, francamente, que no le vayan los del PRI con el rollo ese de que con ellos había paz y calma, que ellos sí sabían gobernar. Y hay más: ningún presidente del PRI escapa. Diana escogió algunos años violentísimos de cada sexenio priista. Por ejemplo: A) En 1931 (Pascual Ortiz Rubio) hubo una tasa de homicidios de 50.78. Eso es, 3.5 veces más que en este sexenio. B) En 1940 (Lázaro Cárdenas) hubo una tasa de 67.04, lo que representa 4.6 veces más que con Calderón. C) Con Manuel Ávila Camacho (1945), igual: 48.04, 3.3 veces más. D) De Miguel Alemán (1950) se puede decir lo mismo: 48.09, 3.3 veces más. E) Sobre Adolfo Ruiz Cortines (1955) es posible señalar algo similar: 35.93, 2.4 veces más. F) Adolfo López Mateos no se quedó atrás: 25.48 en 1962, 1.7 veces más. De Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría (represiones masivas y guerra sucia) no se hallaron cifras oficiales (of course), pero de José López Portillo sí: 18.32 en 1979.

Así que, sin minimizar las monstruosidades de hoy, como usted habrá visto, violencia violencia… había más con el PRI. Y de desapariciones y represiones de los gobernantes federales, estatales y municipales del PRI mejor ni hablemos. O si ellos quieren, sí…