marzo 17, 2012

El camino del infierno...

Jaime Sánchez Susarrey (@SanchezSusarrey)
Reforma

La detención de El Chapo podría tener un efecto similar a la de El 85 pero a escala nacional: romper los equilibrios y abrir las puertas para el predominio de un solo cártel

El viernes 9 de marzo ardió Guadalajara. Se registraron 25 vehículos quemados y bloqueos en 16 puntos -11 de ellos en la capital del estado. Por la tarde hubo tiroteos, los helicópteros sobrevolaban diferentes zonas de la ciudad y las sirenas de las patrullas ululaban. Las escuelas cerraron y la gente se recluyó en sus casas. En la noche la ciudad estaba casi desierta. Nunca antes había ocurrido algo así. Súbitamente los tapatíos experimentaron el sentimiento y el temor que los regios llevan años padeciendo.

Ahora sabemos la razón. En un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional se detuvo a Erick Valencia Salazar, líder del cártel de Jalisco. El ascenso de El 85, seudónimo de Valencia, fue consecuencia directa de la muerte de Nacho Coronel, el 29 de julio de 2010, quien era lugarteniente de El Chapo Guzmán en Jalisco. El capo murió en otro operativo de la Sedena.

En aquel momento algunos advertimos que la consecuencia de la muerte de Coronel sería el incremento de la violencia. No era una premonición. Eduardo Guerrero, especialista en cuestiones de seguridad, ha documentado ampliamente que la detención o el abatimiento de un capo se traduce en mayor violencia. La razón es simple. El vacío genera una lucha interna por la conquista del liderazgo y se desatan enfrentamientos entre las distintas facciones.

Frente a estos señalamientos, desde el gobierno federal se hilaron una serie de argumentos y datos para demostrar que eso no era cierto. En esa misma tesitura, ahora se afirma que Jalisco no se va a dejar y que no se tolerará que los ciudadanos sean amenazados ni intimidados por el crimen organizado.

La advertencia y admonición del gobierno no puede ocurrir en un peor momento. Hasta ahora, la Federación ha sido incapaz de recuperar y someter al imperio de la ley los territorios que el crimen organizado controlaba hace 5 o 6 años. Antes al contrario, la violencia se ha expandido a otros estados. Baste mencionar ciudades como Monterrey y Acapulco.

Y voy directamente al grano. Si la violencia que se vivió en Guadalajara el viernes 9 por la tarde fuera un episodio aislado, que no volverá a repetirse, no habría nada de que preocuparse. Sería, en todo caso, un precio mínimo a pagar por la detención del jefe del cártel Nueva Generación. Sin embargo, la realidad es otra. Ya mencioné la experiencia, ampliamente documentada por Eduardo Guerrero, de que la muerte o la detención de un capo generan una espiral de violencia más virulenta.

Pero además, en el caso de Jalisco la situación es mucho más complicada y delicada. El enfrentamiento entre el cártel Nueva Generación y los Zetas está a la vista. El 20 de septiembre de 2011 aparecieron ejecutados frente al centro comercial Boca del Río, en Veracruz, 35 presuntos Zetas. La respuesta no se hizo esperar: el 24 de noviembre se dejaron en las inmediaciones de los Arcos del Milenio, en Guadalajara, 26 cadáveres. Los primeros fueron liquidados por el cártel Nueva Generación; los segundos, en represalia, por los Zetas.

No sólo eso. Lejos de tratarse de un asunto local, el enfrentamiento tiene una dimensión nacional. Cuitláhuac Salinas, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), expuso a principios de enero que el cártel de Sinaloa ha perdido terreno -ya sólo tiene presencia en 16 estados- frente a los Zetas -que han expandido su influencia en 17 entidades.

Dado ese contexto, las consecuencias de la detención de Erick Valencia, El 85, son más que evidentes. Por una parte, desatarán una pugna interna por el liderazgo en el cártel Nueva Generación. Por la otra, abrirán las puertas a los Zetas para disputar la hegemonía en el estado de Jalisco.

Los Zetas tienen una fuerte presencia en Nayarit y Zacatecas. Desde allí han emprendido ofensivas, hasta el momento infructuosas, para incursionar y sentar sus reales en Jalisco. Pero la detención de Valencia, más allá de las buenas intenciones que haya tenido, puede -muy probablemente- modificar la correlación de fuerzas. Y eso podría traducirse en el desplazamiento de los aliados de El Chapo y la entronización de los Zetas.

Jalisco está, además, en periodo electoral. Este año se celebrarán elecciones para gobernador. Imposible pensar un momento más complicado y delicado para la entidad. Porque, independientemente de las fallas y los errores del gobernador Emilio González, es un hecho que, tanto Guadalajara, como el resto del estado, estaban relativamente tranquilos -sobre todo si se les compara con Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit u otros estados.

A estas alturas, nadie -en sus cabales- discute la necesidad de enfrentar al crimen organizado. Por eso la reflexión debe girar en torno a la estrategia y las fallas de la misma. La espiral de la violencia y los 50 mil muertos son la mejor prueba de que algo no funciona.

La reciente declaración del general Charles Jacoby, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, es contundente: la captura de 22 de los 37 narcos más buscados en México "no ha tenido efectos palpables... La violencia continúa aumentando. No ha sido un incremento tremendo este año, pero son cifras inaceptables...".

Y en efecto, son cifras inaceptables, amén de que los territorios fuera de control se han multiplicado.

Una reflexión final: la detención de El Chapo podría tener un efecto similar a la de El 85 pero a escala nacional: romper los equilibrios y abrir las puertas para el predominio de un solo cártel... y no precisamente el menos violento.

Ya lo decía Lenin: el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones.

Peña Nieto y el “mal gobierno”

Julio Faesler
Consultor
juliofelipefaesler@yahoo.com
Excélsior

Los regímenes de “la Revolución” proclamaron ideales que usaron para instaurar un férreo control.

“Ya basta del mal gobierno”, dijo Enrique Peña Nieto en su discurso de toma de protesta como candidato del PRI. La frase, calcada del Grito de 1810 del padre Hidalgo, en efecto resuena por todo el suelo nacional, pero esta vez es para recordar el mal gobierno que su partido le recetó al país desde 1929 hasta 2000 adueñándose de la vida pública y conduciendo al pueblo por los sucesivos estilos personales de gobernar que cada uno de los presidentes impuso.

Partiendo de remedos del socialismo anticlerical de los años 30, los regímenes de “la Revolución” proclamaron ideales que usaron de pretexto para instaurar un férreo control sobre masas esperanzadas.

A lo largo de sus 70 años en el poder el partido oficial fue enzarzándose en una estructura cada vez más apretada de connivencias, tolerancias y complacencias sujetando, sector por sector, a campesinos, obreros y organizaciones “populares” en corporaciones diseñadas para perpetuar el régimen y sostener en la Presidencia a sucesivos herederos del poder.

Quedaron secuestrados los asuntos más cruciales del país. El campo fue abandonado por una reforma agraria a medias y sin soporte. La industria, bandera del prometido progreso, recibió en algún momento apoyos oficiales, mancuernas entre compromisos políticos y productores alineados. Finalmente fue dejada a su propio ingenio, según la teoría de desarrollo más en boga. El progresivo debilitamiento de la planta productiva nacional nos dejó impreparados para la competencia internacional lo que pretendió resolverse promoviendo maquiladoras y mermando el potencial de nuestro comercio exterior como creador de empleos.

Ese es el mal gobierno al que se debe referir Peña Nieto y no al que le imputa al PAN que en la Presidencia ha tenido que emplearse a enmendar los entuertos heredados.

Democracia y justicia social, lema del PRI, resulta ironía comparada con los abusos electorales que tuvieron que ser combatidos con valentía y tesón por una ciudadanía ya harta de tanto fraude que luchaba para que los votos fueran contados y contaran.

Por otra parte, la creciente corrupción que se adueñó en todos los niveles de gobierno, generó masas de pobreza que se acumuló en una población sin oportunidades de trabajo que tuvo que buscar en EU.

Y esto no es todo. Contrastando con la cuidadosa administración financiera que el gobierno federal, a cargo del PAN ha ejercido, en los estados gobernados por el PRI, se han dado ejemplos de irresponsables y astronómicos endeudamientos que con mucho exceden la capacidad de pago de sus contribuyentes. La consecuencia será el rescate que el gobierno federal tendrá que realizar. A Peña Nieto esto no le preocupa en lo más mínimo, porque de ganar la Presidencia, sabrá cómo encubrir estos desmanes a costa del erario nacional. Además echaría mano de la solidez financiera que le está dejando Calderón.

Por si fuera poco, a lo largo de su gestión, los gobiernos priistas fueron abriendo la puerta al cáncer del narcotráfico que se expandió en otras formas de criminalidad, con secuestros, extorsiones y asesinatos. El único control que hubo fue el de la tolerancia y los arreglos entre funcionarios y capos. Las mafias ampliaron sus negocios y la tranquilidad se trocó en pugnas por territorios con venganzas despiadadas y ajustes de cuentas entre mafias.

En el combate al crimen organizado las muertes resultantes no las ha provocado el Ejército ni la Armada que han entrado a suplir la inexistencia de policías confiables a nivel local ganando prestigio y respeto.

Es correcto, pues, que no queramos más malos gobiernos.

Un electorado inteligente tiene memoria y no permitirá que regresen los malos gobiernos del PRI.

Absolución de Cassez, banalidad del mal

Ramón Cota Meza (@cota_meza)
Milenio

Consternación por el proyecto de sentencia absolutoria de Florence Cassez por un ministro de la Suprema Corte. Hay que ser muy insensible, muy banal o simple tecnócrata del derecho para ignorar la injusticia elemental de esta actuación. Dejemos de lado el testimonio de las víctimas y constatemos la inconsecuencia del ministro: promete no pronunciarse sobre la inocencia o la culpabilidad de la acusada, pero ordena ¡su absolución inmediata! Peor que Pilatos.

Obviamente, no hay proporción entre las fallas procesales descritas (admitiendo su gravedad) y la implícita declaración de inocencia de la acusada. En la medida en que la finalidad de la justicia es restaurar el balance, manteniendo el sentido de la proporción, el proyecto de sentencia es injusto de principio a fin: los errores de procedimiento no pueden invalidar la evidencia sustantiva y deben ser juzgados y corregidos en el ámbito procesal.

Se supone que los casos admitidos por la Corte son socialmente relevantes, así que su jurisprudencia debe considerar todas las aristas, sin perderse en tecnicismos, pues está llamada a juzgar la sustancia de la cuestión. ¿Qué ley o principio general del derecho autoriza al ministro a ignorar la cosa juzgada y sentenciar el caso por sus accesorios técnicos exclusivamente? ¿Qué ley lo autoriza a absolver a una acusada de crímenes atroces sin siquiera escuchar a las víctimas que la incriminan?

El ministro ponente ya había revelado su rigidez y ceguera en el proyecto de sentencia del caso Guardería ABC en 2010, en el que atribuyó graves culpas a funcionarios públicos sin establecer los hechos, guiado por puras deducciones arbitrarias de las disposiciones legales y de los organigramas administrativos. Por lo visto, no acostumbra ensuciarse las manos con la investigación de los hechos, como si su alto cargo lo invistiera de inmunidad intelectual.

A falta de hechos para sustanciar las culpas asignadas en el caso ABC, el ministro postuló la existencia de un “desorden generalizado” del sistema de guarderías, como si eso fuera la causa eficiente del siniestro. Arrastrado por su propia lógica, vinculó el “desorden generalizado” con la “violación de garantías individuales”, incurriendo así en “analogía de razón”, silogismo violatorio de garantías individuales en sí mismo, como lo dice la Constitución, y ni cuenta se dio el hombre.

En el proyecto de absolución de Cassez, la cortina de humo “desorden generalizado” es sustituida por la de “efecto corruptor” de la totalidad del proceso. Así como el “desorden generalizado” del sistema de guarderías no provocó el incendio de la guardería ABC, el “efecto corruptor” del proceso a Cassez no cometió los secuestros de “Los Zodíacos”, los cometió alguien más, y ese alguien parece ser la persona que la expresión “efecto corruptor” pretende exonerar.

La asepsia del proyecto de sentencia ha encontrado eco en cierto segmento de opinión que satura los medios con clamores por el “debido proceso”: ¡Es que ni siquiera podemos saber si Cassez es culpable! ¡La desgracia que le ocurre a ella puede ocurrir a cualquiera de nosotros! ¿Es que no vieron el documental “Presunto culpable”? No es que ignoren el testimonio de las víctimas, es sólo que el proceso les parece más importante: estamos en territorio de Kafka, en la banalidad del mal.

Obsérvese el paralelo entre el razonamiento técnico del ministro y la lógica de la democracia procedimental mexicana: fuegos fatuos juridizantes, despojados de todo contenido relevante para la ciudadanía. El apoyo de politólogos y tecnócratas del “debido proceso” al proyecto del ministro no es casual: todos ellos se nutren del mismo paradigma mecanicista, imitando al atroz sistema judicial de Estados Unidos.

La creencia en la superioridad del procedimiento y del método sobre la sustancia de los asuntos es la patología más perniciosa del mundo moderno, pues legitima la comisión de atrocidades en nombre de la función y de algún orden aceptado. Un caso clásico es el razonamiento del nazi Eichmann, que alegó inocencia respecto de sus actos porque sólo cumplía una función dentro de un sistema determinado. Hannah Arendt llamó “banalidad del mal” a esto.

La banalidad del mal del ministro ponente se nutre de la creencia en la superioridad de la “técnica” o la “ciencia” jurídica sobre la litis, como si la justicia fuera una ciencia, lo que obviamente no es, pero hay que recordarlo: la justicia es un fin en sí mismo y está basada en valores que el juez debe defender con un claro sentido de lo que es correcto y lo que es incorrecto. El ministro ponente no se propone restablecer el balance, sino aparecer como un técnico avezado.

Si los campeones del “debido proceso” están enarbolando el caso Cassez como castigo ejemplar para la muy defectuosa procuración de justicia, a quien están castigando es a las víctimas de secuestro. Su deseo de justicia ejemplar ha elegido un caso indigno.