marzo 27, 2012

'Tía Veda' por Paco Calderón




Votar y ser vetado

Guillermo Sheridan
El Universal

Sigo sin entender por qué el derecho a votar y ser votado, que se supone que garantiza la Constitución (que a su vez se supone que es la mandamás), se encuentra secuestrado por el requisito previo de pertenecer a un partido político. Sí, ya sé que hay leyes y reglamentos y estatutos y normativas, pero también se leer y ahí en la Constitución (artículo 35, fracción II) dice “derecho a votar y ser votado”. ¿Ah, sí? Pusnó.

La prerrogativa del ciudadano a votar y ser votado pasa por el requisito previo de pertenecer a un partido político. Me parece discriminatorio: se establece que hay diferentes tipos de ciudadano, los que pertenecen a un partido y los que son honrados. No pertenecer a un partido debería ser requisito, antes que obstáculo, para poder ser votado.

Que así sea pone de manifiesto que los políticos partidarios se han constituido en una clase diferente, superior, encima de las otras y con dominio sobre ellas. Unas “instituciones de interés público” que se caracterizan por ofender el interés del público y privilegiarse ante él. Una clase que, para agregarle al asunto una ironía infame, convierte la promesa de erradicar las diferencias de clase en la mercadería esencial de su negocio. Buscar un cargo de elección popular supone de entrada ingresar a esa élite inepta y hacerse antes de privilegios no populares.

Los partidos se han convertido en una plutocracia dentro de la democracia, en los caseros de la vecindad; se han encaramado sobre el resto de la ciudadanía y se han abrogado derechos de los que el resto de los ciudadanos estamos privados. Como en un contrato leonino calculado para ingenuos, resulta que la frase “votar y ser votado” tiene asegunes. Se preserva el derecho a votar -pero sólo por ellos- mientras que el derecho a ser votado supone la previa obligación de sumarse a ellos. Hay una simetría enfadosamente rota en este asunto: el derecho a votar libremente no se equilibra con el derecho a ser libremente votado.

Que los partidos posean el monopolio de la elegibilidad a los cargos públicos es un privilegio que inserta una diferencia humillante en la conciencia que el ciudadano tiene de su libertad. Si poder ser votado es, en teoría, la expresión democrática por excelencia de mi libertad ciudadana, condicionarla a la pertenencia a un partido la somete a una previa pérdida de libertad. Es como si mi derecho a buscar la felicidad se condicionase a mi membresía en un sindicato o iglesia. Es reconocer una libertad sólo en la medida en que prescinde de su valor como valor individual. Y en tanto que ser votado es una libertad individual legítima, el verse obligado a quitarle lo individual para que siga siendo libertad, arrasa también con su carácter legítimo. La inteligencia y la libertad individuales, pasadas por el molino de los partidos, no tardan en producir una pasta sumisa, interesada. Las libertades individuales se convierten en coros que loan líderes a cambio del derecho a ser votado. No extraña que las mejores inteligencias de México hayan huido de la sumisión a los partidos.

Al decirle que no a las candidaturas independientes, los usufructuarios del poder electoral afrentan a quienes preferimos que nuestra libertad sea individual y no parte de una servidumbre a partidos cada vez más disparatados. Es un “no” que se suma al resto de los fueros y privilegios que hacen de los militantes de los partidos ciudadanos tan de primera clase que pueden ser votados por los de segunda, pero no al revés. La respuesta es tediosa: súmese usted a un partido y trabaje desde adentro para que llegue al poder. Una vez ahí, lance una iniciativa para cambiar la ley electoral y se permita a los ciudadanos ser votados sin requisitos idiotas. No tardará en saber con Lord Halifax que las personas ingresan a los partidos por ingenuos, y que los que después les impide salirse es la vergüenza.

'Pinche Sota'

Eduardo R. Huchim (@EduardoRHuchim)
erhm45@gmail.com
Reforma

Partamos del supuesto de que es auténtica la grabación divulgada por La silla rota y multiplicada su difusión por Carmen Aristegui en MVS. Es un supuesto fundado porque la voz de mujer que se escucha se parece a la de Josefina Vázquez Mota, la candidata presidencial del PAN, quien habla con su coordinador de redes sociales, Agustín Torres Ibarrola, después de un debate entre los aspirantes panistas. Además, los detalles puntuales que se escuchan apuntalan la autenticidad de la conversación.

La parte que más importa es ésta:

"Un saludo cariñoso a Genaro García Luna que nos graba, en lugar de grabar a El Chapo, y un saludo muy amoroso a Alejandra Sota, que filtra todas nuestras llamadas telefónicas, pinche Sota".

Y en efecto, la grabación fue filtrada originalmente por la vía de Youtube, con lo cual se consumó lo que se anunciaba en ella misma. Josefina se negó a comentar la grabación porque se trataba del producto de un acto ilegal, según dijo en una entrevista con Aristegui, Denise Dresser, Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo, en la mesa política del mencionado noticiario. (Por cierto, al imponerle brevedad a esa entrevista, Josefina desaprovechó la oportunidad de llegar más ampliamente a un vasto auditorio que, en su mayoría, difícilmente le prestaría atención en otro medio. Esto se acredita con un hecho registrado en Twitter, ese termómetro instantáneo -pese a los bots- de la atención que concitan los temas y que en la mañana de ayer tuvo dos hashtags que fueron trending topics durante horas: "Josefina no tiene tiempo" y "Pinche Sota".)

La negativa de Vázquez Mota a hablar sobre el producto de una acción ilegal fue una buena razón para eludir un tema espinoso, como el señalamiento de que dos integrantes del equipo de Felipe Calderón estaban cometiendo actos ilegales. También resulta previsible que quizá ahora, ya definida la candidatura, Sota, García Luna y su jefe no lanzarían fuego amigo contra Josefina (¿o será candidez suponerlo?), pero eso no quita que se hayan realizado grabaciones ilícitas y que explícitamente se atribuyan a dos miembros del gobierno en funciones. Uno de éstos, García Luna, fue prontamente defendido por Javier Lozano, quien involucró al PRI en la autoría de las grabaciones, pero sin pruebas.

Algo que no debe ocurrirnos es acostumbrarnos a la ilegalidad y aceptar que cientos de hechos inconstitucionales e ilegales, particularmente en materia de corrupción, se denuncien prácticamente todos los días (las páginas de Reforma así lo acreditan) y, sencillamente, no pase nada. En ese sentido, debe celebrarse el anuncio de Torres Ibarrola de que se presentará una denuncia ante la PGR para investigar el presunto espionaje, como ya se hizo el 31 de enero con otra filtración en la que Vázquez Mota se refería a su ex contrincante, Ernesto Cordero, como un patán. Claro, después habrá que exigirle a la PGR que actúe con prontitud y eficacia.

En la vertiente electoral debe advertirse que los primeros signos de lo que puede reeditar la polarización de 2006 ya están presentes, aun cuando las campañas todavía no empiezan formalmente. Tanto Vázquez Mota como Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto son víctimas de la propaganda negra y aunque este último ha dado con sus pifias abundantes municiones, ello no puede justificarla. Por su parte, Vázquez Mota ha tenido que afrontar la exhibición de viejos textos como los relacionados con Augusto Pinochet y la UNAM, sobre la cual -caracterizada por ella como un "monstruo"- ayer dijo que su negativa opinión ha cambiado y que esto se prueba con sus acciones en la SEP. También ha debido resistir libelos sobre su presunta sustitución en la candidatura panista y otros hechos que, en algún grado, remiten a la campaña de hace seis años con un destinatario muy distinto: López Obrador.

Por su parte, las autoridades electorales deberán estar alertas para actuar con rigor y celeridad y no incurrir en las omisiones que en 2006 contribuyeron a la polarización, el desaseo y el desprestigio de las dos instituciones cúpulas en materia comicial.

OMNIA

Bellas Artes cometió una inadmisible falta de respeto al público que acudió el domingo 25 de marzo a la escenificación de La Traviata. Programada para las 5 pm, la popular ópera de Verdi comenzó pasadas las 5:20, sin que mediara explicación alguna, a pesar de los insistentes palmoteos de impaciencia por parte del público que, además, se vio sometido a un ambiente caluroso ajeno a las emociones operísticas.

¿Prohibirán que AMLO compita en la elección?

Leo Zuckermann (@leozuckermann)
Juegos de Poder
Excélsior

El jueves pasado, López Obrador acudió al IFE para registrarse como candidato presidencial. Acto seguido, en la plaza de esa institución, realizó un mitin con supuestos militantes de los tres partidos que lo postularon. Anunció varias de sus propuestas en caso de ganar la Presidencia. A la misma hora se trasmitían diversos noticiarios en la radio. Varios trasmitieron, en directo, el discurso de AMLO. Se trataba, sin duda, de un acto de campaña. Pero hay que recordar que la ley prohíbe este tipo de eventos durante este periodo conocido como de “intercampañas”. Al aire, José Cárdenas me preguntó si las autoridades podían castigar a López Obrador por un “acto anticipado de campaña” en las mismísimas entrañas del IFE. Le respondí que dependía de si algún partido se quejaba. Pues bien, ya ocurrió: el PAN presentó una denuncia por “actos anticipados de campaña” de López Obrador. Dice la queja que el tabasqueño “está violentando el principio de equidad en la contienda, al exponer públicamente la plataforma electoral de la coalición que lo postula. No está haciendo uso de su libertad de expresión; por el contrario, está excediendo los límites legales de dicha libertad”.

En lo personal, todas estas restricciones, como la veda electoral durante los 45 días del “periodo de intercampañas”, me parecen absurdas. No sólo limitan la libertad de expresión sino que, en la práctica, han favorecido al candidato puntero en las encuestas, es decir, a Peña Nieto. Si por mí fuera, yo eliminaría la gran mayoría de las prohibiciones de la reforma electoral de 2007. Pero eso es lo que yo pienso. Otra cosa es como puedan interpretar la ley tanto los consejeros del IFE como los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). A final de cuentas ellos decidirán si AMLO efectivamente realizó un acto anticipado de campaña que podría ser castigado hasta con la suspensión de su registro como candidato.

El asunto no es hipotético. Ya ha sucedido que el TEPJF le ordena al IFE retirarle el registro a un candidato por haber incurrido en actos anticipados de campaña. Me refiero al caso de Marybel Villegas Canché en 2009. Quería ser candidata a diputada federal por representación proporcional en la circunscripción correspondiente a Cancún. Para tal efecto, en diciembre de 2008, emitió un mensaje por televisión deseando felices navidades. Lo acompañó con anuncios espectaculares. También pintó bardas y contrató mamparas en camiones. Ya en 2009, el PAN efectivamente la lanzó como candidata a diputada federal. El 2 de mayo la registraron. Pero el PRD presentó una queja por “actos anticipados de campaña”.

El IFE, en principio, la amonestó, pero no le retiró el registro. El PRD entonces presentó un recurso de apelación ante el TEPJF. El Tribunal revisó las pruebas y canceló el registro de la candidata “ya que el IFE no valoró debidamente el impacto de las conductas acreditadas en relación, no sólo a la precampaña, sino a la campaña electoral en el 03 Distrito Electoral en Quintana Roo y, por ende, erró al considerar tales conductas como simples actos de gravedad ordinaria, cuando debió haberlos calificado como actos anticipados de campaña de gravedad especial”. El IFE le retiró el registro a Villegas y le impuso una multa de 36 mil pesos a la asociación civil que utilizó la susodicha para anunciarse.

En el caso de AMLO, no creo que ni el IFE ni el TEPJF vayan a negarle o retirarle el registro por haber incurrido en actos anticipados en campaña. Una cosa es ser la señora Villegas Canché, candidata a diputada federal en Quintana Roo, y otra muy diferente el señor López Obrador, candidato presidencial de tres partidos nacionales. En esto de la aplicación de la ley, el nombre pesa. Creo que AMLO, a pesar de la demanda del PAN, sí podrá competir, pero en el camino observaremos otra prueba más (como si la necesitáramos) de la absurda Ley Electoral que pretende ponerles un bozal a los candidatos.

Cifras de la isla triste

Héctor Aguilar Camín (@aguilarcamin)
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

En su edición más reciente, The Economist ofrece un reporte especial sobre Cuba. He entresacado de sus cinco artículos algunas cifras ilustrativas de la realidad cubana. Cifras de la isla triste.

La esperanza de vida de los cubanos es de 79 años, igual que la de Chile y dos años mayor que la de México. La mortalidad infantil es mucho menor: 5 por cada mil habitantes contra los 14.1 de México. La edad promedio del politburó cubano es mayor de 70 años, con Fidel, de 85 y Raúl, de 80.

En 1959 los indicadores sociales de Cuba eran de los más altos del continente americano, comparables a los de Estados Unidos, con más doctores por persona que Gran Bretaña y Francia, pero con una tercera parte de la población en pobreza extrema.

El ingreso per cápita cubano es de 5 mil 400 dólares, la mitad de México, que tiene 10 mil. El valor promedio del salario es solo la cuarta parte del valor que tenía en 1989, año en que cayó el muro de Berlín y terminó la ayuda soviética. En el año 2000 estaba en la pobreza 20 por ciento de la población.

El salario promedio mensual es de 19 dólares, o 454 pesos. Un doctor gana hoy en Cuba 23 dólares mensuales. Un par de zapatos para niño cuesta 13 dólares.

El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad social, ha pasado de 0.24 a fines de los 80 a 0.5 en la última década, cifra similar al promedio latinoamericano, salvo que en Cuba no hay realmente ricos, es una desigualdad entre pobres. El gasto social por cabeza cayó en 83% entre 1989 y 1993.

La producción per cápita de 15 de los 22 productos agrícolas e industriales claves de la isla ha caído dramáticamente desde 1958. La de azúcar, hasta 8 por ciento de lo que era en 1989. En consecuencia, Cuba importa 80 por ciento de la comida que consume: mil 700 millones de dólares al año.

Las empresas agrícolas del Estado poseen 75 por ciento de los 6.7 millones de hectáreas laborables de la isla, pero 45 por ciento de ellas está ocioso.

Dos millones 700 mil turistas visitan Cuba cada año. Es la actividad más rentable, junto con la producción de níquel y petróleo, de inversión canadiense.

Hay sólo 600 mil coches en la isla, con una edad promedio de 15 años. La mitad de esos carros pertenecen al Estado. En 2010 había 724 mil computadoras y 1.8 millones de usuarios de internet. Una hora de conexión a la red cuesta 1.50 dólares la hora. Hay también 1.8 millones de teléfonos celulares.

El 90 por ciento de los cubanos no tiene acceso a otras noticias que las que le proveen la televisión, la radio y la prensa estatal.