La Razón
Estos y otros datos fueron objeto de análisis y discusión en una conferencia sobre la guerra contra las drogas en las Américas, organizada por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Brown, que tuvo lugar la semana pasada. Si tenía alguna duda, salí de ese encuentro convencida de la necesidad urgente de re-pensar la estrategia dominante en materia de combate al narcotráfico. Los datos son claros y como bien han señalado los ex presidentes Gaviria, Zedillo y Cardoso: la “guerra contra las drogas” ha sido un fracaso, mírese por donde se le mire.
La “guerra” no ha frenado ni el tráfico ni el consumo. Lo que sí ha hecho, en cambio, es producir una cantidad enorme de muertes violentas, especialmente entre los jóvenes, los pobres, los olvidados. Daniel Mejía, joven economista colombiano, presentó en esa conferencia un análisis empírico muy innovador y riguroso en el que muestra con claridad el costo de la estrategia del combate a las drogas en Colombia. Los resultados son escalofriantes. En resumen: si se descuenta el incremento en el valor de mercado de las rentas del tráfico de drogas —fundamentalmente cocaína— provocado, en mucho, por la guerra contra las drogas en ese país, se observarían para el período 1994-2010, 36% menos homicidios y 67% menos desplazamientos forzosos.
Los costos sociales en Estados Unidos también han sido dramáticos. Población carcelaria sin precedentes, misma que rebasa, por mucho, la del total de los países de Europa Occidental. De acuerdo a los datos presentados por Glenn Loury, profesor de economía de Brown, para un joven negro la probabilidad de terminar en un penal es más de 6 veces mayor que para un joven blanco, y buena parte de esos encarcelamientos están vinculados al consumo y tráfico de drogas.
Es de celebrar que el presidente Santos haya hecho un llamado a re-pensar la estrategia dominante y a explorar alternativas durante la más reciente Cumbre de las Américas. Urge mirar la realidad de frente. Necesitamos más investigación empírica seria sobre los costos de esa estrategia; más análisis y discusión informadas sobre la relación entre ilegalidad y violencia, que, como bien señalara Angélica Durán en la conferencia de Brown, no es ni necesaria ni lineal; más y mejores análisis sobre los costos y beneficios de estrategias alternativas, en particular, la de reorientar la estrategia hacia la reducción de la violencia asociada al tráfico de drogas; y mucho mayor atención a las causas de fondo de la violencia y a la construcción de instituciones de seguridad, justicia e integración social, que le den sustento efectivo a los derechos y las libertades sobre las que se funda la democracia.
Una excelente noticia nos llega del IFE. Dos de los tres consejeros de la Comisión de Quejas y Denuncias (CQD) decidieron mantener al aire los spots en los que el PAN acusa a Peña Nieto de “mentiroso” por incumplir ciertas promesas en su campaña para gobernador del Estado de México. De esta forma se ha privilegiado el inalienable derecho humano a la libertad de expresión, consagrado en el artículo sexto constitucional, sobre la ridícula prohibición a las campañas políticas negativas del artículo 41 de la misma Constitución. Gracias a los votos de Benito Nacif y Alfredo Figueroa se ganó una batalla importantísima en la defensa de la libertad de expresión.
El futuro económico de México podría vivir un ciclo más positivo que el del resto de la América Latina en los siguientes años.